La agudización de la crisis y sus perniciosas consecuencias sociales, con la expulsión del sistema de millones de personas, la extensión de los recortes y desclasamiento entre las capas medias de las sociedades occidentales, unido a un incremento del rechazo social del pensamiento único del neoliberalismo imperante, conlleva a posicionar la prisión en un lugar central de las sociedades avanzadas.
Se refuerza el Estado penal como respuesta frente a la generalización de la inseguridad social y no como respuesta al incremento de la actividad delictiva, ejemplo paradigmático es EEUU donde se paso de un sistema progresivo a un régimen de tolerancia cero, las estadísticas son elocuentes en este sentido, en 1975 con un sistema progresivo se encarcelaba a 21 personas por cada 10.000 delitos mientras que en el 2005 con un sistema de tolerancia cero se encarcelaba 125 personas por esos mismo 10.000 delitos. Las diferencias no se sustentan sobre el incremento de los crímenes sino que acompaña a la utilización de los tribunales y las cárceles para refrenar las dislocaciones urbanas causadas por la desregulación económica y la implosión del gueto como contenedor étnico-racial, así como para imponer la disciplina del trabajo precario en las capas más bajas de la estructura polarizada de clases. A consecuencia de ello, el resurgir de las cárceles pretende cumplir tres misiones que poco tienen que ver con la reducción del crimen: doblegar a los sectores de la clase trabajadora posindustrial más reticentes a aceptar la precarización del trabajo asalariado; poner en cuarentena sus elementos más conflictivos y superfluos; y controlar los límites aceptables a los que se deben ajustar los “ciudadanos de bien”, mientras se apuntala la autoridad del Estado.
Europa Occidental se manejan índices más modestos de reclusión que oscilan entre una sexta y una décima parte de las cifras de EEUU. Pero en Europa Occidental tienen un crecimiento intensivo desde el comienzo de la década de los 80: En Francia, Italia y Bélgica han aumentado más de la mitad; se han doblado en Inglaterra, Gales, Suecia, Portugal y Grecia; y se han cuadruplicado en España.
Según Loic Wacquant “Los recortes en la ayuda pública, por un lado, unidos al proceso de transformación por el cual el Estado de bienestar con su derecho a la protección se convierte en el “Estado del trabajo”, en el que uno se ve obligado a aceptar empleos precarios como condición para recibir la ayuda, y la apuesta por la cárcel como herramienta, por el otro, son las dos caras de una misma moneda. Juntas, las políticas de empleo y las penales ejercen un control simultáneo sobre la pobreza en un tiempo en el que se profundizan las desigualdades sociales y se generaliza la inseguridad social” Desde esta perspectiva la criminalización de los que no acepten el nuevo contrato social sostenido sobre la precarización y la exclusión social es un hecho cierto.
La ofensiva contra el Estado del bienestar y la democracia en Europa que se está produciendo desde la hegemonía política del neoliberalismo busca bajo la inocente bandera del libre mercado, el desmantelamiento del estado social y el Gobierno de una “elite” como instrumento necesario para mercantilizar y obtener beneficio de todas las esferas de la vida, incluido el negocio carcelario. La hipocresía de esta concepción salta por los aires cuando se analiza con cierto rigor la estructura social, donde el laissez faire, et laissez passer se mantiene en la esfera de la cúpula dominante en su lucha por el control de las mayores porciones del mercado total, mientras que a la par el ordenamiento jurídico se vuelve más represivo, estrecho y controlador con las clases populares. Eso explica el permanente estado de revisión del código penal español, criminalizando un mayor número de conductas y su extensión temporal, consiguiendo con esa política un crecimiento exponencial de la población penal española, dándose la paradoja que siendo uno de los países con menor actividad delictiva de Europa es uno de los que cuenta con mayor población penal relativa.
La imposición de la disciplina de mercado no constituye un proceso autónomo. Muy al contrario: su implementación se encuentra con una recalcitrante oposición y desencadena múltiples resistencias; se traduce en la propagación de la inestabilidad social y la agitación civil entre las clases más desfavorecidas; y prácticamente socava la autoridad del Estado. El dominio del mercado por tanto necesita de sólidos dispositivos institucionales que los sostengan y apoyen, siendo uno de ellos un aparato penitenciario ubicuo y enérgico que persiga a aquellos que sufren el coste social de la reestructuración de la autoridad pública.
Las posiciones políticas hegemónicas en Europa conllevan una mercantilización absoluta de la vida y las relaciones sociales, la experiencia estadounidense demuestra que las cárceles son un buen negocio y dan pingues beneficios. El camino está abierto, la contestación social a los procesos de expropiación social que se están produciendo incrementara la población penal y las políticas represivas, consiguientemente se creara un potencial mercado penitenciario que abrirá negocios por dos vías, las propias de las instalaciones, infraestructuras y su control así como áreas funcionales completas como puede ser la sanitaria, la de tratamiento o el área mixta, ejemplo ya los tenemos en España como pueden ser los alquileres de cárceles en Cataluña o la ultima intención del Ministerio de Interior que promueve la privatización de la seguridad exterior de las prisiones, para abrir ese nicho económico a las empresas de seguridad con el pretexto de dar cobertura a los escoltas del País Vasco. La otra vía es “poner a producir” a los presos, ya se produce un dumping social y económico con las empresas que cierran en el exterior y se instalan dentro de la cárcel, pero no está sistematizada la producción, ese paso es un camino que el mercado no tardara en andar.
Definitivamente el modelo neoliberal en su picadora social pulveriza los derechos, la protección social, condena al trabajo precario y mal retribuido a millones de ciudadanos, deja en la indigencia a la vejez para conseguir que el mercado domine los servicios públicos y los transforme de públicos en privados.
Ese proceso conllevara incremento de población penal, mercantilización de la condena y beneficios privados con un sistema penitenciario donde el estado ira saliendo por las puertas en la misma intensidad que las empresas se instalen en todas sus esferas de actividad.
