POSTUREO SINDICAL, RUINA LABORAL

 Hoy un sindicato de prisiones, ha convocado una manifestación nacional en Madrid, para exigir firme y solemnemente la equiparación con Cataluña, a la que posteriormente han sumado un genérico reclamo contra la “persecución en prisiones”, aprovechando las “siempre oportunas” actuaciones del Ministerio de Interior, que con su obsesivo desprecio al colectivo penitenciario y la utilización de técnicas nada acordes al ordenamiento jurídico, provoca una campaña mediática de desprestigio del trabajo honrado de miles de compañeros y compañeras, haciendo una daño a la Institución nunca visto en democracia.

La primera reflexión que sugieren las imágenes y lo acontecido, es que la división no suma, que siempre resta, ha sido una manifestación con una participación muy inferior a las dos anteriores convocadas por las organizaciones sindicales con participación de todos. Lo que en unas condiciones emocionales tan favorables demuestra que no por gritar más y más alto se tiene más fuerza, y mucho menos más razón.

La segunda reflexión que debemos de abordar, es la de las razones de la convocatoria, alguien que se autoproclama como el “nuevo sindicalismo”, ha habido tantos antes que han dicho lo mismo, no debería al colectivo, y si al menos ha encontrado razones para cambiar de opinión explicarlas. Porque resulta incomprensible que hace muy pocos meses se apoyen en la oposición para presentar una Ley con un “Estatuto para prisiones” y esa homogenización del Estado de las autonomías que pretenden con la presunta equiparación no aparezca por ningún lado en el texto. ¿no les parecería importante para una Ley, la equiparación con Cataluña?

Salvo que realmente se tenga claro que no hay equiparación “con Cataluña”, y que entiendan, además, que maldita falta que hace, porque lo que se busque es dar protagonismo político a los partidos que dan cobertura a este sindicato para que desgaste al Gobierno, un desgaste que no revierte en ninguna mejora para el colectivo.

Callejear por Madrid para hacer un rato de propaganda en las redes no cambia la decadente realidad laboral de prisiones, los convocantes no han explicado cómo van a conseguir materializar esa demanda de equiparación, que aventuraron seria próxima allá por el año 2018 cuando irrumpieron con la consigna de un nuevo sindicalismo, que nada nuevo ha traído de momento. Porque todas tenemos claro que no basta con pedir, hay que conseguir que los cambios necesarios se materialicen en derechos y retribuciones, y no parece que las fuerzas mostradas en Madrid, alcancen para ningún cambio, cuando con mucha más fuerza nos derrotaron en la huelga y las movilizaciones del 18. Por lo que cabe concluir que nada hemos avanzado como colectivo con esta movilización, muy liquida, contradictoria y flexible con la realidad de las demandas, muy débil para forzar ningún cambio de la actual situación. Es definitiva una movilización para cohesionar a los convencidos y seguir hablando de “momentos históricos” un año tras otro, en campaña electoral sin fin en beneficio de las propias siglas.

En el otro extremo del tablero, nos encontramos con otra declaración, también solemne, en varios actos desde su inicial anuncio, de la lamentable situación laboral que atraviesa prisiones y la presentación de un “conflicto colectivo” en Instituciones Penitenciarias

El conflicto colectivo está regulado dentro de la jurisdicción de lo social, para supuestos muy concretos, tasados por el Tribunal Supremo y el propio Tribunal Constitucional.

La aplicación del conflicto colectivo al personal funcionario, no parece contemplarse jurídicamente, por lo que, si no se trata de otro acto propagandístico, se deben de inferir a que declaran la conflictividad con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Resultando extraño por tanto la apelación a la figura jurídica del conflicto colectivo, para unos actos que solo precisan de la convocatoria de los mismos y su manifestación en el tipo de movilización que acuerden quien convoque.

Por lo tanto, si pueden convocar cualquier tipo de movilización, incluida la huelga, y no lo hacen, y que alambiquen un conflicto colectivo, inaplicable a la mayoría del personal, podría tratarse de otro episodio de propaganda, sobre todo si tenemos en cuenta que las amenazas de no negociar nada con la SGIP, ya se han materializado en otras ocasiones, baja palabra de no volver a sentarse sin subida retributiva, faltando a la palabra dada y volviendo a sentarse sin un euro para las reivindicaciones.

Refuerza esta idea, el hecho de que, del escrito anunciador del conflicto, se “olvidan las reivindicaciones generales y colectivas” si se satisfacen cambios en los horarios y jornadas de trabajo. No parece ser esa la demanda del colectivo, no parce que sea mejor dejar de tener una subida general a cambio de hacer jornadas de trabajo más largas.

Finalmente, las anunciadas movilizaciones, solo pueden ser, al igual que las reseñadas en primer lugar, un acto de postureo y justificación dentro de una adelantada campaña electoral, pues quienes dicen que convocaran las mismas, solo introducen una nueva división y mayor debilidad del colectivo.

Una de las mayores carencias existentes en el sindicalismo en prisiones, es la de la transparencia, a través de una información veraz al personal. Esa tendencia de considerar manipulable el pensamiento colectivo, es el camino más corto para sembrar la división y la frustración.

Sería deseable, que se explique con todo lujo de detalles, que se ha negociado en la Ley de Cuerpos, que texto se ha presentado a Función Pública, y si ese texto tiene compromisos formales concretos respecto a las demandas y su cumplimiento temporal. Y además hasta qué punto están dispuestos los sindicatos a distanciar en el tiempo esos compromisos a cambio de la satisfacción de alguna demanda menor y marginal para el colectivo, como puede ser el cambio de horarios.

Lo que evidencia la situación actual, es la perdida de perspectiva, la creación de una realidad paralela que justifique los dislates, permanente cambio de criterio y vaivenes de los sindicalistas.

En primer lugar, dividiendo no somos más fuertes, eso lo entiende todo el mundo menos nuestros sindicalistas

En segundo lugar, solo se conseguirán mejoras si hacemos que “sean necesarias” su concesión por parte del Ministerio del Interior

En tercer lugar, hay que buscar puntos de encuentro comunes que favorezcan la unidad, reivindicaciones, que probablemente no satisfagan a nadie, pero que permitan avanzar al personal de prisiones

En cuarto lugar, trabajar para la unidad, implica como primera necesidad, el respeto, no es posible la unidad con la permanente campaña de acosos contra el sindicalismo, sindicalistas y afiliados.

Y finalmente para alcanzar el resto de puntos es necesario acabar con los vetos cruzados entre organizaciones sindicales, las organizaciones tienen que recuperar su autonomía, no pueden seguir marcando la agenda sindical los partidos políticos de cabecera de las organizaciones sindicales.

Los partidos tienen interés en que se mantenga el conflicto, para mantener secuestradas nuestras reivindicaciones y utilizarlas partidistamente para hacer oposición. Que nadie le quepa ninguna duda, lo que sucede ahora con nuestras demandas, se repetiría con un cambio de Gobierno, como ya ha sido anteriormente.

No hay ninguna duda, de seguir en el limbo de la propaganda y el postureo,  el primer sindicato de prisiones será, la frustración, el desencanto y el olvido

A modo de conclusión, SIN UNIDAD TOTAL, SIN CONFRONTACIÓN FIRME Y SOSTENIDA, todas las movilizaciones son actos electorales, de postureo y propaganda que solo servirán para dividir más y alejar nuestras reivindicaciones. El postureo y la propaganda es un fracaso total para las demandas del personal penitenciario

UN MINISTERIO CONTRA LA VERDAD, CONTRA PRISIONES

 Comenzar esta reflexión, evocando un grito de libertad y justicia, que no puede ser otro que el que Dostoyevski señala para conocer cuan de humana es una sociedad y que como todas conocemos dice que “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”

La civilización frente a la barbarie debería de ser algo consustancial a la naturaleza humana, pero la lógica roussoniana no siempre funciona eficientemente, por lo cual nos hemos dotado de principios jurídicos y morales, en torno a leyes que sustentan los valores universales de civilización y de derechos humanos. Singularmente trascendentes tras los muros donde se pierde el aire que alimenta la libertad, derechos fundamentales universales para todas y todos, y especialmente para quienes cumplen con la perdida de libertad la sanción penal y no pierden sus derechos humanos por ello.

Interior tiene el deber de garantizar y salvaguardar el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Pero no debemos de ocultar que, en la breve historia democrática de nuestro país, el ministerio del interior siempre ha tenido un sesgo más o menos refractario frente a los derechos fundamentales. 

Por Interior han pasado quienes desde el tardo franquismo contemplaban la democracia como una anomalía pasajera, otros para quienes el progresismo y la libertad se sintetizaban con la patada en la puerta, quienes consideraron que la legalidad y el derecho eran molestias subsanables para alcanzar un “fin superior” y que acabaron por ello en prisión, los hemos tenido que asociaron el cargo a la propiedad de un cortijo particular que permitía apalear funcionarios de prisiones por pedir derechos y dignidad.

Con estos antecedentes, la ingenuidad humana siempre piensa que no se puede dar más vueltas a la tuerca, y por ello no dejo indiferente a nadie, que un juez de trayectoria muy conservadora, comprometido en sus nombramientos anteriores con el partido de la oposición al Gobierno y que acumulaba una trayectoria de desencuentros con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fuese nombrado para el cargo en el Ministerio del Interior. Probablemente desde el Gobierno la idea era proyectar socialmente “centralidad y tranversavilidad”, para equilibrar el perfil gubernamental, perspectiva que los hechos han puesto en cuestión

El coaching de comunicación persuasiva enseña a nuestros políticos a utilizar las emociones y las necesidades de su target (nosotras), para modificarlas en beneficio de sus propios intereses. Desde esa perspectiva debemos de entender la empatía manifestada por el Ministerio de Interior frente al conflicto de prisiones que estaba en marcha cuando accedió al cargo.

Se exteriorizaron a la opinión publica y en el Congreso con una batería de razón y promesas de cambio para el personal penitenciario, que alguna sabíamos que no podían ir más allá que una consigna de marketing hueca y sin el menor animo de cumplimentar en compromisos efectivos, porque formaba parte de la liturgia de relación con los electores. Siendo honestos no era nada nuevo, porque el manoseo, utilización partidista de las reivindicaciones laborales de los trabajadores penitenciarios ha sido la norma por parte de todos los partidos.

Hemos sido, estamos siendo, un pretexto para desgastar políticamente, al contrario, nuestras reivindicaciones están secuestradas por la dinámica de los partidos y lo peor de todo es que con nuestra división, mayoritariamente seguimos alimentando esa situación, que nos cierra las puertas a nuestro futuro laboral, porque mientras sigamos siendo su pelota, nuestras reivindicaciones nunca serán atendidas.

Las palabras dulces las conocemos todas, pero también hemos entendido las “verdades del barquero” de la realidad cotidiana, donde la “complicidad y la comprensión” se transforma en degradación laboral, desmantelamiento del servicio público, ineficacia en la gestión.

De un modo reiterado, solemnemente ante el Congreso de los Diputados el ministro proclama, la justicia de las reivindicaciones, la necesidad de las mismas para mejorar las Instituciones Penitenciarias y la necesidad de atenderlas en los PGE tras su negociación con los representantes de los trabajadores.

La realidad ha sido otra, ninguna voluntad de negociar nada, una expresión política de rechazo frontal contra quienes “se atrevieron” a convocar la primera huelga de la historia en prisiones, haciéndole un manchón en su currículo de gestor. Lo cierto es que podía haberse evitado ese sofoco, no aceptando el Ministerio del Interior, las movilizaciones ya estaban en marcha cuando tomo posesión. La consecuencia inmediata, el encapsulamiento, la incapacidad para dialogar y negociar con los representantes de los trabajadores penitenciarios

“Obligado” por un “entorno” que ya había detectado el profundo desgaste político que origina la confrontación provocada por el Ministro rompiendo el diálogo con el personal de prisiones, al ser utilizada por la oposición política. Sus subordinados convocan un proceso para articular una respuesta a las reivindicaciones sustanciales en el marco de una Ley, con la que poder cerrar el conflicto y aprovechar para otorgar competencias exclusivas de los gestores penitenciarios frente a los de Función Pública.

El proceso de negociación se alarga rompiendo la buena fe negociadora por la Administración, ante sus dificultades para dotar los fondos necesarios, son las organizaciones sindicales quienes redactan las propuestas de articulado, que son enmendadas sistemáticamente por la Administración.

Este proceso concluye abruptamente, por parte de la Administración con unas conclusiones que no apoya ninguna de las organizaciones presentes durante los contactos para posicionarse respecto a un texto normativo.

De nuevo el vacío entre las palabras y los hechos, entre la verdad de las reivindicaciones y la mentira de los compromisos

No se puede afirmar que todo este largo periodo haya estado inactivo el ministerio en las Instituciones Penitenciarias, además de profundizar en cambiar la negociación colectiva como modelo democrático de relaciones laborales, por el más antiguo y autoritario del ordeno y mando. Situando al personal penitenciario en el foco de toda esa negatividad democrática, ganándose un unánime en el rechazo a su gestión por parte de todos los colectivos penitenciarios:

• Se desarrolla una administración clientelar, con beneficios para los cercanos al poder y la indigencia para la mayoría, por ejemplo, con las bufandas que se adjudican los gestores con la productividad

• Se avanza en la privatización del servicio público, más empresas con epígrafe de ong y menos personal púbico de tratamiento. Más seguridad privada menos cumplir el reglamento penitenciario de seguridad exterior, mas contratas a bajo coste, menos higiene en los puestos de trabajo…

• Se consolida un modelo retributivo injusto y desigual, con nueve salarios para el mismo puesto. Con diferentes niveles para el mismo puesto, puestos de trabajo irregulares, sin funciones establecidas, ni rpt

• El volumen de falta de personal se incrementa año a año, sobrecargando plantillas envejecidas, generando problemas de salud y riesgos laborales y aumentando la inseguridad de las prisiones

• Se recorta la aplicación de la prevención de riesgos laborales a prisiones, riesgos que siguen al alza, como con las agresiones o los puestos de segunda actividad que les anulan el carácter preventivo para el personal con muchos años de servicio en un medio nocivo

• Se multiplican los expedientes y las informaciones reservadas al personal penitenciario, una modelo de gestión consecuencia de la incapacidad de respetar unas relaciones laborales democráticas y modernas.

• La gestión está orientada a justificar los puestos que toman decisiones, no a mejorar las necesidades de la organización, como consecuencia se multiplica innecesariamente la burocracia y las instrucciones y ordenes son de una ambigüedad calculada para eludir responsabilidades de su ineficiencia, lo que genera una mayor inseguridad jurídica entre el personal en el desempeño de su actividad.

• El personal está sometido a un reino de taifas, en función del centro de servicio, del área, y del jefe de turno, ocasionando discriminaciones permanentemente

• Existe un deterioro progresivo del cumplimiento de la normativa y derechos laborales, con retrocesos en todos los campos

• Obstinación por judicializar las relaciones laborales, obligando a pleitear incluso derechos básicos y evidentes

• Sin formación para el desempeño del personal penitenciario

Pero no son solamente, las relaciones laborales y las condiciones de trabajo las que están sometidas a un asalto y desmantelamiento desde el ministerio, la propia Institución y el modelo de servicio penitenciario también lo han puesto en jaque y en permanente degradación.

• Han conseguido una sanidad penitenciaria en coma y moribunda, donde se niegan a los reclusos la igualdad de derechos con el resto del sistema de salud, la falta de personal y medios es tercermundista.

• Han convertido las prisiones en psiquiátricos, eso sí, sin psiquiatras, sin médicos sin sanitarios y sin atención de salud mental, en estas condiciones con más de un 35% de reclusos con patologías mentales y con un elevado porcentaje de casos graves, la falta de atención y espacio adecuado, provocan que en la práctica se niegue el derecho a la reinserción y la salud a estos reclusos.

• Frente a una política de no cubrir las vacantes existentes en la RPTs, tienen una desaforada necesidad de malgastar en ladrillo, los gastos en reformas y nuevas instalaciones aumentan exponencialmente, mientras cientos de celdas están sin ocupar por falta de personal

• Han situado el tratamiento penitenciario como un programa más de su marketing político, consecuencia de lo cual es el desaprovechamiento de la profesionalidad de nuestro personal de tratamiento privatizado las funciones de reinserción, mediante convenios con empresas, fundamentalmente bancos, que no tienen mayor interés que el blanqueo de su responsabilidad social 

• No se respetan los derechos laborales de los reclusos que trabajan para empresas del exterior en unas condiciones de explotación e incumplimiento de las normas laborales

• Las Instituciones Penitenciarias son lo más atrasado tecnológicamente de todos los departamentos de la Administración General del Estado, incumpliendo las leyes también en este campo

Hablar de modernización o progresismo con solo algunas de estas cuestiones, solo puede ser una mueca de mal gusto, el retroceso es objetivo y en todos los terrenos. Sin posibilidades de cambio con el actual equipo, que no dudara en seguir “prometiendo”, cuantas veces sea necesario, su disposición para resolver las necesidades, como hasta ahora, para que todo continúe degradándose un poco más mientras se afirman en sus puestos sin servir a la ciudadanía. 

Estamos en una etapa donde la verdad no es importante, lo importante es la propaganda, con inversiones de gran calibre para intentar detener la caída de la imagen pública del ministerio, pero sin la menor voluntad de invertir en proyectos, ideas, en progreso, en modernización. Todo se hace por él y para el marketing político, al precio de estar desmantelando un servicio público esencial.

Y en esa huida hacia adelante, se necesita culpabilizar a alguien, crear un enemigo que permita crear cortinas de humo para ocultar debajo de la alfombra lo que ya no entra en el edificio de la manipulación, y quien mejor para que el colectivo penitenciario.

Pero no todo vale, el circo mediático montado recientemente, en torno a unos hechos que de confirmarse son gravísimos, demuestra la nula voluntad de seguir la normas y los procedimientos legales sustituyéndolos por la propagada y el exhibicionismo, consiguiendo con ello, enfangar a todo un colectivo, colectivo que ha acreditado solventemente su profesionalidad durante todo el periodo democrático.

No caeré en juicios paralelos ni en ciegas defensas corporativas, pero de momento los únicos hechos probados son que lo que debería de haber seguido los cauces de las normas, el derecho, las pruebas, la presunción de inocencia, se ha convertido en un escaparate mediático sin las mínimas garantías, para el que no se ha dudado en airear pruebas judiciales. La verdad se prueba, las responsabilidades son individuales y cuestionar a todo un colectivo saltándose el derecho y la ética no tiene nada que ver con la tradición progresista, no todo vale, y menos criminalizar a miles de trabajadores de un modo tan grotesco como injusto.

Nadie ha puesto en duda de que quien la haga debe de pagarla, pero no puede condenarse a nadie sin el derecho de defensa, en juicios paralelos y sin el derecho de defensa

Hay quien no ha dudado en compararnos con la banda terrorista ETA. Esa falsedad que se está construyendo, es una falsedad histórica, las pruebas son irrefutables, mientras quienes desarrollan esta visión del colectivo para ocultar su mediocridad e incapacidad estaban confortablemente seguros, el personal penitenciario era objeto de atentados, persecución y acosos por parte del terrorismo, y sucediendo todo eso el personal penitenciario dio ejemplo de respeto a los derechos de los presos terroristas durante  todo ese tiempo, incluido durante el secuestro de un funcionario de prisiones.

Somos el colectivo de la Administración más supervisado legalmente, los trabajadores defendemos que aplicando y RESPETANDO el Estado de Derecho se depuren las responsabilidades individuales que se puedan producir por una mala praxis profesional, como no puede ser de otro modo.

Señalar a un colectivo convocando, inéditamente, un acto por una agresión a un mando, mientras se ignora cada año a casi quinientos agredidos denota el cariz moral con el que se trata al colectivo.

Por todo ello, porque no tenemos democracia laboral en prisiones, porque la Administración no respeta los derechos fundamentales de los reclusos, porque es el personal penitenciario y no el marketing el artífice de la reinserción. En esta Merced tampoco tengo nada que celebrar, disculpen, pero no estoy en disposición de brindar por lo que está pasando en este retroceso de lo público y lo esencial

Finalizar Volviendo a Dostoyevski, no tengo duda que el grado de civilización de nuestra sociedad se está empobreciendo, porque se ofende a la verdad y se ofende a miles de trabajadores penitenciarios que denodadamente trabajan por mejorarla desde las propias prisiones.

No hay ningún cargo político que valga la más mínima parte del daño que se causa a una Institución cuando se manosea al margen de los criterios legales para satisfacer intereses particulares, lo público no solo debe de serlo, además debe de parecerlo.