Sin lugar a dudas la violencia en
el trabajo que se manifiesta en un crecimiento continuo y exponencial de las
agresiones al personal penitenciario es un fenómeno recurrente en los centros
penitenciario españoles.
La violencia en el trabajo
responde a factores multicausales desde los cambios culturales y sociales que
se producen en la sociedad, hasta elementos intrínsecos de las relaciones
laborales y de la organización del trabajo.
La organización Mundial de la Salud
(OMS) define la violencia en el trabajo como “aquellos incidentes en los que la
persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias
relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio y el
trabajo, con la implicación de que se amenace explícita o implícitamente su
seguridad, bienestar o salud”.
Las prisiones como organización cerrada refuerzan esas dinámicas e incorpora otras características de su propio modelo, no ha existido una preocupación por el estudio de la causalidad y de la casualidad de las agresiones a las trabajadoras y trabajadores en el medio penitenciario.
No obstante, si existen
aproximaciones empíricas que permitan trazar una geografía de la causalidad del
problema, que en términos de salud se situaría a nivel de pandemia entre el
personal penitenciario.
En primer lugar, el empresario,
la administración penitenciaria, a través de sus gestores ha manifestado una
secular indiferencia ante la problemática laboral y de salud que representan
las agresiones.
Desdeñando su
gravedad, cuestionando su prevalencia y rechazando sus consecuencias lo que se
materializa que desarrolla una política “preventiva” totalmente nominalista de
carácter burocrática sin ninguna incidencia ni el as causas ni en la
prevención. Lo que es un factor para que las agresiones pervivan y se
incrementen.
En segundo lugar, las agresiones
guardan una directa relación con factores de la organización del trabajo en las
instituciones penitenciarias, factores tales como: la carencia de asistencia
sanitaria primaria, la falta de atención a las patologías mentales, la falta de
personal, entre otras.
Para Instituciones
penitenciarias las agresiones no son una problemática de salud laboral, sino
incidentes/accidentes regimentales, lo que tienen una singular relevancia,
porque con ello dejan sin los derechos legales de prevención y protección de la
salud laboral al personal penitenciario frente a las agresiones.
La actuación de negar el problema de las agresiones, para no evidenciar la incapacidad de gestión de los riesgos, en la Administración Penitenciaria española, tiene graves consecuencias para el personal penitenciario.
La siniestralidad laboral del personal
penitenciario es de las mayores de la Unión Europea, y dentro de esta
siniestralidad, las agresiones representan un porcentaje mayoritario.
Dentro de la Administración General del Estado (AGE) las agresiones físicas al personal, las producidas en la Administración Penitenciaria representan el 90% del total de agresiones físicas de la AGE, cuando la plantilla penitenciaria representa el 13% del conjunto de los empleados y empleadas públicas de la Administración del Estado
Existe la creencia generalizada de
que en ciertas ocupaciones es inherente un cierto grado de violencia o que ésta
es impredecible, como una parte misma del trabajo. El trabajador asume el
riesgo de sufrir actos violentos, lo que puede conllevar la pasividad o la
imposibilidad de hacer algo.
Por otro lado, creer que la
violencia en el trabajo es aleatoria e impredecible puede llevar a considerar
que los programas preventivos son innecesarios. Por el contrario, muchos actos
violentos pueden ser prevenidos. La violencia requiere de un enfoque integrado
de prevención de conductas y de atención reparadora a las víctimas.
Las causas de este incremento de
las agresiones en Instituciones Penitenciarias son múltiples y se
retroalimentan entre sí
Las agresiones en las Instituciones
Penitenciarias del Ministerio del Interior, tiene causas multifactoriales y por
ello su abordaje debe de realizarse desde diferentes perspectivas preventivas y
organizativas, entre toras la falta de personal, la mala clasificación, la falta
de sanidad penitenciaria, las patologías mentales…pero sobre todo la negación
de las agresiones como un hecho que cuestiona el propio modelo penitenciario
El PEAFA es un factor potenciador
de las agresiones, porque las blanquea, las oculta y, sobre todo, porque las
deja sin prevención alguna, se puede decir sin temor a equivocarse que los
datos demuestran que las agresiones han crecido con mas intensidad durante la
vigencia del PEAFA
El PEAFA ha visto la luz gracias al
apoyo sindical y sigue en vigor porque los firmantes han sido incapaces de
pedir su derogación ante el fracaso que ha significado para el personal
penitenciario
CSIF y ACAIP-UGT deberían de
replantearse y tener el valor de la autocrítica para reconocer las
consecuencias que ha tenido para la violencia en el trabajo y para el personal
de prisiones la existencia del PEAFA.
Insistir en mantener este protocolo
travestido por una nueva revisión, donde la prevención y la Ley quedan fuera,
es insistir en que el personal penitenciario siga teniendo agresiones sin
ninguna medida preventiva frente a ellas.
Hay que ser claros, las agresiones
en prisiones no son inevitables, ni tienen el carácter de una plaga bíblica, se
produce porque la gestión de los riesgos laborales por parte del servicio de
prevención y la propia secretaria general de instituciones penitenciarias como
responsable máxima, es totalmente ineficiente.
La realidad demuestra que cualquier
sector donde existe una política preventiva que responda a los riesgos laborales
del mismo, los siniestros, los accidentes laborales y las enfermedades
profesionales decaen intensamente.
Que las prisiones españolas estén a
la cabeza europea en agresiones no es casualidad, ni se debe a circunstancias
insoslayables, todo radica en la indiferencia de la Administración frente a las
consecuencias de la violencia en el trabajo contra el personal penitenciarios y
consecuentemente en cómo se desarrolla una política de riesgos formal sin
ninguna intención ni medida practica para atajarlos.
Las agresiones se pueden evitar,
hay que comenzar reduciéndolas progresivamente mediante medidas legales, y
organizativas que las prevengan y las eviten.
