El conflicto laboral en las
prisiones del Ministerio del Interior se pudre, cada día un poco más, sin que
nadie parezca tener la menor intención de mostrar un mínimo de responsabilidad
para resolverlo mediante la negociación colectiva.
Las reivindicaciones del personal
de las Instituciones Penitenciarias son justas en la medida que representan el
termómetro del estado de la salud democrática demuestras instituciones y de
los servicios públicos.
La Constitución, la Ley y la
Judicatura (todo ello en cuestión también) son concluyentes, el cumplimiento de
la pena está orientado a la reinserción social, y los servicios públicos
contaran con los recursos necesarios para ello.
Es decir la estructura
democrática que promueve la Constitución sitúa a las prisiones y los servidores
públicos que trabajan en ellas como un elemento sustancial de la salud
democrática del país.
No se comprende, en términos
democráticos, por tanto la insistencia en proletarizar las condiciones
laborales de estos servidores públicos, idea compartida en los hechos, por los
dos partidos que han gobernado los últimos años, que han permitido una
progresiva degradación social y laboral, que ha sembrado de frustración y rabia
las relaciones laborales de un departamento esencial para la seguridad del
Estado.
Si nadie parece cuestionarse las
reivindicaciones laborales del personal de las prisiones, si las mismas no
suponen un quebranto a las arcas del Estado y si otros colectivos de la
Administración del Estado vieron atendidas en alguna medida sus
reivindicaciones, la gran duda es la razón que oculta que el conflicto de las
prisiones se putrefacta y se transforme de conflicto laboral en un conflicto
político y democrático en el ámbito de la seguridad del Estado.
Los intereses en un espacio tan
importante como las prisiones, son múltiples y contrapuestos, con muchos
actores y no todos ellos visibles en el escenario. Se pueden aventurar algunas
hipótesis que inciden en que los trabajadores de las prisiones estén
secuestrados con sus demandas en el devenir de la lucha política.
No se oculta a nadie que el los
servicios públicos son una bocado muy apetecible para las grandes corporaciones
ansiosas de agrandar sus cuentas de beneficio, y tampoco como estas
corporaciones tienen importantes vínculos, cordones umbilicales y puertas
giratorias con el mundo parlamentario y de los partidos políticos. Ha habido un
Ministro del Interior con intereses familiares en la seguridad privada y ahora
hay portavoces de un importante grupo político que también tiene vínculos con
éste lobby.
Privatizar los servicios públicos
está en el ADN de grupos políticos como Ciudadanos o Vox, pero también por
amplios sectores del PP y otros del propio PSOE. Privatizar las prisiones es un
bocado muy goloso en términos económicos y políticos, en lo económico porque se
mueven más de 1.100 millones y en lo político porque es un resorte determinante
para cuestionar la acción del Estado.
Privatizar, es una guerra, y las
guerras no son ya groseras, aunque sean igual de dantescas, se desarrollan la
mayor de las veces entre la oscuridad de las bambalinas, y ésta lo hace creando
las condiciones que determinen la inexorabilidad de la privatización.
Hay elementos preocupantes en esa
dirección, se proyecta la idea de que las prisiones son caras y no sirven para
nada. Cuestión fácilmente rebatible con datos objetivos pero que cala en el
imaginario popular.
Se promueven cambios cualitativos
estructurales “desde dentro” por un lado se trata de acotar como los únicos
servidores públicos que son de prisiones, al personal de vigilancia. Y por el
otro se intenta cambiar la funcionalidad quitándole contenido diferencial (como
funciones de intervención tratamental) a este personal y exacerbando cuestiones
meramente instrumentales (pistolas, robocop, ectra). Lo que les sitúa como
personal fácilmente prescindible y sustituible por el personal de la vigilancia
privada.
Junto a ello es necesario
degradar las condiciones laborales, en primer lugar ridiculizando y
cuestionando las organizaciones representativas sindicales para crear otras
fácilmente manejables y que sean marionetas de las intenciones privatizadores.
En segundo lugar devaluando la actividad profesional de este colectivo y poniéndolo
en una situación de depauperación progresiva para cerrar el círculo haciendo
responsable de la misma a los propios trabajadores y a sus representantes.
Y “voila” la privatización está
en su punto, y los millones preparados para la cuenta de beneficios.
Otro elemento a no perder de
vista es las consecuencias que para el colectivo y sus reivindicaciones tiene
la integración del sindicato de prisiones Acaip en la UGT, que como todo el
mundo sabe es un sindicato dependiente del PSOE y que en lo estratégico
subordina su acción a los intereses de éste.
Esta dependencia de la afiliación
de Acaip de las estrategias de la UGT y las órdenes del PSOE en un momento con
el nivel de conflictividad laboral existente, es una aventura que seguro tendrá
importantes consecuencias.
Algunas ya existen y es como el
control que ejerce Acaip sobre la plataforma ha constreñido y limitado a
espasmos puramente de propaganda electoral las actuaciones de la misma, todo el
mundo evidencia un antes y un después en la estrategia de la misma, hasta el
verano la dinámica movilizadora era intensa y después se ha quedado en mero
postureo. Todo para no desgastar las opciones electorales de su partido y las
suyas propias en las sindicales.
Los hechos demuestran que las
opciones cortoplacistas no rinden beneficios, pues ahora el colectivo está más
lejos de sus reivindicaciones, Acaip se desangra perdido en una carrera de
ocurrencias que fortalecen a sus enemigos. Y hay nuevos actores en el escenario
La consecuencia inmediata es el
cuestionamiento general del sindicalismo representativo y la irrupción de un
sindicalismo de foto y pasillo que busca más lo estético que lo ético, pero que
es peligroso por ser un caballo de Troya
del extremismo de la derecha populista Europea que a través de la extrema derecha española trata de
infiltrar el Estado, y sus espacio de la seguridad en primer lugar
Otro elemento para la hipótesis
es el papel real que juegan en este drama dos personajes con una cultura
política de la derecha tradicional nombrados para dirigir algo tan importante
como Interior y las Prisiones, por un partido socialdemócrata como el PSOE, si
entienden su apertura al centro sociológico con estas acciones, tienen un claro
problema de interpretación de la realidad como atestiguó Andalucía.
Las consecuencias no podían ser
buenas para el personal de las prisiones, se quedan en la casa y en el
Ministerio todos los responsables del desastre y de la intolerancia de la gestión del anterior equipo del Gobierno
del PP, toda una declaración de intenciones.
Gritan dialogo, pero para que nos
quedemos calladas, para que nos olvidemos de pedir nada, ni salarios, ni
respeto. Se esfuerzan cada día en ser dignos continuadores de la obra de
prepotencia y arrogancia de quienes les precedieron
Provocan permanentemente el
desgaste sindical, presentan oferta y la retiran; hay huelga dicen que no hay
ni un euro y dan productividad a manos llenas a los suyos; dicen que nos
quedemos con lo de AGE mientras AGE reparte dinero para muchos otros colectivos
por encima del Acuerdo Marco. Solo buscan provocar la humillación del colectivo
penitenciario, desgastar a los sindicatos, enfrentar al personal entre sí y
deteriorar el servicio público.
Y finalmente queda el PSOE,
conocen al detalle lo que sucede, lo conocen tan bien que a veces puede parecer
que hasta lo promueven, miran para otro
lado, y dejan que sigan maltratando al colectivo, probablemente esperando que
haya un estallido “incontrolado” de gentes “incontroladas” que pueda saldarse con
expedientes y sanciones, y permitir recuperar protagonismo a su sindicato
UGTacaip como salvador en ese momento de las “dificultades” creadas,
gestionando sanciones y olvidando reivindicaciones.
Convocar la primer huelga de la
democracia a un Gobierno del PSOE tiene la consecuencia de que el colectivo
penitenciario será el último en recibir nada, tienen el orgullo herido y ahí son
tan irresponsables como peligrosos.
Probablemente los ideólogos de
esa estrategia suicida y corto-placista de enfrentar al personal penitenciario
y debilitar a los sindicatos, para
fortalecer que al final del proceso aparezca fortalecido UGTacaip, sean algunos de los que diseñaron la “victoria”
socialista en Andalucía, y con esa irresponsabilidad lo que están sembrando es un
movimiento como jusapol en prisiones con un ideario preconstitucional y
claramente instrumentalizado por los mismos partidos que utilizan a jusapol
para sus intereses políticos.
Sacrificar los avances de un
modelo penitenciario como el español, que con todas sus dificultades y claro
oscuros significa un avance de modernidad y respeto a los derechos humanos y
constitucionales, ejemplar a nivel mundial, por algo tan voluble como
incontrolable, como son los resultados de unas elecciones sindicales, es como
seleccionar a pirómanos para dirigir los bomberos.
Con estas actuaciones de tierra
quemada, de despreciar demandas justas, de provocar gratuitamente, de
menospreciar el sacrificio del personal penitenciario cada día dentro de las
cárceles, de ningunear y ocultar las agresiones. Solo dan argumentos para que
la extrema derecha tenga más razones para utilizar y sumar más apoyos entre el
personal penitenciario.
Por esas razones se están
inventando una idea nueva para justificar toda la parálisis y falta de respeto
por parte del partido del Gobierno, dicen, de que el problema es el Sr.
Marlaska que no hace caso de lo que le piden en el PSOE, pero es un argumento
endeble, de mal perdedor y que no responde a la realidad, ¿desde cuando los
subordinados imponen las condiciones a los jefes? No olvidar que el jefe en
este caso es el PSOE, que es quien apoya la gestión del Ministro en el
Parlamento en cada ocasión que es necesario
O tal vez sea solo un argumento
para consumo interno, argumento para justificar a las bases de Acaip que apoyen
su disolución dentro de UGT, como algo inevitable para poder negociar desde una
organización fuerte, lo abre la misma pregunta de siempre, ¿negociar para qué?
¿Para seguir tapando las
vergüenzas de un partido que no entiende lo que está pasando en Instituciones
Penitenciarias y como no lo entiende lo desprecia, como despreció los cambio
que se venían anunciando en Andalucía?
Pero con todo, lo más importante
es no perturbar la convivencia dentro de las plantillas de prisiones, si la
irrupción de las camisas negras en las marchas de los sindicatos no es
pacífica, respetando la convocatoria y a quienes la convocan, no solo será un
mal precedente, sino que abriría tiempos difíciles para la convivencia laboral
en prisiones.
Las camisas negras tienen derecho
a ser sindicato, tienen derecho, si las urnas se lo dan, a sustituir a Acaip
como organización sindical mayoritaria en las prisiones. Pero no tienen derecho
a abrir la confrontación dentro de las prisiones, y tampoco tienen derecho a
subvertir los principios legales democráticos y constitucionales de nuestro
sistema penitenciario para apoyar desde el Estado las opciones de un partido
político, por muy extremista y de derechas que éste sea.
Por el bien de la democracia, del
sistema público de prisiones, todavía queda una última oportunidad para salvar
la situación. Convocar la negociación colectiva y atender las justas
reivindicaciones del personal de prisiones que con tanto entusiasmo apoyaron desde
el PSOE en la oposición.
No caminar en esa dirección hará
que el incendio se propague, y vuelvan a la derrota sus apuestas
cortoplacistas, porque no servirán para nada y Acaip será sustituido por otra
organización sindical que no controlan, pero lo peor de todo es que perderemos
el sistema público de prisiones, abriendo la puerta a su privatización, y ese
es un lujo que no puede permitirse un partido del Gobierno contra la ciudadanía
española
