EL PSOE TIENE LA LLAVE AL CONFLICTO DE PRISIONES

El conflicto laboral en las prisiones del Ministerio del Interior se pudre, cada día un poco más, sin que nadie parezca tener la menor intención de mostrar un mínimo de responsabilidad para resolverlo mediante la negociación colectiva.

Las reivindicaciones del personal de las Instituciones Penitenciarias son justas en la medida que representan el termómetro del estado de la salud democrática demuestras instituciones y de los servicios públicos.

La Constitución, la Ley y la Judicatura (todo ello en cuestión también) son concluyentes, el cumplimiento de la pena está orientado a la reinserción social, y los servicios públicos contaran con los recursos necesarios para ello.

Es decir la estructura democrática que promueve la Constitución sitúa a las prisiones y los servidores públicos que trabajan en ellas como un elemento sustancial de la salud democrática del país.

No se comprende, en términos democráticos, por tanto la insistencia en proletarizar las condiciones laborales de estos servidores públicos, idea compartida en los hechos, por los dos partidos que han gobernado los últimos años, que han permitido una progresiva degradación social y laboral, que ha sembrado de frustración y rabia las relaciones laborales de un departamento esencial para la seguridad del Estado.

Si nadie parece cuestionarse las reivindicaciones laborales del personal de las prisiones, si las mismas no suponen un quebranto a las arcas del Estado y si otros colectivos de la Administración del Estado vieron atendidas en alguna medida sus reivindicaciones, la gran duda es la razón que oculta que el conflicto de las prisiones se putrefacta y se transforme de conflicto laboral en un conflicto político y democrático en el ámbito de la seguridad del Estado.

Los intereses en un espacio tan importante como las prisiones, son múltiples y contrapuestos, con muchos actores y no todos ellos visibles en el escenario. Se pueden aventurar algunas hipótesis que inciden en que los trabajadores de las prisiones estén secuestrados con sus demandas en el devenir de la lucha política.

No se oculta a nadie que el los servicios públicos son una bocado muy apetecible para las grandes corporaciones ansiosas de agrandar sus cuentas de beneficio, y tampoco como estas corporaciones tienen importantes vínculos, cordones umbilicales y puertas giratorias con el mundo parlamentario y de los partidos políticos. Ha habido un Ministro del Interior con intereses familiares en la seguridad privada y ahora hay portavoces de un importante grupo político que también tiene vínculos con éste lobby.

Privatizar los servicios públicos está en el ADN de grupos políticos como Ciudadanos o Vox, pero también por amplios sectores del PP y otros del propio PSOE. Privatizar las prisiones es un bocado muy goloso en términos económicos y políticos, en lo económico porque se mueven más de 1.100 millones y en lo político porque es un resorte determinante para cuestionar la acción del Estado.

Privatizar, es una guerra, y las guerras no son ya groseras, aunque sean igual de dantescas, se desarrollan la mayor de las veces entre la oscuridad de las bambalinas, y ésta lo hace creando las condiciones que determinen la inexorabilidad de la privatización.

Hay elementos preocupantes en esa dirección, se proyecta la idea de que las prisiones son caras y no sirven para nada. Cuestión fácilmente rebatible con datos objetivos pero que cala en el imaginario popular.

Se promueven cambios cualitativos estructurales “desde dentro” por un lado se trata de acotar como los únicos servidores públicos que son de prisiones, al personal de vigilancia. Y por el otro se intenta cambiar la funcionalidad quitándole contenido diferencial (como funciones de intervención tratamental) a este personal y exacerbando cuestiones meramente instrumentales (pistolas, robocop, ectra). Lo que les sitúa como personal fácilmente prescindible y sustituible por el personal de la vigilancia privada.

Junto a ello es necesario degradar las condiciones laborales, en primer lugar ridiculizando y cuestionando las organizaciones representativas sindicales para crear otras fácilmente manejables y que sean marionetas de las intenciones privatizadores. En segundo lugar devaluando la actividad profesional de este colectivo y poniéndolo en una situación de depauperación progresiva para cerrar el círculo haciendo responsable de la misma a los propios trabajadores y a sus representantes.

Y “voila” la privatización está en su punto, y los millones preparados para la cuenta de beneficios.

Otro elemento a no perder de vista es las consecuencias que para el colectivo y sus reivindicaciones tiene la integración del sindicato de prisiones Acaip en la UGT, que como todo el mundo sabe es un sindicato dependiente del PSOE y que en lo estratégico subordina su acción a los intereses de éste.

Esta dependencia de la afiliación de Acaip de las estrategias de la UGT y las órdenes del PSOE en un momento con el nivel de conflictividad laboral existente, es una aventura que seguro tendrá importantes consecuencias.

Algunas ya existen y es como el control que ejerce Acaip sobre la plataforma ha constreñido y limitado a espasmos puramente de propaganda electoral las actuaciones de la misma, todo el mundo evidencia un antes y un después en la estrategia de la misma, hasta el verano la dinámica movilizadora era intensa y después se ha quedado en mero postureo. Todo para no desgastar las opciones electorales de su partido y las suyas propias en las sindicales.

Los hechos demuestran que las opciones cortoplacistas no rinden beneficios, pues ahora el colectivo está más lejos de sus reivindicaciones, Acaip se desangra perdido en una carrera de ocurrencias que fortalecen a sus enemigos. Y hay nuevos actores en el escenario

La consecuencia inmediata es el cuestionamiento general del sindicalismo representativo y la irrupción de un sindicalismo de foto y pasillo que busca más lo estético que lo ético, pero que es peligroso por ser  un caballo de Troya del extremismo de la derecha populista Europea que a través  de la extrema derecha española trata de infiltrar el Estado, y sus espacio de la seguridad en primer lugar

Otro elemento para la hipótesis es el papel real que juegan en este drama dos personajes con una cultura política de la derecha tradicional nombrados para dirigir algo tan importante como Interior y las Prisiones, por un partido socialdemócrata como el PSOE, si entienden su apertura al centro sociológico con estas acciones, tienen un claro problema de interpretación de la realidad como atestiguó Andalucía.

Las consecuencias no podían ser buenas para el personal de las prisiones, se quedan en la casa y en el Ministerio todos los responsables del desastre y de la intolerancia de  la gestión del anterior equipo del Gobierno del PP, toda una declaración de intenciones.

Gritan dialogo, pero para que nos quedemos calladas, para que nos olvidemos de pedir nada, ni salarios, ni respeto. Se esfuerzan cada día en ser dignos continuadores de la obra de prepotencia y arrogancia de quienes les precedieron

Provocan permanentemente el desgaste sindical, presentan oferta y la retiran; hay huelga dicen que no hay ni un euro y dan productividad a manos llenas a los suyos; dicen que nos quedemos con lo de AGE mientras AGE reparte dinero para muchos otros colectivos por encima del Acuerdo Marco. Solo buscan provocar la humillación del colectivo penitenciario, desgastar a los sindicatos, enfrentar al personal entre sí y deteriorar el servicio público.

Y finalmente queda el PSOE, conocen al detalle lo que sucede, lo conocen tan bien que a veces puede parecer que hasta lo promueven,  miran para otro lado, y dejan que sigan maltratando al colectivo, probablemente esperando que haya un estallido “incontrolado” de gentes “incontroladas” que pueda saldarse con expedientes y sanciones, y permitir recuperar protagonismo a su sindicato UGTacaip como salvador en ese momento de las “dificultades” creadas, gestionando sanciones y olvidando reivindicaciones.

Convocar la primer huelga de la democracia a un Gobierno del PSOE tiene la consecuencia de que el colectivo penitenciario será el último en recibir nada, tienen el orgullo herido y ahí son tan irresponsables como peligrosos.

Probablemente los ideólogos de esa estrategia suicida y corto-placista de enfrentar al personal penitenciario y debilitar a los sindicatos,  para fortalecer que al final del proceso aparezca fortalecido UGTacaip,  sean algunos de los que diseñaron la “victoria” socialista en Andalucía, y con esa irresponsabilidad lo que están sembrando es un movimiento como jusapol en prisiones con un ideario preconstitucional y claramente instrumentalizado por los mismos partidos que utilizan a jusapol para sus intereses políticos.

Sacrificar los avances de un modelo penitenciario como el español, que con todas sus dificultades y claro oscuros significa un avance de modernidad y respeto a los derechos humanos y constitucionales, ejemplar a nivel mundial, por algo tan voluble como incontrolable, como son los resultados de unas elecciones sindicales, es como seleccionar a pirómanos para dirigir los bomberos.

Con estas actuaciones de tierra quemada, de despreciar demandas justas, de provocar gratuitamente, de menospreciar el sacrificio del personal penitenciario cada día dentro de las cárceles, de ningunear y ocultar las agresiones. Solo dan argumentos para que la extrema derecha tenga más razones para utilizar y sumar más apoyos entre el personal penitenciario.

Por esas razones se están inventando una idea nueva para justificar toda la parálisis y falta de respeto por parte del partido del Gobierno, dicen, de que el problema es el Sr. Marlaska que no hace caso de lo que le piden en el PSOE, pero es un argumento endeble, de mal perdedor y que no responde a la realidad, ¿desde cuando los subordinados imponen las condiciones a los jefes? No olvidar que el jefe en este caso es el PSOE, que es quien apoya la gestión del Ministro en el Parlamento en cada ocasión que es necesario

O tal vez sea solo un argumento para consumo interno, argumento para justificar a las bases de Acaip que apoyen su disolución dentro de UGT, como algo inevitable para poder negociar desde una organización fuerte, lo abre la misma pregunta de siempre, ¿negociar para qué?

¿Para seguir tapando las vergüenzas de un partido que no entiende lo que está pasando en Instituciones Penitenciarias y como no lo entiende lo desprecia, como despreció los cambio que se venían anunciando en Andalucía?

Pero con todo, lo más importante es no perturbar la convivencia dentro de las plantillas de prisiones, si la irrupción de las camisas negras en las marchas de los sindicatos no es pacífica, respetando la convocatoria y a quienes la convocan, no solo será un mal precedente, sino que abriría tiempos difíciles para la convivencia laboral en prisiones.

Las camisas negras tienen derecho a ser sindicato, tienen derecho, si las urnas se lo dan, a sustituir a Acaip como organización sindical mayoritaria en las prisiones. Pero no tienen derecho a abrir la confrontación dentro de las prisiones, y tampoco tienen derecho a subvertir los principios legales democráticos y constitucionales de nuestro sistema penitenciario para apoyar desde el Estado las opciones de un partido político, por muy extremista y de derechas que éste sea.

Por el bien de la democracia, del sistema público de prisiones, todavía queda una última oportunidad para salvar la situación. Convocar la negociación colectiva y atender las justas reivindicaciones del personal de prisiones que con tanto entusiasmo apoyaron desde el PSOE en la oposición.

No caminar en esa dirección hará que el incendio se propague, y vuelvan a la derrota sus apuestas cortoplacistas, porque no servirán para nada y Acaip será sustituido por otra organización sindical que no controlan, pero lo peor de todo es que perderemos el sistema público de prisiones, abriendo la puerta a su privatización, y ese es un lujo que no puede permitirse un partido del Gobierno contra la ciudadanía española