Comenzar esta reflexión, evocando un grito de libertad y justicia, que no puede ser otro que el que Dostoyevski señala para conocer cuan de humana es una sociedad y que como todas conocemos dice que “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”
La civilización frente a la barbarie debería de ser algo consustancial a la naturaleza humana, pero la lógica roussoniana no siempre funciona eficientemente, por lo cual nos hemos dotado de principios jurídicos y morales, en torno a leyes que sustentan los valores universales de civilización y de derechos humanos. Singularmente trascendentes tras los muros donde se pierde el aire que alimenta la libertad, derechos fundamentales universales para todas y todos, y especialmente para quienes cumplen con la perdida de libertad la sanción penal y no pierden sus derechos humanos por ello.
Interior tiene el deber de garantizar y salvaguardar el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Pero no debemos de ocultar que, en la breve historia democrática de nuestro país, el ministerio del interior siempre ha tenido un sesgo más o menos refractario frente a los derechos fundamentales.
Por Interior han pasado quienes desde el tardo franquismo contemplaban la democracia como una anomalía pasajera, otros para quienes el progresismo y la libertad se sintetizaban con la patada en la puerta, quienes consideraron que la legalidad y el derecho eran molestias subsanables para alcanzar un “fin superior” y que acabaron por ello en prisión, los hemos tenido que asociaron el cargo a la propiedad de un cortijo particular que permitía apalear funcionarios de prisiones por pedir derechos y dignidad.
Con estos antecedentes, la ingenuidad humana siempre piensa que no se puede dar más vueltas a la tuerca, y por ello no dejo indiferente a nadie, que un juez de trayectoria muy conservadora, comprometido en sus nombramientos anteriores con el partido de la oposición al Gobierno y que acumulaba una trayectoria de desencuentros con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fuese nombrado para el cargo en el Ministerio del Interior. Probablemente desde el Gobierno la idea era proyectar socialmente “centralidad y tranversavilidad”, para equilibrar el perfil gubernamental, perspectiva que los hechos han puesto en cuestión
El coaching de comunicación persuasiva enseña a nuestros políticos a utilizar las emociones y las necesidades de su target (nosotras), para modificarlas en beneficio de sus propios intereses. Desde esa perspectiva debemos de entender la empatía manifestada por el Ministerio de Interior frente al conflicto de prisiones que estaba en marcha cuando accedió al cargo.
Se exteriorizaron a la opinión publica y en el Congreso con una batería de razón y promesas de cambio para el personal penitenciario, que alguna sabíamos que no podían ir más allá que una consigna de marketing hueca y sin el menor animo de cumplimentar en compromisos efectivos, porque formaba parte de la liturgia de relación con los electores. Siendo honestos no era nada nuevo, porque el manoseo, utilización partidista de las reivindicaciones laborales de los trabajadores penitenciarios ha sido la norma por parte de todos los partidos.
Hemos sido, estamos siendo, un pretexto para desgastar políticamente, al contrario, nuestras reivindicaciones están secuestradas por la dinámica de los partidos y lo peor de todo es que con nuestra división, mayoritariamente seguimos alimentando esa situación, que nos cierra las puertas a nuestro futuro laboral, porque mientras sigamos siendo su pelota, nuestras reivindicaciones nunca serán atendidas.
Las palabras dulces las conocemos todas, pero también hemos entendido las “verdades del barquero” de la realidad cotidiana, donde la “complicidad y la comprensión” se transforma en degradación laboral, desmantelamiento del servicio público, ineficacia en la gestión.
De un modo reiterado, solemnemente ante el Congreso de los Diputados el ministro proclama, la justicia de las reivindicaciones, la necesidad de las mismas para mejorar las Instituciones Penitenciarias y la necesidad de atenderlas en los PGE tras su negociación con los representantes de los trabajadores.
La realidad ha sido otra, ninguna voluntad de negociar nada, una expresión política de rechazo frontal contra quienes “se atrevieron” a convocar la primera huelga de la historia en prisiones, haciéndole un manchón en su currículo de gestor. Lo cierto es que podía haberse evitado ese sofoco, no aceptando el Ministerio del Interior, las movilizaciones ya estaban en marcha cuando tomo posesión. La consecuencia inmediata, el encapsulamiento, la incapacidad para dialogar y negociar con los representantes de los trabajadores penitenciarios
“Obligado” por un “entorno” que ya había detectado el profundo desgaste político que origina la confrontación provocada por el Ministro rompiendo el diálogo con el personal de prisiones, al ser utilizada por la oposición política. Sus subordinados convocan un proceso para articular una respuesta a las reivindicaciones sustanciales en el marco de una Ley, con la que poder cerrar el conflicto y aprovechar para otorgar competencias exclusivas de los gestores penitenciarios frente a los de Función Pública.
El proceso de negociación se alarga rompiendo la buena fe negociadora por la Administración, ante sus dificultades para dotar los fondos necesarios, son las organizaciones sindicales quienes redactan las propuestas de articulado, que son enmendadas sistemáticamente por la Administración.
Este proceso concluye abruptamente, por parte de la Administración con unas conclusiones que no apoya ninguna de las organizaciones presentes durante los contactos para posicionarse respecto a un texto normativo.
De nuevo el vacío entre las palabras y los hechos, entre la verdad de las reivindicaciones y la mentira de los compromisos
No se puede afirmar que todo este largo periodo haya estado inactivo el ministerio en las Instituciones Penitenciarias, además de profundizar en cambiar la negociación colectiva como modelo democrático de relaciones laborales, por el más antiguo y autoritario del ordeno y mando. Situando al personal penitenciario en el foco de toda esa negatividad democrática, ganándose un unánime en el rechazo a su gestión por parte de todos los colectivos penitenciarios:
• Se desarrolla una administración clientelar, con beneficios para los cercanos al poder y la indigencia para la mayoría, por ejemplo, con las bufandas que se adjudican los gestores con la productividad
• Se avanza en la privatización del servicio público, más empresas con epígrafe de ong y menos personal púbico de tratamiento. Más seguridad privada menos cumplir el reglamento penitenciario de seguridad exterior, mas contratas a bajo coste, menos higiene en los puestos de trabajo…
• Se consolida un modelo retributivo injusto y desigual, con nueve salarios para el mismo puesto. Con diferentes niveles para el mismo puesto, puestos de trabajo irregulares, sin funciones establecidas, ni rpt
• El volumen de falta de personal se incrementa año a año, sobrecargando plantillas envejecidas, generando problemas de salud y riesgos laborales y aumentando la inseguridad de las prisiones
• Se recorta la aplicación de la prevención de riesgos laborales a prisiones, riesgos que siguen al alza, como con las agresiones o los puestos de segunda actividad que les anulan el carácter preventivo para el personal con muchos años de servicio en un medio nocivo
• Se multiplican los expedientes y las informaciones reservadas al personal penitenciario, una modelo de gestión consecuencia de la incapacidad de respetar unas relaciones laborales democráticas y modernas.
• La gestión está orientada a justificar los puestos que toman decisiones, no a mejorar las necesidades de la organización, como consecuencia se multiplica innecesariamente la burocracia y las instrucciones y ordenes son de una ambigüedad calculada para eludir responsabilidades de su ineficiencia, lo que genera una mayor inseguridad jurídica entre el personal en el desempeño de su actividad.
• El personal está sometido a un reino de taifas, en función del centro de servicio, del área, y del jefe de turno, ocasionando discriminaciones permanentemente
• Existe un deterioro progresivo del cumplimiento de la normativa y derechos laborales, con retrocesos en todos los campos
• Obstinación por judicializar las relaciones laborales, obligando a pleitear incluso derechos básicos y evidentes
• Sin formación para el desempeño del personal penitenciario
Pero no son solamente, las relaciones laborales y las condiciones de trabajo las que están sometidas a un asalto y desmantelamiento desde el ministerio, la propia Institución y el modelo de servicio penitenciario también lo han puesto en jaque y en permanente degradación.
• Han conseguido una sanidad penitenciaria en coma y moribunda, donde se niegan a los reclusos la igualdad de derechos con el resto del sistema de salud, la falta de personal y medios es tercermundista.
• Han convertido las prisiones en psiquiátricos, eso sí, sin psiquiatras, sin médicos sin sanitarios y sin atención de salud mental, en estas condiciones con más de un 35% de reclusos con patologías mentales y con un elevado porcentaje de casos graves, la falta de atención y espacio adecuado, provocan que en la práctica se niegue el derecho a la reinserción y la salud a estos reclusos.
• Frente a una política de no cubrir las vacantes existentes en la RPTs, tienen una desaforada necesidad de malgastar en ladrillo, los gastos en reformas y nuevas instalaciones aumentan exponencialmente, mientras cientos de celdas están sin ocupar por falta de personal
• Han situado el tratamiento penitenciario como un programa más de su marketing político, consecuencia de lo cual es el desaprovechamiento de la profesionalidad de nuestro personal de tratamiento privatizado las funciones de reinserción, mediante convenios con empresas, fundamentalmente bancos, que no tienen mayor interés que el blanqueo de su responsabilidad social
• No se respetan los derechos laborales de los reclusos que trabajan para empresas del exterior en unas condiciones de explotación e incumplimiento de las normas laborales
• Las Instituciones Penitenciarias son lo más atrasado tecnológicamente de todos los departamentos de la Administración General del Estado, incumpliendo las leyes también en este campo
Hablar de modernización o progresismo con solo algunas de estas cuestiones, solo puede ser una mueca de mal gusto, el retroceso es objetivo y en todos los terrenos. Sin posibilidades de cambio con el actual equipo, que no dudara en seguir “prometiendo”, cuantas veces sea necesario, su disposición para resolver las necesidades, como hasta ahora, para que todo continúe degradándose un poco más mientras se afirman en sus puestos sin servir a la ciudadanía.
Estamos en una etapa donde la verdad no es importante, lo importante es la propaganda, con inversiones de gran calibre para intentar detener la caída de la imagen pública del ministerio, pero sin la menor voluntad de invertir en proyectos, ideas, en progreso, en modernización. Todo se hace por él y para el marketing político, al precio de estar desmantelando un servicio público esencial.
Y en esa huida hacia adelante, se necesita culpabilizar a alguien, crear un enemigo que permita crear cortinas de humo para ocultar debajo de la alfombra lo que ya no entra en el edificio de la manipulación, y quien mejor para que el colectivo penitenciario.
Pero no todo vale, el circo mediático montado recientemente, en torno a unos hechos que de confirmarse son gravísimos, demuestra la nula voluntad de seguir la normas y los procedimientos legales sustituyéndolos por la propagada y el exhibicionismo, consiguiendo con ello, enfangar a todo un colectivo, colectivo que ha acreditado solventemente su profesionalidad durante todo el periodo democrático.
No caeré en juicios paralelos ni en ciegas defensas corporativas, pero de momento los únicos hechos probados son que lo que debería de haber seguido los cauces de las normas, el derecho, las pruebas, la presunción de inocencia, se ha convertido en un escaparate mediático sin las mínimas garantías, para el que no se ha dudado en airear pruebas judiciales. La verdad se prueba, las responsabilidades son individuales y cuestionar a todo un colectivo saltándose el derecho y la ética no tiene nada que ver con la tradición progresista, no todo vale, y menos criminalizar a miles de trabajadores de un modo tan grotesco como injusto.
Nadie ha puesto en duda de que quien la haga debe de pagarla, pero no puede condenarse a nadie sin el derecho de defensa, en juicios paralelos y sin el derecho de defensa
Hay quien no ha dudado en compararnos con la banda terrorista ETA. Esa falsedad que se está construyendo, es una falsedad histórica, las pruebas son irrefutables, mientras quienes desarrollan esta visión del colectivo para ocultar su mediocridad e incapacidad estaban confortablemente seguros, el personal penitenciario era objeto de atentados, persecución y acosos por parte del terrorismo, y sucediendo todo eso el personal penitenciario dio ejemplo de respeto a los derechos de los presos terroristas durante todo ese tiempo, incluido durante el secuestro de un funcionario de prisiones.
Somos el colectivo de la Administración más supervisado legalmente, los trabajadores defendemos que aplicando y RESPETANDO el Estado de Derecho se depuren las responsabilidades individuales que se puedan producir por una mala praxis profesional, como no puede ser de otro modo.
Señalar a un colectivo convocando, inéditamente, un acto por una agresión a un mando, mientras se ignora cada año a casi quinientos agredidos denota el cariz moral con el que se trata al colectivo.
Por todo ello, porque no tenemos democracia laboral en prisiones, porque la Administración no respeta los derechos fundamentales de los reclusos, porque es el personal penitenciario y no el marketing el artífice de la reinserción. En esta Merced tampoco tengo nada que celebrar, disculpen, pero no estoy en disposición de brindar por lo que está pasando en este retroceso de lo público y lo esencial
Finalizar Volviendo a Dostoyevski, no tengo duda que el grado de civilización de nuestra sociedad se está empobreciendo, porque se ofende a la verdad y se ofende a miles de trabajadores penitenciarios que denodadamente trabajan por mejorarla desde las propias prisiones.
No hay ningún cargo político que valga la más mínima parte del daño que se causa a una Institución cuando se manosea al margen de los criterios legales para satisfacer intereses particulares, lo público no solo debe de serlo, además debe de parecerlo.
