LA LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2022, ENTIERRA LA LEY DE CUERPOS PENITENCIARIOS

 La presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 (PGE22) han puesto fin a la quimera de la tan manoseada como “secreta” Ley de Cuerpos Penitenciarios.

Los PGE evidencian, otra vez, que tampoco este año el personal penitenciario es merecedor de modernizar sus condiciones laborales acorde a las funciones encomendadas por al Constitución.

El personal penitenciario ha sido indispensable (a pesar de las resistencias para reconocerlo esencial) durante el momento más crítico de la pandemia, lo sigue siendo a diario en una realidad degradada y hostil que pone en cuestión la propia naturaleza de un servicio público esencial.

Hay que decir la verdad a los trabajadores y trabajadoras penitenciarias, no hay un solo euro en los PGE para una Ley de Cuerpos que adecue las condiciones laborales del personal penitenciario al siglo XXI.

Que no exista ningún compromiso presupuestario con el personal de las prisiones del Ministerio del Interior no significa que se haya reducido el presupuesto y el gasto para las Instituciones Penitenciarias, al contrario, la Secretaria General contara con un 5% más de presupuesto con un 30% menos de reclusos en prisión fruto de excarcelaciones por el COVID y modificaciones legales.

Se va a contar con el mayor presupuesto de la historia, con una plantilla estabilizada con tendencia a la baja a pesar de las cacareadas “multitudinarias” ofertas de empleo, una plantilla que sigue siendo raquítica como demuestra que no se puedan abrir 4.000 celdas para cumplir la LOGP.

A pesar de tan importante crecimiento financiero para gestionar las prisiones, no hay ni un euro parta reconocer al personal, los compromisos, la palabra ante la soberanía popular y todo lo demás son engañifas para mantener al personal tranquilo y sin mejoras. La verdad es que hay dinero sobrante para cubrir todas las reivindicaciones del personal penitenciario, solamente los 67 millones y medio transferidos al lobby de la seguridad privada para cubrir un servicio perfectamente desempeñado por las FCSE, que lo hicieron como mandata la ley, durante los veinte meses que las empresas se negaron en las prisiones del centro.

La Ley de Cuerpos era un proyecto demasiado ambicioso de trasformación integral de las relaciones laborales en las Instituciones Penitenciarias a la realidad actual, pero quedo lastrado de inicio por la interlocución de unos gestores que solo aspiran a poner parches para pervivir en el puesto y que no tenían la menor intención de transformar nada.

No ha sido una cuestión menor, en el desarrollo de los acontecimientos, la personalización de la huelga de prisiones que desde el Ministerio del Interior tiene como una “afrenta”, cuando no es más que el legítimo ejercicio de un derecho constitucional.

Los diferentes actores de la negociación, como no puede ser de otro modo, tienen intereses contrapuestos, que la negociación desde la buena fe debería de resolver, unos vieron su oportunidad por hacerse con toda la gestión de personal y esquinar a Función Pública, una sectorización encubierta. Otros centraban sus intereses en el grupo B, porque entendían que les reportaría más réditos electorales. Y otros pusieron el acento en la reclasificación de centros porque garantizaba una subida general que repercutiría también en el personal laboral donde tienen más presencia.

Al final la administración hizo con su pan lo que le pareció, la mayoría de las cuestiones de los sindicatos no fueron recogidas en su propuesta, y paso lo que tiene que pasar cuando no se gestionan bien las cosas.

La coherencia, la falta de rigor y la madurez de las propuestas determina su ciclo vital. No parece que la Ley de Cuerpos contara con ninguna de las características esenciales para salir adelante, el choque con Función Pública estaba asegurado, sobre todo para el grupo B, que está en proceso de negociación en la Administración General del estado (competencia de Función Pública) pero sobre todo porque generaba importantes disfunciones al propio Ministerio del Interior, donde también se demanda por colectivos mucho más numerosos que dispararían el gasto.

Por otra parte, la memoria financiera y los plazos de ejecución también genera más disfunciones y oposición dentro de la Administración, sobre todo en un contexto inflacionario donde el Gobierno tiene intención de aplicar ajustes, incrementando las retribuciones por debajo del IPC

Este bloqueo debe de ser conocido por el personal, y así deberían de hacerlo quienes estén en la mesa de negociación, lo contrario es una expresión de poco respeto para con el personal a quien se representa y que no entiende como desde el 2018 con promesas y movilizaciones tampoco estos presupuestos existen para ellos, lo mínimo que nos merecemos es la verdad.

Al final se repite la historia, los cambios en prisiones, no llegan solos, o se conquistan o se pierden, la estrategia de ponerse en manos de las “promesas” de los partidos han mostrado que solo sirven para que ellos hagan su juego partidario utilizando al colectivo penitenciario, el Estatuto de prisiones sirvió para eso en el Congreso y Senado y la Ley de Cuerpos valdrá para lo mismo.

La falta de conocimiento, de compromiso y de interés por un sistema penitenciario moderno, queda demostrado en la propuesta de agente de la autoridad que el Gobierno lleva en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y que la oposición boicoteara (a pesar de haber dicho que defendían hacernos agentes de la autoridad).

Ya en otra ocasión advertí que la condición de agente de la autoridad era un elemento propagandístico en manos de los políticos, y que con ella tratarían de distraernos de nuestras reivindicaciones. Así ha sido, tienen la desvergüenza de presentar esta propuesta que es necesaria, justificada y útil, como la gran concesión a las reivindicaciones del colectivo, quien piense así hace flaco favor al colectivo, la condición de agente de la autoridad nos la llevan reconociendo los jueces desde hace años en el 97% de las ocasiones y por la parte de las agresiones no tienen el menor impacto sobre las mismas (como acreditan datos de donde si son agentes de autoridad), solo la prevención puede evitarlas. Está bien que se nos reconozca, pero no resuelve nuestras necesidades laborales.

En este estado de cosas la verdad es que quedan pocas alternativas, no hay ley de cuerpos sin presupuestos, cualquier invento será otra ocurrencia para despistarnos.

La única alternativa pasa por conseguir una mejora retributiva con fondos propios de la secretaria o el ministerio, toda vez que parece claro que en los PGE22 no vamos a estar.

Y esa única alternativa solo es posible si logramos vencer la resistencia del Ministerio del Interior, para que no quede duda, si el Ministerio de Interior tiene la NECESIDAD de negociarla, hay dinero para ello, pero nos faltan las fuerzas necesarias, para hacer necesaria la negociación.

Hay que ser claros, no nos van a regalar nada, hay que pelearlo, y hablar de pelearlo no pasa por actos testimoniales o folclóricos, hay que organizarse para un nivel de presión reivindicativa que se sienta en la Castellana, los encierros testimoniales, las pancartas con media docena de sindicalistas o las manifestaciones minoritarias solo son exhibición de debilidad que solo provoca que se nos cierren más puertas.

La presión tiene que ser colectiva y unitaria, de la transversalidad de todas las plantillas y colectivos profesionales penitenciarios con independencia de su relación laboral. Y seamos claros, eso exige de la participación de todas las organizaciones sindicales representativas, Csif, Ugt.Acaip, Ccoo, Cig y Ela, como no puede ser de otro modo, pero también sin ningún género de duda del resto de organizaciones, Tamp, Apfp, Fpu, Uso, deben de estar, impulsando un acuerdo de mínimos para alcanzar una subida retributiva con fondos propios para el 2022.

Todo lo demás, es seguir en el postureo, en la falta de transparencia y en no reconocer la madurez de las plantillas que exigen soluciones para prisiones por encima del narcisismo de las siglas. 

En definitiva, dejar pasar los años en campañas que no aportan ninguna mejora y crean un clima laboral poco saludable, no debería de ser la opción