AGENTES DE AUTORIDAD, AUTORITARISMO Y MODELO PENITENCIARIO

 

La reciente votación de toma en consideración de Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, presentado por el PSOE. Ha traído nuevamente al centro del debate político y social el mundo de las prisiones.

Y centralmente la cuestión si esta medida incrementa la capacidad punitiva y el autoritarismo de modelo penitenciario español, donde desde algunos sectores progresistas se cuestiona la propuesta porque choca con el posicionamiento de organizaciones no gubernamentales en defensa de los presos

Es necesario comenzar aclarando cuestiones muy básicas, que permitan enmarcar la propuesta en su dimensión jurídica, además, de en el plano social y político.

La ejecución pena es una competencia exclusiva del Estado, es la manifestación de la potestad punitiva estatal mediante mecanismos que aseguren el cumplimiento de las sanciones impuestas en la sentencia y la misma se desarrolla efectivamente por el personal penitenciario en el desempeño de sus funciones.

En este punto es obligado recordar unas breves palabras sobre a la naturaleza del Estado, donde se otorga mediante un proceso de legitimización el monopolio de la violencia, es decir mediante sus normas estable la obligación de su cumplimiento a los sujetos dependientes del mismo. Por lo tanto, el Estado es autoritario y coercitivo a través de las leyes y de los sujetos que velan el cumplimiento de las mismas.

No hay ninguna duda, la prisión es una parte del Estado que se define por su carácter punitivo y autoritario en el marco de la legalidad establecida, vincular un aparato punitivo del Estado con el autoritarismo es una obviedad en sí misma.

Un agente de la autoridad es un funcionario que ejecuta órdenes de la autoridad o actúa en representación de esta. Aunque nadie duda del ejercicio de autoridad que los funcionarios de prisiones, especialmente los dedicados a la vigilancia y observación de los internos, han de ejercer en el interior de los Establecimientos Penitenciarios, lo cierto es que ninguna norma les concede rango de agentes de autoridad.

Esta anomalía de ejercer en nombre de la autoridad del Estado la ejecución penal y no tener reconocimiento normativo alguno sobre la misma, genera constantes disfunciones en la actividad penitenciaria, entre ellas.

La pérdida de autoridad debilita la propia reinserción, la seguridad del establecimiento, la capacidad de intervención del Estado y es un factor que correlaciona con el incremento de las agresiones al personal

Sin la seguridad jurídica de ser agente de la autoridad, la actividad del Estado, a través de sus funcionarios queda en cuestión permanente, haciendo inoperante el modelo, impidiendo la salvaguarda de derechos fundamentales, como el de la integridad de la población reclusa baja tutela y custodia, la violencia entre la población reclusa es un hecho recurrente

Elementos no menores, son los daños materiales en el ejercicio de sus funciones que sufren los funcionarios en su actuación profesional y que no tienen ninguna garantía por parte del Estado. Por tanto, el principio de indemnidad, recogido en la proposición de ley es muy importante.

En definitiva, en el ámbito jurídico nos encontramos ante la necesidad de regular normativamente, una realidad sustanciada en las funciones otorgadas al personal penitenciario y que durante muchos años las sentencias de los tribunales vienen reconociendo.

En el ámbito de lo social y lo político, también es necesario hacer algunas consideraciones que inciden directamente en la necesidad de otorgar la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones.

Aunque es una obviedad debo de comenzar recordando que uno de los aciertos de la transición ha sido el cambio de un modelo penitenciario de la dictadura orientado a la retención y pena de la población reclusa, por uno moderno orientado a la reinserción social.

Es preciso destacar que, aunque las normas, la primera ley orgánica fue la penitenciaria, iban en la buena dirección, hubiera sido impensable su ejecución sin la participación activa del personal penitenciario. Gracias a ello el modelo penitenciario constitucional español, hoy, se encuentra entre los de más éxito del mundo.

El personal penitenciario es la columna vertebral sobre el que pende el éxito o el fracaso del proceso de resocialización y reinserción, ha sido un agente de cambio y modernidad durante muchos años en circunstancias más que difíciles.

Señalarlo y cuestionarlo colectivamente para poner en duda como aplicara la nueva norma, además de injusto es de una miopía política absoluta. Nadie afirma que los funcionarios de prisiones individualmente seamos “seres de luz”, y por supuesto que se debe fiscalizar el desempeño, pero no hay la menor duda tampoco que somos el colectivo funcionarial o profesional más fiscalizado de todo el Estado.

La tutela permanente de los juzgados de vigilancia penitenciaria. La presencia sobre el terreno, diariamente, de cientos de organizaciones no gubernamentales. La intervención permanente de la oficina del defensor de pueblo. Así como la del Comité Europeo para la prevención de la tortura. Además de todos los derechos legales establecidos en nuestro ordenamiento para garantía de los derechos de la ciudadanía y contra los desvíos de poder, son una garantía muy importante sobre cómo se trabaja en las prisiones españolas.

No tengo dudas sobre la actividad del servicio público penitenciario, por lo que no debería ser un problema reforzar las garantías del Estado de derecho en la actividad penitenciaria, por ejemplo, dotando al personal de cámaras individuales.

Lo que daría un refuerzo en dos direcciones, visibilizaría las condiciones tan desmamparadas de la actividad profesional penitenciaria, y de como se producen agresiones como norma en la rutina de la misma. Y al tiempo, permitiría verificar como se cumple la Ley en el desempeño de esa actividad, curiosamente se produce una extraña coincidencia entre sectores negacionistas y revisionistas del modelo penitenciario constitucional y los propios gestores de la administración, que tratan de ocultar por todos los medios las vergüenzas de su gestión.

En estas condiciones sembrar dudas colectivas no es aceptable, y las deviaciones de poder individuales que se puedan producir, tienen que ser tratadas de acuerdo a la Ley, que además de ser sentenciadas como agente de autoridad también se refuerza la condena.

Por ello reconocer la condición de agentes de la autoridad no solo es dar carta de naturaleza a una realidad, asimismo, es un refuerzo de los instrumentos para garantizar los derechos de reinserción de la población reclusa.

La privación de la libertad de las personas es un asunto muy serio, en el que no debe de hacerse ningún tipo de concesión al postureo político, resulta muy difícil de creer de quien forma parte del Gobierno critique que éste no hace lo que tiene que hacer en las prisiones, y además curiosamente sea un elemento de distracción de algo que se considera tangencial como es el reconocimiento de la realidad de la actividad profesional del personal penitenciario.

Defender el modelo constitucional penitenciario, defender la reinserción exige compromiso y coherencia. No se puede poner en cuestión la condición de agente de la autoridad en el desempeño de sus funciones por parte del personal penitenciario, bajo la coartada de la reinserción y al mismo tiempo permitir que durante años, se produzca una permanente ofensiva contra la misma desde el propio Gobierno

·         📌  Defender la reinserción no es defender privar de derechos al personal penitenciario, ni preventivos sobre sus riesgos, ni de manifestación y huelga.

·      📌 Defender la reinserción es defender con actos visibles, el derecho de la población reclusa a la atención sanitaria, de la que actualmente está privada.

·       📌 Defender la reinserción es defender que las cárceles no son manicomios sin psiquiatras, la crueldad sistémica actual con las personas con patología mentales es absoluta.

·        📌  Defender la reinserción es defender a las presas para que tengan los mismos derechos y posibilidades que la población reclusa masculina.

·      📌  Defender la reinserción es poner los recursos adecuados para el tratamiento y la intervención, no callar frente a la privatización del mismo a través de ONGs que viven del presupuesto del estado, con su personal en precariedad absoluta, para que el estado no asuma sus responsabilidades legales. El Tratamiento penitenciario no puede seguir siendo un negocio

Sobre estas cuestiones y otras que ponen en entredicho el sistema penitenciario, hay un atronador silencio de los defensores nominalistas de la reinserción.

La vocación de los sectores progresistas de enrocarse en consignas vacías mientras se inhiben ante el asalto al Estado por parte de fuerzas regresivas, tiene consecuencias, y ponen en cuestión el modelo penitenciario constitucional y la propia reinserción.

Apostar por defender la reinserción significa en prisiones apostar por progresar con soluciones a los problemas reales, las retoricas doctrinales calmaran la conciencia, pero abren puertas y ventanas a la involución de las políticas penitenciarias.

No hay más tiempo para la liturgia de la retórica autocomplaciente. Hoy toca defender el modelo penitenciario constitucional, defender el derecho a la integridad del personal penitenciario, defender la reinserción

EL VOTO BOTADO DE #SOSPRISIONES

 Durante este año se han celebrado todo tipo de elecciones, locales, autonómicas, generales y las propias sindicales en la Administración General del Estado de la que forma parte Instituciones Penitenciarias.

Todas ellas sin ninguna duda tienen un impacto sobre las reivindicaciones y condiciones laborales del personal penitenciario

Pasados los momentos de la propaganda electoral que se antepone a la realidad y los hechos, puede ser una ocasión para reflexionar sobre como pueden afectar estos procesos al futuro laboral en prisiones

Desde los anteriores procesos electorales, donde en prisiones apareció, con una significativa relevancia, electoralmente un movimiento sindical anti-establishment que en estos cuatro años ha centrado su activismo sindical en algunos elementos básicos 

• Ø  Ataque a cualquier negociación o acuerdo del sindicalismo tradicional e institucional
• Ø  Focalización radical y política de sus reivindicaciones, en el Ministro del Interior, con nula confrontación con las direcciones de los centros y testimonial con los gestores penitenciaros de la SGIP
• Ø  Acoso personal, desde el insulto y la descalificación personal a delegados y delegadas de los sindicatos representativos
• Ø  División de las plantillas y cuestionamiento del personal que no seguía sus mandatos
• Ø  Correa de transmisión de las estrategias políticas de partidos de oposición al Gobierno
• Ø  Instrumentalización de demandas colectivas del personal penitenciario en beneficio de los dirigentes de su sindicato

En definitiva, un sindicalismo construido desde el extremismo y la radicalidad, ajeno de los ámbitos de la negociación colectiva y confrontando la propia interlocución por no estar ellos, que apuesta por cuanto peor para el colectivo mejor paras ellos, denostando las mejoras que se producen, con consignas maximalistas que niegan cualquier posibilidad de avance hasta que ellos alcancen la tierra prometida.

Lógicamente con esa estrategia se han opuesto a todos los procesos de negociación, a todas las propuestas y mejoras de los sindicatos representativos y al marco legalmente establecido de negociación y representación.

Con esa perspectiva han pretendido vincular su instrumentalización política a el logro de sus propuestas mesiánicas.

Un ámbito de representación sindical propio en prisiones, donde olvidan el marco legal de estas modificaciones donde los sindicatos representativos tienen algo que decir, que no es orgánicamente sostenible tener 17 ámbitos propios en la AGE, que esa opción no es contemplada como algo viable por la mayoría de las organizaciones políticas parlamentarias, como así acreditan los programas de las ultimas elecciones. Y la mas importante, que tener ese ámbito propio no garantiza ninguna mejora, ni capacidad de cambio.

El otro eje sobre el que construyeron su relato mágico, es la equiparación, planteamiento que en primer lugar, cuestiona el marco constitucional del estado de las autonomías que establece competencias propias para las mismas, pretender suprimir esas competencias del Estado no está al alcance de un grupo marginal, por otra parte, no dicen que salvo vigilancia el resto del personal saldría perdiendo, y tampoco dicen con quién equiparase o que hacer cuando la autonomía cambia las condiciones de su personal nuevamente. Pero sobre todo no dicen que cuando iniciaron su andadura lo hicieron pidiendo una mejora salarial de 100 euros, ampliamente superada por los acuerdos de los sindicatos representativos.

Con esa mochila por parte del extremismo sindical en prisiones, se realizaron las elecciones sindicales en la AGE, participan a pesar de decir que ellos no son AGE la coherencia por delante y sus resultados lo dejan todo meridianamente claro, obtienen el 16% de apoyo de la plantilla penitenciaria y menos de un 5% de representatividad entre el personal de la AGE.

Consecuentemente ni en el plano de la mera hipótesis especulativa puede contemplarse que el 16% imponga su modelo sindical al 84% restante, ni en una república bananera sería posible tal atropello.

Por otro lado, la estrategia, mas que dudosa, de que lo que ellos no podían conseguir convenciendo al personal penitenciario, se lo iban a conseguir los partidos para los que trabajaron durante estos cuatro años también parece tambalearse, puesto que estos partidos no parecen tener opción alguna de conformar Gobierno.

Todo cuanto antecede es para reivindicar el derecho colectivo de #sosprisiones a mejorar las condiciones laborales con independencia de quien Gobierne, o quien tenga la representatividad del colectivo.

Afortunadamente, gracias al ordenamiento jurídico que algunos cuestionan, cada una de nosotras tenemos derecho a tener nuestras propias filias y fobias políticas o partidistas que personalmente nos apetezca, pero vincular como sindicato, como se ha hecho, el destino laboral de un colectivo a partidos o ideologías concretas es hipotecar y arruinar cualquier reivindicación del personal penitenciario a medio plazo.

Porque ahora en el actual escenario, la tierra prometida, el nirvana de la equiparación o del sector no parece estar en el horizonte más cercano y, habrá que seguir negociando, luchando por mejorar laboralmente, porque los recortes que se aproximan no nos afecten, por proteger nuestra salud, nuestra conciliación familiar. En definitiva, porque el marco de la institucionalidad de las Instituciones Penitenciaras no se manifieste de espaldas a su personal.

Y en ese escenario tres o cuatro mil compañeras y compañeros, de este maravilloso colectivo de 25 mil trabajadoras y trabajadores de prisiones, no tendrán una expresión sindical que canalice sus reivindicaciones porque, aunque la representatividad negociará para todas y todos, no lo hace con los presupuestos de todas y todos, sino con los que han obtenido ese respaldo en las urnas.

Todo parece indicar que el haber botado el voto situará a ese sector del colectivo más aún que hasta ahora, en la inoperancia y la marginalidad de aportar mejoras al colectivo, seguirán intentando crear división, faltando al respeto, poniendo deberes a los demás, pidiendo que se negocien sus reivindicaciones por quienes han ganado la representatividad con otras reivindicaciones.

Afortunadamente los acuerdos en Instituciones Penitenciarias son para todas y todos (pueden no ser así) y seguirán disfrutando las mejoras como la subida salarial del Acuerdo Siglo XXI que tanto han combatido para impedir su aplicación

Botar el voto, tiene consecuencias, es una responsabilidad individual que hay que asumir. No se pueden transferir la responsabilidad de nuestros actos a terceros.

EL COEFICIENTE CERO EN PRISIONES

 Ya hace cinco largos años que, desde Alhaurín, entre bailes tribales y campings reivindicativos, “aparecía espontáneamente” un movimiento reivindicándose como regenerador del mundo sindical penitenciario, frente al abandono que sufría el colectivo por la desidia y falta de capacidad del sindicalismo institucional y representativo.

Prometieron esperanza entre un grupo significativo del personal penitenciario, la ilusión de una tierra sindical prometida, no solo para lograr mejoras nunca vistas en prisiones, sino para gestionar las reivindicaciones de un modo más eficaz y, también más directo y participativo.

Iniciaban su andadura sindical, cobijados bajo el paraguas de las acciones de los que ellos llaman legítimos, y con razón, pues tienen la legitimidad de la Ley, y por eso son representativos y ejercen el derecho a la negociación colectiva.

Ya desde el inicio dejaron claro cual era su objetivo y razón de ser, señalando el centro de su actividad y critica en los sindicatos, travestido siempre con el barniz de ser un movimiento a sindical, que se atribuye solo mejorar las condiciones laborales que negocian los sindicatos.

Participaron en manifestaciones, concentraciones y a su manera en la primera huelga convocada en prisiones, siempre cuestionando la actividad sindical, subiendo la apuesta que exigían que cubrieran los otros, e intentando dividir y confrontar a las plantillas. Con un único objetivo debilitar la acción sindical de los sindicatos representativos, como, por ejemplo, durante la huelga, exigiendo que fuera indefinida, planteando otra reivindicación ajena a la convocatoria de la misma, como fue la equiparación, o haciendo cajas de resistencia paralelas a las oficiales.

Se sigue esperando, con mucha paciencia, que algún día aprendan a convocar y organizar una huelga, lo cual está más que en cuestión dada la insolvencia sindical que acreditada entre lo que dicen y lo que hacen

Repetían que solo existía un objetivo en todas estas acciones, la “pretensión de mejorar la acción sindical de los sindicatos”, pero la práctica y los hechos decían lo contrario, que era debilitar y hacer fracasar sus iniciativas para poder atacarlos y tratar de eliminarlos, aunque fuera haciendo el juego a los intereses de la SGIP.

Nunca han tenido ningún reparo en anteponer sus intereses particulares a los de las plantillas, lo demostraron otra vez más en su puesta en escena de su proyecto de estatuto, donde entre otros muchos derechos sacrificaban el de la salud laboral o la negociación colectiva, a cambio de tener una silla junto al Sr Ortiz, y que al final solo sirvió para hacer política de partido de oposición al Gobierno al que lloran que no les abandone.

Ciertamente impusieron su férreo control al resto que se “ilusionaron” con ese presunto proyecto de cambio y transformación y, lo que era evidente para todo el mundo, salvo para entregados adeptos, tomo cuerpo, porque siempre fue una etapa del objetivo la conversión del movimiento en sindicato.

La paradoja y el devenir como organización sindical contraria a los sindicatos, siguió la línea continuista y folclórica de cero resultados, más fotos con diputados opositores, concentraciones extremadas para hacer ruido, iniciativas parlamentarias contra la mayoría del Congreso y toda una carrera de lo que denominaron “visibilizar al colectivo”. Como si los miles de manifestantes, cientos de concentraciones, centenares de reuniones con congresistas, senadores, alcaldes, miles de notas de prensa, encierros, de los sindicatos representativos no hubieran existido.

La experiencia de estos cinco años ha demostrado con sus actos que son una alternativa, la alternativa a la realidad y a los hechos objetivos. Han sido capaces de construir una realidad paralela que permita cohesionar su parroquia, donde establecen un fetiche, al que han puesto el nombre de “sector”, y con ello justifican su incapacidad para lograr ningún resultado ni mejora para el personal penitenciario, dejándolo todo a la esperanza de la tierra prometida de la sectorización, que sustentan en la “especialización” del colectivo penitenciario, pero entendida a su manera, dejando fuera de prisiones al personal laboral, y fuera de su “especialización” al personal de oficinas, de área mixta, sanitarios o tratamiento, seguro que acaban expidiendo carnés donde solo serán penitenciarios los “patas negras” que ellos bendigan, previa rigurosa devoción a sus ocurrencias.

Anteponer las necesidades y los derechos del personal penitenciario esperando promesas de un futuro que nunca llegará, se realiza con las técnicas de pensamiento único más extremista, descalificación y acoso de los sindicatos representativos, la mentira como eje central del discurso y siempre buscando alimentar la división y la crispación donde esperan tender sus redes.

Realmente no les gusta nada el marco jurídico y legal existente, no les gusta nada el modelo de negociación colectiva, prefieren ejercer el derecho de súplica. No les gusta nada la LOSL y la representatividad electoral, como tampoco les gusta el servicio público penitenciario Constitucional (probablemente no les gustan los servicios públicos), ni que las mujeres presten su servicio en condiciones de respeto a su derecho a la igualdad absoluta en los centros penitenciarios. Definitivamente no les gusta nada que no sean ellos y sus intereses

Su proyecto de futuro es una regresión a un pasado anterior a 1978, que elimine el paso de la Constitución tras los muros de las prisiones, los derechos de los trabajadores, o la aplicación de las reglas internacionales en las penitenciarias.

Lo cierto es que su dedo de manipulación no puede ocultar el sol de la realidad, una realidad marcada porque quienes tenían la varita mágica para las mejoras y que se ha visto no era una varita sino unas pesadas cadenas que no han permitido ningún avance para los penitenciarios, han dividido al colectivo haciéndolo más débil reivindicativamente.

Lo vuelven a hacer ahora con el Acuerdo Retributivo para todo el personal penitenciario, donde se vuelven a instalar en la negación de la realidad, que no es otra de que es la mayor subida económica para prisiones.

La alternativa que ofrecen a subir las nóminas, es no subirlas y esperar a que ellos “negocien”. Es ridículo y, quedan desenmascarados, cuando jalonaban que no habría acuerdo y no habría subida, o como ahora que intoxican para decir que no se cobrara

No quieren mejoras para el colectivo. Solo quieren votos, para sus sueños y ansias en busca de la silla perdida.

Definitivamente son un factor negacionista de la realidad y. con ello de las mejoras laborales, lo que no impide que presuntos expedientes se conviertan en mandos de libre designación. No hay que ser injusta y se les debe de reconocer importantes aportaciones a los intereses del colectivo, como el desfile de la cabra por la Gran Vía Madrileña, o los aguerridos gritos de marlasca chúpamela en la calle Alcalá. Actos que por sí solos ponen al colectivo ante la ciudadanía, en el descredito y la marginalidad más extrema.

A pesar de la mentira, de no tener ningún proyecto de futuro para prisiones, a pesar de confrontar con los trabajadores y con los sindicatos y de servir de parapeto al sindicalismo de empresa se continúan reivindicando orgullosos de ser el coeficiente cero en prisiones.

Porque han demostrado que todo lo que tocan lo multiplican por cero, y siguen prometiendo para seguir multiplicando por cero todo el tiempo, alzan la voz de su retórica histriónica para multiplicar por cero sus conocimientos sindicales y acreditar que no son una reivindicación sino una plataforma de intereses particulares.

Frente a los compromisos y los hechos de mejorar las condiciones laborales y las nóminas del personal siempre habrá un espacio para ser "anti-institucional", un espacio para el desahogo individual y los egoísmos particulares.

Y boicotearan todo, siempre con la tranquilidad de que por mucho que multipliquen por cero su "realidad" penitenciaria, habrá quien con seriedad y rigor lograra las mejoras, todas las mejoras salen de los mismos, son a los que se les vilipendia, insulta, son quienes resuelven el resultado cero del odio y la división aportando hechos y resultados, como han demostrado con el último Acuerdo, o con derechos como la segunda actividad, los horarios, la salud laboral y en definitiva todos los derechos que el coeficiente cero disfruta y exige tan placenteramente, desde el negacionismo y la marginalidad 

Quienes suman en torno al coeficiente cero son el caballo de Troya de la Administración contra el progreso y el bienestar del personal penitenciario, siempre prestos en pleitesía con las direcciones, raudos para unas relaciones laborales piramidales que den privilegios no regulados a minorías sobre la privación de los mismos a las mayorías.

Pero ante el camino más corto para perder derechos de los que lo multiplican todo lo que tocan por cero, siempre la mayoría estamos a tiempo para reivindicar la realidad de los hechos y el compromiso del trabajo por la reivindicación, desde el respeto y la verdad

PRISIONES, EL MEJOR ACUERDO POSIBLE, HISTORICO, SIN DUDA

 Hemos empezado el mes con la agradable sorpresa, de que la siempre soñada mejora retributiva para el personal penitenciario, veía la luz con el Acuerdo Marco para la Modernización de la Administración del Siglo XXI que firmaron UGT y CCOO con el Gobierno

No ocultare que reinaba en mi interior la incredulidad y el desencanto de lo tantas veces anunciado, de tantas cifras manoseadas, de fechas inconclusas y también de escuchar cada día en mi puesto de trabajo que era otra milonga de los “sindicatos”

Hemos pasado de los que se cuestionaban todo, de quienes abiertamente intentaban evitar mejoras, de las palabras estridentes del a mí no me representan, y tantas otras expresiones denegación y fracaso. Ha enarbolar la bandera de los agravios personales, del grito desgarrador porque mi trozo de tarta es más pequeño que el trozo del que está en el otro lado.

Así es nuestra naturaleza humana, despreciamos lo que no tenemos y, nada hacemos para conseguirlo y avariciamos lo que nos llega del trabajo que hemos denostado.

Pero no es tan mala esa situación, es una buena señal, significa que lo que firmaron el primer día de marzo en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, nos conviene a todos y, todos queremos tener la mayor parte de la tarta posible en ello.

Antes de entrar en lo que significa el Acuerdo de Prisiones deberíamos dedicar unos instantes a reflexionar sobre cómo se consiguen las mejoras laborales, porque existe una creencia generalizada, que es como si estuviéramos en un supermercado, recorriendo el lineal y poniendo en nuestra cesta sindical lo que se nos apetece, para salir sin más. Nada más lejos de la realidad.

Negociar mejoras laborales exige en primer lugar que las peticiones estén sustentadas objetivamente. Deben además de venir acompañada por un respaldo fuerte y decidido de los funcionarios. Además, debe de hacerse cuando las posibilidades políticas, económicas y sociales lo acompaña. Y siempre, es necesario que la contraparte, en este caso la Administración, también gane con la negociación.

Y los resultados parecen indicar que todo eso se ha hecho razonablemente bien, porque a pesar de ser un parto extremadamente largo, todos queremos lo que se ha conseguido, incluso estiran la mano quienes no cesan de desacreditarlo y vaciarlo de valor.

La presión y la negociación van de la mano siempre, pero hay que saber combinarla en la dosis precisa para no embarrancar los objetivos

Conseguir un acuerdo económico a mayores del acuerdo económico retributivo para todo el personal público de las Administraciones, es un logro impresionante y así hay que reconocerlo.

Porque no solo somos un colectivo excepcional en ese tratamiento entre el personal público, es que además se produce en las condiciones más hostiles posibles: Una crisis especulativa disparada que lleva la inflación a niveles insostenibles. Una guerra en Europa que condiciona política y económicamente cualquier decisión de Gobierno. Una división parlamentaria donde las políticas de Estado para el mundo penitenciario han desaparecido para dejar paso a la burda instrumentalización de las demandas del personal de prisiones para utilizarlo como arma arrojadiza contra el otro, pero sin resolver ninguno de sus problemas.

El acuerdo además de la virtualidad del momento en el que se ha conseguido. Tiene otro elemento a destacar, es un acuerdo para TODO EL PERSONAL, todas conocemos que existen muchas cuestiones de colectivos sin resolver, pero pretender que lo particular se resuelva con el esfuerzo colectivo es excesivamente utópico. El acuerdo es una mejora retributiva importante para todo el colectivo penitenciario, lo que evidentemente debería ser un motivo de satisfacción

El Acuerdo es sin lugar a dudas histórico, nunca se ha obtenido un incremente extraordinario general de esta dimensión para el personal penitenciario.

Y se ha cerrado con una interlocución plural, dónde Hacienda, Interior, SGIP y Función Pública eran la parte de la Administración, pero donde no necesariamente había los mismos intereses ni muchos menos las mismas perspectivas para cerrar un Acuerdo. Y el papel de la SGIP está más que en entredicho a la vista de las dificultades de falta de información o el fleco de la Entidad que aún no se ha cerrado y que deseo se haga lo más pronto posible por lo que me va en ello.

Ha sido un acierto sindical centrar la reivindicación en Función Pública, ahí se fracasó en el 2018 y ahí se acertó en el 2023, porque tratar de eludir a los responsables competenciales de la situación de los empleados públicos puede ser un costoso error de cálculo.

La Administración, en general, ha acertado cerrando este acuerdo, porque tiene la autoridad moral para planificar la modernización penitenciaria en el marco del mandamiento legal vigente.

En los “sindicatos” en general, pues tenemos de todo. No puede decirse lo mismo de los firmantes que de los nos firmantes

UGT_Acaip y CCOO ha recorrido el camino de la negociación y con ello el desgaste de la crítica permanente, negociación que me imagino compleja y difícil por los interlocutores y la diversidad que había que afrontar. El éxito es haberla culminado, contra las ingentes fuerzas de toda índole que buscaban evitar que prisiones tuvieses este reconocimiento.

Se puede criticar la “redondez” y los flecos del Acuerdo, pero no tengo la menor duda que pasaran muchos años antes de una mejora como esta, que nos sitúa de nueve categorías a tres de centros con subidas significativas para todas las áreas y, en el caso de algunos centros dan salto cualitativo y cuantitativo muy generoso, como puede ser el caso de Ceuta, Cáceres o Lanzarote.

En el caso de CSIF, ha sido inteligente y a pesar de un retorica contra todo, en la práctica con su pragmatismo se ha adherido al Acuerdo marco para un Administración del siglo XXI, que es donde se ha negociado el Acuerdo, y acabando ratificando el Acuerdo de CCOO y ACAIP en la Mesa de la AGE.

Del resto poco que decir, ruido, más ruido, y siempre ruido. Nunca hay ninguna opción para que el personal mejore, son un “agit prop” de la oposición partidaria, instalados en la negación por la negación, luchando contra las mejoras que nos benefician a todas.

Por eso no entiendo porque critican las mejoras, quienes raudos se han apresurado a decir que las van a coger, y, menos aún, que se manifiesten contra los sindicatos firmantes de nuestras mejoras el día 21 en Madrid. Algo no va bien cuando el enemigo es tu compañero, se lo deberían de mirar TAMP y APFP

Y de todos los grupos y grupúsculos corporativos de categorías laborales, alimentados por el Sr Ortiz, una vez más se demuestra su absoluta inutilidad como lobby de presión, pues no existen para el marco jurídico de la negociación y su condicionamiento queda diluido cuando prevalece el interés general

Los números se los dejo a los firmantes y a Hacienda, que sin duda los manejan mucho mejor que yo. Pero no quiero acabar mi reflexión, sin mostrar un gesto mínimo como trabajadora de prisiones. Quiero dar las Gracias a CCOO y a ACAIP por el gran acuerdo que han negociado, y agradecerlo especialmente a Jose Ramón y Silvia que estoy segura no habrán pasado buenos momentos. También quiero agradecer a CSIF su responsabilidad sumándose al acuerdo, decisión en la que Jorge seguro ha tenido mucho que decir.

PD. No os olvidéis de lo mío, arreglar lo de la Entidad, que el Sr. Tascón asuma responsabilidades

LA LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2022, ENTIERRA LA LEY DE CUERPOS PENITENCIARIOS

 La presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 (PGE22) han puesto fin a la quimera de la tan manoseada como “secreta” Ley de Cuerpos Penitenciarios.

Los PGE evidencian, otra vez, que tampoco este año el personal penitenciario es merecedor de modernizar sus condiciones laborales acorde a las funciones encomendadas por al Constitución.

El personal penitenciario ha sido indispensable (a pesar de las resistencias para reconocerlo esencial) durante el momento más crítico de la pandemia, lo sigue siendo a diario en una realidad degradada y hostil que pone en cuestión la propia naturaleza de un servicio público esencial.

Hay que decir la verdad a los trabajadores y trabajadoras penitenciarias, no hay un solo euro en los PGE para una Ley de Cuerpos que adecue las condiciones laborales del personal penitenciario al siglo XXI.

Que no exista ningún compromiso presupuestario con el personal de las prisiones del Ministerio del Interior no significa que se haya reducido el presupuesto y el gasto para las Instituciones Penitenciarias, al contrario, la Secretaria General contara con un 5% más de presupuesto con un 30% menos de reclusos en prisión fruto de excarcelaciones por el COVID y modificaciones legales.

Se va a contar con el mayor presupuesto de la historia, con una plantilla estabilizada con tendencia a la baja a pesar de las cacareadas “multitudinarias” ofertas de empleo, una plantilla que sigue siendo raquítica como demuestra que no se puedan abrir 4.000 celdas para cumplir la LOGP.

A pesar de tan importante crecimiento financiero para gestionar las prisiones, no hay ni un euro parta reconocer al personal, los compromisos, la palabra ante la soberanía popular y todo lo demás son engañifas para mantener al personal tranquilo y sin mejoras. La verdad es que hay dinero sobrante para cubrir todas las reivindicaciones del personal penitenciario, solamente los 67 millones y medio transferidos al lobby de la seguridad privada para cubrir un servicio perfectamente desempeñado por las FCSE, que lo hicieron como mandata la ley, durante los veinte meses que las empresas se negaron en las prisiones del centro.

La Ley de Cuerpos era un proyecto demasiado ambicioso de trasformación integral de las relaciones laborales en las Instituciones Penitenciarias a la realidad actual, pero quedo lastrado de inicio por la interlocución de unos gestores que solo aspiran a poner parches para pervivir en el puesto y que no tenían la menor intención de transformar nada.

No ha sido una cuestión menor, en el desarrollo de los acontecimientos, la personalización de la huelga de prisiones que desde el Ministerio del Interior tiene como una “afrenta”, cuando no es más que el legítimo ejercicio de un derecho constitucional.

Los diferentes actores de la negociación, como no puede ser de otro modo, tienen intereses contrapuestos, que la negociación desde la buena fe debería de resolver, unos vieron su oportunidad por hacerse con toda la gestión de personal y esquinar a Función Pública, una sectorización encubierta. Otros centraban sus intereses en el grupo B, porque entendían que les reportaría más réditos electorales. Y otros pusieron el acento en la reclasificación de centros porque garantizaba una subida general que repercutiría también en el personal laboral donde tienen más presencia.

Al final la administración hizo con su pan lo que le pareció, la mayoría de las cuestiones de los sindicatos no fueron recogidas en su propuesta, y paso lo que tiene que pasar cuando no se gestionan bien las cosas.

La coherencia, la falta de rigor y la madurez de las propuestas determina su ciclo vital. No parece que la Ley de Cuerpos contara con ninguna de las características esenciales para salir adelante, el choque con Función Pública estaba asegurado, sobre todo para el grupo B, que está en proceso de negociación en la Administración General del estado (competencia de Función Pública) pero sobre todo porque generaba importantes disfunciones al propio Ministerio del Interior, donde también se demanda por colectivos mucho más numerosos que dispararían el gasto.

Por otra parte, la memoria financiera y los plazos de ejecución también genera más disfunciones y oposición dentro de la Administración, sobre todo en un contexto inflacionario donde el Gobierno tiene intención de aplicar ajustes, incrementando las retribuciones por debajo del IPC

Este bloqueo debe de ser conocido por el personal, y así deberían de hacerlo quienes estén en la mesa de negociación, lo contrario es una expresión de poco respeto para con el personal a quien se representa y que no entiende como desde el 2018 con promesas y movilizaciones tampoco estos presupuestos existen para ellos, lo mínimo que nos merecemos es la verdad.

Al final se repite la historia, los cambios en prisiones, no llegan solos, o se conquistan o se pierden, la estrategia de ponerse en manos de las “promesas” de los partidos han mostrado que solo sirven para que ellos hagan su juego partidario utilizando al colectivo penitenciario, el Estatuto de prisiones sirvió para eso en el Congreso y Senado y la Ley de Cuerpos valdrá para lo mismo.

La falta de conocimiento, de compromiso y de interés por un sistema penitenciario moderno, queda demostrado en la propuesta de agente de la autoridad que el Gobierno lleva en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y que la oposición boicoteara (a pesar de haber dicho que defendían hacernos agentes de la autoridad).

Ya en otra ocasión advertí que la condición de agente de la autoridad era un elemento propagandístico en manos de los políticos, y que con ella tratarían de distraernos de nuestras reivindicaciones. Así ha sido, tienen la desvergüenza de presentar esta propuesta que es necesaria, justificada y útil, como la gran concesión a las reivindicaciones del colectivo, quien piense así hace flaco favor al colectivo, la condición de agente de la autoridad nos la llevan reconociendo los jueces desde hace años en el 97% de las ocasiones y por la parte de las agresiones no tienen el menor impacto sobre las mismas (como acreditan datos de donde si son agentes de autoridad), solo la prevención puede evitarlas. Está bien que se nos reconozca, pero no resuelve nuestras necesidades laborales.

En este estado de cosas la verdad es que quedan pocas alternativas, no hay ley de cuerpos sin presupuestos, cualquier invento será otra ocurrencia para despistarnos.

La única alternativa pasa por conseguir una mejora retributiva con fondos propios de la secretaria o el ministerio, toda vez que parece claro que en los PGE22 no vamos a estar.

Y esa única alternativa solo es posible si logramos vencer la resistencia del Ministerio del Interior, para que no quede duda, si el Ministerio de Interior tiene la NECESIDAD de negociarla, hay dinero para ello, pero nos faltan las fuerzas necesarias, para hacer necesaria la negociación.

Hay que ser claros, no nos van a regalar nada, hay que pelearlo, y hablar de pelearlo no pasa por actos testimoniales o folclóricos, hay que organizarse para un nivel de presión reivindicativa que se sienta en la Castellana, los encierros testimoniales, las pancartas con media docena de sindicalistas o las manifestaciones minoritarias solo son exhibición de debilidad que solo provoca que se nos cierren más puertas.

La presión tiene que ser colectiva y unitaria, de la transversalidad de todas las plantillas y colectivos profesionales penitenciarios con independencia de su relación laboral. Y seamos claros, eso exige de la participación de todas las organizaciones sindicales representativas, Csif, Ugt.Acaip, Ccoo, Cig y Ela, como no puede ser de otro modo, pero también sin ningún género de duda del resto de organizaciones, Tamp, Apfp, Fpu, Uso, deben de estar, impulsando un acuerdo de mínimos para alcanzar una subida retributiva con fondos propios para el 2022.

Todo lo demás, es seguir en el postureo, en la falta de transparencia y en no reconocer la madurez de las plantillas que exigen soluciones para prisiones por encima del narcisismo de las siglas. 

En definitiva, dejar pasar los años en campañas que no aportan ninguna mejora y crean un clima laboral poco saludable, no debería de ser la opción

POSTUREO SINDICAL, RUINA LABORAL

 Hoy un sindicato de prisiones, ha convocado una manifestación nacional en Madrid, para exigir firme y solemnemente la equiparación con Cataluña, a la que posteriormente han sumado un genérico reclamo contra la “persecución en prisiones”, aprovechando las “siempre oportunas” actuaciones del Ministerio de Interior, que con su obsesivo desprecio al colectivo penitenciario y la utilización de técnicas nada acordes al ordenamiento jurídico, provoca una campaña mediática de desprestigio del trabajo honrado de miles de compañeros y compañeras, haciendo una daño a la Institución nunca visto en democracia.

La primera reflexión que sugieren las imágenes y lo acontecido, es que la división no suma, que siempre resta, ha sido una manifestación con una participación muy inferior a las dos anteriores convocadas por las organizaciones sindicales con participación de todos. Lo que en unas condiciones emocionales tan favorables demuestra que no por gritar más y más alto se tiene más fuerza, y mucho menos más razón.

La segunda reflexión que debemos de abordar, es la de las razones de la convocatoria, alguien que se autoproclama como el “nuevo sindicalismo”, ha habido tantos antes que han dicho lo mismo, no debería al colectivo, y si al menos ha encontrado razones para cambiar de opinión explicarlas. Porque resulta incomprensible que hace muy pocos meses se apoyen en la oposición para presentar una Ley con un “Estatuto para prisiones” y esa homogenización del Estado de las autonomías que pretenden con la presunta equiparación no aparezca por ningún lado en el texto. ¿no les parecería importante para una Ley, la equiparación con Cataluña?

Salvo que realmente se tenga claro que no hay equiparación “con Cataluña”, y que entiendan, además, que maldita falta que hace, porque lo que se busque es dar protagonismo político a los partidos que dan cobertura a este sindicato para que desgaste al Gobierno, un desgaste que no revierte en ninguna mejora para el colectivo.

Callejear por Madrid para hacer un rato de propaganda en las redes no cambia la decadente realidad laboral de prisiones, los convocantes no han explicado cómo van a conseguir materializar esa demanda de equiparación, que aventuraron seria próxima allá por el año 2018 cuando irrumpieron con la consigna de un nuevo sindicalismo, que nada nuevo ha traído de momento. Porque todas tenemos claro que no basta con pedir, hay que conseguir que los cambios necesarios se materialicen en derechos y retribuciones, y no parece que las fuerzas mostradas en Madrid, alcancen para ningún cambio, cuando con mucha más fuerza nos derrotaron en la huelga y las movilizaciones del 18. Por lo que cabe concluir que nada hemos avanzado como colectivo con esta movilización, muy liquida, contradictoria y flexible con la realidad de las demandas, muy débil para forzar ningún cambio de la actual situación. Es definitiva una movilización para cohesionar a los convencidos y seguir hablando de “momentos históricos” un año tras otro, en campaña electoral sin fin en beneficio de las propias siglas.

En el otro extremo del tablero, nos encontramos con otra declaración, también solemne, en varios actos desde su inicial anuncio, de la lamentable situación laboral que atraviesa prisiones y la presentación de un “conflicto colectivo” en Instituciones Penitenciarias

El conflicto colectivo está regulado dentro de la jurisdicción de lo social, para supuestos muy concretos, tasados por el Tribunal Supremo y el propio Tribunal Constitucional.

La aplicación del conflicto colectivo al personal funcionario, no parece contemplarse jurídicamente, por lo que, si no se trata de otro acto propagandístico, se deben de inferir a que declaran la conflictividad con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Resultando extraño por tanto la apelación a la figura jurídica del conflicto colectivo, para unos actos que solo precisan de la convocatoria de los mismos y su manifestación en el tipo de movilización que acuerden quien convoque.

Por lo tanto, si pueden convocar cualquier tipo de movilización, incluida la huelga, y no lo hacen, y que alambiquen un conflicto colectivo, inaplicable a la mayoría del personal, podría tratarse de otro episodio de propaganda, sobre todo si tenemos en cuenta que las amenazas de no negociar nada con la SGIP, ya se han materializado en otras ocasiones, baja palabra de no volver a sentarse sin subida retributiva, faltando a la palabra dada y volviendo a sentarse sin un euro para las reivindicaciones.

Refuerza esta idea, el hecho de que, del escrito anunciador del conflicto, se “olvidan las reivindicaciones generales y colectivas” si se satisfacen cambios en los horarios y jornadas de trabajo. No parece ser esa la demanda del colectivo, no parce que sea mejor dejar de tener una subida general a cambio de hacer jornadas de trabajo más largas.

Finalmente, las anunciadas movilizaciones, solo pueden ser, al igual que las reseñadas en primer lugar, un acto de postureo y justificación dentro de una adelantada campaña electoral, pues quienes dicen que convocaran las mismas, solo introducen una nueva división y mayor debilidad del colectivo.

Una de las mayores carencias existentes en el sindicalismo en prisiones, es la de la transparencia, a través de una información veraz al personal. Esa tendencia de considerar manipulable el pensamiento colectivo, es el camino más corto para sembrar la división y la frustración.

Sería deseable, que se explique con todo lujo de detalles, que se ha negociado en la Ley de Cuerpos, que texto se ha presentado a Función Pública, y si ese texto tiene compromisos formales concretos respecto a las demandas y su cumplimiento temporal. Y además hasta qué punto están dispuestos los sindicatos a distanciar en el tiempo esos compromisos a cambio de la satisfacción de alguna demanda menor y marginal para el colectivo, como puede ser el cambio de horarios.

Lo que evidencia la situación actual, es la perdida de perspectiva, la creación de una realidad paralela que justifique los dislates, permanente cambio de criterio y vaivenes de los sindicalistas.

En primer lugar, dividiendo no somos más fuertes, eso lo entiende todo el mundo menos nuestros sindicalistas

En segundo lugar, solo se conseguirán mejoras si hacemos que “sean necesarias” su concesión por parte del Ministerio del Interior

En tercer lugar, hay que buscar puntos de encuentro comunes que favorezcan la unidad, reivindicaciones, que probablemente no satisfagan a nadie, pero que permitan avanzar al personal de prisiones

En cuarto lugar, trabajar para la unidad, implica como primera necesidad, el respeto, no es posible la unidad con la permanente campaña de acosos contra el sindicalismo, sindicalistas y afiliados.

Y finalmente para alcanzar el resto de puntos es necesario acabar con los vetos cruzados entre organizaciones sindicales, las organizaciones tienen que recuperar su autonomía, no pueden seguir marcando la agenda sindical los partidos políticos de cabecera de las organizaciones sindicales.

Los partidos tienen interés en que se mantenga el conflicto, para mantener secuestradas nuestras reivindicaciones y utilizarlas partidistamente para hacer oposición. Que nadie le quepa ninguna duda, lo que sucede ahora con nuestras demandas, se repetiría con un cambio de Gobierno, como ya ha sido anteriormente.

No hay ninguna duda, de seguir en el limbo de la propaganda y el postureo,  el primer sindicato de prisiones será, la frustración, el desencanto y el olvido

A modo de conclusión, SIN UNIDAD TOTAL, SIN CONFRONTACIÓN FIRME Y SOSTENIDA, todas las movilizaciones son actos electorales, de postureo y propaganda que solo servirán para dividir más y alejar nuestras reivindicaciones. El postureo y la propaganda es un fracaso total para las demandas del personal penitenciario

UN MINISTERIO CONTRA LA VERDAD, CONTRA PRISIONES

 Comenzar esta reflexión, evocando un grito de libertad y justicia, que no puede ser otro que el que Dostoyevski señala para conocer cuan de humana es una sociedad y que como todas conocemos dice que “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”

La civilización frente a la barbarie debería de ser algo consustancial a la naturaleza humana, pero la lógica roussoniana no siempre funciona eficientemente, por lo cual nos hemos dotado de principios jurídicos y morales, en torno a leyes que sustentan los valores universales de civilización y de derechos humanos. Singularmente trascendentes tras los muros donde se pierde el aire que alimenta la libertad, derechos fundamentales universales para todas y todos, y especialmente para quienes cumplen con la perdida de libertad la sanción penal y no pierden sus derechos humanos por ello.

Interior tiene el deber de garantizar y salvaguardar el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Pero no debemos de ocultar que, en la breve historia democrática de nuestro país, el ministerio del interior siempre ha tenido un sesgo más o menos refractario frente a los derechos fundamentales. 

Por Interior han pasado quienes desde el tardo franquismo contemplaban la democracia como una anomalía pasajera, otros para quienes el progresismo y la libertad se sintetizaban con la patada en la puerta, quienes consideraron que la legalidad y el derecho eran molestias subsanables para alcanzar un “fin superior” y que acabaron por ello en prisión, los hemos tenido que asociaron el cargo a la propiedad de un cortijo particular que permitía apalear funcionarios de prisiones por pedir derechos y dignidad.

Con estos antecedentes, la ingenuidad humana siempre piensa que no se puede dar más vueltas a la tuerca, y por ello no dejo indiferente a nadie, que un juez de trayectoria muy conservadora, comprometido en sus nombramientos anteriores con el partido de la oposición al Gobierno y que acumulaba una trayectoria de desencuentros con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fuese nombrado para el cargo en el Ministerio del Interior. Probablemente desde el Gobierno la idea era proyectar socialmente “centralidad y tranversavilidad”, para equilibrar el perfil gubernamental, perspectiva que los hechos han puesto en cuestión

El coaching de comunicación persuasiva enseña a nuestros políticos a utilizar las emociones y las necesidades de su target (nosotras), para modificarlas en beneficio de sus propios intereses. Desde esa perspectiva debemos de entender la empatía manifestada por el Ministerio de Interior frente al conflicto de prisiones que estaba en marcha cuando accedió al cargo.

Se exteriorizaron a la opinión publica y en el Congreso con una batería de razón y promesas de cambio para el personal penitenciario, que alguna sabíamos que no podían ir más allá que una consigna de marketing hueca y sin el menor animo de cumplimentar en compromisos efectivos, porque formaba parte de la liturgia de relación con los electores. Siendo honestos no era nada nuevo, porque el manoseo, utilización partidista de las reivindicaciones laborales de los trabajadores penitenciarios ha sido la norma por parte de todos los partidos.

Hemos sido, estamos siendo, un pretexto para desgastar políticamente, al contrario, nuestras reivindicaciones están secuestradas por la dinámica de los partidos y lo peor de todo es que con nuestra división, mayoritariamente seguimos alimentando esa situación, que nos cierra las puertas a nuestro futuro laboral, porque mientras sigamos siendo su pelota, nuestras reivindicaciones nunca serán atendidas.

Las palabras dulces las conocemos todas, pero también hemos entendido las “verdades del barquero” de la realidad cotidiana, donde la “complicidad y la comprensión” se transforma en degradación laboral, desmantelamiento del servicio público, ineficacia en la gestión.

De un modo reiterado, solemnemente ante el Congreso de los Diputados el ministro proclama, la justicia de las reivindicaciones, la necesidad de las mismas para mejorar las Instituciones Penitenciarias y la necesidad de atenderlas en los PGE tras su negociación con los representantes de los trabajadores.

La realidad ha sido otra, ninguna voluntad de negociar nada, una expresión política de rechazo frontal contra quienes “se atrevieron” a convocar la primera huelga de la historia en prisiones, haciéndole un manchón en su currículo de gestor. Lo cierto es que podía haberse evitado ese sofoco, no aceptando el Ministerio del Interior, las movilizaciones ya estaban en marcha cuando tomo posesión. La consecuencia inmediata, el encapsulamiento, la incapacidad para dialogar y negociar con los representantes de los trabajadores penitenciarios

“Obligado” por un “entorno” que ya había detectado el profundo desgaste político que origina la confrontación provocada por el Ministro rompiendo el diálogo con el personal de prisiones, al ser utilizada por la oposición política. Sus subordinados convocan un proceso para articular una respuesta a las reivindicaciones sustanciales en el marco de una Ley, con la que poder cerrar el conflicto y aprovechar para otorgar competencias exclusivas de los gestores penitenciarios frente a los de Función Pública.

El proceso de negociación se alarga rompiendo la buena fe negociadora por la Administración, ante sus dificultades para dotar los fondos necesarios, son las organizaciones sindicales quienes redactan las propuestas de articulado, que son enmendadas sistemáticamente por la Administración.

Este proceso concluye abruptamente, por parte de la Administración con unas conclusiones que no apoya ninguna de las organizaciones presentes durante los contactos para posicionarse respecto a un texto normativo.

De nuevo el vacío entre las palabras y los hechos, entre la verdad de las reivindicaciones y la mentira de los compromisos

No se puede afirmar que todo este largo periodo haya estado inactivo el ministerio en las Instituciones Penitenciarias, además de profundizar en cambiar la negociación colectiva como modelo democrático de relaciones laborales, por el más antiguo y autoritario del ordeno y mando. Situando al personal penitenciario en el foco de toda esa negatividad democrática, ganándose un unánime en el rechazo a su gestión por parte de todos los colectivos penitenciarios:

• Se desarrolla una administración clientelar, con beneficios para los cercanos al poder y la indigencia para la mayoría, por ejemplo, con las bufandas que se adjudican los gestores con la productividad

• Se avanza en la privatización del servicio público, más empresas con epígrafe de ong y menos personal púbico de tratamiento. Más seguridad privada menos cumplir el reglamento penitenciario de seguridad exterior, mas contratas a bajo coste, menos higiene en los puestos de trabajo…

• Se consolida un modelo retributivo injusto y desigual, con nueve salarios para el mismo puesto. Con diferentes niveles para el mismo puesto, puestos de trabajo irregulares, sin funciones establecidas, ni rpt

• El volumen de falta de personal se incrementa año a año, sobrecargando plantillas envejecidas, generando problemas de salud y riesgos laborales y aumentando la inseguridad de las prisiones

• Se recorta la aplicación de la prevención de riesgos laborales a prisiones, riesgos que siguen al alza, como con las agresiones o los puestos de segunda actividad que les anulan el carácter preventivo para el personal con muchos años de servicio en un medio nocivo

• Se multiplican los expedientes y las informaciones reservadas al personal penitenciario, una modelo de gestión consecuencia de la incapacidad de respetar unas relaciones laborales democráticas y modernas.

• La gestión está orientada a justificar los puestos que toman decisiones, no a mejorar las necesidades de la organización, como consecuencia se multiplica innecesariamente la burocracia y las instrucciones y ordenes son de una ambigüedad calculada para eludir responsabilidades de su ineficiencia, lo que genera una mayor inseguridad jurídica entre el personal en el desempeño de su actividad.

• El personal está sometido a un reino de taifas, en función del centro de servicio, del área, y del jefe de turno, ocasionando discriminaciones permanentemente

• Existe un deterioro progresivo del cumplimiento de la normativa y derechos laborales, con retrocesos en todos los campos

• Obstinación por judicializar las relaciones laborales, obligando a pleitear incluso derechos básicos y evidentes

• Sin formación para el desempeño del personal penitenciario

Pero no son solamente, las relaciones laborales y las condiciones de trabajo las que están sometidas a un asalto y desmantelamiento desde el ministerio, la propia Institución y el modelo de servicio penitenciario también lo han puesto en jaque y en permanente degradación.

• Han conseguido una sanidad penitenciaria en coma y moribunda, donde se niegan a los reclusos la igualdad de derechos con el resto del sistema de salud, la falta de personal y medios es tercermundista.

• Han convertido las prisiones en psiquiátricos, eso sí, sin psiquiatras, sin médicos sin sanitarios y sin atención de salud mental, en estas condiciones con más de un 35% de reclusos con patologías mentales y con un elevado porcentaje de casos graves, la falta de atención y espacio adecuado, provocan que en la práctica se niegue el derecho a la reinserción y la salud a estos reclusos.

• Frente a una política de no cubrir las vacantes existentes en la RPTs, tienen una desaforada necesidad de malgastar en ladrillo, los gastos en reformas y nuevas instalaciones aumentan exponencialmente, mientras cientos de celdas están sin ocupar por falta de personal

• Han situado el tratamiento penitenciario como un programa más de su marketing político, consecuencia de lo cual es el desaprovechamiento de la profesionalidad de nuestro personal de tratamiento privatizado las funciones de reinserción, mediante convenios con empresas, fundamentalmente bancos, que no tienen mayor interés que el blanqueo de su responsabilidad social 

• No se respetan los derechos laborales de los reclusos que trabajan para empresas del exterior en unas condiciones de explotación e incumplimiento de las normas laborales

• Las Instituciones Penitenciarias son lo más atrasado tecnológicamente de todos los departamentos de la Administración General del Estado, incumpliendo las leyes también en este campo

Hablar de modernización o progresismo con solo algunas de estas cuestiones, solo puede ser una mueca de mal gusto, el retroceso es objetivo y en todos los terrenos. Sin posibilidades de cambio con el actual equipo, que no dudara en seguir “prometiendo”, cuantas veces sea necesario, su disposición para resolver las necesidades, como hasta ahora, para que todo continúe degradándose un poco más mientras se afirman en sus puestos sin servir a la ciudadanía. 

Estamos en una etapa donde la verdad no es importante, lo importante es la propaganda, con inversiones de gran calibre para intentar detener la caída de la imagen pública del ministerio, pero sin la menor voluntad de invertir en proyectos, ideas, en progreso, en modernización. Todo se hace por él y para el marketing político, al precio de estar desmantelando un servicio público esencial.

Y en esa huida hacia adelante, se necesita culpabilizar a alguien, crear un enemigo que permita crear cortinas de humo para ocultar debajo de la alfombra lo que ya no entra en el edificio de la manipulación, y quien mejor para que el colectivo penitenciario.

Pero no todo vale, el circo mediático montado recientemente, en torno a unos hechos que de confirmarse son gravísimos, demuestra la nula voluntad de seguir la normas y los procedimientos legales sustituyéndolos por la propagada y el exhibicionismo, consiguiendo con ello, enfangar a todo un colectivo, colectivo que ha acreditado solventemente su profesionalidad durante todo el periodo democrático.

No caeré en juicios paralelos ni en ciegas defensas corporativas, pero de momento los únicos hechos probados son que lo que debería de haber seguido los cauces de las normas, el derecho, las pruebas, la presunción de inocencia, se ha convertido en un escaparate mediático sin las mínimas garantías, para el que no se ha dudado en airear pruebas judiciales. La verdad se prueba, las responsabilidades son individuales y cuestionar a todo un colectivo saltándose el derecho y la ética no tiene nada que ver con la tradición progresista, no todo vale, y menos criminalizar a miles de trabajadores de un modo tan grotesco como injusto.

Nadie ha puesto en duda de que quien la haga debe de pagarla, pero no puede condenarse a nadie sin el derecho de defensa, en juicios paralelos y sin el derecho de defensa

Hay quien no ha dudado en compararnos con la banda terrorista ETA. Esa falsedad que se está construyendo, es una falsedad histórica, las pruebas son irrefutables, mientras quienes desarrollan esta visión del colectivo para ocultar su mediocridad e incapacidad estaban confortablemente seguros, el personal penitenciario era objeto de atentados, persecución y acosos por parte del terrorismo, y sucediendo todo eso el personal penitenciario dio ejemplo de respeto a los derechos de los presos terroristas durante  todo ese tiempo, incluido durante el secuestro de un funcionario de prisiones.

Somos el colectivo de la Administración más supervisado legalmente, los trabajadores defendemos que aplicando y RESPETANDO el Estado de Derecho se depuren las responsabilidades individuales que se puedan producir por una mala praxis profesional, como no puede ser de otro modo.

Señalar a un colectivo convocando, inéditamente, un acto por una agresión a un mando, mientras se ignora cada año a casi quinientos agredidos denota el cariz moral con el que se trata al colectivo.

Por todo ello, porque no tenemos democracia laboral en prisiones, porque la Administración no respeta los derechos fundamentales de los reclusos, porque es el personal penitenciario y no el marketing el artífice de la reinserción. En esta Merced tampoco tengo nada que celebrar, disculpen, pero no estoy en disposición de brindar por lo que está pasando en este retroceso de lo público y lo esencial

Finalizar Volviendo a Dostoyevski, no tengo duda que el grado de civilización de nuestra sociedad se está empobreciendo, porque se ofende a la verdad y se ofende a miles de trabajadores penitenciarios que denodadamente trabajan por mejorarla desde las propias prisiones.

No hay ningún cargo político que valga la más mínima parte del daño que se causa a una Institución cuando se manosea al margen de los criterios legales para satisfacer intereses particulares, lo público no solo debe de serlo, además debe de parecerlo.