domingo, 27 de marzo de 2011

¿Es sostenible mantener el Cuerpo de Ayudantes en oficinas?

La burocratización que ha tomado la institución penitenciaria en los últimos años, ha producido  una masa de personal cada vez mayor, que no tiene ninguna relación directa con el foco de la actividad penitenciaria. Los presos.
De todos es sabido que el Cuerpo de Ayudantes tiene una retribuciones y unas condiciones laborales que nada tienen que ver con las correspondientes al grupo C1 del resto de la Administración General del Estado, por lo que el disponer de este numeroso grupo de funcionarios en labores burocráticas hace que elaborar una nómina, o gestionar un libro de servicios sea en prisiones en torno a un 40% más caro que en el resto de la Administración General.
Habrá quien asevere ante estos planteamientos, varios argumentos. Uno podría ser que la responsabilidad no es comparable entre unos y otros grupos de funcionarios dentro de la AGE, aseveración más voluntarista que real, pues en ese campo no existe ningún tipo de responsabilidad jurídica añadida para el personal penitenciario de oficinas. Otro argumento nos dirá que las distancias y el aislamiento justificarían las diferencias, existen unidades de la AGE tan aisladas o más que las que se pongan de ejemplo en el ámbito de prisiones y con costos menores. También se puede argumentar que las oficinas hay que dejarlas como “nicho ecológico” para la gente de interior que se vaya quemando. La gente de interior que se queme hay que habilitarla una jubilación anticipada (segunda actividad sin puesto), y además la especialización tecnológica hace que muchas de las herramientas que se emplean sean completamente extrañas para este personal, por lo que habría que aumentar costos en formarles para una actividad que presumiblemente desempeñarían poco tiempo.
Lo cierto es que mientras falta personal en el área de vigilancia, que los funcionarios se juegan su vida entrando uno solo en una galería ó modulo con 140-160 presos, tenemos dos funcionarios para hacer gestionar nóminas que se hacen con un programa centralizado, tres o cuatro para un simple libro de servicios. Y más ejemplos que se podrían poner y que todos conocemos. Es difícil que convivan esas dos situaciones, personal en riesgo con su vida y otro personal con tiempo suficiente para las pausas necesarias, disfrute de días y vacaciones más accesibles y con la posibilidad de tener una semana laboral de 4 días, a la par que una flexibilidad horaria imposible en vigilancia.
Actualmente la administración pretende seguir abriendo talegos al mismo tiempo que pretende seguir recortando el empleo público, ecuación que solo tiene una solución, más carga de trabajo y más riesgos en interior.
La interrogante que se me ocurre es, si es posible que mi integridad, mi seguridad y porque no, mi propia vida valga menos que mantener un “status quo” insostenible en un contexto de eficiencia económica, con un personal haciendo papeles y cobrando como si custodiase y reinsertase presos en unas condiciones económicas de privilegio respecto al resto de sus homólogos de la Administración del Estado.
En esta situación, quiero ser políticamente incorrecta y afirmar que se debería de considerar, que sin que se lesionen derechos laborales, pero tampoco de los ciudadanos que sostienen esta Institución con sus impuestos, se podría ir articulando mecanismos que permitiesen aumentar las ratios de personal en interior y consiguientemente la seguridad mediante la incorporación del cuerpo de ayudantes a las diferentes áreas de interior y que las oficinas sea ocupadas paulatinamente por personal del cuerpo general y porque no, si como dicen sobre gente en otros departamentos, también de esos departamentos, no se puede tener un Estado pagando sueldos por no trabajar.
Decididamente entre mi seguridad y que las oficinas continúen siendo ocupadas por mucho personal del cuerpo de ayudantes, yo me inclino por mi seguridad y reforzar las plantillas de interior.

1 comentario:

  1. Lo único que pasaría sería que enviarían toda la gente de oficinas a interior, y luego dejarían de sacar durante varios años oposiciones de IIPP. Al final quedaría la misma proporción de funcionarios-internos, y los funcionarios "quemados" no podrían ir a oficinas.

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