LA INDECENTE RUTINA DE LAS AGRESIONES AL PERSONAL PENITENCIARIO

Cuando las palabras, los gestos, las condenas, se reiteran en los medios, en las autopistas de las redes sociales, en los comentarios de lo cotidiano. Se gastan, quedan vacías, cascarones viejos recién nacidos que navegan hacia los mares del “nunca jamás”.

Las agresiones al personal penitenciario son de esas cosas que se pierden entre las rutinas de los titulares y el vacío de las condenas. Son hechos que sirven para rellenar un instante de algún becario periodístico o satisfacer el narcisismo de algún delegado sindical, pero que no trasciende más allá de la palabra vacía y hueca.

El personal de prisiones tiene por naturaleza una herencia de denostación o en el mejor de los casos de displicente indiferencia social. Es difícil, inclusos tras muchos años, borrar la ignominia del pasado, pero más difícil aun es que las gentes se miren en el espejo de las prisiones, porque ven qué sociedad han construido. Las prisiones son oscuros eclipses que tapamos con nuestro dedo para no ver nuestra propia alma, y como todas las cosas oscuras de “la familia” son del tipo de cosas de las que es de mal gusto hablar entre las gentes de “bien”.

Por eso las agresiones al personal penitenciario no pasan de ser algo natural en un muy natural mundo de sordidez y opacidad, del que mejor no hablar ni conocer, alcanza con citarlo, con etiquetarlo, pero que la luz no traspase  los muros y las concertinas.

Las prisiones españolas, no tienen nada que ver con la sordidez del pasado ni con los centros de vacaciones, que según al interés de cada quien se califican, nada que ver con espacios de ocio ni con “rambos” justicieros con su taser x26 en la cintura.  El sistema penitenciario español tiene profundas carencias, serias necesidades, pero sin lugar a dudas, es una institución madura y moderna, es un sistema garantista, controlado socialmente y que se puede calificar sin caer en la exageración como uno de los más avanzados y eficaces del mundo.

Por ello, que el personal penitenciario sea agredido cada día, física, psicológica y verbalmente ante la indiferencia de quienes gestionan la institución penitenciaria, no deja de ser una profunda anomalía que no encuentra justificación  en ninguna  causa primigenia de la naturaleza de la prisión.

Evolución anual e las agresiones en Instituciones Penitenciarias

((fuente: http://www.sae.fsc.ccoo.es/noticia:228978--CCOO_exige_al_Gobierno_soluciones_a_la_violencia_en_el_trabajo_en_la_Administracion_General_del_Estado#

Las causas de las agresiones al personal penitenciario son multifactoriales, siempre hay quien pretende pescar en río revuelto, y trata de señalar la que más conviene a sus intereses particulares. Pero lo cierto, está suficientemente evaluado, es que las causas son múltiples, todas estructurales con la gestión del modelo penitenciario. No cabe duda que contar con un 25% de patología mentales encerradas en una prisión es un factor, que la falta de expectativa vital en sus codenas para determinados presos es otra, que no haya personal es un factor desencadenante, que la perdida de libertad nos inadapta  y rebela a todos es otra.

Pero que en solo cinco años se hayan duplicado las agresiones físicas al personal penitenciario, cuando son las mismas leyes, los mismos mecanismos, eso sí menos plantilla, ello denota que las agresiones tienen un componente aglutinador de todas (y otras) de las causas citadas, y es que se han instalado como un riesgo laboral dentro de la actividad del personal penitenciario.

Y frente a un riesgo laboral, los gestores adalides de la indiferencia, tratan de sacar del punto de mira su propia responsabilidad y ponen el acento en la necesidad de incrementar los medios punitivos; en responsabilizar al personal agredido por su “falta de profesionalidad”. En definitiva en la indecencia de no asumir las responsabilidades propias y con igual indecencia transferirla a las víctimas.

Por eso el Gobierno ha aprobado un plan contra las agresiones en prisiones que no trata de atajar las agresiones al personal, solo como responsabilizarlo de que se le agreda, y como salvar la cara de esos gestores que miran a otra parte y de paso aprovechar para hacerle un rato de publicidad a un Gobierno que ha alzado los muros de las prisiones para que no entre la salud laboral y los derechos fundamentales para el personal penitenciario.

Porque de eso se trata en esencia el problema de las agresiones, de que el Gobierno y sus gestores centran todas sus energías en que la Salud Laboral, la prevención de Riesgos laborales, no entre realmente en las prisiones, que sea un epígrafe nominativo, pero que no tenga contenido de prevención alguno.

Evolución de las agresiones cada 100 internos 

(fuente: http://www.sae.fsc.ccoo.es/noticia:228978--CCOO_exige_al_Gobierno_soluciones_a_la_violencia_en_el_trabajo_en_la_Administracion_General_del_Estado#

Si hay prevención de riesgos laborales en las prisiones, como mandata la ley, española y europea, representaría que el personal penitenciario intervendrá en gestionar la protección de su vida y su salud, y eso es un reto que no puede asumir la estructura del ordeno y mando sobre la que se sostienen las relaciones laborales en Instituciones Penitenciarias.

Por todo eso, y algo más,  también es indecente apoyar a un Gobierno que prima la propaganda frente a la protección, que defiende a la incompetencia frente a los agredidos, es indecente  decirle al Parlamento que hay un plan contra las agresiones en prisiones cuando las agresiones e multiplican a diario. Definitivamente es una burla a la soberanía popular y al mandato emanado para que se protegiese al personal penitenciario

Tanto UGT, como CSIF apoyan al Gobierno y su plan de propaganda, deberían de explicarlo, hasta el momento solo han sacado soflamas para justificarse, promesas de lo que cambiaran más adelante, apoyan y firman para ver que pueden apoyar y firmar más adelante. Definitivamente no valoran mucho la inteligencia del personal de prisiones  cuando solo venden más promesas.

Es urgente explicar porque se renuncia a proteger al personal penitenciario por parte de los que dicen defenderlo, y es urgente explicarlo de un modo transparente, convincente y adulto, porque seguro que el personal penitenciario formado en un 70% por personas con formación universitaria seguro que les entenderían si sus argumentos se manifestasen desde la verdad y el respeto a las plantillas de los centros penitenciarios

La indecente rutina de las agresiones al personal en las prisiones, continuara, porque ni las soflamas, ni los panfletos, ni las justificaciones, ni la propaganda pueden tapar la indecente rutina de que se agreda al personal penitenciario todos los días con la complicidad e indiferencia de los de siempre.

La indecente rutina solo se romperá cuando los agredidos, los vilipendiados, los olvidados, den un paso al frente, muestren su rostro y digan basta, exijan su derecho a la integridad personal, su derecho a la salud laboral, su derecho a la prevención de riesgos.

Su derecho en definitiva a que también a ellos se les proteja con la Ley de Prevención, sin pretextos o coartadas de excepcionalidad no demostrada nunca en 21 años de existencia de la Ley.

Solo entonces, la indecencia de las agresiones dejara de ser la normalidad y el respeto a la Ley y a la prevención llenaran las palabras vacías de hoy hasta convertirlas en un grito de dignidad.

LA CÁRCEL DE LOS ROBOTS

A pesar de ser más numerosos los seguidores Wells que los de la problemáticas profesionales de las cárceles. No abordaremos esta entrada del blog como las posibilidades de una nueva guerra de los mundos en el entorno penitenciario, tampoco nos referiremos a la más verosímil posibilidad de que muchos de los actores penitenciarios tengan comportamientos robóticos y estandarizados profesionalizados.

Hoy abro una reflexión acerca de qué modo y en qué medida puede la revolución tecnológica  y los procesos de inteligencia artificial inherentes afectar al mundo de las prisiones desde el plano de lo laboral.

Tal y como previene la colaboración de investigación europea en Seguridad y salud ocupacional (PEROSH) en uno de sus trabajos de posicionamiento conjuntamente con la EU-OSHA un cambio significativo tendrá lugar sobre la manera en que entendemos el mundo del trabajo, teniendo como resultado una transición gradual desde formas de trabajo y tiempo relativamente estandarizadas en las organizaciones hasta formas más complejas y diversificadas de entornos de trabajo y distribución de la jornada laboral. (PEROSH, The changing world of work and OSH, 2015

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los efectos de la digitalización sobre el sector de los servicios y el empleo en el marco de las transformaciones industriales» establece algunos elementos para la reflexión  del impacto que las nuevas tecnologías tienen ya en el mundo del trabajo.

La digitalización transforma todos los segmentos de la sociedad y la economía y, por lo tanto, incide lógicamente también en el trabajo y el empleo. La tecnología puede aumentar la riqueza hasta niveles sin precedentes y potenciar la calidad del trabajo y el empleo en Europa. No obstante, estas oportunidades conllevan riesgos, algo que resulta evidente en todos los sectores económicos, incluido el sector de servicios privados.

Con el fin de contrarrestar el aumento de las desigualdades de renta ocasionadas en parte por la digitalización, debería potenciarse la negociación colectiva en todos los niveles, en especial también en los sectores y en las empresas que se ven afectados por la digitalización. Esto puede garantizar que las nuevas formas de organización digitalizada del trabajo mejoren, en lugar de deteriorar, la calidad del trabajo.

Se está produciendo una disminución en la demanda de trabajadores de cualificación media y elevada, que se espera que caiga aún más en un futuro próximo. Según diversas estimaciones, aproximadamente el 50 % de los empleos actuales corren el riesgo de ser sustituidos por la tecnología digital en los próximos veinte años.

Un sector de servicios digitalizados crea una fuerte demanda de mano de obra capaz de cumplir tareas intensivas en conocimiento, especialmente en servicios de índole profesional y técnica como los que, por ejemplo, gestionan las redes informáticas. Las tareas efectuadas por estos profesionales suelen llevarse a cabo a distancia y en cualquier momento por medio de dispositivos móviles digitales.

Los elementos que pone sobre la mesa la revolución tecnológica son dicotómicos, por un lado elevara la productividad de un modo exponencial, el desarrollo de potencial tecnológica se extenderá en cualquier esfera de la vida y democratizara el acceso a la información y el conocimiento.

Pero al mismo tiempo con el actual modelo de organización del trabajo y de la estructura social generara niveles de desocupación (el paro estructural y la precarización actual se explican en buena medida en esta revolución) difíciles de sostener sin cambios estructurales o graves conflictos sociales. No predican que al igual que en otras revoluciones tecnológicas el empleo destruido será temporal y que la nueva tecnológica generara nuevas bolsas de empleo. Pero lo cierto es que ninguna revolución anterior genero un cambio exponencial tan brutal del modelo productivo y de su propia organización. Para conseguir ese espacio para el mundo del trabajo hay que abordar un cambio profundo de los tiempos y organización del trabajo y del papel del Estado como redistribuidor de la riqueza. El empleo sin derechos, deslocalizado y más precario es el nuevo tipo de trabajo que se esta generando.

Pero no solo el lugar del trabajo queda en entredicho, la intimidad o la sacrosanta individualidad salta por los aires pues la tecnología e la comunicación accede a cualquier espacio vital en nuestro quehacer diario, no solo por nuestra presencia y relación con las redes, sino por mecanismos de control privado y público que nos tienen permanentemente analizados en nuestras preferencias, nuestras conductas, actitudes o gustos.

Y por otra parte estos cambios revolucionarios entrañan el afloramiento de nuevos riesgos de salud que no pueden ser controlados y prevenidos con los actuales mecanismos normativos y legales, el acoso laboral o personal, la intimidación, la violencia de todo tipo, o los riesgos de estar permanentemente a disposición del trabajo cuestionan nuestra propia salud.

Quien haya tenido la paciencia de leer hasta aquí  se preguntará pero que tendrá que ver todo esto con las cárceles y el personal penitenciario, si somos funcionarios del Estado y por lo tanto con el puesto de trabajo “asegurado” y además la cárcel se trabaja con personas y están encerradas por lo que siempre tendrá que haber personal para hacerse cargo de todo el funcionamiento de lo que representa una prisión.

Lamentablemente las certeza en tiempos de cambio no existen y esperar que todo continúe plácidamente con “pequeñas disfunciones y falta de confort profesional” es tener verdadera fe en que el mundo, la vida y el trabajo por tanto nunca cambia.

Cualquiera que lleve algunos años trabajando en prisiones debería de ser consciente de los profundos cambios que se han producido, los primeros por el cambio de modelo penitenciario propiciado por el encuadramiento constitucional del modelo penitenciario, pero toros mucho, y no menores, por la aplicación de la tecnología al mundo carcelario.

Los sistemas de seguridad están prácticamente automatizados y solo requieren la supervisión física del personal ante una incidencia. El tratamiento de la información ha permitido sistematizar la administración, la gestión, el mantenimiento o el tratamiento. La videoconferencia permite declaraciones o visitas médicas online desde la propia prisión. Los sistemas de redes permiten los controles telemáticos y así un largas ectra. de cambios que se han producido de un modo imperceptible pero imparable a pesar de las profundas tendencias conservadoras que la gestión de lo penitenciario tiene.

Pensemos por un momento que cambios pueden devenir en un tiempo no demasiado lejano, con esta revolución de la inteligencia artificial, muchos de estos cambios son ya posibles hoy. Un chip fijado al interno puede determinar cuándo puede salir de su celda, desplazarse a sus actividades o recibir información, sin ningún tipo de contacto con personal penitenciario. Si, evidentemente puede negarse, alterar el orden, ecrtra, pero también el propio chip  puede tener programado a través de su fijación mecanismos coercitivos para evitar esas situaciones no deseadas.

Por otra parte la figura de robots guardianes es ya una realidad en la prisión de  Pohan en Corea del Sur donde cumplen medidas auxiliares de vigilancia. “su trabajo consiste en no tomar medidas contra los reclusos violentos. Son asistentes. Cuando se encuentra con un preso que está amenazando contra su propia vida o con una enfermedad grave, puede obtener ayuda rápidamente“ Obviamente el paso para programarlos para otras funciones de vigilancia, como la reducción de internos es un problema más ético que tecnológico.

Pero no solamente en el ámbito de la vigilancia se puede insertar tecnología robótica y de inteligencia artificial, el tratamiento se puede estandarizar cibernéticamente para que la interacción del interno se pueda realizar en cualquier momento, y facilitar la información social que precise, la situación jurídica, o las opciones de reinserción, deportivas o laborales a las que puede acceder.

Es evidente que he expuesto unas pinceladas de un posible cambio de nuestra realidad profesional que puede parecer ciencia ficción, pero que solo busca provocar la reflexión y le debate sobre algo que tal vez se esté alejando de la ficción más rápido de lo que nuestro pensamiento y actitud se adapta a la realidad.

La más que posible descapitalización humana del “sistema productivo penitenciario” abre el debate a cuestiones de carácter ético sobre cómo se desarrollara el derecho a la reinserción sin el factor humano, y por supuesto abre importantes interrogantes sobre la cantidad y la calidad del empleo en instituciones penitenciarias.

El grupo de reflexión Bruegel calcula que los Estados miembros de la UE corren el peligro de perder entre un 40 % y un 60 % del empleo en los próximos veinte años como consecuencia de la automatización que ocasiona la digitalización. Por añadidura, parece que en la era digital, al contrario de lo que ocurrió en fases precedentes del desarrollo industrial, los beneficios globales para la economía en términos de productividad ya no se traducen directamente en un crecimiento del empleo. Por consiguiente, siguen existiendo dudas de que una economía plenamente digitalizada genere la suficiente demanda de mano de obra para compensar las pérdidas de empleo que se calculan que producirá la automatización de los servicios. Por otra parte, en toda Europa sigue habiendo una discrepancia entre las cualificaciones disponibles y las que se requieren, y es difícil hacer predicciones al respecto.

El fuerte incremento de las modalidades atípicas de empleo ocasionado por la digitalización implica que una parte cada vez mayor de la mano de obra dejará de contribuir y de beneficiarse de los sistemas establecidos de seguridad social, como los subsidios de desempleo, la sanidad pública y los seguros de pensiones. En algunos Estados miembros, este punto ha sido ya objeto de debate entre los interlocutores sociales y el gobierno. Además de un descenso en los niveles generales de empleo, esta evolución puede erosionar los ingresos y, por lo tanto, la eficacia global de los regímenes fiscales y de los sistemas de bienestar social, que se basan en unos ingresos generados principalmente a través de los impuestos y gravámenes sobre la renta, así como de los sistemas de cotización de empresarios y asalariados y que, por lo tanto, dependen de unos niveles elevados de empleo convencional.

Sé que la perspectiva corporativista trata de situarnos en una isla aislada del resto de la realidad laboral y social de nuestro entorno, pero esa perspectiva egoísta y pueblerina ha fracasado en el mundo de la globalidad de las relaciones sociales y económicas. Nuestro pedigrí identitario carcelero no servirá como escudo ante los cambios sobre los que se incide y decide en despachos muy alejados de las prisiones, por ello además de reflexionar y trabajar en construir alternativas, es necesario tener voz en esos espacios donde se van a tratar estas materias, si queremos decir algo sobre nuestro futuro personal y laboral.

¿PORQUE NO HAY UN PROGRAMA CONTRA LAS AGRESIONES AL PERSONAL DE PRISIONES?

La violencia en lugar de trabajo – sea física o psicológica - se ha convertido en un problema mundial que atraviesa las fronteras, los contextos de trabajo y los grupos profesionales. La violencia en el lugar de trabajo – que durante mucho tiempo ha sido una cuestión “olvidada” – ha adquirido una enorme importancia en los últimos años y en la actualidad es una preocupación prioritaria tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo.

La violencia laboral afecta a la dignidad de millones de personas en todo el mundo. Es una importante fuente de desigualdad, discriminación, estigmatización y conflicto en el trabajo. Cada vez más, es un problema capital de derechos humanos. Al mismo tiempo, la violencia en el lugar de trabajo aparece como una amenaza grave, y a veces letal, contra la eficiencia y el éxito de las Organizaciones. La violencia causa perturbaciones inmediatas, y a veces perturbaciones de largo plazo, de las relaciones entre las personas, de la organización del trabajo y de todo el entorno laboral.

El Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Trabajo de 2007, aspira a prevenir y, en caso necesario, gestionar problemas de intimidación, acoso sexual y violencia física en el lugar de trabajo. Este acuerdo condena toda forma de acoso y de violencia e insiste en la obligación que tienen los empresarios de proteger a los trabajadores contra tales situaciones.

Las Directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados con el trabajo fueron firmadas por FSESP, UNI-Europa, CSEE, HOSPEEM, CMRE, EFEE, EuroCommerce, CoESS, el 16 de julio de 2010, pretenden garantizar que en cada lugar de trabajo exista una política orientada a los resultados que aborde el tema de la violencia ejercida por terceros

Siguiendo a la NTP 489 es cierto que existe la creencia de que en ciertas ocupaciones es inherente a ellas la aceptación de un cierto grado de violencia como una parte misma del trabajo. Es decir, el trabajador asume el riesgo de sufrir actos violentos cuando acepta el trabajo (con lo que contribuye a que continúe la violencia). Esto puede llevar a pensar que no es necesario tomar ninguna medida preventiva

La evolución de las agresiones al personal penitenciario se incrementa exponencialmente en los últimos años, a pesar de una reducción significativa de los internos en las prisiones españolas, pasando de 323 agresiones físicas en el año 2008 con un 35,68% de agresiones sobre el total de accidentes en el medio penitenciario a 467 agresiones físicas en el 2014 (no hay memoria oficial del 2015 aun) con un 41,99 sobre los accidentes de Instituciones Penitenciarias. Estas cifras llevan la siniestralidad en Instituciones Penitenciarias a tasas muy superiores a las medias españolas o europeas con un siniestralidad del 5,22%.

Instituciones  Penitenciarias es un sector de la Administración del Estado donde la violencia contra los trabajadores tiene un carácter estructural, y donde desde los responsables de la Administración se ha institucionalizado la idea, que es un factor inherente a la propia naturaleza del trabajo y sobre el cual no cabe intervención preventiva.

La Administración Penitenciara ha sistematizado y protocolizado unos mecanismos de gestión ante las agresiones que excluyen en su integridad las obligaciones empresariales y los derechos del personal penitenciario reconocidos en la legislación de salud laboral. 

Conciben las agresiones como una parte integral de la actividad penitenciaria y no como un riesgo laboral que prevenir y evitar, como queda constatado en la investigación de los accidentes, todos aquellos que tienen origen en agresiones al personal no se permite su investigación por parte del servicio de prevención y se articula una investigación desde la seguridad y el orden regimental interno o de sus consecuencias penales, pero obviando predeterminadamente cualquier perspectiva de salud laboral, riesgos laboral y del derecho del trabajador a su salud y la obligación empresarial a su garantía en la actividad laboral. Esta perspectiva parece señalar que estas agresiones ya vienen consideradas y retribuidas por la propia naturaleza de la actividad, lo que contravienen toda legislación nacional y europea sobre riesgos laborales.

Al albur de la última campaña electoral el Gobierno recordó, tras cuatro años, que tenía la obligación de la negociación colectiva y trato de aprovecharla como un elemento más de su propaganda electoral.

Para ello, además de otras diversas cuestiones, puso sobre la mesa la negociación con los sindicatos representados en la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado una propuesta de un Procedimiento contra la Violencia en el Trabajo dentro de la Administración General del Estado.

En dicho documento la única línea roja existente es que no podría estar Instituciones Penitenciaras, presuntamente porque así lo había exigido el Ministerio de Interior a través de sus gestores penitenciarios.

Tras el pertinente teatrillo temporal que estas cuestiones llevan implícitas en su liturgia de vestir con un cierto decoro de presunta negociación las reuniones, la Administración decide que necesita acuerdos firmados para presentarse en la campaña electoral como paladín de la negociación y del dialogo social y exige la firma de su documento, donde incluye una cortina de humo respecto a la situación de prisiones y la violencia en el trabajo, que recogía literalmente (sic) que habría una reunión en menos de seis meses para “ver” si prisiones necesitaba un plan contra las agresiones, pero que quedaba excluida del plan de la Administración General del Estado.

Con esa grosera redacción referida a las agresiones que cientos de trabajadores y trabajadoras de prisiones padecen cada año, CSIF y UGT se muestran satisfechos y conformes, firmando el acuerdo que excluye, salvo oficinas, a prisiones del Protocolo Contra la Violencia en el Trabajo.

Por otra parte CCOO y CIG lo rechazan, mientras que USO-acaip no está presente por no alcanzar la representación exigida y por tanto no se pronuncia.

Obviamente en la reunión que se convoca para “ver” si hace falta un plan contra las agresiones la Administración Penitenciaria lo zanja en 10 minutos, afirmando con rotundidad que no hace falta y no hay más que hablar, con lo que ya cumplen con lo que firmaron como coartada CSIF y UGT para dejar fuera prisiones de la protección contra las agresiones al personal penitenciario.

Obviamente como no puede ser de otro modo, las agresiones han continuado, porque las razones que provocan las agresiones no se han abordado, todos conocemos la mayoría de las causas: aumento de la población penal con patologías psiquiátricas, reducción y envejecimiento de las plantillas, falta de actuaciones frente a la agresión, problemas de clasificación, falta de medidas jurídicas, y psicológicas con las víctimas.

Y frente a que continua el incremento de agresiones al personal de prisiones, resulta paradójico a la par que esperpéntico contemplar la actitud y el compromiso de los representantes de los trabajadores.

De los que apoyaron dejar fuera a prisiones del programa contra la violencia en el trabajo, tenemos por un lado CSIF que en un ejercicio de cinismo sindical reclama en los centros un programa contra las agresiones cuando sus dirigentes en la mesa de negociación votaron en contra de que prisiones estuviera en ese programa contra las agresiones. Al margen del cinismo, es como si los delegados en los centros tratan de lavar su cara de los actos de sus propios dirigentes centrales, pero sin cuestionar ni interna ni externamente las consecuencias que su firma tuvo para las agresiones al personal en las cárceles.

Por otro lado, el otro avalista del Gobierno, UGT guarda un sepulcral silencio, roto por algún leve gemido local perdido.

De los que se opusieron al Gobierno y a excluir prisiones del plan contra la violencia en el trabajo. CCOO manifiesta una mayor actividad y beligerancia con el asunto, pero es un sindicato que no cuenta con los apoyos suficientes de las plantillas en Instituciones Penitenciarias y que por lo tanto su actividad queda perdida sin el efecto de concienciación entre los funcionarios, en la superestructura de mesas de negociación y otras ámbitos institucionales, donde si demuestra un importante compromiso contra la violencia en el trabajo en prisiones.

Por su parte la nacionalista CIG tiene un ámbito de actividad muy circunscrito a Galicia y además sus peculiaridades organizativas hacen que dependen algún posicionamiento esporádico al ámbito de algún centro donde cuenta con delegados más activos.

Mención aparte es la de USO-acaip  que aunque no cuenta con presencia en la Mesa de Negociación por carecer del 10% de representatividad, si es cierto que es el sindicato con más apoyo en prisiones. Curiosamente ese apoyo mayoritario no se ha tenido una correlación a la hora de actuar sindicalmente contra las agresiones, no pasando de algún comunicado en los centros donde se producen agresiones, pero manteniendo una pasividad frente a las agresiones a los funcionarios de prisiones que resulta en la más benévola de las definiciones paradójica.

Socialmente, laboralmente, legalmente no es posible seguir mirando hacia otro lado frente al grave problema que la pandemia de agresiones al personal penitenciario representa, hay que rechazar que sea una consecuencia, una necesidad o algo inherente al propio trabajo, porque eso está cuestionado científicamente en todo el mundo y solo es un pretexto para quienes pretenden que la situación siga igual.

No se puede aceptar el mercenario argumento que la violencia en el trabajo está dentro de la nómina, ningún trabajador, ningún funcionario, tiene porque ser agredido o tener un accidente por el mero hecho de trabajar. Vincular las agresiones o los accidentes laborales a la cuantía de la nómina es delictivo.

Hace falta, es urgente, acabar con esta pandemia, hay alternativas en directivas europeas, notas técnicas o propuestas sindicales y se puede explorar muchas otras, pero no es asumible que centenares de funcionarios y funcionarias sean agredidos cada año por trabajar en la prisión.

A la hora de buscar soluciones no estaría de más un papel más independiente, más profesional y más activo del servicio de Prevención propio de Instituciones Penitenciarias, que hasta la fecha está ausente y no se le espera frente a los accidentes laborales fruto de agresiones al personal.

Es necesario reclamar además una intervención más comprometida de la Inspección de Trabajo frente a esta sangría que se incrementa exponencialmente.

No cabe ningún espacio para la ingenuidad como para pretender que los responsables de prisiones que miran permanentemente para otro lado ante esta situación durante años, tomen un papel activo ahora para solucionarla. El abordaje del problema debe de pasar por una intervención seria y decidida de Función Pública, si el Ministerio del Interior les deja claro.

De todas las maneras el principal agente del cambio frente a las agresiones tiene que ser el funcionario o la funcionaria de prisiones, que tiene que asumir su responsabilidad para defender su salud, su integridad física y moral, exigiendo a todos los agentes anteriores, en primer lugar a sus representantes sindicales, medidas activas e inmediatas para que se cumpla la ley y su actividad profesional tenga la prevención y protección exigidas.

La celebración el próximo 28 de abril del día mundial de la seguridad y la salud sería un buen momento para invertir este proceso de degradación que padece el personal penitenciario

Las agresiones al personal de prisiones tiene soluciones, dejar que centenares de trabajadores sigan siendo agredidos cada año es una inmoralidad no aceptable en una sociedad moderna.

¿PERMISO PARA AGREDIR AL PERSONAL PENITENCIARIO?

Ayer el BOE santificó, lo que probablemente sea la mayor agresión sufrida por el personal penitenciario, es cierto que prácticamente cada día hay alguna agresión violenta, las de palabra o gesto, son continuas, pero que quien tiene la responsabilidad y la obligación legal de velar por un trabajo seguro sea quien te excluye de la protección contra esas agresiones, es con diferencia más agresión que la que podamos sufrir en cualquier modulo.

No cabe duda que la cultura de la gestión carcelaria tiene un fuerte tufillo a rancio con impregnación de lo marginal y aliñado con el  toque de la  arrogancia y la prepotencia que da la mediocridad, pero de ahí a tratar de justificar que el personal penitenciario se queda sin protección frente a las agresiones, porque para eso ya tiene unas retribuciones superiores a las de su grupo, es sencillamente una inmoralidad que denota la catadura de quien se esconde tras estos argumentos. Saben sobradamente, que en esas retribuciones no entra ninguna agresiones, entran turnos, noches, estrés, responsabilidad, insalubridad, enfermedades infecto contagiosas, y debería de entrar el sufrir estos gestores sin corazón y sin gestión

En España, mientras no se cambie la legislación y se contraponga a la europea, el trabajador, la trabajadora, cualquier trabajador, de cualquier ámbito, tiene derecho al ejercicio de su trabajo protegido contra los riesgos del mismo, en primer lugar eliminándolos y si no es posible, evaluándolos, previniéndolo y protegiendo al fin. Y eso lo dice la Ley concretamente la 31/1995 y ninguna nómina puede cambiar eso.

Los gestores penitenciarios siempre han negado la necesidad de contar con ningún plan de prevención contra las agresiones en Instituciones Penitenciaras, lo han argumentado con el soliloquio de que para eso existe el régimen disciplinario y que se sancionan estas conductas delos presos contra el personal penitenciario. Por eso impiden que el servicio de prevención investigue las agresiones, los mismos responsables que no previenen que las agresiones se produzcan, investigan porque se han producido, es la perversión más absoluta.

Esto denota la verdadera naturaleza del problema, con esta posición nos están diciendo que el personal penitenciario no tiene derecho a la aplicación de la legislación en vigor en materia de prevención de riesgos laborales, y que tampoco tiene derecho a la protección de su salud frente a los mismos. Lo saben, pero tratan de mantener en la ignorancia al personal, ningún régimen disciplinario, ninguna sanción, cabe dentro de la prevención y la legislación de riesgos laborales. Las medidas regimentales, son eso, medidas para mantener el orden del sistema penitenciario, en ningún caso tienen nada que ver con la prevención de los riesgos del trabajo, de los que deben de ser protegidos todo el personal penitenciario.

Fruto de la insistencia de años y del oportunismo político electoral del momento, se ha producido un protocolo eufemísticamente denominado contra la violencia en el trabajo, muy básico, de mínimos, para enfrentar la creciente tendencia a las agresiones que padece el personal de la Administración General del Estado. Se cocinó a fuego rápido, había prisa por presentar medidas “para los funcionarios” durante la campaña electoral, cosas que borren cuatro años de agresiones del Gobierno contra derechos y poder adquisitivo, desde el inicio Función Pública dejo fuera a Instituciones Penitenciarias, obviamente sin el menor reparo de argumentar técnicamente ninguna razón, es difícil explicar porque el personal de Instituciones Penitenciaras no tiene derecho a la protección de su salud.

Urgía sacarlo ante el apremio electoral y consiguieron la activa complicidad de CSIF y la pasiva de UGT, con la oposición de CCOO. Porque lo que ningún firmante ha explicado es como en algo tan de mínimos y básico no se incluye a prisiones y luego se pretende hacer algo mucho más potente solo para prisiones, la palabra burla es lo menos que puede venir a la mente en estas circunstancias. Con la mayoría que les da la suma de CSIF y UGT lo aprobaron en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos y en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

Que la Administración  (sus gestores, tienen nombres y apellidos no son un ente) no le da ningún valor al trabajo del personal penitenciario es sobradamente conocido, que la salud y el deterioro por trabajar en prisiones se la trae al fresco, es reiterativo, con centros sin personal, sin salud, sin derechos y que cuando por razones del trabajo no servimos, se nos jubila (con importantes pérdidas retributivas) en el mejor de los casos y siempre al cajón de los trastos inútiles en todos los casos.

Lo que ya es más difícil de entender es como autoproclamados sindicatos, defensores del personal penitenciario, votados por el personal penitenciario, y apoyados económicamente pro el personal penitenciario, pueden votar en contra del interés más básico de ese personal penitenciario, el interés por la integridad y la supervivencia. Porque todos conocemos que hay más de 400 agresiones graves al año, que el 90% de las agresiones graves de la AGE se dan en prisiones y que el 70% de las mismas son nuestras.

CSIF y UGT nos deben una explicación, porque el personal de prisiones tenemos menos valor que el resto de personal de la AGE, porque avalan privarnos de derechos que la Ley nos otorga, porque tienen el cinismo de rasgarse las vestiduras en los centros con las agresiones si luego apoyan al Gobierno para dejarnos sin protección frente a ellas. Esperemos que sea por algo más que el hecho de no lleguen las agresiones a las sedes de estos sindicatos.

Tiene la obligación de explicarnos, y eso no es contarnos de nuevo el cuento chino de que están negociando un protocolo solo para prisiones, todos sabemos que es falso, la Subdirectora General de Recursos Humanos, ya se lo dijo claramente, no hace falta ningún protocolo en prisiones.

Frente a la inmoralidad cómplice de permitir que sigan las agresiones contra el personal penitenciario, CSIF y UGT justifican y apoyan al Gobierno excluyendo a prisiones, con lo que las agresiones se seguirán incrementando, a costa de la vida y la salud de muchos compañeros y compañeras.

¿Tendrán tragaderas los dirigentes de UGT y CSIF en prisiones de mirar para otro lado mientras nos siguen agrediendo? Tal vez el cinismo lo pueda todo y en la siguiente agresión, en el siguiente centro, sacaran su nota de protesta enérgica, contra su propia complicidad

11 diciembre de 2015

ANTE LA DEGRADACIÓN EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. ¿UNIDAD SINDICAL? ¿UNIDAD EN LOS CENTROS?...O EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA LUZ

Durante esta legislatura el proceso de degradación y deterioro de las condiciones y relaciones laborales en Instituciones Penitenciarias ha alcanzado cotas que ni los más viejos del lugar podían imaginarse.

Instituciones Penitenciarias ha comenzado el proceso privatizador, duplicando el servicio de vigilancia exterior, con unos costos de 33 millones de euros que los amiguete del lobby de la seguridad privada seguro agradecen.

En paralelo al derroche económico, también en celebraciones y conmemoraciones, han abordado un proceso de duro ajuste sobre las columnas vertebrales de un sistema penitenciario público, reducción de plantillas amortizando plazas, abandono de infraestructuras terminadas, recortes laborales, recortes de seguridad y protección del personal y un largo ectra. que justifican en un falta de dinero que parece no existe para el lobby de la seguridad privada. Tal vez de eso se trate, de deteriorar el servicio público hasta niveles que permitan entregarlo a ese mismo cartel de empresas de la seguridad.

Las consecuencias para el personal penitenciario son agudas y aumentan en intensidad con el paso del tiempo.

La carga de trabajo se ha incrementado,  a pesar del tan cacareado como coyuntural descenso de la población penal fruto de reducción de penas por tráfico y expulsión de extranjeros que no podrá amortizar el incremento que originara el reciente código penal y la innumerable relación de nuevos tipos penales, o la repercusión de la cadena perpetua (eufemísticamente prisión permanente revisable).

El aumento de la carga de trabajo, viene acompañada de situaciones que origina toda esta precariedad laboral, las agresiones al personal penitenciario tienen un crecimiento exponencial durante toda la legislatura y la única alternativa parece ser que ya están incluidas en la nómina según los gestores penitenciarios.

Las expectativas personales y familiares de cientos de funcionarios y funcionarias se esfuman, al no existir concursos de traslados, hay que decir con claridad a estos funcionarios y funcionarias, que los concursos son un derecho laboral objetivo y por tanto están supeditados a la existencia de una oferta de empleo público, salvo que se cierren instalaciones penitenciarias para favorecer dicho concurso. El déficit de plazas sin cubrir, más de tres mil, permitirá atender un concurso de traslados muy importante.

Y todo este  Armagedón penitenciario se adereza con un envejecimiento de las plantillas que nos lleva a puntos críticos de operatividad, ¿habrá quien piense en tener funcionarios de 70 años operativos en garantizar la seguridad y la reinserción en centros penitenciarios?

Este estado de cosas, todas negativas y en proceso de deteriorarse más no ha encontrado una respuesta creíble por parte del colectivo del personal penitenciario que está dividido, confrontado, indolente y hasta podría parecer que hasta cómodo con toda la basura laboral que inunda las prisiones.

Por parte de los sindicatos presentes en la mesa de negociación de Instituciones Penitenciarias, CCOO, CSIF y UGT (de los nacionalistas, presentes testimonialmente, no hay mucho que decir ni están ni se les espera) han promovido hace dos años una Plataforma en Defensa de un Servicio Público Penitenciario. En su favor cabe decir que han convocado numerosas movilizaciones en todos los centros al menos una vez durante este tiempo y han transmitido la precariedad existente a la opinión pública con bastante intensidad. Pero no menos cierto es que la participación de las plantillas, salvo centros concretos ha sido escasa como si sus problemas no fueran con ellos. Además de por las condiciones sociológicas propias de las plantillas penitenciarias, nos referiremos más adelante sobre este asunto, puede resultar un factor de desapego de la gente con estas convocatorias, factores como el que haya algún sindicato (CSIF) de esta plataforma más pendiente de dejar fuera a otros que de las propias reivindicaciones y de otra parte la incongruencia y doble moral no ayuda a hacer creíble esta plataforma, por ejemplo ante el grave problema de las agresiones, que han incluido en las últimas convocatorias, no se puede jugar con un problema tan grave, saliendo a la prensa “quejumbrosos y doloridos” en los centros cuando agreden a alguien y al mismo tiempo UGT y CSIF le firman al Gobierno para dejar fuera a prisiones de los programas contra las agresiones en la AGE.

En el otro lado el autoproclamado sindicato de prisiones o sindicato mayoritario de prisiones USO-acaip ha tenido durante esta legislatura una lamentable posición de seguidismo de la Administración y colegeo con el Sr. Yuste al que han protegido desmovilizando todos estos años y no participando de ninguna actividad reivindicativa colectiva, más allá de enfrentarse a algún director que no es de su cuerda. Siendo grave esta política para un sindicato, más grave aún es como la justifican, manifestando que como no están en la mesa (para lo que no han alcanzado los porcentajes necesarios) ellos no van a estar con quienes si están. Demostrando que para ellos es más importante su interés de sindicato que las necesidades del personal penitenciario.

Otro actor en este melodrama penitenciario es el emergente APFP que siendo minoritario y con presencia en algunas prisiones está recogiendo parte del descontento con la pasividad de USO-acaip. No han participado en ninguna movilización, han reunido a delegados y familiares en Madrid en el paso de cebra frente a la Secretaria General. A pesar de su emergencia durante los últimos 10 años es un canto a la nostalgia, pues articulan su discurso sobre los elementos de corporativismo más rancios, que son los que USO-acaip defendió y nos han traído a este estado de cosas la realidad laboral de IIPP. Su reivindicación estelar es que Instituciones Penitenciaras sea un sector y salga de la Administración General del Estado en términos de relaciones laborales, pues solo d este modo podrían sobrevivir como sindicato. Pero todos los datos indican que su petición de independencia choca con una realidad cada vez más centralizada y que no parece vaya a ser atendida. Consecuencia de su corporativismo “vintage”  hay actuaciones que chocan directamente contra las necesidades del propio personal penitenciario, como la que iniciaron para que los interinos perdiesen sus plazas de trabajo, cuestión bastante impropia de un sindicato.

Estos son los mimbres con los que se debe de articular una respuesta frente a la degradación laboral e institucional de Instituciones Penitenciarias.

Hay quien defiende terceras vías, como desarrollar actividades reivindicativas en los propios centros con independencia de lo que se haga en los demás. Las experiencias hasta ahora de estas opciones es que se abordan cuestiones que se acuerdan en otros ámbitos, que se hace desde el egoísmo de quítame mi problema y se lo paso al de al lado y que fundamentalmente no articula ninguna alternativa seria y de futuro para garantizar derechos y condiciones laborales en Instituciones Penitenciarias. Y por lo general surgen con delegados que bailan con la música que le marca el director o la directora del momento, que les utiliza para defender sus intereses como como director del centro ante IIPP.

Ante este panorama de abandono y desolación parece que quienes apuestan por dejarlo todo como esta ya tienen suficientes argumentos. Ese suele ser el sentir mayoritario del personal penitenciario que es poco proclive a lo colectivo, que enarbola la exclusividad de lo individual, de su individualidad por supuesto, y lo antepone a todas las individualidades que le rodean. Este tipo de personal suele ser el más reivindicativo en los puestos de trabajo, cafeterías o mentideros penitenciarios pero se vuelve transparente en el momento de tener que asumir alguna de sus reivindicaciones, para las que siempre tiene que haber alguien dispuesto a materializarlas, aunque sean los sindicatos que no sirven para nada.

Este compromiso con ningún compromiso de la mayoría del personal penitenciario es el que ha permitido que para los gestores les salga gratis todas las agresiones que perpetra contra las plantillas penitenciarias.

Si con esta actuación no han vapuleado y nos llevan a puntos inadmisibles laboralmente como empleados públicos, no parece ser la opción más inteligente a seguir, habrá que explicarles a estas personas que aquí o nos salvamos todo o no se salva ni dios, los transparentes tampoco.

Hay elementos alimentados por las pequeñas megalomanías corporativistas que tampoco ayudan, pretender anteponer unas categorías a otras, confrontar unas áreas a otras, enfrentar un género a otro o unos empleados a otros, no solo no tiene justificación objetiva alguna sino que además solo ayuda y favorece a los que atacan nuestros derechos.

Por todo ello si queremos cambiar, si necesitamos reivindicar, si buscamos un futuro laboral como personal penitenciario. No hay otra salida que la unidad sindical, impuesta por las plantillas, obligada por la afiliación de los diferentes sindicatos en torno a cuestiones básicas que nos afectan a todos y sobre los que no debería de ser difícil ponerse de acuerdo, sin renunciar a la defensa de las perspectivas sindicales de cada cual que no deberían de servir de coartada para eludir la obligación de trabajar por el bien común de las reivindicaciones que se acuerden, pero que básicamente podrían articularse en torno a elementos que nos unen.

PRISIONES SERVICIO PUBLICO CON EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICAS

OFERTA DE EMPLEO PARA PRISIONES Y APERTURA INSTALACIONES

CONCURSOS DE TRASLADOS ANUALES

PROGRAMA CONTRA LAS AGRESIONES AL PERSONAL PENITENCIARIO

Es momento de ver cuanta inteligencia se acumula entre el personal penitenciario, si somos capaces de imponer a los sindicatos que nos representan un camino de soluciones y no de confrontación. O si la carencia de inteligencia y los egos dejan las manos libres otros cuatro años para seguir degradando nuestras condiciones y quejarnos de nuestro “mal fario” pero no hacer nada por cambiarlo como hasta ahora.

Ese es nuestro reto, si logramos todo cambiara, sino tendremos lo que nos hemos trabajado, lo que merecemos. NADA

UN FUNCIONARIO EN LA CORTE DE LA PRIVATIZACION

Erase que se era un país en el cada vez que salía el Sol, sus ciudadanos recibían la dorada bendición que multiplicaba los panes y los peces, las clases sociales habían sido abolidas por el vellocino de oro y la riqueza lo inundaba todo, se sembraban de pisos y chalets los inútiles espacios plagados de centenarios árboles, crecían atalayas que extendían su sombra sobre al azul marino. Las arterias de ese cuerpo nuevo y pleno de vida crecían sin cesar, creando más riqueza  y desplazando  toda esa felicidad a lo ancho de la patria, sonriente tras los ahumados cristales del último modelo de automóvil, o de la difuminada mirada desde el cristal del tren de alta velocidad o ya cansino desde el embarque de los más modernos y caseros aeropuertos.

La democracia, las luchas de los trabajadores, el espíritu de sacrificio político de la transición, o el propio designo de los dioses ignominiosos del capital había elegido a ese viejo pueblo sureño para asaltar la modernidad tras la siesta, regando de puro capitalismo popular hasta el último de los sueños de sus habitantes, suprimiendo a golpe de ensoñación y vanidad, los trabajadores, los funcionarios y todos los demás asalariados envilecidos por el trabajo.

Sin clases sociales, sin trabajadores, solo con la riqueza que se multiplicaba por si misma sin cesar. Las importaciones crecieron al mismo ritmo que la felicidad de los pobladores de tan idílica patria, llegaban todas las modernidades, todas las delicatessen, todas las tecnologías. Pero sobre todo se importaban trabajadores y trabajadoras, para que se envilecieran cuidando de los naturales en el país que deserto del trabajo, llenando de trabajo, sus propios sueños por una vida mejor.

El escaparate lucia las mejores galas, entre coloridas luces de neón a plena potencia, mientras los ojos del resto del pequeño mundo se quedaban pasmados ante fortuna y todo el esplendor desplegado por la camada nacional de nuevos ricos de aquel recóndito y viejo territorio del sur de Europa ajado de historia, muerte y sueños.

La deslumbrante felicidad lo llenaba todo, bueno casi todo, quedaban las enormes masas de brazos adquiridos en miles de vuelos, o al vaivén de una patera, que no comprendían que tenían que integrarse en la generosa nación que loas acogía, y solo podían hacerlo si con sus miserables sueldos, con los que apagaban el hambre de los suyos en lejanas tierras, encendían también el escaparate de sus vidas y los devoraban en el supermercado del crédito para también ser propietarios y abandonar el designio del malévolo trabajo que los había traído hasta nosotros.

Junto a ellos, tampoco tenía luz ni escaparate, un hombrecillo de modales serenos, acompasados movimientos y generosa actividad. Era el funcionario de palacio, nadie sabía cómo se llamaba, todo el mundo le gritaba socarronamente al saludarlo funcionario, si se sabía que era como un museo viviente, vestigio de otros tiempos en los que había un Estado y él se ocupaba de dar servicios públicos que eran para todos y no para los que los pudieran pagar.

Él, cuando los funcionarios se sumieron a la moda de encender las luces de sus vidas y navegar por la cresta de la riqueza que todo inundaba, renunció a dejar de ser el humilde funcionario que lucho por su plaza entre miles de otros que también querían serlo, o tal vez simplemente no pudo abandonar su condición, porque no pudo sin más, tampoco molestaba a nadie, así que para que saberlo. Nadie sabía muy bien a que se dedicaba, nunca se supo muy bien para que servían los funcionarios, son grises y mediocres, incluso algo taimados, pero ahora ya nada era público el que necesitaba un servicio lo pagaba y si no lo podía pagar no era digno de vivir en el país del esplendor. El funcionario era una nebulosa de la historia

Una mañana el diario que colgaba bajo el brazo del funcionario advertía que se había decretado la crisis en el país del otro lado del charco, pero los comentarios resaltaban como acá seguía brillando la luz y la felicidad, estos americanos estaban locos, mírate que dejarse engañar con las “subprime”, si ya se les notaba que eran todo apariencia, están en decadencia, mientras tanto nosotros cabalgamos desbocados hacia el futuro.

Otra mañana pocos meses después los desayunos se entrecortaban con la cantinela repetitiva de radios y televisiones, la recesión había llegado a Europa, se había frenado el crecimiento, se gastaba demasiado y los bancos no tenían suficiente dinero. Pero nosotros seguíamos encendiendo cada día con más luces el escaparate de nuestras vidas, y miramos recelosos la pausada rutina del gris funcionario que mecánicamente acudía a su puesto.

Un frío día de primavera desde el Gobierno, que nos había encendido el alma para asaltar el futuro y la modernidad, se nos decreta que queda suprimida la luz en nuestros escaparates, que debemos los gastos desaforado y que los humildes empresarios que nos habían financiado nuestra barbarie quieren su dinero.

Las viviendas se vaciaron y quedaron para los bancos que las vendieron a los locos americanos y los no menos locos rusos. La enseñanza se declaró artículo de lujo y propio de la nobleza de sangre, se necesitaba un certificado de un fondo de inversión o del consejo del banco, para que los infantes pudieran acudir a estudiar.  La sanidad asumió la responsabilidad que el Gobierno le mandato y comenzó a desarrollar programas para que los más débiles, inútiles o faltos de utilidad productiva no viviesen demasiado. Las pensiones su suprimieron, un país moderno no podía mantener a millones de haraganes paseando por sus calles. La religión privatizo el cuerpo de las mujeres y lo puso a parir para que el país creciese con el aporte de más mano de obra joven.  Se implantaron leyes contra los marginales que protestaban porque la riqueza hubiera desparecido en los bolsillos de la minoría de la casta anónima. Finalmente se abolió la siesta

Cuando ya no había luz en el país, cuando los escaparates de nuestras vidas se sentían huecos y cuando el Estado no existía para asistir a los ciudadanos, porque ya no quedaban ciudadanos, solo esclavos y por tanto no se necesitaba de servicio público alguno, ni de funcionarios que los gestionasen….alguien recordó que había un viejo y taimado funcionario, que aún acudía a su puesto cada día en la Corte de la Privatización.

Reunido el consejo de los anónimos gobernantes decreto que la crisis había sido provocada porque nadie se había preocupado de aquel funcionario, del gasto que obligaba para todos y del riesgo que representaba su conducta honesta para con su ejemplaridad corromper al país. Se acordó que como responsable de la crisis debería de pagar por ello.

A la mañana siguiente se le comunica  del delito cometido y que sería ajusticiado por ello, nada más ponerle en antecedentes es detenido y llevado a la plaza de la Concordia dentro del Palacio de la Corte de la Privatización y con los leños recogidos por los esclavos del departamento de parques y la dirección de algunos sumisos del departamento de fuegos, fue consumido bajo el fuego purificador, mientras se retransmitía a todo el país por televisión la decisión del Gobierno de tomar las riendas de la lucha contra los responsables de la crisis. 

Todos los esclavos del país contemplaron gozosos como se había hecho justicia, y al fin de nuevo todo recuperaría su esplendor, cuentan que  no se recuerda un día con tanta producción como aquel en los anales del rico país del sur de la vieja madre Europa

LA CONDENA COMO NEGOCIO

La agudización de la crisis y sus perniciosas consecuencias sociales, con la expulsión del sistema de millones de personas, la extensión de los recortes y desclasamiento entre las capas medias de las sociedades occidentales, unido a un incremento del rechazo social del pensamiento único del neoliberalismo imperante, conlleva a posicionar la prisión en un lugar central de las sociedades avanzadas.

Se refuerza el Estado penal como respuesta frente a la generalización de la inseguridad social y no como respuesta al incremento de la actividad delictiva, ejemplo paradigmático es EEUU donde se paso de un sistema progresivo a un régimen de tolerancia cero, las estadísticas son elocuentes en este sentido, en 1975 con un sistema progresivo se encarcelaba a 21 personas por cada 10.000 delitos mientras que en el 2005 con un sistema de tolerancia cero se encarcelaba 125 personas por esos mismo 10.000 delitos. Las diferencias no se sustentan sobre el incremento de los crímenes sino que acompaña a la utilización de los tribunales y las cárceles para refrenar las dislocaciones urbanas causadas por la desregulación económica y la implosión del gueto como contenedor étnico-racial, así como para imponer la disciplina del trabajo precario en las capas más bajas de la estructura polarizada de clases. A consecuencia de ello, el resurgir de las cárceles pretende cumplir tres misiones que poco tienen que ver con la reducción del crimen: doblegar a los sectores de la clase trabajadora posindustrial más reticentes a aceptar la precarización del trabajo asalariado; poner en cuarentena sus elementos más conflictivos y superfluos; y controlar los límites aceptables a los que se deben ajustar los “ciudadanos de bien”, mientras se apuntala la autoridad del Estado.

 Europa Occidental se manejan índices más modestos de reclusión que oscilan entre una sexta y una décima parte de las cifras de EEUU.  Pero en Europa Occidental tienen un crecimiento intensivo desde el comienzo de la década de los 80: En Francia, Italia y Bélgica han aumentado más de la mitad; se han doblado en Inglaterra, Gales, Suecia, Portugal y Grecia; y se han cuadruplicado en España.

Según Loic Wacquant “Los recortes en la ayuda pública, por un lado, unidos al proceso de transformación por el cual el Estado de bienestar con su derecho a la protección se convierte en el “Estado del trabajo”, en el que uno se ve obligado a aceptar empleos precarios como condición para recibir la ayuda, y la apuesta por la cárcel como herramienta, por el otro, son las dos caras de una misma moneda. Juntas, las políticas de empleo y las penales ejercen un control simultáneo sobre la pobreza en un tiempo en el que se profundizan las desigualdades sociales y se generaliza la inseguridad social” Desde esta perspectiva la criminalización de los que no acepten el nuevo contrato social sostenido sobre la precarización y la exclusión social es un hecho cierto.

La ofensiva contra el Estado del bienestar y la democracia en Europa que se está produciendo desde la hegemonía política del neoliberalismo busca bajo la inocente bandera del libre mercado, el desmantelamiento del estado social y el Gobierno de una “elite” como instrumento necesario para mercantilizar y obtener beneficio de todas las esferas de la vida, incluido el negocio carcelario. La hipocresía de esta concepción salta por los aires cuando se analiza con cierto rigor la estructura social, donde el laissez faire, et laissez passer se mantiene en la esfera de la cúpula dominante en su lucha por el control de las mayores porciones del mercado total, mientras que a la par el ordenamiento jurídico se vuelve más represivo, estrecho y controlador con las clases populares. Eso explica el permanente estado de revisión del código penal español, criminalizando un mayor número de conductas y su extensión temporal, consiguiendo con esa política un crecimiento exponencial de la población penal española, dándose la paradoja que siendo uno de los países con menor actividad delictiva de Europa es uno de los que cuenta con mayor población penal relativa.

La imposición de la disciplina de mercado no constituye un proceso autónomo. Muy al contrario: su implementación se encuentra con una recalcitrante oposición y desencadena múltiples resistencias; se traduce en la propagación de la inestabilidad social y la agitación civil entre las clases más desfavorecidas; y prácticamente socava la autoridad del Estado. El dominio del mercado por tanto necesita de sólidos dispositivos institucionales que los sostengan y apoyen, siendo uno de ellos un aparato penitenciario ubicuo y enérgico que persiga a aquellos que sufren el coste social de la reestructuración de la autoridad pública.

Las posiciones políticas hegemónicas en Europa conllevan  una mercantilización absoluta de la vida y las relaciones sociales, la experiencia estadounidense demuestra que las cárceles son un buen negocio y dan pingues beneficios. El camino está abierto, la contestación social a los procesos de expropiación social que se están produciendo incrementara la población penal y las políticas represivas, consiguientemente se creara un potencial mercado penitenciario que abrirá negocios por dos vías, las propias de las instalaciones, infraestructuras y su control así como áreas funcionales completas como puede ser la sanitaria, la de tratamiento o el área mixta, ejemplo ya los tenemos en España como pueden ser los alquileres de cárceles en Cataluña o la ultima intención del Ministerio de Interior que promueve la privatización de la seguridad exterior de las prisiones, para abrir ese nicho económico a las empresas de seguridad con el pretexto de dar cobertura a los escoltas del País Vasco. La otra vía es “poner a producir” a los presos, ya se produce un dumping social y económico con las empresas que cierran en el exterior y se instalan dentro de la cárcel, pero no está sistematizada la producción, ese paso es un camino que el mercado no tardara en andar.

Definitivamente el modelo neoliberal en su picadora social pulveriza los derechos, la protección social, condena al trabajo precario y mal retribuido a millones de ciudadanos, deja en la indigencia a la vejez para conseguir que el mercado domine los servicios públicos y los transforme de públicos en privados.

Ese proceso conllevara incremento de población penal, mercantilización de la condena y beneficios privados con un sistema penitenciario donde el estado ira saliendo por las puertas en la misma intensidad que las empresas se instalen en todas sus esferas de actividad.

http://www.youtube.com/watch?v=IYgla9ZY3Ec