ENTRE LO NECESARIO Y LO POSIBLE. ¿SIRVE PARA ALGO LA UNIDAD SINDICAL EN PRISIONES?

Es una evidencia tan rutinaria como insultante que los servicios públicos en España han sufrido un profundo deterioro fruto de las políticas neoliberales del Gobierno de recortar, destruir, vaciar lo público para que haga negocio lo privado.

Instituciones Penitenciaras es un ejemplo lacerante de este dogma que engorda bolsillos y vacía conciencias. El Gobierno y su Ministros de Interior han desarrollados políticas orientadas a hacer inviable el modelo penitenciario constitucional, necesitan convertir como inevitable sus políticas de transferir los recursos públicos a la cuentas de beneficios de un reducido club de amiguetes.

Existe una confusión, bastante interesada en muchos casos, como ingenua en una mayoría, de asociar al Sr. Yuste con el drama que éstas políticas generan en el corazón del servicio público de prisiones español, tratando de crear una cortina de humo donde la “maldad” “incompetencia” personales se imponen sobre las decisiones de Gobierno y las opciones de estrategia política. Ese mensaje, bastante interiorizado, es el salvavidas de mañana para quienes destrozan lo público en prisiones.

El Sr. Yuste al margen de sus bondades personales, que seguro que como todo ser humano alguna tiene, no es el eje del problema en prisiones.

Que existan 3.000 plazas presupuestadas y vacantes sin cubrir, que los concursos sean una chapuza y acumulen frustración en sus participantes, que los periodos de prácticas sean eternos y al margen de la Ley, que impidan que se aplique la ley de Prevención de Riesgos en Prisiones y continúen las agresiones, que se privatice y se gaste más dinero público  con ello, que no se forme y recicle al personal para sus necesidades profesionales y se haya convertido los cursos en un foco de clientelismo, que las direcciones de los centros sean reinos de taifas autócratas, que el transporte sea caduco en muchos centros, que el personal laboral sean parias en la institución, que se degraden hasta imposibilitar la asistencia los servicios sanitarios, que los derechos legales haya que pelearlos judicialmente o que nuestra salud esté en peligro por falta vacunación, riesgos psicosociales, biológicos. Que no veamos reconocido retributivamente nuestro trabajo. Es responsabilidad de las políticas del Gobierno y sus Ministros

En definitiva que las condiciones laborales de prisiones sean draconianas, no es una decisión de la SGIP. Es una política de Gobierno en una estrategia premeditada y metódicamente aplicada de degradación de un servicio público tan esencial como es el del cumplimiento de las penas, con un doble objetivo hacer negocio con todo lo penitenciario e implantar un modelo de intervención penitenciaria en la periferia de la Constitución.

Frente a esta lamentable radiografía de la situación laboral en las prisiones, es obligado hacer alguna referencia a como se puede llegar a esta situación, sin que por parte del colectivo penitenciario se haya planteado una respuesta seria y sostenida, que si no la impida, al menos, la aminore o la diluya.

En Instituciones Penitenciarias se dan algunas singularidades propias de ámbitos sindicales emergentes, es cierto que existe una de las mayores tasas de afiliación del país a las organizaciones sindicales, pero como paradoja de esa situación los sindicatos son débiles y más orientados a los servicios de “cuasigestoria” que a una propuesta de acción sindical permanente que confronte con alguna visión de futuro frente a la regresión que sufren las condiciones laborales con la política gubernamental de desmantelamiento de lo público.

Ello se produce por un marcado carácter individualista existente en el colectivo, con asociaciones de todo tipo, por categoría profesional, por área de actividad, ectra. lo que fortalece las tendencias corporativas confrontando intra e inter los diferentes ámbitos penitenciarios y con el resto de departamentos y servicios públicos de las AADD. Esta radicalidad en las esencias fundamentales de lo que hacemos cada uno de nosotros con lleva baja participación en lo sindical, posibilitando por inacción el arribismo de los menos capaces pero los más osados para las labores de representación y que las estructuras sindicales actúen con independencia de la afiliación o en ocasiones en contra de la misma, factor utilizado y potenciado por los gestores para favorecer clientelismos particulares en las relaciones laborales.

Es en éste reseñado sintéticamente contexto es en el que debemos de reflexionar en porque no hay una resistencia sindical, que merezca tan nombre, y obviamente si nadie resiste y se enfrenta a las políticas de recortes, éstos avanzan y se consolidan, por más enojo personal que manifestamos cada una y uno de nosotros en el ámbito privado. Porque no nos dejemos engañar, esto va de quien tiene más fuerza, no de quien tiene más razón, o quien pide más, sino de quien tiene la capacidad de doblar o aminorar la presión del Gobierno sobre Instituciones Penitenciarias. Si el personal penitenciario no demostramos tener fuerza, esto ira a peor inexorablemente.

Hasta ahora existía una denominada “Plataforma Sindical Mayoritaria” (csif, ccoo, ugt, y en los últimos tiempo apfp) que era la única que en exclusividad ha desarrollado una actividad sostenida durante estos años basada fundamentalmente en concentraciones en casi todos los centros y en ruedas de prensa y comunicados, en definitiva en una labor de denuncia de la situación exclusivamente. Que está bien, pero no parece hacerle demasiado daño al Ministerio de Interior.

En el veranos también volvió de un descanso de seis años USO-Acaip con una campaña mediática dirigida a obtener muchos titulares y espacios en medios de comunicación, con independencia del buen gusto o no de expender chorizos en la vía pública sin carné de manipulador o donar sangre a la cruz roja para que haga negocio con ella es cierto que saben dominar el escenario, pues sus dos objetivos pueden considerarse conseguidos: por un lado hacer olvidar a sus afiliados que han cohabitado y mecido la cuna del Sr. Yuste durante todos estos años en los que se olvidaron de todo lo que denuncian ahora. Y por otro identificar a prisiones con sus siglas en los medios de comunicación, aun a costa de aumentar la dosis de sensacionalismo y amarillismo en su acción sindical. 

También está bien que los medios de comunicación  hablen de nosotras, pero también en esta ocasión es solo eso una campaña de propaganda, posiblemente relacionada con cuestiones internas, hemos tenidos dos presidentes de ese sindicato sin que mediara Congreso u órganos de dirección que los cambiase, situación que coincide con su salida de la madriguera tras todos estos años. Pero el postureo tampoco asusta demasiado en el Ministerio de Interior (o tal vez no sea la intención sindical asustar al Ministerio del Interior) unas riestras de chorizos no dan mucho miedo.

Porque hay un elemento relevante de toda la campaña de USO-Acaip, que no se centra en las políticas y en las decisiones gubernamentales que nos han llevado hasta aquí, auténticas responsables del caos que padecemos.

Se centran en Angel Yuste como destilado de todos los males, y cuál es el fin, que en algún momento el Srl Yuste, dimitirá, se retirara, lo cesaran, o lo ascenderán y podrán atribuirse el cambio de personal a sus acciones, presentándose como salvadores de un mal en el que son coparticipes por omisión. Que no esté Angel Yuste al frente de prisiones no representa cambio alguno en las políticas que padecemos, con lo cual se movilizan no para cambiar las políticas que nos generan problemas sino para evitar que el Ministro tenga problemas con el colectivo penitenciario, desviando el foco de atención.

No es nueva su estrategia, es su naturaleza sindical, lo han hecho en más ocasiones, cada vez que hay problemas aparece el discursos super-radical que desmoviliza al personal y nos lleva al punto de salida, cambiarlo todo para que no cambie nada.

Y finalmente, también hay buenas noticias en el panorama laboral penitenciario, un cambio generacional, acumulando desprecios y marginación, ha dado un paso al frente para reivindicarse como sujeto y no espectador de las condiciones laborales que padecemos. Un movimiento transversal de personal funcionario aglutinado en torno a las siglas FPU ha traído un soplo de aire fresco a la dialéctica sindical. Es cierto que hay buenas dosis de ingenuidad, que les falta propuesta y falta de formación sindical, que en su interior hay lobos de organizaciones sindicales que los ven como un problema que intentarán romperlos desde dentro. Pero también es cierto que han dinamizado el esclerotizado mundo sindical penitenciario, que se han convertido en un factor de presión y exigencia al orden sindical establecido. En definitiva es el único elemento novedoso sobre el escenario que siempre se ha repetido para quedar siempre con menos derechos y menos condiciones laborales.

Con estos tres bloques tan dispares se debe de poner sobre la mesa si hay algún objetivo común que permita hablar de unidad sindical y para conseguir que.

Tanto la Plataforma Sindical Mayoritaria como FPU, han hecho llamamientos a la unidad a USO-Acaip, que han encontrado o el silencio o el rechazo en encuentro bilaterales por parte de éstos últimos.

La unidad sindical es una herramienta poderosa, significa que todo el colectivo esta unificado por un objetivo común, y que sus acciones pueden modificar políticas y decisiones del Ministerio, es decir la unidad no es algo para sí misma, es una herramienta para conseguir objetivos que nos beneficien a todos.

Con Unidad Sindical y Movilización  se pueden ir cambiando cosas de un modo estratégico. Pero aunque la unidad sindical es una necesidad los objetivos de cada parte la hacen prácticamente imposible.

Para ello USO ha puesto barreras artificiales para su salvaguarda, con las que intentar lavar su imagen en las plantillas por no querer unidad sindical, no ha hecho como es natural en todo este tipo de alianzas, buscar lo que une y dejar para la acción de la organización lo que separa. USO-Acaip ha puesto sobre la mesa lo que separa para evitar trabajar por lo que une, es decir, sus objetivos no van a conseguir cambias de las condiciones laborales, sus objetivos se dirigen a conseguir una mejor posición de sus intereses sindicales.

La evidencia es que no cuestionan la política penitenciaria del Gobierno, sino a un quemado Yuste, cuya remoción de prisiones no tendría efecto alguno. Y en un segundo nivel construyendo una nueva propuesta “veleta” pues solicitan pasemos a Justicia cuando ellos mismos pidieron pasar a Interior.

Nada dicen de como conseguir OEP, fin agresiones, concursos…hasta ahora su autoproclamado sindicalismo mayoritario no ha servido para evitar la degeneración de la Institución y la degradación de las condiciones laborales, se van a poner a trabajar ahora para que eso no sea así. No parece muy serio, puede servir para lanzar consignas sectarias, y dividir al colectivo, pero no para alcanzar nada. Solo para conseguir una OEP extraordinaria, o para frenar las agresiones, ya merecería la pena la Unidad Sindical.

La unidad sindical sirve para conseguir derechos y recuperar los arrebatados, solamente para eso, para defender los derechos del colectivo penitenciario.

Pero como se trata de jugar a la política que dictan los partidos a sus intereses, de que no haya una contestación fuerte del personal penitenciario que cuestione al Gobierno, y de cambiar derechos colectivos por prebendar particulares para la organización sindical, la Unidad Sindical es una quimera. Es una necesidad objetiva, pero es un sueño imposible, porque alguien se ha empeñado en caminar en la dirección contraria a los intereses del colectivo

Solo una reacción firme de la afiliación de USO-Acaip exigiendo Unidad Sindical, construida sobre lo que nos une, puede cambiar el drama del colectivo penitenciario.

No hay tiempo para el teatro en #sosprisiones es tiempo de unidad y Movilización

EN LA MADRIGUERA DEL SECTOR PENITENCIARIO. O COMO REGALAR LOS DERECHOS CONQUISTADOS

Cuando el estío reseca meninges y ahoga la respiración, llegan las ensoñaciones y las ansias de conquista de territorios trillados por el abandono y el olvido. Y es con ésta canícula como de nuevo llega lo viejo, cual culebrilla veraniega, y de nuevo al personal de las prisiones se nos promete el maná de la sectorización como paraíso hacia el que caminar por el desierto del desprecio y la pérdida de derechos.

La franquicia de Uso en prisiones, Acaip, ha vuelto, otra vez, a poner sobre el tapete el afiche del sector para prisiones, en torno al cual se parapetan y justifican para  combatir a la vez que, despreciar la unidad sindical y a todos aquellos, organizados en sindicatos o no,  que no les sigan en su nueva huida hacia ningún lado envueltos en su riestra choricera a donar sangre.

El sector se ha convertido en un fetiche para amenizar la soledad de las ideas, sobre todo cuando quien lo propone tiene entre alcanfor un fondo de armario con gran surtido de “ideas y propuestas” acordes a cada necesidad, no las precisas del colectivo, sino la de quienes dirigen la franquicia. Son un sindicato eólico, se mueven al son del cierzo, tramontana, o del terral según conveniencia

Es la misma organización que “solo” era para el personal de vigilancia, y que sin mayores rubores ni teóricos ni de coherencia se fueron extendiendo al vaivén del día, a los hasta entonces denostados de oficinas, área mixta, sanitarios, hasta los siempre estigmatizados de tratamiento. El voto es el voto, hasta crearon un sindicato de laborales, con efímero y triste paso por la Institución. Son los mismos que ridiculizaban en sus panfletos faltones la pertenencia al Ministerio de Justicia, al que dicen querer volver. Eran solo de vigilancia, eran solo de prisiones, hasta que se hicieron franquicia de USO y tuvieron reconocimiento de sindicato institucional, asaltaron las mesas de negociación de la Administración General del Estado y les faltaron peldaños para llegar a la ansiada “cogestión”.

El oportunismo cateto se caracteriza por tratar de sugestionar al colectivo de que sus “necesidades” son las propias del colectivo, un ejemplo identitario de estas características lo tenemos con el mediático nacionalismo e independentismo, donde sus intereses de partido los presentan como los propios de la nación, cuando realmente los interés de esa nomenclatura son opuestos a los de la mayoría que tratan (y a veces logran)  de seducir.

En el caso de prisiones la demanda del sector, estatuto y demás eufemismos para engaño de incautos se trasviste de mejoras y demandas “históricas” tras las que se ocultan las verdaderas intenciones.

Nos dicen, nos dirán, nos sugestionaran con consignas tan machaconas como vacías. Nos encontramos que nuestros salarios serian mejores si solo se negociaran en prisiones. Nos dirán que tendremos más derechos si solo se cocina en la calle Alcala. Que somos especiales y diferentes que no vale la legislación general para nosotros… y así un continuo de ilusionantes propuestas para alcanzar el paraíso laboral en prisiones.

La verdad, si animo de extendernos de momento, habrá ocasión de hablar de las regulaciones especiales para colectivos de empleados públicos y sobre sus consecuencias, es necesario resaltar que cualquier demanda del colectivo penitenciario se puede regular con la normativa actual, prueba de ello son los horarios especiales o la segunda actividad por citar alguna referencia.

Es decir no hace falta atar al colectivo con regulaciones estrechas y especiales para conseguir derechos y defender los que se tienen, hace falta tener más respeto por los que se representa y después de ocho años de cómplice silencio con la administración penitenciaria más retrograda y funesta de la historia decirle al personal, que han tenido “una idea”. En definitiva hace falta pelear más los derechos, buscar alianzas con los demás, movilizar y explicar al personal, solo hace falta más sindicalismo. Porque la retribución, los derechos, el empleo dependen de un único lugar, el Gobierno al que hay que obligarle a negociar, para lo que ser más débiles, no parece lo más inteligente.

Los estatutos, regulaciones específicas, sectorización solo se dan cuando son útiles al Gobierno de turno, se venden como una modernización y un avance laboral, pero tras el primer momento muestran su verdadero rostro.

Son regulaciones que limitan derechos al personal y por lo tanto hacen más fuertes, prepotentes y autoritarios a los gestores (imaginar eso en prisiones, viendo como esta hoy el tema sin regulación especial), todos los días el SUP o la AUGC nos lo recuerdan, donde los principios legales más básicos los tienen que pelear porque están permanentemente en cuestión.

El Estatuto, la Sectorización, implica que decisiones del departamento, dentro de los parámetros dictado por el Gobierno y la Administración de turno, se gestionan a conveniencia del gestor, que determinara ratios de personal, productividades, días libres lo más restringidos posibles para hacer méritos respecto a quienes mandan de verdad.

El sector es poner un mero intermediario para  que se nos recorte y apriete en nuestros derechos a las órdenes del Gobierno, ¿porque renunciar a negociar con quien decide, el Gobierno y hacerlo con su señor feudal?

Las experiencias en esta regresión  que se le ha ocurrido a Acaip como original propuesta, son evidentes, por ejemplo, la AEAT ha perdido más del doble de personal que nosotros, tienen una carrera profesional acordada hace siglos y no se la aplican y además no tienen donde recurrir. Correos, se ha convertido en una empresa privada, con miles de puestos de trabajo perdidos, reducción de sus condiciones laborales. Sin ir a otros lados, tenemos el OATP lo han convertido en una empresa privada dedicada a obtener beneficio, todo ello con el sospechoso silencio de Acaip.

Es una gran mentira afirmar que las regulaciones específicas amplían derechos y mejorar las relaciones laborales, es justamente al contrario, sobran los ejemplos.

En el caso de prisiones estaríamos hablando de una potenciación de la privatización extendiéndola más con el pretexto de la falta de personal. La privatización no implica, como ridículamente algunos manifiestan, echar a nadie, implica que no entra personal público, que las condiciones del personal público “compiten” con las del privado con la consiguiente pérdida de derechos y retribuciones y que por supuesto el servicio “publico” se orienta hacia la rentabilidad y no la prestación de servicios universales a la ciudadanía.

En definitiva la sectorización implica inexorablemente pérdida de derechos laborales, privatización, precariedad y menores retribuciones. ¿Por qué se insiste tanto en ello entonces?

Se insiste porque lo que realmente están pidiendo no son mejoras para el colectivo, tras la cortina de humo de la sectorización solo hay intereses particulares de la nomenclatura sindical de la franquicia de Uso. El sector generaría más delegados sindicales, lo que significaría tener más liberados, más horas sindicales, más gentes para hacer clientelismo y cubrir las vergüenzas del Gobierno como los últimos ocho años.

No nos preguntaremos si este escenario le interesa al Sr. Yuste, el de tener un colectivo laboral atado de pies y manos, representado por treinta monedas en la mesa de negociación y entronizado como Caesar, es el sueño de cualquier gestor. Aunque las cosas de los presupuestos del dieciocho con el pago del peaje, al siempre necesario nacionalismo vasco, en monedas talegüeras le pone en mal lugar para seguir.

La añoranza de Uso en prisiones por tiempos pasados ha llevado a abrir el archivo histórico, para sacar viejas consignas y nuevos dirigentes de ese pasado, que sustituyen al Presidente que mantenía la paz social. Pero no se alarmen, la vicisitudes palaciegas no implican cambio de rumbo, solo cambian las formas, parecer más radicales para acabar en el mismo sitio, sosteniendo políticas de recortes y perdidas de derechos.

En definitiva este “procés” a la castellana por independizar al personal penitenciario de sus derechos laborales a través del “estatut propio” para prisiones está condenado al mismo fin en  que su hermano político en Cataluña, volver al archivo de la historia. Porque hoy, más que nunca, son necesarios los procesos de unidad para ser más fuertes y defendernos mejor de los siguientes recortes que el neoliberalismo impondrá en la Administración y en Instituciones Penitenciarias.

Ni miles de delegados, ni miles de horas sindicales, ni miles de liberados justifican regalar los derechos del personal a el Sr. Yuste con una sectorización o estatuto.

Deberían de pensar en ello desde la nomenclatura de Uso prisiones y del precio que están dispuestos a pagar entre el personal por este regalo a la Administración, y que se ahorren los golpes en el pecho y el “no sabían”, el cinismo no cuenta como opción explicativa.

LA INDECENTE RUTINA DE LAS AGRESIONES AL PERSONAL PENITENCIARIO

Cuando las palabras, los gestos, las condenas, se reiteran en los medios, en las autopistas de las redes sociales, en los comentarios de lo cotidiano. Se gastan, quedan vacías, cascarones viejos recién nacidos que navegan hacia los mares del “nunca jamás”.

Las agresiones al personal penitenciario son de esas cosas que se pierden entre las rutinas de los titulares y el vacío de las condenas. Son hechos que sirven para rellenar un instante de algún becario periodístico o satisfacer el narcisismo de algún delegado sindical, pero que no trasciende más allá de la palabra vacía y hueca.

El personal de prisiones tiene por naturaleza una herencia de denostación o en el mejor de los casos de displicente indiferencia social. Es difícil, inclusos tras muchos años, borrar la ignominia del pasado, pero más difícil aun es que las gentes se miren en el espejo de las prisiones, porque ven qué sociedad han construido. Las prisiones son oscuros eclipses que tapamos con nuestro dedo para no ver nuestra propia alma, y como todas las cosas oscuras de “la familia” son del tipo de cosas de las que es de mal gusto hablar entre las gentes de “bien”.

Por eso las agresiones al personal penitenciario no pasan de ser algo natural en un muy natural mundo de sordidez y opacidad, del que mejor no hablar ni conocer, alcanza con citarlo, con etiquetarlo, pero que la luz no traspase  los muros y las concertinas.

Las prisiones españolas, no tienen nada que ver con la sordidez del pasado ni con los centros de vacaciones, que según al interés de cada quien se califican, nada que ver con espacios de ocio ni con “rambos” justicieros con su taser x26 en la cintura.  El sistema penitenciario español tiene profundas carencias, serias necesidades, pero sin lugar a dudas, es una institución madura y moderna, es un sistema garantista, controlado socialmente y que se puede calificar sin caer en la exageración como uno de los más avanzados y eficaces del mundo.

Por ello, que el personal penitenciario sea agredido cada día, física, psicológica y verbalmente ante la indiferencia de quienes gestionan la institución penitenciaria, no deja de ser una profunda anomalía que no encuentra justificación  en ninguna  causa primigenia de la naturaleza de la prisión.

Evolución anual e las agresiones en Instituciones Penitenciarias

((fuente: http://www.sae.fsc.ccoo.es/noticia:228978--CCOO_exige_al_Gobierno_soluciones_a_la_violencia_en_el_trabajo_en_la_Administracion_General_del_Estado#

Las causas de las agresiones al personal penitenciario son multifactoriales, siempre hay quien pretende pescar en río revuelto, y trata de señalar la que más conviene a sus intereses particulares. Pero lo cierto, está suficientemente evaluado, es que las causas son múltiples, todas estructurales con la gestión del modelo penitenciario. No cabe duda que contar con un 25% de patología mentales encerradas en una prisión es un factor, que la falta de expectativa vital en sus codenas para determinados presos es otra, que no haya personal es un factor desencadenante, que la perdida de libertad nos inadapta  y rebela a todos es otra.

Pero que en solo cinco años se hayan duplicado las agresiones físicas al personal penitenciario, cuando son las mismas leyes, los mismos mecanismos, eso sí menos plantilla, ello denota que las agresiones tienen un componente aglutinador de todas (y otras) de las causas citadas, y es que se han instalado como un riesgo laboral dentro de la actividad del personal penitenciario.

Y frente a un riesgo laboral, los gestores adalides de la indiferencia, tratan de sacar del punto de mira su propia responsabilidad y ponen el acento en la necesidad de incrementar los medios punitivos; en responsabilizar al personal agredido por su “falta de profesionalidad”. En definitiva en la indecencia de no asumir las responsabilidades propias y con igual indecencia transferirla a las víctimas.

Por eso el Gobierno ha aprobado un plan contra las agresiones en prisiones que no trata de atajar las agresiones al personal, solo como responsabilizarlo de que se le agreda, y como salvar la cara de esos gestores que miran a otra parte y de paso aprovechar para hacerle un rato de publicidad a un Gobierno que ha alzado los muros de las prisiones para que no entre la salud laboral y los derechos fundamentales para el personal penitenciario.

Porque de eso se trata en esencia el problema de las agresiones, de que el Gobierno y sus gestores centran todas sus energías en que la Salud Laboral, la prevención de Riesgos laborales, no entre realmente en las prisiones, que sea un epígrafe nominativo, pero que no tenga contenido de prevención alguno.

Evolución de las agresiones cada 100 internos 

(fuente: http://www.sae.fsc.ccoo.es/noticia:228978--CCOO_exige_al_Gobierno_soluciones_a_la_violencia_en_el_trabajo_en_la_Administracion_General_del_Estado#

Si hay prevención de riesgos laborales en las prisiones, como mandata la ley, española y europea, representaría que el personal penitenciario intervendrá en gestionar la protección de su vida y su salud, y eso es un reto que no puede asumir la estructura del ordeno y mando sobre la que se sostienen las relaciones laborales en Instituciones Penitenciarias.

Por todo eso, y algo más,  también es indecente apoyar a un Gobierno que prima la propaganda frente a la protección, que defiende a la incompetencia frente a los agredidos, es indecente  decirle al Parlamento que hay un plan contra las agresiones en prisiones cuando las agresiones e multiplican a diario. Definitivamente es una burla a la soberanía popular y al mandato emanado para que se protegiese al personal penitenciario

Tanto UGT, como CSIF apoyan al Gobierno y su plan de propaganda, deberían de explicarlo, hasta el momento solo han sacado soflamas para justificarse, promesas de lo que cambiaran más adelante, apoyan y firman para ver que pueden apoyar y firmar más adelante. Definitivamente no valoran mucho la inteligencia del personal de prisiones  cuando solo venden más promesas.

Es urgente explicar porque se renuncia a proteger al personal penitenciario por parte de los que dicen defenderlo, y es urgente explicarlo de un modo transparente, convincente y adulto, porque seguro que el personal penitenciario formado en un 70% por personas con formación universitaria seguro que les entenderían si sus argumentos se manifestasen desde la verdad y el respeto a las plantillas de los centros penitenciarios

La indecente rutina de las agresiones al personal en las prisiones, continuara, porque ni las soflamas, ni los panfletos, ni las justificaciones, ni la propaganda pueden tapar la indecente rutina de que se agreda al personal penitenciario todos los días con la complicidad e indiferencia de los de siempre.

La indecente rutina solo se romperá cuando los agredidos, los vilipendiados, los olvidados, den un paso al frente, muestren su rostro y digan basta, exijan su derecho a la integridad personal, su derecho a la salud laboral, su derecho a la prevención de riesgos.

Su derecho en definitiva a que también a ellos se les proteja con la Ley de Prevención, sin pretextos o coartadas de excepcionalidad no demostrada nunca en 21 años de existencia de la Ley.

Solo entonces, la indecencia de las agresiones dejara de ser la normalidad y el respeto a la Ley y a la prevención llenaran las palabras vacías de hoy hasta convertirlas en un grito de dignidad.

LA CÁRCEL DE LOS ROBOTS

A pesar de ser más numerosos los seguidores Wells que los de la problemáticas profesionales de las cárceles. No abordaremos esta entrada del blog como las posibilidades de una nueva guerra de los mundos en el entorno penitenciario, tampoco nos referiremos a la más verosímil posibilidad de que muchos de los actores penitenciarios tengan comportamientos robóticos y estandarizados profesionalizados.

Hoy abro una reflexión acerca de qué modo y en qué medida puede la revolución tecnológica  y los procesos de inteligencia artificial inherentes afectar al mundo de las prisiones desde el plano de lo laboral.

Tal y como previene la colaboración de investigación europea en Seguridad y salud ocupacional (PEROSH) en uno de sus trabajos de posicionamiento conjuntamente con la EU-OSHA un cambio significativo tendrá lugar sobre la manera en que entendemos el mundo del trabajo, teniendo como resultado una transición gradual desde formas de trabajo y tiempo relativamente estandarizadas en las organizaciones hasta formas más complejas y diversificadas de entornos de trabajo y distribución de la jornada laboral. (PEROSH, The changing world of work and OSH, 2015

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los efectos de la digitalización sobre el sector de los servicios y el empleo en el marco de las transformaciones industriales» establece algunos elementos para la reflexión  del impacto que las nuevas tecnologías tienen ya en el mundo del trabajo.

La digitalización transforma todos los segmentos de la sociedad y la economía y, por lo tanto, incide lógicamente también en el trabajo y el empleo. La tecnología puede aumentar la riqueza hasta niveles sin precedentes y potenciar la calidad del trabajo y el empleo en Europa. No obstante, estas oportunidades conllevan riesgos, algo que resulta evidente en todos los sectores económicos, incluido el sector de servicios privados.

Con el fin de contrarrestar el aumento de las desigualdades de renta ocasionadas en parte por la digitalización, debería potenciarse la negociación colectiva en todos los niveles, en especial también en los sectores y en las empresas que se ven afectados por la digitalización. Esto puede garantizar que las nuevas formas de organización digitalizada del trabajo mejoren, en lugar de deteriorar, la calidad del trabajo.

Se está produciendo una disminución en la demanda de trabajadores de cualificación media y elevada, que se espera que caiga aún más en un futuro próximo. Según diversas estimaciones, aproximadamente el 50 % de los empleos actuales corren el riesgo de ser sustituidos por la tecnología digital en los próximos veinte años.

Un sector de servicios digitalizados crea una fuerte demanda de mano de obra capaz de cumplir tareas intensivas en conocimiento, especialmente en servicios de índole profesional y técnica como los que, por ejemplo, gestionan las redes informáticas. Las tareas efectuadas por estos profesionales suelen llevarse a cabo a distancia y en cualquier momento por medio de dispositivos móviles digitales.

Los elementos que pone sobre la mesa la revolución tecnológica son dicotómicos, por un lado elevara la productividad de un modo exponencial, el desarrollo de potencial tecnológica se extenderá en cualquier esfera de la vida y democratizara el acceso a la información y el conocimiento.

Pero al mismo tiempo con el actual modelo de organización del trabajo y de la estructura social generara niveles de desocupación (el paro estructural y la precarización actual se explican en buena medida en esta revolución) difíciles de sostener sin cambios estructurales o graves conflictos sociales. No predican que al igual que en otras revoluciones tecnológicas el empleo destruido será temporal y que la nueva tecnológica generara nuevas bolsas de empleo. Pero lo cierto es que ninguna revolución anterior genero un cambio exponencial tan brutal del modelo productivo y de su propia organización. Para conseguir ese espacio para el mundo del trabajo hay que abordar un cambio profundo de los tiempos y organización del trabajo y del papel del Estado como redistribuidor de la riqueza. El empleo sin derechos, deslocalizado y más precario es el nuevo tipo de trabajo que se esta generando.

Pero no solo el lugar del trabajo queda en entredicho, la intimidad o la sacrosanta individualidad salta por los aires pues la tecnología e la comunicación accede a cualquier espacio vital en nuestro quehacer diario, no solo por nuestra presencia y relación con las redes, sino por mecanismos de control privado y público que nos tienen permanentemente analizados en nuestras preferencias, nuestras conductas, actitudes o gustos.

Y por otra parte estos cambios revolucionarios entrañan el afloramiento de nuevos riesgos de salud que no pueden ser controlados y prevenidos con los actuales mecanismos normativos y legales, el acoso laboral o personal, la intimidación, la violencia de todo tipo, o los riesgos de estar permanentemente a disposición del trabajo cuestionan nuestra propia salud.

Quien haya tenido la paciencia de leer hasta aquí  se preguntará pero que tendrá que ver todo esto con las cárceles y el personal penitenciario, si somos funcionarios del Estado y por lo tanto con el puesto de trabajo “asegurado” y además la cárcel se trabaja con personas y están encerradas por lo que siempre tendrá que haber personal para hacerse cargo de todo el funcionamiento de lo que representa una prisión.

Lamentablemente las certeza en tiempos de cambio no existen y esperar que todo continúe plácidamente con “pequeñas disfunciones y falta de confort profesional” es tener verdadera fe en que el mundo, la vida y el trabajo por tanto nunca cambia.

Cualquiera que lleve algunos años trabajando en prisiones debería de ser consciente de los profundos cambios que se han producido, los primeros por el cambio de modelo penitenciario propiciado por el encuadramiento constitucional del modelo penitenciario, pero toros mucho, y no menores, por la aplicación de la tecnología al mundo carcelario.

Los sistemas de seguridad están prácticamente automatizados y solo requieren la supervisión física del personal ante una incidencia. El tratamiento de la información ha permitido sistematizar la administración, la gestión, el mantenimiento o el tratamiento. La videoconferencia permite declaraciones o visitas médicas online desde la propia prisión. Los sistemas de redes permiten los controles telemáticos y así un largas ectra. de cambios que se han producido de un modo imperceptible pero imparable a pesar de las profundas tendencias conservadoras que la gestión de lo penitenciario tiene.

Pensemos por un momento que cambios pueden devenir en un tiempo no demasiado lejano, con esta revolución de la inteligencia artificial, muchos de estos cambios son ya posibles hoy. Un chip fijado al interno puede determinar cuándo puede salir de su celda, desplazarse a sus actividades o recibir información, sin ningún tipo de contacto con personal penitenciario. Si, evidentemente puede negarse, alterar el orden, ecrtra, pero también el propio chip  puede tener programado a través de su fijación mecanismos coercitivos para evitar esas situaciones no deseadas.

Por otra parte la figura de robots guardianes es ya una realidad en la prisión de  Pohan en Corea del Sur donde cumplen medidas auxiliares de vigilancia. “su trabajo consiste en no tomar medidas contra los reclusos violentos. Son asistentes. Cuando se encuentra con un preso que está amenazando contra su propia vida o con una enfermedad grave, puede obtener ayuda rápidamente“ Obviamente el paso para programarlos para otras funciones de vigilancia, como la reducción de internos es un problema más ético que tecnológico.

Pero no solamente en el ámbito de la vigilancia se puede insertar tecnología robótica y de inteligencia artificial, el tratamiento se puede estandarizar cibernéticamente para que la interacción del interno se pueda realizar en cualquier momento, y facilitar la información social que precise, la situación jurídica, o las opciones de reinserción, deportivas o laborales a las que puede acceder.

Es evidente que he expuesto unas pinceladas de un posible cambio de nuestra realidad profesional que puede parecer ciencia ficción, pero que solo busca provocar la reflexión y le debate sobre algo que tal vez se esté alejando de la ficción más rápido de lo que nuestro pensamiento y actitud se adapta a la realidad.

La más que posible descapitalización humana del “sistema productivo penitenciario” abre el debate a cuestiones de carácter ético sobre cómo se desarrollara el derecho a la reinserción sin el factor humano, y por supuesto abre importantes interrogantes sobre la cantidad y la calidad del empleo en instituciones penitenciarias.

El grupo de reflexión Bruegel calcula que los Estados miembros de la UE corren el peligro de perder entre un 40 % y un 60 % del empleo en los próximos veinte años como consecuencia de la automatización que ocasiona la digitalización. Por añadidura, parece que en la era digital, al contrario de lo que ocurrió en fases precedentes del desarrollo industrial, los beneficios globales para la economía en términos de productividad ya no se traducen directamente en un crecimiento del empleo. Por consiguiente, siguen existiendo dudas de que una economía plenamente digitalizada genere la suficiente demanda de mano de obra para compensar las pérdidas de empleo que se calculan que producirá la automatización de los servicios. Por otra parte, en toda Europa sigue habiendo una discrepancia entre las cualificaciones disponibles y las que se requieren, y es difícil hacer predicciones al respecto.

El fuerte incremento de las modalidades atípicas de empleo ocasionado por la digitalización implica que una parte cada vez mayor de la mano de obra dejará de contribuir y de beneficiarse de los sistemas establecidos de seguridad social, como los subsidios de desempleo, la sanidad pública y los seguros de pensiones. En algunos Estados miembros, este punto ha sido ya objeto de debate entre los interlocutores sociales y el gobierno. Además de un descenso en los niveles generales de empleo, esta evolución puede erosionar los ingresos y, por lo tanto, la eficacia global de los regímenes fiscales y de los sistemas de bienestar social, que se basan en unos ingresos generados principalmente a través de los impuestos y gravámenes sobre la renta, así como de los sistemas de cotización de empresarios y asalariados y que, por lo tanto, dependen de unos niveles elevados de empleo convencional.

Sé que la perspectiva corporativista trata de situarnos en una isla aislada del resto de la realidad laboral y social de nuestro entorno, pero esa perspectiva egoísta y pueblerina ha fracasado en el mundo de la globalidad de las relaciones sociales y económicas. Nuestro pedigrí identitario carcelero no servirá como escudo ante los cambios sobre los que se incide y decide en despachos muy alejados de las prisiones, por ello además de reflexionar y trabajar en construir alternativas, es necesario tener voz en esos espacios donde se van a tratar estas materias, si queremos decir algo sobre nuestro futuro personal y laboral.

¿PORQUE NO HAY UN PROGRAMA CONTRA LAS AGRESIONES AL PERSONAL DE PRISIONES?

La violencia en lugar de trabajo – sea física o psicológica - se ha convertido en un problema mundial que atraviesa las fronteras, los contextos de trabajo y los grupos profesionales. La violencia en el lugar de trabajo – que durante mucho tiempo ha sido una cuestión “olvidada” – ha adquirido una enorme importancia en los últimos años y en la actualidad es una preocupación prioritaria tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo.

La violencia laboral afecta a la dignidad de millones de personas en todo el mundo. Es una importante fuente de desigualdad, discriminación, estigmatización y conflicto en el trabajo. Cada vez más, es un problema capital de derechos humanos. Al mismo tiempo, la violencia en el lugar de trabajo aparece como una amenaza grave, y a veces letal, contra la eficiencia y el éxito de las Organizaciones. La violencia causa perturbaciones inmediatas, y a veces perturbaciones de largo plazo, de las relaciones entre las personas, de la organización del trabajo y de todo el entorno laboral.

El Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Trabajo de 2007, aspira a prevenir y, en caso necesario, gestionar problemas de intimidación, acoso sexual y violencia física en el lugar de trabajo. Este acuerdo condena toda forma de acoso y de violencia e insiste en la obligación que tienen los empresarios de proteger a los trabajadores contra tales situaciones.

Las Directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados con el trabajo fueron firmadas por FSESP, UNI-Europa, CSEE, HOSPEEM, CMRE, EFEE, EuroCommerce, CoESS, el 16 de julio de 2010, pretenden garantizar que en cada lugar de trabajo exista una política orientada a los resultados que aborde el tema de la violencia ejercida por terceros

Siguiendo a la NTP 489 es cierto que existe la creencia de que en ciertas ocupaciones es inherente a ellas la aceptación de un cierto grado de violencia como una parte misma del trabajo. Es decir, el trabajador asume el riesgo de sufrir actos violentos cuando acepta el trabajo (con lo que contribuye a que continúe la violencia). Esto puede llevar a pensar que no es necesario tomar ninguna medida preventiva

La evolución de las agresiones al personal penitenciario se incrementa exponencialmente en los últimos años, a pesar de una reducción significativa de los internos en las prisiones españolas, pasando de 323 agresiones físicas en el año 2008 con un 35,68% de agresiones sobre el total de accidentes en el medio penitenciario a 467 agresiones físicas en el 2014 (no hay memoria oficial del 2015 aun) con un 41,99 sobre los accidentes de Instituciones Penitenciarias. Estas cifras llevan la siniestralidad en Instituciones Penitenciarias a tasas muy superiores a las medias españolas o europeas con un siniestralidad del 5,22%.

Instituciones  Penitenciarias es un sector de la Administración del Estado donde la violencia contra los trabajadores tiene un carácter estructural, y donde desde los responsables de la Administración se ha institucionalizado la idea, que es un factor inherente a la propia naturaleza del trabajo y sobre el cual no cabe intervención preventiva.

La Administración Penitenciara ha sistematizado y protocolizado unos mecanismos de gestión ante las agresiones que excluyen en su integridad las obligaciones empresariales y los derechos del personal penitenciario reconocidos en la legislación de salud laboral. 

Conciben las agresiones como una parte integral de la actividad penitenciaria y no como un riesgo laboral que prevenir y evitar, como queda constatado en la investigación de los accidentes, todos aquellos que tienen origen en agresiones al personal no se permite su investigación por parte del servicio de prevención y se articula una investigación desde la seguridad y el orden regimental interno o de sus consecuencias penales, pero obviando predeterminadamente cualquier perspectiva de salud laboral, riesgos laboral y del derecho del trabajador a su salud y la obligación empresarial a su garantía en la actividad laboral. Esta perspectiva parece señalar que estas agresiones ya vienen consideradas y retribuidas por la propia naturaleza de la actividad, lo que contravienen toda legislación nacional y europea sobre riesgos laborales.

Al albur de la última campaña electoral el Gobierno recordó, tras cuatro años, que tenía la obligación de la negociación colectiva y trato de aprovecharla como un elemento más de su propaganda electoral.

Para ello, además de otras diversas cuestiones, puso sobre la mesa la negociación con los sindicatos representados en la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado una propuesta de un Procedimiento contra la Violencia en el Trabajo dentro de la Administración General del Estado.

En dicho documento la única línea roja existente es que no podría estar Instituciones Penitenciaras, presuntamente porque así lo había exigido el Ministerio de Interior a través de sus gestores penitenciarios.

Tras el pertinente teatrillo temporal que estas cuestiones llevan implícitas en su liturgia de vestir con un cierto decoro de presunta negociación las reuniones, la Administración decide que necesita acuerdos firmados para presentarse en la campaña electoral como paladín de la negociación y del dialogo social y exige la firma de su documento, donde incluye una cortina de humo respecto a la situación de prisiones y la violencia en el trabajo, que recogía literalmente (sic) que habría una reunión en menos de seis meses para “ver” si prisiones necesitaba un plan contra las agresiones, pero que quedaba excluida del plan de la Administración General del Estado.

Con esa grosera redacción referida a las agresiones que cientos de trabajadores y trabajadoras de prisiones padecen cada año, CSIF y UGT se muestran satisfechos y conformes, firmando el acuerdo que excluye, salvo oficinas, a prisiones del Protocolo Contra la Violencia en el Trabajo.

Por otra parte CCOO y CIG lo rechazan, mientras que USO-acaip no está presente por no alcanzar la representación exigida y por tanto no se pronuncia.

Obviamente en la reunión que se convoca para “ver” si hace falta un plan contra las agresiones la Administración Penitenciaria lo zanja en 10 minutos, afirmando con rotundidad que no hace falta y no hay más que hablar, con lo que ya cumplen con lo que firmaron como coartada CSIF y UGT para dejar fuera prisiones de la protección contra las agresiones al personal penitenciario.

Obviamente como no puede ser de otro modo, las agresiones han continuado, porque las razones que provocan las agresiones no se han abordado, todos conocemos la mayoría de las causas: aumento de la población penal con patologías psiquiátricas, reducción y envejecimiento de las plantillas, falta de actuaciones frente a la agresión, problemas de clasificación, falta de medidas jurídicas, y psicológicas con las víctimas.

Y frente a que continua el incremento de agresiones al personal de prisiones, resulta paradójico a la par que esperpéntico contemplar la actitud y el compromiso de los representantes de los trabajadores.

De los que apoyaron dejar fuera a prisiones del programa contra la violencia en el trabajo, tenemos por un lado CSIF que en un ejercicio de cinismo sindical reclama en los centros un programa contra las agresiones cuando sus dirigentes en la mesa de negociación votaron en contra de que prisiones estuviera en ese programa contra las agresiones. Al margen del cinismo, es como si los delegados en los centros tratan de lavar su cara de los actos de sus propios dirigentes centrales, pero sin cuestionar ni interna ni externamente las consecuencias que su firma tuvo para las agresiones al personal en las cárceles.

Por otro lado, el otro avalista del Gobierno, UGT guarda un sepulcral silencio, roto por algún leve gemido local perdido.

De los que se opusieron al Gobierno y a excluir prisiones del plan contra la violencia en el trabajo. CCOO manifiesta una mayor actividad y beligerancia con el asunto, pero es un sindicato que no cuenta con los apoyos suficientes de las plantillas en Instituciones Penitenciarias y que por lo tanto su actividad queda perdida sin el efecto de concienciación entre los funcionarios, en la superestructura de mesas de negociación y otras ámbitos institucionales, donde si demuestra un importante compromiso contra la violencia en el trabajo en prisiones.

Por su parte la nacionalista CIG tiene un ámbito de actividad muy circunscrito a Galicia y además sus peculiaridades organizativas hacen que dependen algún posicionamiento esporádico al ámbito de algún centro donde cuenta con delegados más activos.

Mención aparte es la de USO-acaip  que aunque no cuenta con presencia en la Mesa de Negociación por carecer del 10% de representatividad, si es cierto que es el sindicato con más apoyo en prisiones. Curiosamente ese apoyo mayoritario no se ha tenido una correlación a la hora de actuar sindicalmente contra las agresiones, no pasando de algún comunicado en los centros donde se producen agresiones, pero manteniendo una pasividad frente a las agresiones a los funcionarios de prisiones que resulta en la más benévola de las definiciones paradójica.

Socialmente, laboralmente, legalmente no es posible seguir mirando hacia otro lado frente al grave problema que la pandemia de agresiones al personal penitenciario representa, hay que rechazar que sea una consecuencia, una necesidad o algo inherente al propio trabajo, porque eso está cuestionado científicamente en todo el mundo y solo es un pretexto para quienes pretenden que la situación siga igual.

No se puede aceptar el mercenario argumento que la violencia en el trabajo está dentro de la nómina, ningún trabajador, ningún funcionario, tiene porque ser agredido o tener un accidente por el mero hecho de trabajar. Vincular las agresiones o los accidentes laborales a la cuantía de la nómina es delictivo.

Hace falta, es urgente, acabar con esta pandemia, hay alternativas en directivas europeas, notas técnicas o propuestas sindicales y se puede explorar muchas otras, pero no es asumible que centenares de funcionarios y funcionarias sean agredidos cada año por trabajar en la prisión.

A la hora de buscar soluciones no estaría de más un papel más independiente, más profesional y más activo del servicio de Prevención propio de Instituciones Penitenciarias, que hasta la fecha está ausente y no se le espera frente a los accidentes laborales fruto de agresiones al personal.

Es necesario reclamar además una intervención más comprometida de la Inspección de Trabajo frente a esta sangría que se incrementa exponencialmente.

No cabe ningún espacio para la ingenuidad como para pretender que los responsables de prisiones que miran permanentemente para otro lado ante esta situación durante años, tomen un papel activo ahora para solucionarla. El abordaje del problema debe de pasar por una intervención seria y decidida de Función Pública, si el Ministerio del Interior les deja claro.

De todas las maneras el principal agente del cambio frente a las agresiones tiene que ser el funcionario o la funcionaria de prisiones, que tiene que asumir su responsabilidad para defender su salud, su integridad física y moral, exigiendo a todos los agentes anteriores, en primer lugar a sus representantes sindicales, medidas activas e inmediatas para que se cumpla la ley y su actividad profesional tenga la prevención y protección exigidas.

La celebración el próximo 28 de abril del día mundial de la seguridad y la salud sería un buen momento para invertir este proceso de degradación que padece el personal penitenciario

Las agresiones al personal de prisiones tiene soluciones, dejar que centenares de trabajadores sigan siendo agredidos cada año es una inmoralidad no aceptable en una sociedad moderna.

¿PERMISO PARA AGREDIR AL PERSONAL PENITENCIARIO?

Ayer el BOE santificó, lo que probablemente sea la mayor agresión sufrida por el personal penitenciario, es cierto que prácticamente cada día hay alguna agresión violenta, las de palabra o gesto, son continuas, pero que quien tiene la responsabilidad y la obligación legal de velar por un trabajo seguro sea quien te excluye de la protección contra esas agresiones, es con diferencia más agresión que la que podamos sufrir en cualquier modulo.

No cabe duda que la cultura de la gestión carcelaria tiene un fuerte tufillo a rancio con impregnación de lo marginal y aliñado con el  toque de la  arrogancia y la prepotencia que da la mediocridad, pero de ahí a tratar de justificar que el personal penitenciario se queda sin protección frente a las agresiones, porque para eso ya tiene unas retribuciones superiores a las de su grupo, es sencillamente una inmoralidad que denota la catadura de quien se esconde tras estos argumentos. Saben sobradamente, que en esas retribuciones no entra ninguna agresiones, entran turnos, noches, estrés, responsabilidad, insalubridad, enfermedades infecto contagiosas, y debería de entrar el sufrir estos gestores sin corazón y sin gestión

En España, mientras no se cambie la legislación y se contraponga a la europea, el trabajador, la trabajadora, cualquier trabajador, de cualquier ámbito, tiene derecho al ejercicio de su trabajo protegido contra los riesgos del mismo, en primer lugar eliminándolos y si no es posible, evaluándolos, previniéndolo y protegiendo al fin. Y eso lo dice la Ley concretamente la 31/1995 y ninguna nómina puede cambiar eso.

Los gestores penitenciarios siempre han negado la necesidad de contar con ningún plan de prevención contra las agresiones en Instituciones Penitenciaras, lo han argumentado con el soliloquio de que para eso existe el régimen disciplinario y que se sancionan estas conductas delos presos contra el personal penitenciario. Por eso impiden que el servicio de prevención investigue las agresiones, los mismos responsables que no previenen que las agresiones se produzcan, investigan porque se han producido, es la perversión más absoluta.

Esto denota la verdadera naturaleza del problema, con esta posición nos están diciendo que el personal penitenciario no tiene derecho a la aplicación de la legislación en vigor en materia de prevención de riesgos laborales, y que tampoco tiene derecho a la protección de su salud frente a los mismos. Lo saben, pero tratan de mantener en la ignorancia al personal, ningún régimen disciplinario, ninguna sanción, cabe dentro de la prevención y la legislación de riesgos laborales. Las medidas regimentales, son eso, medidas para mantener el orden del sistema penitenciario, en ningún caso tienen nada que ver con la prevención de los riesgos del trabajo, de los que deben de ser protegidos todo el personal penitenciario.

Fruto de la insistencia de años y del oportunismo político electoral del momento, se ha producido un protocolo eufemísticamente denominado contra la violencia en el trabajo, muy básico, de mínimos, para enfrentar la creciente tendencia a las agresiones que padece el personal de la Administración General del Estado. Se cocinó a fuego rápido, había prisa por presentar medidas “para los funcionarios” durante la campaña electoral, cosas que borren cuatro años de agresiones del Gobierno contra derechos y poder adquisitivo, desde el inicio Función Pública dejo fuera a Instituciones Penitenciarias, obviamente sin el menor reparo de argumentar técnicamente ninguna razón, es difícil explicar porque el personal de Instituciones Penitenciaras no tiene derecho a la protección de su salud.

Urgía sacarlo ante el apremio electoral y consiguieron la activa complicidad de CSIF y la pasiva de UGT, con la oposición de CCOO. Porque lo que ningún firmante ha explicado es como en algo tan de mínimos y básico no se incluye a prisiones y luego se pretende hacer algo mucho más potente solo para prisiones, la palabra burla es lo menos que puede venir a la mente en estas circunstancias. Con la mayoría que les da la suma de CSIF y UGT lo aprobaron en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos y en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

Que la Administración  (sus gestores, tienen nombres y apellidos no son un ente) no le da ningún valor al trabajo del personal penitenciario es sobradamente conocido, que la salud y el deterioro por trabajar en prisiones se la trae al fresco, es reiterativo, con centros sin personal, sin salud, sin derechos y que cuando por razones del trabajo no servimos, se nos jubila (con importantes pérdidas retributivas) en el mejor de los casos y siempre al cajón de los trastos inútiles en todos los casos.

Lo que ya es más difícil de entender es como autoproclamados sindicatos, defensores del personal penitenciario, votados por el personal penitenciario, y apoyados económicamente pro el personal penitenciario, pueden votar en contra del interés más básico de ese personal penitenciario, el interés por la integridad y la supervivencia. Porque todos conocemos que hay más de 400 agresiones graves al año, que el 90% de las agresiones graves de la AGE se dan en prisiones y que el 70% de las mismas son nuestras.

CSIF y UGT nos deben una explicación, porque el personal de prisiones tenemos menos valor que el resto de personal de la AGE, porque avalan privarnos de derechos que la Ley nos otorga, porque tienen el cinismo de rasgarse las vestiduras en los centros con las agresiones si luego apoyan al Gobierno para dejarnos sin protección frente a ellas. Esperemos que sea por algo más que el hecho de no lleguen las agresiones a las sedes de estos sindicatos.

Tiene la obligación de explicarnos, y eso no es contarnos de nuevo el cuento chino de que están negociando un protocolo solo para prisiones, todos sabemos que es falso, la Subdirectora General de Recursos Humanos, ya se lo dijo claramente, no hace falta ningún protocolo en prisiones.

Frente a la inmoralidad cómplice de permitir que sigan las agresiones contra el personal penitenciario, CSIF y UGT justifican y apoyan al Gobierno excluyendo a prisiones, con lo que las agresiones se seguirán incrementando, a costa de la vida y la salud de muchos compañeros y compañeras.

¿Tendrán tragaderas los dirigentes de UGT y CSIF en prisiones de mirar para otro lado mientras nos siguen agrediendo? Tal vez el cinismo lo pueda todo y en la siguiente agresión, en el siguiente centro, sacaran su nota de protesta enérgica, contra su propia complicidad

11 diciembre de 2015

ANTE LA DEGRADACIÓN EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. ¿UNIDAD SINDICAL? ¿UNIDAD EN LOS CENTROS?...O EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA LUZ

Durante esta legislatura el proceso de degradación y deterioro de las condiciones y relaciones laborales en Instituciones Penitenciarias ha alcanzado cotas que ni los más viejos del lugar podían imaginarse.

Instituciones Penitenciarias ha comenzado el proceso privatizador, duplicando el servicio de vigilancia exterior, con unos costos de 33 millones de euros que los amiguete del lobby de la seguridad privada seguro agradecen.

En paralelo al derroche económico, también en celebraciones y conmemoraciones, han abordado un proceso de duro ajuste sobre las columnas vertebrales de un sistema penitenciario público, reducción de plantillas amortizando plazas, abandono de infraestructuras terminadas, recortes laborales, recortes de seguridad y protección del personal y un largo ectra. que justifican en un falta de dinero que parece no existe para el lobby de la seguridad privada. Tal vez de eso se trate, de deteriorar el servicio público hasta niveles que permitan entregarlo a ese mismo cartel de empresas de la seguridad.

Las consecuencias para el personal penitenciario son agudas y aumentan en intensidad con el paso del tiempo.

La carga de trabajo se ha incrementado,  a pesar del tan cacareado como coyuntural descenso de la población penal fruto de reducción de penas por tráfico y expulsión de extranjeros que no podrá amortizar el incremento que originara el reciente código penal y la innumerable relación de nuevos tipos penales, o la repercusión de la cadena perpetua (eufemísticamente prisión permanente revisable).

El aumento de la carga de trabajo, viene acompañada de situaciones que origina toda esta precariedad laboral, las agresiones al personal penitenciario tienen un crecimiento exponencial durante toda la legislatura y la única alternativa parece ser que ya están incluidas en la nómina según los gestores penitenciarios.

Las expectativas personales y familiares de cientos de funcionarios y funcionarias se esfuman, al no existir concursos de traslados, hay que decir con claridad a estos funcionarios y funcionarias, que los concursos son un derecho laboral objetivo y por tanto están supeditados a la existencia de una oferta de empleo público, salvo que se cierren instalaciones penitenciarias para favorecer dicho concurso. El déficit de plazas sin cubrir, más de tres mil, permitirá atender un concurso de traslados muy importante.

Y todo este  Armagedón penitenciario se adereza con un envejecimiento de las plantillas que nos lleva a puntos críticos de operatividad, ¿habrá quien piense en tener funcionarios de 70 años operativos en garantizar la seguridad y la reinserción en centros penitenciarios?

Este estado de cosas, todas negativas y en proceso de deteriorarse más no ha encontrado una respuesta creíble por parte del colectivo del personal penitenciario que está dividido, confrontado, indolente y hasta podría parecer que hasta cómodo con toda la basura laboral que inunda las prisiones.

Por parte de los sindicatos presentes en la mesa de negociación de Instituciones Penitenciarias, CCOO, CSIF y UGT (de los nacionalistas, presentes testimonialmente, no hay mucho que decir ni están ni se les espera) han promovido hace dos años una Plataforma en Defensa de un Servicio Público Penitenciario. En su favor cabe decir que han convocado numerosas movilizaciones en todos los centros al menos una vez durante este tiempo y han transmitido la precariedad existente a la opinión pública con bastante intensidad. Pero no menos cierto es que la participación de las plantillas, salvo centros concretos ha sido escasa como si sus problemas no fueran con ellos. Además de por las condiciones sociológicas propias de las plantillas penitenciarias, nos referiremos más adelante sobre este asunto, puede resultar un factor de desapego de la gente con estas convocatorias, factores como el que haya algún sindicato (CSIF) de esta plataforma más pendiente de dejar fuera a otros que de las propias reivindicaciones y de otra parte la incongruencia y doble moral no ayuda a hacer creíble esta plataforma, por ejemplo ante el grave problema de las agresiones, que han incluido en las últimas convocatorias, no se puede jugar con un problema tan grave, saliendo a la prensa “quejumbrosos y doloridos” en los centros cuando agreden a alguien y al mismo tiempo UGT y CSIF le firman al Gobierno para dejar fuera a prisiones de los programas contra las agresiones en la AGE.

En el otro lado el autoproclamado sindicato de prisiones o sindicato mayoritario de prisiones USO-acaip ha tenido durante esta legislatura una lamentable posición de seguidismo de la Administración y colegeo con el Sr. Yuste al que han protegido desmovilizando todos estos años y no participando de ninguna actividad reivindicativa colectiva, más allá de enfrentarse a algún director que no es de su cuerda. Siendo grave esta política para un sindicato, más grave aún es como la justifican, manifestando que como no están en la mesa (para lo que no han alcanzado los porcentajes necesarios) ellos no van a estar con quienes si están. Demostrando que para ellos es más importante su interés de sindicato que las necesidades del personal penitenciario.

Otro actor en este melodrama penitenciario es el emergente APFP que siendo minoritario y con presencia en algunas prisiones está recogiendo parte del descontento con la pasividad de USO-acaip. No han participado en ninguna movilización, han reunido a delegados y familiares en Madrid en el paso de cebra frente a la Secretaria General. A pesar de su emergencia durante los últimos 10 años es un canto a la nostalgia, pues articulan su discurso sobre los elementos de corporativismo más rancios, que son los que USO-acaip defendió y nos han traído a este estado de cosas la realidad laboral de IIPP. Su reivindicación estelar es que Instituciones Penitenciaras sea un sector y salga de la Administración General del Estado en términos de relaciones laborales, pues solo d este modo podrían sobrevivir como sindicato. Pero todos los datos indican que su petición de independencia choca con una realidad cada vez más centralizada y que no parece vaya a ser atendida. Consecuencia de su corporativismo “vintage”  hay actuaciones que chocan directamente contra las necesidades del propio personal penitenciario, como la que iniciaron para que los interinos perdiesen sus plazas de trabajo, cuestión bastante impropia de un sindicato.

Estos son los mimbres con los que se debe de articular una respuesta frente a la degradación laboral e institucional de Instituciones Penitenciarias.

Hay quien defiende terceras vías, como desarrollar actividades reivindicativas en los propios centros con independencia de lo que se haga en los demás. Las experiencias hasta ahora de estas opciones es que se abordan cuestiones que se acuerdan en otros ámbitos, que se hace desde el egoísmo de quítame mi problema y se lo paso al de al lado y que fundamentalmente no articula ninguna alternativa seria y de futuro para garantizar derechos y condiciones laborales en Instituciones Penitenciarias. Y por lo general surgen con delegados que bailan con la música que le marca el director o la directora del momento, que les utiliza para defender sus intereses como como director del centro ante IIPP.

Ante este panorama de abandono y desolación parece que quienes apuestan por dejarlo todo como esta ya tienen suficientes argumentos. Ese suele ser el sentir mayoritario del personal penitenciario que es poco proclive a lo colectivo, que enarbola la exclusividad de lo individual, de su individualidad por supuesto, y lo antepone a todas las individualidades que le rodean. Este tipo de personal suele ser el más reivindicativo en los puestos de trabajo, cafeterías o mentideros penitenciarios pero se vuelve transparente en el momento de tener que asumir alguna de sus reivindicaciones, para las que siempre tiene que haber alguien dispuesto a materializarlas, aunque sean los sindicatos que no sirven para nada.

Este compromiso con ningún compromiso de la mayoría del personal penitenciario es el que ha permitido que para los gestores les salga gratis todas las agresiones que perpetra contra las plantillas penitenciarias.

Si con esta actuación no han vapuleado y nos llevan a puntos inadmisibles laboralmente como empleados públicos, no parece ser la opción más inteligente a seguir, habrá que explicarles a estas personas que aquí o nos salvamos todo o no se salva ni dios, los transparentes tampoco.

Hay elementos alimentados por las pequeñas megalomanías corporativistas que tampoco ayudan, pretender anteponer unas categorías a otras, confrontar unas áreas a otras, enfrentar un género a otro o unos empleados a otros, no solo no tiene justificación objetiva alguna sino que además solo ayuda y favorece a los que atacan nuestros derechos.

Por todo ello si queremos cambiar, si necesitamos reivindicar, si buscamos un futuro laboral como personal penitenciario. No hay otra salida que la unidad sindical, impuesta por las plantillas, obligada por la afiliación de los diferentes sindicatos en torno a cuestiones básicas que nos afectan a todos y sobre los que no debería de ser difícil ponerse de acuerdo, sin renunciar a la defensa de las perspectivas sindicales de cada cual que no deberían de servir de coartada para eludir la obligación de trabajar por el bien común de las reivindicaciones que se acuerden, pero que básicamente podrían articularse en torno a elementos que nos unen.

PRISIONES SERVICIO PUBLICO CON EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICAS

OFERTA DE EMPLEO PARA PRISIONES Y APERTURA INSTALACIONES

CONCURSOS DE TRASLADOS ANUALES

PROGRAMA CONTRA LAS AGRESIONES AL PERSONAL PENITENCIARIO

Es momento de ver cuanta inteligencia se acumula entre el personal penitenciario, si somos capaces de imponer a los sindicatos que nos representan un camino de soluciones y no de confrontación. O si la carencia de inteligencia y los egos dejan las manos libres otros cuatro años para seguir degradando nuestras condiciones y quejarnos de nuestro “mal fario” pero no hacer nada por cambiarlo como hasta ahora.

Ese es nuestro reto, si logramos todo cambiara, sino tendremos lo que nos hemos trabajado, lo que merecemos. NADA