SI SIGUES LA ESTAMPITA TE QUITARÁN LAS 35 HORAS EN PRISIONES

 

Llevamos muchos meses, demasiados, con el personal de prisiones escuchando la cantinela de que nos van a aplicar, al igual que al resto del personal de la Administración General del Estado, la reducción de la jornada anual a 1533 horas o 35 horas semanales en conjunto anual, y seguimos como el primer día trabajando más que el resto de la AGE.

Todos dicen, los sindicatos de las mesas de negociación, los que no están en ellas, y las diferentes administraciones, que nadie va a discriminar a prisiones y que tenemos derecho a las 35 horas igual que todos los demás.

Ya durante la negociación con Función Pública el relato oficial era ese “todos a favor”, pero la negociación estando todos a favor no avanzaba, porque enseguida aparecieron los sesgos de lo que significaba ese a favor para cada uno de los actores.

CSIF en cada reunión traía nuevas propuestas para dilatar el acuerdo y presionar para negociar en la mesa de la AGE las 35 horas para el personal de la local y la autonómica, que les da muchos más votos y liberados que la AGE o prisiones. UGT (no había nadie de prisiones) enredaba con los minutos de “cortesía”, total que nadie tenía prisa en cerrar las 35 horas ni contabilizar su cómputo anual y menos aún establecer a quién afectaba.

En la última reunión de Función Pública, tenía prisa política para que el ministro anunciara la buena nueva y presionaba para que todos firmaran. Fue cuando CCOO condicionó su firma a que se incluyera a todo el personal, también en las prisiones, y se cuantificara expresamente la jornada anual de 1533 horas o 35 semanales en cómputo anual.

Se firmó en esas condiciones y con el condicionante de que en prisiones se debería negociar la adaptación del horario en una negociación en su mesa delegada.

Los gestores penitenciarios dejan pasar el tiempo y largan los plazos, con el silencio complaciente de CSIF y UGT-Acaip, fuera ya del plazo establecido en la resolución de la Secretaría de Estado de la Función Pública.

Se convoca para el 19 de mayo fuera de plazo el GT de Jornada y Horarios, con la instrucción de horario de servicios centrales y Entidad en el orden del día, no así la de servicios periféricos.

CCOO presenta una petición para que se incluyan los servicios periféricos en el orden del día; el silencio de la administración y la falta de iniciativa del resto de organizaciones sindicales dejan fuera los horarios de servicios periféricos.

La Administración defiende su propuesta en la reunión y sale adelante por acatamiento de la mayoría de la parte social.

CCOO parece ser que es la única organización que presenta una propuesta única para todo el personal penitenciario, sobre el mantenimiento del horario actual y la compensación de 15 jornadas de libre disposición. El resto de organizaciones afirman tener propuesta, pero no la presentan y defienden que es mejor para otro día, que se calendaricen las reuniones.

A día de hoy, la realidad se impone a la retórica vacía y manipulativa, al personal penitenciario, sin que nadie explique por qué no se tienen las 35 horas,  ni se demande su resolución, todo ello más allá de panfletos en redes para crear la sensación de que defienden algo en lo que no creen, como demuestra el hecho de acabar pidiendo menos de lo que corresponde a la gente.

La actividad retórica de sus delegados y delegadas en los centros y en las redes explicando que el personal penitenciario ya tiene las 35 horas, que trabajamos menos y que nos dejemos de tonterías, que están intentando que nos den algo, pero no la locura que pide CCOO con el cumplimiento de la resolución.

Todo ello ilustra que la mayoría sindical tiene un cordón umbilical con la Administración en la toma de decisiones por el cual se aplica la  política de los gestores penitenciarios, restrictiva de derechos y mejoras al personal penitenciario, no solo con las 35 horas sino con el resto de las reivindicaciones que comparten por la vía de los hechos la posición de la Administración.

No es útil ni conduce a ningún lado confrontar la realidad con el relato cínico de esas organizaciones que bloquean las demandas del colectivo penitenciario; solo sus afiliadas y afiliados pueden (y deberían) pedirles explicaciones.

Llama también especialmente la atención no solo el entreguismo de la mayoría sindical de la mesa delegada, sino otro hecho singular.

La superior jerárquica de los gestores penitenciarios, en la materia de jornada y horarios, la Secretaría de Estado de la Función Pública, en el desempeño de sus competencias, dicta una resolución en el BOE y desde Instituciones Penitenciarias se incumple y todo parece indicar que se pretende boicotear su aplicación, sin mayores consecuencias ni intervención alguna, que se sepa, del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

A modo de conclusión, deberíamos tener claro que ni la mayoría sindical ni la Administración penitenciaria quieren las 35 horas para el personal de prisiones, por más retórica para confundir que utilicen; los hechos y la realidad son concluyentes y acusatorios.

Por lo tanto, deberíamos tener claro que el personal penitenciario o defiende que el valor de su hora de trabajo se incremente en un 7%, que tenga derecho a las 35 horas semanales con una compensación de 15 jornadas que cada cual pueda disponer para mejorar su conciliación familiar, para hacer menos viajes, para estar menos expuesto a los riesgos laborales y para trabajar en mejores condiciones, mejorando el servicio público.

O lo pierde por seguir la estampita que se mueve en hábiles manos para que se pierdan esos derechos.

Me atrevo a sugerir al único sindicato que defiende esta posición en la mesa de negociación, CCOO, que debería plantearse movilizaciones para demostrar que quitar derechos no sale gratis.

Supongo que son conscientes de que en prisiones no tienen la mayoría necesaria para doblegar el brazo de la coalición de la mayoría sindical y la administración y que eso exige concitar un apoyo transversal en una reivindicación que afecta y mejora la vida de todo el personal de Instituciones Penitenciarias, incluidos los que están en contra.

Buscar el apoyo de toda la plantilla sin siglas en los centros, para que nadie se sienta incómodo o coaccionado defendiendo sus derechos, pelear centro a centro para prolongar en el tiempo la defensa de las 35 horas.

Y no debería tampoco temer buscar alianzas en esos términos concretos con otros actores sindicales que manifiestan defender las 35 horas, pero no están en las mesas de negociación.

Todo ello sin renunciar a la judicialización una vez que se cuente con los elementos necesarios para llevarla a buen término.

Defender el derecho no va de siglas; si perdemos un derecho conseguido y firmado como son las 35 horas, ya sabemos lo que pasará con lo que no tenemos firmado y si se reivindica como la profesión de riesgo y su jubilación anticipada, el organigrama, la carrera horizontal, funciones de jefes y enfermería, etc.

Debemos corresponsabilizarnos todas para que la estampita bajo la cual nos quieren quitar nuestros derechos actuales y los futuros no nos paralice y nuble la razón, hipnotizándonos en un relato contra nuestros intereses de trabajadoras penitenciarias.

Lo que no se defiende se pierde. Es responsabilidad de todas y todos. No vale pretexto para pedir que otros asuman nuestras responsabilidades como trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias.

O ponemos pie en pared, o esta situación solo será la antesala de nuevas pérdidas de derechos y de empeoramiento de nuestras condiciones laborales con independencia del Gobierno de turno.

AL FIN, AGENTES DE LA AUTORIDAD. ¿Y AHORA QUÉ?

 

El pasado 11 de junio el pleno del Congreso de los Diputados aprobó por una muy amplia mayoría la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, para el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

Más allá de la infantil de decrepita lucha sindical de siglas por apropiarse del resultado de la votación, que han decidido con total independencia y de acuerdo a sus interés políticos los grupos políticos del Congreso.

Lucha que pone de relieve el alcance del bagaje de la gestión sindical que concentra toda su propaganda en un tema que hace tiempo es fruta madura y que no sea recogido antes por los juegos de los partidos políticos y el control sobre las reivindicaciones del personal penitenciario  que ejercen los partidos.

Al margen de evidenciar ese secuestro del futuro laboral del personal de prisiones y, de cómo los sindicatos se han convertidos en correas de transmisión de los intereses de partidos y no de la defensa del personal penitenciario. Lo irrefutable es que se pone fin a un anacronismo intolerable y jurídicamente insostenible.

No cabía prolongar durante más tiempo la chirriante situación  de  que, quienes actúan en nombre del Estado, en el cumplimiento de la ejecución penal en las Instituciones Penitenciarias no sean agentes de la autoridad.

El texto acordado cumplimenta los principios básicos de las atribuciones de los agentes de la autoridad, presunción de veracidad, protección jurídica, derecho indemnización, derechos protección integridad en detención o ingresos penal. Asimismo logra un hito muy significativo como es la asimilación del personal laboral a los derechos de protección.

Desde siempre se ha vinculado el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a la lucha contra las agresiones al personal penitenciario y su protección.

Mi impresión es que se ha centrado en esta cuestión la herramienta contralas agresiones, por falta de un conocimiento de las dinámicas y naturaleza que las origina y sobre todo, por un total ausencia de capacidad de presentar alternativas reales más allá de los eslóganes politizados, que en ningún caso afrontan las causas de la pandemia de agresiones.

Una revisión de experiencias similares orientadas a limitar las agresiones al personal por la vía de incrementar las medidas punitivas, no indica una correlación con la disminución de las mismas.

No parece de esperar que este reconocimiento de agentes de la autoridad sea un factor que modifique la tendencia a una elevada tasa de agresiones al personal penitenciario.

El reconocimiento es una medida necesaria y que llega muy, pero muy tarde, pero que va más dirigida que la prestación del servicio no ocasiones daños adicionales al personal penitenciario y por otro dotar del principio de legalidad a las actuaciones de los funcionarios en nombre del Estado.

El reconocimiento de la condición de agente de la autoridad para las funcionarias y funcionarios de Instituciones Penitenciarias es una buena noticia, pero no parece el momento de descorchar el champan como pretenden hacernos creer quienes nos representan, seria necesario acompañar con cambios reales, protección frente a las agresiones, la jubilación anticipada o las 35 horas, entre otras

MASS MEDIA Y DAÑO REPUTACIONAL DEL PERSONAL PENITENCIARIO

 

Con cada vez mayor frecuencia e intensidad, se produce una deriva “comunicativa” en referencia al mundo penitenciario centrada en el morbo, lo truculento y cualquier elemento donde la sordidez sea la protagonista.

Aunque esa especial sensibilización de los medios hacia el espectáculo y el amarillismo está bastante extendida, incluso entre medios “serios y respetables”. Es cierto que la especialización, reiteración y la transversalidad del show carcelero se concentra entre medios que tienen una línea de actuación muy especializada en esa forma de tratar la noticias.

Estos medios convergen en su línea de actuación, caracterizada por varios elementos comunes: la realidad debe de ajustarse al guion, mensajes simplones y emocionales, confrontar con los hechos manipulándolos, creación de desinformación para que invisibilizar la realidad frente a los bulos, utilización de sentimientos personales orientando la beligerancia y la confrontación, deshumanización de las personas, cuestionar la legitimidad de las instituciones.

El medio penitenciario es una fuente poderosa para desarrollar esa estrategia, pues los desajustes y las incidencias forman parte de la cotidianidad de su propia naturaleza.

La reiteración de programas donde se utilizan esas técnicas, con la presencia de “victimas”, “testigos” y un popurrí de datos sin contrastar, se centran en culpabilizar de cualquier hecho real o creado, con mentiras directas, medias verdades y mucha desinformación, al personal penitenciario y al sistema penitenciario como institución.

El publico de estos medios esta especialmente predispuesto para cubrir su necesidad de sensacionalismo y morbo por lo que asimila con fe estos mensajes de un modo natural y acrítico.

La indignación del colectivo penitenciario sobre todo lo que se vierte en este tipo de programas es algo con lo que cuentan quienes crean estos espacios, porque así consiguen involucrarnos y, que alguien  se erija en defensor de los ofendidos y manifieste lo mal que se está en prisiones, que el funcionario era inocente, o que la culpa es del ministro o del Gobierno, o cualquier otra benevolente ocurrencia.

Sin duda lo que apetece cuando se visibiliza tanto desvarió infundado y gratuito es desmelenarse y salir a batallar en el escenario del medio de turno, hay ocasiones que eso pasa, muchas veces mas por la necesidad de afirmación personal que por la solvencia de la defensa. En su descargo hay que decir que da igual lo que digan o como lo hagan, el guion esta establecido y la verdad no importa.

Quedarnos de brazos cruzados no parece ser una alternativa razonable frente a tanto despropósito, aunque hoy en la época de la desinformación masiva, no hay certezas, siempre se debería explorar la vía judicial y, sobre todo reclamar que la Institución tenga la decencia de defenderse y sobre todo, defender a los que digna y abnegadamente la sirven.

Hay quien pueda pensar que estas excentricidades mediáticas responden a necesidades de conseguir la mayor porción posible del target, incrementando su audiencia y consiguientemente sus ingresos económicos.

Pero hay elementos que insinúan que sus intereses además de los económicos, son mas amplios.

Un seguimiento de esos medios permite descubrir, que sus dueños están ubicados en un espectro político que cuestiona el actual sistema democrático y constitucional.

Que se reivindican como la necesidad de liquidar el Estado (no se refieren a amamantarse ellos de él) eliminando los servicios públicos por innecesarios e insostenibles.

Que transmiten al funcionariado como una casta de privilegiados consumiendo unos recursos excesivos que no dan utilidad alguna y con unos privilegios que hay que erradicar.

Por tanto, el daño reputacional al modelo penitenciario y al personal de prisiones, no tiene nada que ver con un incidente concreto o una forma de gestión concreta.

Es algo intencional, que a corto plazo busca réditos políticos, probablemente entre los responsables de las instituciones, pero que más allá lo que realmente buscan son resultados más sustanciosos.

Un cambio de modelo penitenciario por otro más punitivo, privatizado, donde el delito sea un factor generador de beneficios para los propietarios del sistema y en el cual los funcionarios sean expoliados de derechos y salarios.

El daño reputacional contra el personal de prisiones tiene como fin determinante, fijar en la conciencia colectiva la idea de que somos una rémora para la ciudadanía, que somos prescindibles y que se puede hacer “mejor” las cosas gastando menos del contribuyente en un servicio público ineficiente.

Por tanto, contribuir a alimentar estos shows, es un tiro directo a nuestros intereses como ciudadanos y como empleados públicos.

Lo que suscita una pregunta, que será necesaria resolver en su momento, y es que, si las intervenciones en nombre del colectivo se producen por protagonismo y vanidad o, si hay casos que son intervenciones convergentes para reforzar estas estrategias de demonizar lo público, a los empleados públicos y facilitar que el bisturí se aplique contra los servicios públicos con un apoyo desde dentro.

En esta situación contra el modelo penitenciario, contra los servicios públicos y contra su personal, lo único sorprendente es la actitud del Ministerio del Interior y de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, que exhiben sin pudor una indolencia e indiferencia absoluta para defender la reputación del personal penitenciario que garantiza en unas condiciones laborales deficientes el funcionamiento del sistema penitenciario y produce beneficios sociales de servicio publico penitenciario

 

 

EL MITO DE QUE LAS AGRESIONES AL PERSONAL PENITENCIARIO SON INEVITABLES

 

Sin lugar a dudas la violencia en el trabajo que se manifiesta en un crecimiento continuo y exponencial de las agresiones al personal penitenciario es un fenómeno recurrente en los centros penitenciario españoles.

La violencia en el trabajo responde a factores multicausales desde los cambios culturales y sociales que se producen en la sociedad, hasta elementos intrínsecos de las relaciones laborales y de la organización del trabajo.

La organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el trabajo como “aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio y el trabajo, con la implicación de que se amenace explícita o implícitamente su seguridad, bienestar o salud”.

Las prisiones como organización cerrada refuerzan esas dinámicas e incorpora otras características de su propio modelo, no ha existido una preocupación por el estudio de la causalidad y de la casualidad de las agresiones a las trabajadoras y trabajadores en el medio penitenciario.

No obstante, si existen aproximaciones empíricas que permitan trazar una geografía de la causalidad del problema, que en términos de salud se situaría a nivel de pandemia entre el personal penitenciario.

En primer lugar, el empresario, la administración penitenciaria, a través de sus gestores ha manifestado una secular indiferencia ante la problemática laboral y de salud que representan las agresiones.

Desdeñando su gravedad, cuestionando su prevalencia y rechazando sus consecuencias lo que se materializa que desarrolla una política “preventiva” totalmente nominalista de carácter burocrática sin ninguna incidencia ni el as causas ni en la prevención. Lo que es un factor para que las agresiones pervivan y se incrementen.

En segundo lugar, las agresiones guardan una directa relación con factores de la organización del trabajo en las instituciones penitenciarias, factores tales como: la carencia de asistencia sanitaria primaria, la falta de atención a las patologías mentales, la falta de personal, entre otras.

Para Instituciones penitenciarias las agresiones no son una problemática de salud laboral, sino incidentes/accidentes regimentales, lo que tienen una singular relevancia, porque con ello dejan sin los derechos legales de prevención y protección de la salud laboral al personal penitenciario frente a las agresiones.

La actuación de negar el problema de las agresiones, para no evidenciar la incapacidad de gestión de los riesgos, en la Administración Penitenciaria española, tiene graves consecuencias para el personal penitenciario.

La siniestralidad laboral del personal penitenciario es de las mayores de la Unión Europea, y dentro de esta siniestralidad, las agresiones representan un porcentaje mayoritario.

 

Dentro de la Administración General del Estado (AGE) las agresiones físicas al personal, las producidas en la Administración Penitenciaria representan el 90% del total de agresiones físicas de la AGE, cuando la plantilla penitenciaria representa el 13% del conjunto de los empleados y empleadas públicas de la Administración del Estado

Existe la creencia generalizada de que en ciertas ocupaciones es inherente un cierto grado de violencia o que ésta es impredecible, como una parte misma del trabajo. El trabajador asume el riesgo de sufrir actos violentos, lo que puede conllevar la pasividad o la imposibilidad de hacer algo.

Por otro lado, creer que la violencia en el trabajo es aleatoria e impredecible puede llevar a considerar que los programas preventivos son innecesarios. Por el contrario, muchos actos violentos pueden ser prevenidos. La violencia requiere de un enfoque integrado de prevención de conductas y de atención reparadora a las víctimas.

Las causas de este incremento de las agresiones en Instituciones Penitenciarias son múltiples y se retroalimentan entre sí

Las agresiones en las Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, tiene causas multifactoriales y por ello su abordaje debe de realizarse desde diferentes perspectivas preventivas y organizativas, entre toras la falta de personal, la mala clasificación, la falta de sanidad penitenciaria, las patologías mentales…pero sobre todo la negación de las agresiones como un hecho que cuestiona el propio modelo penitenciario

El PEAFA es un factor potenciador de las agresiones, porque las blanquea, las oculta y, sobre todo, porque las deja sin prevención alguna, se puede decir sin temor a equivocarse que los datos demuestran que las agresiones han crecido con mas intensidad durante la vigencia del PEAFA

El PEAFA ha visto la luz gracias al apoyo sindical y sigue en vigor porque los firmantes han sido incapaces de pedir su derogación ante el fracaso que ha significado para el personal penitenciario

CSIF y ACAIP-UGT deberían de replantearse y tener el valor de la autocrítica para reconocer las consecuencias que ha tenido para la violencia en el trabajo y para el personal de prisiones la existencia del PEAFA.

Insistir en mantener este protocolo travestido por una nueva revisión, donde la prevención y la Ley quedan fuera, es insistir en que el personal penitenciario siga teniendo agresiones sin ninguna medida preventiva frente a ellas.

Hay que ser claros, las agresiones en prisiones no son inevitables, ni tienen el carácter de una plaga bíblica, se produce porque la gestión de los riesgos laborales por parte del servicio de prevención y la propia secretaria general de instituciones penitenciarias como responsable máxima, es totalmente ineficiente.

La realidad demuestra que cualquier sector donde existe una política preventiva que responda a los riesgos laborales del mismo, los siniestros, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales decaen intensamente.

Que las prisiones españolas estén a la cabeza europea en agresiones no es casualidad, ni se debe a circunstancias insoslayables, todo radica en la indiferencia de la Administración frente a las consecuencias de la violencia en el trabajo contra el personal penitenciarios y consecuentemente en cómo se desarrolla una política de riesgos formal sin ninguna intención ni medida practica para atajarlos.

Las agresiones se pueden evitar, hay que comenzar reduciéndolas progresivamente mediante medidas legales, y organizativas que las prevengan y las eviten.

AGENTES DE AUTORIDAD, AUTORITARISMO Y MODELO PENITENCIARIO

 

La reciente votación de toma en consideración de Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, presentado por el PSOE. Ha traído nuevamente al centro del debate político y social el mundo de las prisiones.

Y centralmente la cuestión si esta medida incrementa la capacidad punitiva y el autoritarismo de modelo penitenciario español, donde desde algunos sectores progresistas se cuestiona la propuesta porque choca con el posicionamiento de organizaciones no gubernamentales en defensa de los presos

Es necesario comenzar aclarando cuestiones muy básicas, que permitan enmarcar la propuesta en su dimensión jurídica, además, de en el plano social y político.

La ejecución pena es una competencia exclusiva del Estado, es la manifestación de la potestad punitiva estatal mediante mecanismos que aseguren el cumplimiento de las sanciones impuestas en la sentencia y la misma se desarrolla efectivamente por el personal penitenciario en el desempeño de sus funciones.

En este punto es obligado recordar unas breves palabras sobre a la naturaleza del Estado, donde se otorga mediante un proceso de legitimización el monopolio de la violencia, es decir mediante sus normas estable la obligación de su cumplimiento a los sujetos dependientes del mismo. Por lo tanto, el Estado es autoritario y coercitivo a través de las leyes y de los sujetos que velan el cumplimiento de las mismas.

No hay ninguna duda, la prisión es una parte del Estado que se define por su carácter punitivo y autoritario en el marco de la legalidad establecida, vincular un aparato punitivo del Estado con el autoritarismo es una obviedad en sí misma.

Un agente de la autoridad es un funcionario que ejecuta órdenes de la autoridad o actúa en representación de esta. Aunque nadie duda del ejercicio de autoridad que los funcionarios de prisiones, especialmente los dedicados a la vigilancia y observación de los internos, han de ejercer en el interior de los Establecimientos Penitenciarios, lo cierto es que ninguna norma les concede rango de agentes de autoridad.

Esta anomalía de ejercer en nombre de la autoridad del Estado la ejecución penal y no tener reconocimiento normativo alguno sobre la misma, genera constantes disfunciones en la actividad penitenciaria, entre ellas.

La pérdida de autoridad debilita la propia reinserción, la seguridad del establecimiento, la capacidad de intervención del Estado y es un factor que correlaciona con el incremento de las agresiones al personal

Sin la seguridad jurídica de ser agente de la autoridad, la actividad del Estado, a través de sus funcionarios queda en cuestión permanente, haciendo inoperante el modelo, impidiendo la salvaguarda de derechos fundamentales, como el de la integridad de la población reclusa baja tutela y custodia, la violencia entre la población reclusa es un hecho recurrente

Elementos no menores, son los daños materiales en el ejercicio de sus funciones que sufren los funcionarios en su actuación profesional y que no tienen ninguna garantía por parte del Estado. Por tanto, el principio de indemnidad, recogido en la proposición de ley es muy importante.

En definitiva, en el ámbito jurídico nos encontramos ante la necesidad de regular normativamente, una realidad sustanciada en las funciones otorgadas al personal penitenciario y que durante muchos años las sentencias de los tribunales vienen reconociendo.

En el ámbito de lo social y lo político, también es necesario hacer algunas consideraciones que inciden directamente en la necesidad de otorgar la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones.

Aunque es una obviedad debo de comenzar recordando que uno de los aciertos de la transición ha sido el cambio de un modelo penitenciario de la dictadura orientado a la retención y pena de la población reclusa, por uno moderno orientado a la reinserción social.

Es preciso destacar que, aunque las normas, la primera ley orgánica fue la penitenciaria, iban en la buena dirección, hubiera sido impensable su ejecución sin la participación activa del personal penitenciario. Gracias a ello el modelo penitenciario constitucional español, hoy, se encuentra entre los de más éxito del mundo.

El personal penitenciario es la columna vertebral sobre el que pende el éxito o el fracaso del proceso de resocialización y reinserción, ha sido un agente de cambio y modernidad durante muchos años en circunstancias más que difíciles.

Señalarlo y cuestionarlo colectivamente para poner en duda como aplicara la nueva norma, además de injusto es de una miopía política absoluta. Nadie afirma que los funcionarios de prisiones individualmente seamos “seres de luz”, y por supuesto que se debe fiscalizar el desempeño, pero no hay la menor duda tampoco que somos el colectivo funcionarial o profesional más fiscalizado de todo el Estado.

La tutela permanente de los juzgados de vigilancia penitenciaria. La presencia sobre el terreno, diariamente, de cientos de organizaciones no gubernamentales. La intervención permanente de la oficina del defensor de pueblo. Así como la del Comité Europeo para la prevención de la tortura. Además de todos los derechos legales establecidos en nuestro ordenamiento para garantía de los derechos de la ciudadanía y contra los desvíos de poder, son una garantía muy importante sobre cómo se trabaja en las prisiones españolas.

No tengo dudas sobre la actividad del servicio público penitenciario, por lo que no debería ser un problema reforzar las garantías del Estado de derecho en la actividad penitenciaria, por ejemplo, dotando al personal de cámaras individuales.

Lo que daría un refuerzo en dos direcciones, visibilizaría las condiciones tan desmamparadas de la actividad profesional penitenciaria, y de como se producen agresiones como norma en la rutina de la misma. Y al tiempo, permitiría verificar como se cumple la Ley en el desempeño de esa actividad, curiosamente se produce una extraña coincidencia entre sectores negacionistas y revisionistas del modelo penitenciario constitucional y los propios gestores de la administración, que tratan de ocultar por todos los medios las vergüenzas de su gestión.

En estas condiciones sembrar dudas colectivas no es aceptable, y las deviaciones de poder individuales que se puedan producir, tienen que ser tratadas de acuerdo a la Ley, que además de ser sentenciadas como agente de autoridad también se refuerza la condena.

Por ello reconocer la condición de agentes de la autoridad no solo es dar carta de naturaleza a una realidad, asimismo, es un refuerzo de los instrumentos para garantizar los derechos de reinserción de la población reclusa.

La privación de la libertad de las personas es un asunto muy serio, en el que no debe de hacerse ningún tipo de concesión al postureo político, resulta muy difícil de creer de quien forma parte del Gobierno critique que éste no hace lo que tiene que hacer en las prisiones, y además curiosamente sea un elemento de distracción de algo que se considera tangencial como es el reconocimiento de la realidad de la actividad profesional del personal penitenciario.

Defender el modelo constitucional penitenciario, defender la reinserción exige compromiso y coherencia. No se puede poner en cuestión la condición de agente de la autoridad en el desempeño de sus funciones por parte del personal penitenciario, bajo la coartada de la reinserción y al mismo tiempo permitir que durante años, se produzca una permanente ofensiva contra la misma desde el propio Gobierno

·         📌  Defender la reinserción no es defender privar de derechos al personal penitenciario, ni preventivos sobre sus riesgos, ni de manifestación y huelga.

·      📌 Defender la reinserción es defender con actos visibles, el derecho de la población reclusa a la atención sanitaria, de la que actualmente está privada.

·       📌 Defender la reinserción es defender que las cárceles no son manicomios sin psiquiatras, la crueldad sistémica actual con las personas con patología mentales es absoluta.

·        📌  Defender la reinserción es defender a las presas para que tengan los mismos derechos y posibilidades que la población reclusa masculina.

·      📌  Defender la reinserción es poner los recursos adecuados para el tratamiento y la intervención, no callar frente a la privatización del mismo a través de ONGs que viven del presupuesto del estado, con su personal en precariedad absoluta, para que el estado no asuma sus responsabilidades legales. El Tratamiento penitenciario no puede seguir siendo un negocio

Sobre estas cuestiones y otras que ponen en entredicho el sistema penitenciario, hay un atronador silencio de los defensores nominalistas de la reinserción.

La vocación de los sectores progresistas de enrocarse en consignas vacías mientras se inhiben ante el asalto al Estado por parte de fuerzas regresivas, tiene consecuencias, y ponen en cuestión el modelo penitenciario constitucional y la propia reinserción.

Apostar por defender la reinserción significa en prisiones apostar por progresar con soluciones a los problemas reales, las retoricas doctrinales calmaran la conciencia, pero abren puertas y ventanas a la involución de las políticas penitenciarias.

No hay más tiempo para la liturgia de la retórica autocomplaciente. Hoy toca defender el modelo penitenciario constitucional, defender el derecho a la integridad del personal penitenciario, defender la reinserción

EL VOTO BOTADO DE #SOSPRISIONES

 Durante este año se han celebrado todo tipo de elecciones, locales, autonómicas, generales y las propias sindicales en la Administración General del Estado de la que forma parte Instituciones Penitenciarias.

Todas ellas sin ninguna duda tienen un impacto sobre las reivindicaciones y condiciones laborales del personal penitenciario

Pasados los momentos de la propaganda electoral que se antepone a la realidad y los hechos, puede ser una ocasión para reflexionar sobre como pueden afectar estos procesos al futuro laboral en prisiones

Desde los anteriores procesos electorales, donde en prisiones apareció, con una significativa relevancia, electoralmente un movimiento sindical anti-establishment que en estos cuatro años ha centrado su activismo sindical en algunos elementos básicos 

• Ø  Ataque a cualquier negociación o acuerdo del sindicalismo tradicional e institucional
• Ø  Focalización radical y política de sus reivindicaciones, en el Ministro del Interior, con nula confrontación con las direcciones de los centros y testimonial con los gestores penitenciaros de la SGIP
• Ø  Acoso personal, desde el insulto y la descalificación personal a delegados y delegadas de los sindicatos representativos
• Ø  División de las plantillas y cuestionamiento del personal que no seguía sus mandatos
• Ø  Correa de transmisión de las estrategias políticas de partidos de oposición al Gobierno
• Ø  Instrumentalización de demandas colectivas del personal penitenciario en beneficio de los dirigentes de su sindicato

En definitiva, un sindicalismo construido desde el extremismo y la radicalidad, ajeno de los ámbitos de la negociación colectiva y confrontando la propia interlocución por no estar ellos, que apuesta por cuanto peor para el colectivo mejor paras ellos, denostando las mejoras que se producen, con consignas maximalistas que niegan cualquier posibilidad de avance hasta que ellos alcancen la tierra prometida.

Lógicamente con esa estrategia se han opuesto a todos los procesos de negociación, a todas las propuestas y mejoras de los sindicatos representativos y al marco legalmente establecido de negociación y representación.

Con esa perspectiva han pretendido vincular su instrumentalización política a el logro de sus propuestas mesiánicas.

Un ámbito de representación sindical propio en prisiones, donde olvidan el marco legal de estas modificaciones donde los sindicatos representativos tienen algo que decir, que no es orgánicamente sostenible tener 17 ámbitos propios en la AGE, que esa opción no es contemplada como algo viable por la mayoría de las organizaciones políticas parlamentarias, como así acreditan los programas de las ultimas elecciones. Y la mas importante, que tener ese ámbito propio no garantiza ninguna mejora, ni capacidad de cambio.

El otro eje sobre el que construyeron su relato mágico, es la equiparación, planteamiento que en primer lugar, cuestiona el marco constitucional del estado de las autonomías que establece competencias propias para las mismas, pretender suprimir esas competencias del Estado no está al alcance de un grupo marginal, por otra parte, no dicen que salvo vigilancia el resto del personal saldría perdiendo, y tampoco dicen con quién equiparase o que hacer cuando la autonomía cambia las condiciones de su personal nuevamente. Pero sobre todo no dicen que cuando iniciaron su andadura lo hicieron pidiendo una mejora salarial de 100 euros, ampliamente superada por los acuerdos de los sindicatos representativos.

Con esa mochila por parte del extremismo sindical en prisiones, se realizaron las elecciones sindicales en la AGE, participan a pesar de decir que ellos no son AGE la coherencia por delante y sus resultados lo dejan todo meridianamente claro, obtienen el 16% de apoyo de la plantilla penitenciaria y menos de un 5% de representatividad entre el personal de la AGE.

Consecuentemente ni en el plano de la mera hipótesis especulativa puede contemplarse que el 16% imponga su modelo sindical al 84% restante, ni en una república bananera sería posible tal atropello.

Por otro lado, la estrategia, mas que dudosa, de que lo que ellos no podían conseguir convenciendo al personal penitenciario, se lo iban a conseguir los partidos para los que trabajaron durante estos cuatro años también parece tambalearse, puesto que estos partidos no parecen tener opción alguna de conformar Gobierno.

Todo cuanto antecede es para reivindicar el derecho colectivo de #sosprisiones a mejorar las condiciones laborales con independencia de quien Gobierne, o quien tenga la representatividad del colectivo.

Afortunadamente, gracias al ordenamiento jurídico que algunos cuestionan, cada una de nosotras tenemos derecho a tener nuestras propias filias y fobias políticas o partidistas que personalmente nos apetezca, pero vincular como sindicato, como se ha hecho, el destino laboral de un colectivo a partidos o ideologías concretas es hipotecar y arruinar cualquier reivindicación del personal penitenciario a medio plazo.

Porque ahora en el actual escenario, la tierra prometida, el nirvana de la equiparación o del sector no parece estar en el horizonte más cercano y, habrá que seguir negociando, luchando por mejorar laboralmente, porque los recortes que se aproximan no nos afecten, por proteger nuestra salud, nuestra conciliación familiar. En definitiva, porque el marco de la institucionalidad de las Instituciones Penitenciaras no se manifieste de espaldas a su personal.

Y en ese escenario tres o cuatro mil compañeras y compañeros, de este maravilloso colectivo de 25 mil trabajadoras y trabajadores de prisiones, no tendrán una expresión sindical que canalice sus reivindicaciones porque, aunque la representatividad negociará para todas y todos, no lo hace con los presupuestos de todas y todos, sino con los que han obtenido ese respaldo en las urnas.

Todo parece indicar que el haber botado el voto situará a ese sector del colectivo más aún que hasta ahora, en la inoperancia y la marginalidad de aportar mejoras al colectivo, seguirán intentando crear división, faltando al respeto, poniendo deberes a los demás, pidiendo que se negocien sus reivindicaciones por quienes han ganado la representatividad con otras reivindicaciones.

Afortunadamente los acuerdos en Instituciones Penitenciarias son para todas y todos (pueden no ser así) y seguirán disfrutando las mejoras como la subida salarial del Acuerdo Siglo XXI que tanto han combatido para impedir su aplicación

Botar el voto, tiene consecuencias, es una responsabilidad individual que hay que asumir. No se pueden transferir la responsabilidad de nuestros actos a terceros.

EL COEFICIENTE CERO EN PRISIONES

 Ya hace cinco largos años que, desde Alhaurín, entre bailes tribales y campings reivindicativos, “aparecía espontáneamente” un movimiento reivindicándose como regenerador del mundo sindical penitenciario, frente al abandono que sufría el colectivo por la desidia y falta de capacidad del sindicalismo institucional y representativo.

Prometieron esperanza entre un grupo significativo del personal penitenciario, la ilusión de una tierra sindical prometida, no solo para lograr mejoras nunca vistas en prisiones, sino para gestionar las reivindicaciones de un modo más eficaz y, también más directo y participativo.

Iniciaban su andadura sindical, cobijados bajo el paraguas de las acciones de los que ellos llaman legítimos, y con razón, pues tienen la legitimidad de la Ley, y por eso son representativos y ejercen el derecho a la negociación colectiva.

Ya desde el inicio dejaron claro cual era su objetivo y razón de ser, señalando el centro de su actividad y critica en los sindicatos, travestido siempre con el barniz de ser un movimiento a sindical, que se atribuye solo mejorar las condiciones laborales que negocian los sindicatos.

Participaron en manifestaciones, concentraciones y a su manera en la primera huelga convocada en prisiones, siempre cuestionando la actividad sindical, subiendo la apuesta que exigían que cubrieran los otros, e intentando dividir y confrontar a las plantillas. Con un único objetivo debilitar la acción sindical de los sindicatos representativos, como, por ejemplo, durante la huelga, exigiendo que fuera indefinida, planteando otra reivindicación ajena a la convocatoria de la misma, como fue la equiparación, o haciendo cajas de resistencia paralelas a las oficiales.

Se sigue esperando, con mucha paciencia, que algún día aprendan a convocar y organizar una huelga, lo cual está más que en cuestión dada la insolvencia sindical que acreditada entre lo que dicen y lo que hacen

Repetían que solo existía un objetivo en todas estas acciones, la “pretensión de mejorar la acción sindical de los sindicatos”, pero la práctica y los hechos decían lo contrario, que era debilitar y hacer fracasar sus iniciativas para poder atacarlos y tratar de eliminarlos, aunque fuera haciendo el juego a los intereses de la SGIP.

Nunca han tenido ningún reparo en anteponer sus intereses particulares a los de las plantillas, lo demostraron otra vez más en su puesta en escena de su proyecto de estatuto, donde entre otros muchos derechos sacrificaban el de la salud laboral o la negociación colectiva, a cambio de tener una silla junto al Sr Ortiz, y que al final solo sirvió para hacer política de partido de oposición al Gobierno al que lloran que no les abandone.

Ciertamente impusieron su férreo control al resto que se “ilusionaron” con ese presunto proyecto de cambio y transformación y, lo que era evidente para todo el mundo, salvo para entregados adeptos, tomo cuerpo, porque siempre fue una etapa del objetivo la conversión del movimiento en sindicato.

La paradoja y el devenir como organización sindical contraria a los sindicatos, siguió la línea continuista y folclórica de cero resultados, más fotos con diputados opositores, concentraciones extremadas para hacer ruido, iniciativas parlamentarias contra la mayoría del Congreso y toda una carrera de lo que denominaron “visibilizar al colectivo”. Como si los miles de manifestantes, cientos de concentraciones, centenares de reuniones con congresistas, senadores, alcaldes, miles de notas de prensa, encierros, de los sindicatos representativos no hubieran existido.

La experiencia de estos cinco años ha demostrado con sus actos que son una alternativa, la alternativa a la realidad y a los hechos objetivos. Han sido capaces de construir una realidad paralela que permita cohesionar su parroquia, donde establecen un fetiche, al que han puesto el nombre de “sector”, y con ello justifican su incapacidad para lograr ningún resultado ni mejora para el personal penitenciario, dejándolo todo a la esperanza de la tierra prometida de la sectorización, que sustentan en la “especialización” del colectivo penitenciario, pero entendida a su manera, dejando fuera de prisiones al personal laboral, y fuera de su “especialización” al personal de oficinas, de área mixta, sanitarios o tratamiento, seguro que acaban expidiendo carnés donde solo serán penitenciarios los “patas negras” que ellos bendigan, previa rigurosa devoción a sus ocurrencias.

Anteponer las necesidades y los derechos del personal penitenciario esperando promesas de un futuro que nunca llegará, se realiza con las técnicas de pensamiento único más extremista, descalificación y acoso de los sindicatos representativos, la mentira como eje central del discurso y siempre buscando alimentar la división y la crispación donde esperan tender sus redes.

Realmente no les gusta nada el marco jurídico y legal existente, no les gusta nada el modelo de negociación colectiva, prefieren ejercer el derecho de súplica. No les gusta nada la LOSL y la representatividad electoral, como tampoco les gusta el servicio público penitenciario Constitucional (probablemente no les gustan los servicios públicos), ni que las mujeres presten su servicio en condiciones de respeto a su derecho a la igualdad absoluta en los centros penitenciarios. Definitivamente no les gusta nada que no sean ellos y sus intereses

Su proyecto de futuro es una regresión a un pasado anterior a 1978, que elimine el paso de la Constitución tras los muros de las prisiones, los derechos de los trabajadores, o la aplicación de las reglas internacionales en las penitenciarias.

Lo cierto es que su dedo de manipulación no puede ocultar el sol de la realidad, una realidad marcada porque quienes tenían la varita mágica para las mejoras y que se ha visto no era una varita sino unas pesadas cadenas que no han permitido ningún avance para los penitenciarios, han dividido al colectivo haciéndolo más débil reivindicativamente.

Lo vuelven a hacer ahora con el Acuerdo Retributivo para todo el personal penitenciario, donde se vuelven a instalar en la negación de la realidad, que no es otra de que es la mayor subida económica para prisiones.

La alternativa que ofrecen a subir las nóminas, es no subirlas y esperar a que ellos “negocien”. Es ridículo y, quedan desenmascarados, cuando jalonaban que no habría acuerdo y no habría subida, o como ahora que intoxican para decir que no se cobrara

No quieren mejoras para el colectivo. Solo quieren votos, para sus sueños y ansias en busca de la silla perdida.

Definitivamente son un factor negacionista de la realidad y. con ello de las mejoras laborales, lo que no impide que presuntos expedientes se conviertan en mandos de libre designación. No hay que ser injusta y se les debe de reconocer importantes aportaciones a los intereses del colectivo, como el desfile de la cabra por la Gran Vía Madrileña, o los aguerridos gritos de marlasca chúpamela en la calle Alcalá. Actos que por sí solos ponen al colectivo ante la ciudadanía, en el descredito y la marginalidad más extrema.

A pesar de la mentira, de no tener ningún proyecto de futuro para prisiones, a pesar de confrontar con los trabajadores y con los sindicatos y de servir de parapeto al sindicalismo de empresa se continúan reivindicando orgullosos de ser el coeficiente cero en prisiones.

Porque han demostrado que todo lo que tocan lo multiplican por cero, y siguen prometiendo para seguir multiplicando por cero todo el tiempo, alzan la voz de su retórica histriónica para multiplicar por cero sus conocimientos sindicales y acreditar que no son una reivindicación sino una plataforma de intereses particulares.

Frente a los compromisos y los hechos de mejorar las condiciones laborales y las nóminas del personal siempre habrá un espacio para ser "anti-institucional", un espacio para el desahogo individual y los egoísmos particulares.

Y boicotearan todo, siempre con la tranquilidad de que por mucho que multipliquen por cero su "realidad" penitenciaria, habrá quien con seriedad y rigor lograra las mejoras, todas las mejoras salen de los mismos, son a los que se les vilipendia, insulta, son quienes resuelven el resultado cero del odio y la división aportando hechos y resultados, como han demostrado con el último Acuerdo, o con derechos como la segunda actividad, los horarios, la salud laboral y en definitiva todos los derechos que el coeficiente cero disfruta y exige tan placenteramente, desde el negacionismo y la marginalidad 

Quienes suman en torno al coeficiente cero son el caballo de Troya de la Administración contra el progreso y el bienestar del personal penitenciario, siempre prestos en pleitesía con las direcciones, raudos para unas relaciones laborales piramidales que den privilegios no regulados a minorías sobre la privación de los mismos a las mayorías.

Pero ante el camino más corto para perder derechos de los que lo multiplican todo lo que tocan por cero, siempre la mayoría estamos a tiempo para reivindicar la realidad de los hechos y el compromiso del trabajo por la reivindicación, desde el respeto y la verdad

PRISIONES, EL MEJOR ACUERDO POSIBLE, HISTORICO, SIN DUDA

 Hemos empezado el mes con la agradable sorpresa, de que la siempre soñada mejora retributiva para el personal penitenciario, veía la luz con el Acuerdo Marco para la Modernización de la Administración del Siglo XXI que firmaron UGT y CCOO con el Gobierno

No ocultare que reinaba en mi interior la incredulidad y el desencanto de lo tantas veces anunciado, de tantas cifras manoseadas, de fechas inconclusas y también de escuchar cada día en mi puesto de trabajo que era otra milonga de los “sindicatos”

Hemos pasado de los que se cuestionaban todo, de quienes abiertamente intentaban evitar mejoras, de las palabras estridentes del a mí no me representan, y tantas otras expresiones denegación y fracaso. Ha enarbolar la bandera de los agravios personales, del grito desgarrador porque mi trozo de tarta es más pequeño que el trozo del que está en el otro lado.

Así es nuestra naturaleza humana, despreciamos lo que no tenemos y, nada hacemos para conseguirlo y avariciamos lo que nos llega del trabajo que hemos denostado.

Pero no es tan mala esa situación, es una buena señal, significa que lo que firmaron el primer día de marzo en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, nos conviene a todos y, todos queremos tener la mayor parte de la tarta posible en ello.

Antes de entrar en lo que significa el Acuerdo de Prisiones deberíamos dedicar unos instantes a reflexionar sobre cómo se consiguen las mejoras laborales, porque existe una creencia generalizada, que es como si estuviéramos en un supermercado, recorriendo el lineal y poniendo en nuestra cesta sindical lo que se nos apetece, para salir sin más. Nada más lejos de la realidad.

Negociar mejoras laborales exige en primer lugar que las peticiones estén sustentadas objetivamente. Deben además de venir acompañada por un respaldo fuerte y decidido de los funcionarios. Además, debe de hacerse cuando las posibilidades políticas, económicas y sociales lo acompaña. Y siempre, es necesario que la contraparte, en este caso la Administración, también gane con la negociación.

Y los resultados parecen indicar que todo eso se ha hecho razonablemente bien, porque a pesar de ser un parto extremadamente largo, todos queremos lo que se ha conseguido, incluso estiran la mano quienes no cesan de desacreditarlo y vaciarlo de valor.

La presión y la negociación van de la mano siempre, pero hay que saber combinarla en la dosis precisa para no embarrancar los objetivos

Conseguir un acuerdo económico a mayores del acuerdo económico retributivo para todo el personal público de las Administraciones, es un logro impresionante y así hay que reconocerlo.

Porque no solo somos un colectivo excepcional en ese tratamiento entre el personal público, es que además se produce en las condiciones más hostiles posibles: Una crisis especulativa disparada que lleva la inflación a niveles insostenibles. Una guerra en Europa que condiciona política y económicamente cualquier decisión de Gobierno. Una división parlamentaria donde las políticas de Estado para el mundo penitenciario han desaparecido para dejar paso a la burda instrumentalización de las demandas del personal de prisiones para utilizarlo como arma arrojadiza contra el otro, pero sin resolver ninguno de sus problemas.

El acuerdo además de la virtualidad del momento en el que se ha conseguido. Tiene otro elemento a destacar, es un acuerdo para TODO EL PERSONAL, todas conocemos que existen muchas cuestiones de colectivos sin resolver, pero pretender que lo particular se resuelva con el esfuerzo colectivo es excesivamente utópico. El acuerdo es una mejora retributiva importante para todo el colectivo penitenciario, lo que evidentemente debería ser un motivo de satisfacción

El Acuerdo es sin lugar a dudas histórico, nunca se ha obtenido un incremente extraordinario general de esta dimensión para el personal penitenciario.

Y se ha cerrado con una interlocución plural, dónde Hacienda, Interior, SGIP y Función Pública eran la parte de la Administración, pero donde no necesariamente había los mismos intereses ni muchos menos las mismas perspectivas para cerrar un Acuerdo. Y el papel de la SGIP está más que en entredicho a la vista de las dificultades de falta de información o el fleco de la Entidad que aún no se ha cerrado y que deseo se haga lo más pronto posible por lo que me va en ello.

Ha sido un acierto sindical centrar la reivindicación en Función Pública, ahí se fracasó en el 2018 y ahí se acertó en el 2023, porque tratar de eludir a los responsables competenciales de la situación de los empleados públicos puede ser un costoso error de cálculo.

La Administración, en general, ha acertado cerrando este acuerdo, porque tiene la autoridad moral para planificar la modernización penitenciaria en el marco del mandamiento legal vigente.

En los “sindicatos” en general, pues tenemos de todo. No puede decirse lo mismo de los firmantes que de los nos firmantes

UGT_Acaip y CCOO ha recorrido el camino de la negociación y con ello el desgaste de la crítica permanente, negociación que me imagino compleja y difícil por los interlocutores y la diversidad que había que afrontar. El éxito es haberla culminado, contra las ingentes fuerzas de toda índole que buscaban evitar que prisiones tuvieses este reconocimiento.

Se puede criticar la “redondez” y los flecos del Acuerdo, pero no tengo la menor duda que pasaran muchos años antes de una mejora como esta, que nos sitúa de nueve categorías a tres de centros con subidas significativas para todas las áreas y, en el caso de algunos centros dan salto cualitativo y cuantitativo muy generoso, como puede ser el caso de Ceuta, Cáceres o Lanzarote.

En el caso de CSIF, ha sido inteligente y a pesar de un retorica contra todo, en la práctica con su pragmatismo se ha adherido al Acuerdo marco para un Administración del siglo XXI, que es donde se ha negociado el Acuerdo, y acabando ratificando el Acuerdo de CCOO y ACAIP en la Mesa de la AGE.

Del resto poco que decir, ruido, más ruido, y siempre ruido. Nunca hay ninguna opción para que el personal mejore, son un “agit prop” de la oposición partidaria, instalados en la negación por la negación, luchando contra las mejoras que nos benefician a todas.

Por eso no entiendo porque critican las mejoras, quienes raudos se han apresurado a decir que las van a coger, y, menos aún, que se manifiesten contra los sindicatos firmantes de nuestras mejoras el día 21 en Madrid. Algo no va bien cuando el enemigo es tu compañero, se lo deberían de mirar TAMP y APFP

Y de todos los grupos y grupúsculos corporativos de categorías laborales, alimentados por el Sr Ortiz, una vez más se demuestra su absoluta inutilidad como lobby de presión, pues no existen para el marco jurídico de la negociación y su condicionamiento queda diluido cuando prevalece el interés general

Los números se los dejo a los firmantes y a Hacienda, que sin duda los manejan mucho mejor que yo. Pero no quiero acabar mi reflexión, sin mostrar un gesto mínimo como trabajadora de prisiones. Quiero dar las Gracias a CCOO y a ACAIP por el gran acuerdo que han negociado, y agradecerlo especialmente a Jose Ramón y Silvia que estoy segura no habrán pasado buenos momentos. También quiero agradecer a CSIF su responsabilidad sumándose al acuerdo, decisión en la que Jorge seguro ha tenido mucho que decir.

PD. No os olvidéis de lo mío, arreglar lo de la Entidad, que el Sr. Tascón asuma responsabilidades