Pasan
los años, pasa la vida, y en prisiones no pasa nada, el universo penitenciario
español sigue con los mismos problemas, los viejos déficits estructurales y en
una progresiva decadencia, años tras año, gobierno tras gobierno sin que el
valor y responsabilidad que hace recaer sobre el servicio público de prisiones
la Constitución tenga ningún reflejo social, laboral o políticamente.
La
Administración Penitenciaria está padeciendo una regulación de empleo encubierta,
pero con efectos muy reales durante los últimos años, que está manteniendo un
15% de las vacantes de Rpt sin cubrir, este porcentaje se está incrementando,
dado el envejecimiento de las plantillas.
Las
consecuencias de la falta de personal inciden directamente sobre las
condiciones laborales y la calidad del servicio, no tener el personal necesario
hace las cárceles más inseguras, con plantillas sometidas a una mayor carga de
trabajo y con derechos laborales más mermados, como puede ser el de la
movilidad o la carrera profesional.
Las
agresiones son una pandemia que no se ha querido abordar por parte de los
diferentes Gobiernos, la consecuencia inmediata son casi 5.000 agredidos
físicamente entre el personal penitenciario en la última década. Esta realidad
inapelable se ha tratado de ocultar con la firma del PEAFA, que ha salido
adelante, y se mantiene, por el apoyo de UGT(acaip) y CSIF que permitió
una mayoría de la representatividad sindical para avalar los recortes de la ley
de prevención que impulso el Gobierno del PP para el personal penitenciario.
Siempre
hemos tenido gestores penitenciarios que se las ha llenado la boca y, la
propaganda, con la modernidad y la eficacia reinsertadora del sistema
penitenciario español. Al margen del componente histriónico que siempre hay en
estas manifestaciones de los políticos dentro de la institución penitenciaria,
es verdad que tenemos un modelo y un servicio perfectamente homologable y digno
internacionalmente.
El
único factor para el que no hay capacidad de homologación con nuestro entorno,
es el laboral, la resistencia de la institución penitenciaria a avanzar en las
relaciones y condiciones laborales es histórica, indudablemente guarda relación
con los intereses y resistencias de un reducido grupo funcionarial de alto
nivel que condiciona y determina las políticas laborales de los Gobiernos en la
Institución.
Al
margen del papel de los “cortesanos” en la gestión de las AAPP no hay la menor
duda de la total responsabilidad que existe en la inacción de los gestores
políticos que han ido pasando por la secretaria, más preocupados por su
sustento material y político que por pasar a la posteridad como eficiente
gestor de la “res publica”
No
se puede concebir ningún sistema de servicio público moderno y eficiente, con
las condiciones laborales existentes actualmente en las Instituciones
Penitenciaras del Ministerio del Interior, donde no se reconoce en modo alguno
el papel central del personal en la eficiencia de la reinserción, con una
sostenida en el tiempo pérdida de poder adquisitivo, con una discriminación
salarial insultante dentro de la propia Secretaria General, con hasta nueve
salarios para el mismo puesto con idénticas funciones.
Nos
podemos extender en leer las entrañas de todas las miserias que acumula la institución
y en el maltrato a su personal: sanidad penitenciaria en derribo, carrera
profesional sometida a la designación arbitraria, sin formación, con personal
de primera y de segunda según la relación jurídica, si derecho a la salud
laboral, y con un sinfín de reinos de taifas gobernados al albur de la luna.
Lo
preocupante no es la amplitud del catálogo de temas sin resolver, lo realmente
lamentable es el hecho que esta narración admite cualquier fecha, puede ponerse
hace veinte años, y la mayoría de las cuestiones estaban sobre la mesa, lo que
denota que el inmovilismo en prisiones, cuestiona el propio modelo, pues todo
lo que no avanza, retrocede.
Otra
certeza que no admite demasiada discusión, es que a pesar de existir un amplio
consenso (con diferentes acentos e interpretaciones) no henos tenido la fuerza
y la voluntad necesaria para invertir la decadencia.
Evidentemente
esto tiene responsabilidades, pero, además, tiene motivaciones de mayor calado
que condicionan y justifican los retrocesos que padecen las prisiones y su
personal.
La
gestión del sistema penitenciario tiene un componente cortesano importante que conlleva,
entre otras cuestiones, que las decisiones no se adopten desde una perspectiva técnica
o de política penitenciaria, sino que responden a intereses mucho más mundanos,
donde la pertenencia de grupo lo condiciona todo.
Sólo
desde esa óptica puede explicarse la actitud que, frente a las agresiones, y del
resto de la gestión, se mantiene en las Instituciones Penitenciarias, donde las
políticas del PP y del PSOE se superponen en el continuismo, probablemente
porque el Ministerio del Interior y la propia Secretaria adolece de personas con
capacidad de liderazgo y una visión progresista del sistema penitenciario
constitucionalista y donde bajo una retórica amable se oculta un proyecto muy
conservador y corporativista.
Las
agresiones y la violencia en el trabajo son un elemento definitorio del compromiso
de una Administración moderna comprometida con la Ley y el personal
penitenciario. Y los hechos no pueden ser más desalentadores y frustrantes.
A
pesar del maquillaje y la grosera interpretación que de la agresión se tiene en
Instituciones Penitenciaras en contra de los criterios de la Organización
Mundial de la Salud, de La Organización Internacional del Trabajo o de la
propia Ley de Prevención de Riesgos Laboral española, las agresiones cada día
son más, y son más graves.
El
Gobierno del PP impulso una herramienta para dar soporte legal a todo este
despropósito que sucede contra el personal penitenciario, una herramienta que
limito profundamente los derechos preventivos del personal de vigilancia o en
contacto con internos, el PEAFA no es un instrumento contra las agresiones, es
un instrumento para quitar la prevención al personal de prisiones y justificar
el manoseo de las cifras reales a voluntad de los gestores.
A
pesar de su política de crítica y queja frente a las agresiones durante su
periodo en la oposición, el acceso al Gobierno de PSOE no ha cambiado nada esa política
de recortes y de desprotección del personal penitenciario, al contrario, ha
tratado de darle un halo de institucionalidad, que la realidad de los centros y
del personal agredido destroza cada día.
Frente
a la instrumentalización por parte de la política de las necesidades del
personal de un servicio público esencial, no ha habido una respuesta unitaria,
clara y nítida, al menos para condenar el actual estado de cosas, toda vez, que
su análisis y alternativas está más lejano de los posibles consensos.
Es
difícil construir esos espacios unitarios porque la hipoteca del PEAFA que
tienen en vigor las organizaciones sindicales firmantes pesa demasiado, y a
pesar del costo que les acarrea esa vinculación, les falta la autonomía y la
capacidad de poder criticar el efecto que los recortes que instaura el mismo
tienen sobre las consecuencias del incremento de las agresiones.
Por
otro lado, desde posiciones más populistas se trata de aprovechar las
agresiones para promover cambios de facto en el propio modelo Constitucional penitenciario,
sobre todo en el campo del empleo de los medios coercitivos, introduciendo
elementos claramente desestabilizadores como el empleo de las taser en los
centros penitenciarios, o la propagandística demanda de ser agente de la
autoridad, que la realidad ya ha reconocido a través de innumerables sentencias.
Situar
el debate de las agresiones en el plano de lo regimental, como hace la administración
y algunas organizaciones, es el camino más corto para conseguir que las agresiones
se conformen en un hábito del trabajo en las prisiones, con lo cual habremos
perdido el objetivo básico de la lucha contra las agresiones, que no es otro
que evitar que se produzcan.
La
administración siempre ha tenido clara esa idea, por ello impulso el PEAFA,
para sacar las agresiones de los derechos fundamentales, como son la SALUD y la
SEGURIDAD en el trabajo
Que
la prevención de riesgos y la salud laboral aborden las agresiones es un paso imprescindible
para ir acotando las causas, los mecanismos para evitarlas y las políticas para
apoyar a las víctimas que las padecen, sin ello las agresiones se cronificaran
y la indefensión del personal también.
Una
medida imprescindible es recuperar la protección de la Ley de Prevención de
Riesgos para todo el personal penitenciario, igual que la tienen el resto de
los trabajadores, no existe ninguna razón objetiva para esa discriminación.
Como queda en evidencia con la paradoja que representa que un funcionario de
oficinas tiene mayor protección preventiva que un funcionario de un módulo de
aislamiento.
Para
avanzar frente a las agresiones en prisiones, es necesario tener conciencia y consciencia
de lo que representan, no solo por parte de las víctimas, sino por toda la organización
con independencia del lugar que se ocupe en ella, el personal penitenciario
debe ser el motor que impulse ese cambio, no hay otro camino que hacernos protagonistas
de nuestro propio destino.
Para
cualquier cambio en prisiones, la unidad es imprescindible, desde la división,
NINGUNA REIVINDICACION, será posible, la atomización y las diferencias son
muchas, es una evidencia que no se debe de negar, por ello solo se puede
construir con los elementos que unen, en el caso de las agresiones, su condena
y la necesidad de atajarlas, luego cada cual hará la lectura que considere,
pero algo tan básico es imprescindible transmitirlo socialmente si queremos
empezar a resolver el problema.
El
ejemplo de A Lama de hoy, puede ser un paradigma valido para trabajar las agresiones
y otros temas de trascendencia para todo el colectivo, al menos para lo básico todos
somos necesarios y nadie es imprescindible. La imagen de A Lama, refleja pluralidad,
que no es otra que la que existe en nuestro colectivo y que es preciso no
olvidad, A Lama es un esfuerzo por encontrar lo común, sin renunciar a lo que
nos diferencia.
Sin
lugar a dudas para llegar hasta un A Lama nacional, es necesario dar pasos, que
reduzcan sectarismo, que elimine el acoso y los malos modos con el que piensa
diferente, no hay otro camino, sino queremos quedarnos eternamente en nuestra actual
lamentable situación
A Lama, podemos ser todos.
Prisiones Sin Agresiones
