PRISIONES, EL MEJOR ACUERDO POSIBLE, HISTORICO, SIN DUDA

 Hemos empezado el mes con la agradable sorpresa, de que la siempre soñada mejora retributiva para el personal penitenciario, veía la luz con el Acuerdo Marco para la Modernización de la Administración del Siglo XXI que firmaron UGT y CCOO con el Gobierno

No ocultare que reinaba en mi interior la incredulidad y el desencanto de lo tantas veces anunciado, de tantas cifras manoseadas, de fechas inconclusas y también de escuchar cada día en mi puesto de trabajo que era otra milonga de los “sindicatos”

Hemos pasado de los que se cuestionaban todo, de quienes abiertamente intentaban evitar mejoras, de las palabras estridentes del a mí no me representan, y tantas otras expresiones denegación y fracaso. Ha enarbolar la bandera de los agravios personales, del grito desgarrador porque mi trozo de tarta es más pequeño que el trozo del que está en el otro lado.

Así es nuestra naturaleza humana, despreciamos lo que no tenemos y, nada hacemos para conseguirlo y avariciamos lo que nos llega del trabajo que hemos denostado.

Pero no es tan mala esa situación, es una buena señal, significa que lo que firmaron el primer día de marzo en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, nos conviene a todos y, todos queremos tener la mayor parte de la tarta posible en ello.

Antes de entrar en lo que significa el Acuerdo de Prisiones deberíamos dedicar unos instantes a reflexionar sobre cómo se consiguen las mejoras laborales, porque existe una creencia generalizada, que es como si estuviéramos en un supermercado, recorriendo el lineal y poniendo en nuestra cesta sindical lo que se nos apetece, para salir sin más. Nada más lejos de la realidad.

Negociar mejoras laborales exige en primer lugar que las peticiones estén sustentadas objetivamente. Deben además de venir acompañada por un respaldo fuerte y decidido de los funcionarios. Además, debe de hacerse cuando las posibilidades políticas, económicas y sociales lo acompaña. Y siempre, es necesario que la contraparte, en este caso la Administración, también gane con la negociación.

Y los resultados parecen indicar que todo eso se ha hecho razonablemente bien, porque a pesar de ser un parto extremadamente largo, todos queremos lo que se ha conseguido, incluso estiran la mano quienes no cesan de desacreditarlo y vaciarlo de valor.

La presión y la negociación van de la mano siempre, pero hay que saber combinarla en la dosis precisa para no embarrancar los objetivos

Conseguir un acuerdo económico a mayores del acuerdo económico retributivo para todo el personal público de las Administraciones, es un logro impresionante y así hay que reconocerlo.

Porque no solo somos un colectivo excepcional en ese tratamiento entre el personal público, es que además se produce en las condiciones más hostiles posibles: Una crisis especulativa disparada que lleva la inflación a niveles insostenibles. Una guerra en Europa que condiciona política y económicamente cualquier decisión de Gobierno. Una división parlamentaria donde las políticas de Estado para el mundo penitenciario han desaparecido para dejar paso a la burda instrumentalización de las demandas del personal de prisiones para utilizarlo como arma arrojadiza contra el otro, pero sin resolver ninguno de sus problemas.

El acuerdo además de la virtualidad del momento en el que se ha conseguido. Tiene otro elemento a destacar, es un acuerdo para TODO EL PERSONAL, todas conocemos que existen muchas cuestiones de colectivos sin resolver, pero pretender que lo particular se resuelva con el esfuerzo colectivo es excesivamente utópico. El acuerdo es una mejora retributiva importante para todo el colectivo penitenciario, lo que evidentemente debería ser un motivo de satisfacción

El Acuerdo es sin lugar a dudas histórico, nunca se ha obtenido un incremente extraordinario general de esta dimensión para el personal penitenciario.

Y se ha cerrado con una interlocución plural, dónde Hacienda, Interior, SGIP y Función Pública eran la parte de la Administración, pero donde no necesariamente había los mismos intereses ni muchos menos las mismas perspectivas para cerrar un Acuerdo. Y el papel de la SGIP está más que en entredicho a la vista de las dificultades de falta de información o el fleco de la Entidad que aún no se ha cerrado y que deseo se haga lo más pronto posible por lo que me va en ello.

Ha sido un acierto sindical centrar la reivindicación en Función Pública, ahí se fracasó en el 2018 y ahí se acertó en el 2023, porque tratar de eludir a los responsables competenciales de la situación de los empleados públicos puede ser un costoso error de cálculo.

La Administración, en general, ha acertado cerrando este acuerdo, porque tiene la autoridad moral para planificar la modernización penitenciaria en el marco del mandamiento legal vigente.

En los “sindicatos” en general, pues tenemos de todo. No puede decirse lo mismo de los firmantes que de los nos firmantes

UGT_Acaip y CCOO ha recorrido el camino de la negociación y con ello el desgaste de la crítica permanente, negociación que me imagino compleja y difícil por los interlocutores y la diversidad que había que afrontar. El éxito es haberla culminado, contra las ingentes fuerzas de toda índole que buscaban evitar que prisiones tuvieses este reconocimiento.

Se puede criticar la “redondez” y los flecos del Acuerdo, pero no tengo la menor duda que pasaran muchos años antes de una mejora como esta, que nos sitúa de nueve categorías a tres de centros con subidas significativas para todas las áreas y, en el caso de algunos centros dan salto cualitativo y cuantitativo muy generoso, como puede ser el caso de Ceuta, Cáceres o Lanzarote.

En el caso de CSIF, ha sido inteligente y a pesar de un retorica contra todo, en la práctica con su pragmatismo se ha adherido al Acuerdo marco para un Administración del siglo XXI, que es donde se ha negociado el Acuerdo, y acabando ratificando el Acuerdo de CCOO y ACAIP en la Mesa de la AGE.

Del resto poco que decir, ruido, más ruido, y siempre ruido. Nunca hay ninguna opción para que el personal mejore, son un “agit prop” de la oposición partidaria, instalados en la negación por la negación, luchando contra las mejoras que nos benefician a todas.

Por eso no entiendo porque critican las mejoras, quienes raudos se han apresurado a decir que las van a coger, y, menos aún, que se manifiesten contra los sindicatos firmantes de nuestras mejoras el día 21 en Madrid. Algo no va bien cuando el enemigo es tu compañero, se lo deberían de mirar TAMP y APFP

Y de todos los grupos y grupúsculos corporativos de categorías laborales, alimentados por el Sr Ortiz, una vez más se demuestra su absoluta inutilidad como lobby de presión, pues no existen para el marco jurídico de la negociación y su condicionamiento queda diluido cuando prevalece el interés general

Los números se los dejo a los firmantes y a Hacienda, que sin duda los manejan mucho mejor que yo. Pero no quiero acabar mi reflexión, sin mostrar un gesto mínimo como trabajadora de prisiones. Quiero dar las Gracias a CCOO y a ACAIP por el gran acuerdo que han negociado, y agradecerlo especialmente a Jose Ramón y Silvia que estoy segura no habrán pasado buenos momentos. También quiero agradecer a CSIF su responsabilidad sumándose al acuerdo, decisión en la que Jorge seguro ha tenido mucho que decir.

PD. No os olvidéis de lo mío, arreglar lo de la Entidad, que el Sr. Tascón asuma responsabilidades

LA LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2022, ENTIERRA LA LEY DE CUERPOS PENITENCIARIOS

 La presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 (PGE22) han puesto fin a la quimera de la tan manoseada como “secreta” Ley de Cuerpos Penitenciarios.

Los PGE evidencian, otra vez, que tampoco este año el personal penitenciario es merecedor de modernizar sus condiciones laborales acorde a las funciones encomendadas por al Constitución.

El personal penitenciario ha sido indispensable (a pesar de las resistencias para reconocerlo esencial) durante el momento más crítico de la pandemia, lo sigue siendo a diario en una realidad degradada y hostil que pone en cuestión la propia naturaleza de un servicio público esencial.

Hay que decir la verdad a los trabajadores y trabajadoras penitenciarias, no hay un solo euro en los PGE para una Ley de Cuerpos que adecue las condiciones laborales del personal penitenciario al siglo XXI.

Que no exista ningún compromiso presupuestario con el personal de las prisiones del Ministerio del Interior no significa que se haya reducido el presupuesto y el gasto para las Instituciones Penitenciarias, al contrario, la Secretaria General contara con un 5% más de presupuesto con un 30% menos de reclusos en prisión fruto de excarcelaciones por el COVID y modificaciones legales.

Se va a contar con el mayor presupuesto de la historia, con una plantilla estabilizada con tendencia a la baja a pesar de las cacareadas “multitudinarias” ofertas de empleo, una plantilla que sigue siendo raquítica como demuestra que no se puedan abrir 4.000 celdas para cumplir la LOGP.

A pesar de tan importante crecimiento financiero para gestionar las prisiones, no hay ni un euro parta reconocer al personal, los compromisos, la palabra ante la soberanía popular y todo lo demás son engañifas para mantener al personal tranquilo y sin mejoras. La verdad es que hay dinero sobrante para cubrir todas las reivindicaciones del personal penitenciario, solamente los 67 millones y medio transferidos al lobby de la seguridad privada para cubrir un servicio perfectamente desempeñado por las FCSE, que lo hicieron como mandata la ley, durante los veinte meses que las empresas se negaron en las prisiones del centro.

La Ley de Cuerpos era un proyecto demasiado ambicioso de trasformación integral de las relaciones laborales en las Instituciones Penitenciarias a la realidad actual, pero quedo lastrado de inicio por la interlocución de unos gestores que solo aspiran a poner parches para pervivir en el puesto y que no tenían la menor intención de transformar nada.

No ha sido una cuestión menor, en el desarrollo de los acontecimientos, la personalización de la huelga de prisiones que desde el Ministerio del Interior tiene como una “afrenta”, cuando no es más que el legítimo ejercicio de un derecho constitucional.

Los diferentes actores de la negociación, como no puede ser de otro modo, tienen intereses contrapuestos, que la negociación desde la buena fe debería de resolver, unos vieron su oportunidad por hacerse con toda la gestión de personal y esquinar a Función Pública, una sectorización encubierta. Otros centraban sus intereses en el grupo B, porque entendían que les reportaría más réditos electorales. Y otros pusieron el acento en la reclasificación de centros porque garantizaba una subida general que repercutiría también en el personal laboral donde tienen más presencia.

Al final la administración hizo con su pan lo que le pareció, la mayoría de las cuestiones de los sindicatos no fueron recogidas en su propuesta, y paso lo que tiene que pasar cuando no se gestionan bien las cosas.

La coherencia, la falta de rigor y la madurez de las propuestas determina su ciclo vital. No parece que la Ley de Cuerpos contara con ninguna de las características esenciales para salir adelante, el choque con Función Pública estaba asegurado, sobre todo para el grupo B, que está en proceso de negociación en la Administración General del estado (competencia de Función Pública) pero sobre todo porque generaba importantes disfunciones al propio Ministerio del Interior, donde también se demanda por colectivos mucho más numerosos que dispararían el gasto.

Por otra parte, la memoria financiera y los plazos de ejecución también genera más disfunciones y oposición dentro de la Administración, sobre todo en un contexto inflacionario donde el Gobierno tiene intención de aplicar ajustes, incrementando las retribuciones por debajo del IPC

Este bloqueo debe de ser conocido por el personal, y así deberían de hacerlo quienes estén en la mesa de negociación, lo contrario es una expresión de poco respeto para con el personal a quien se representa y que no entiende como desde el 2018 con promesas y movilizaciones tampoco estos presupuestos existen para ellos, lo mínimo que nos merecemos es la verdad.

Al final se repite la historia, los cambios en prisiones, no llegan solos, o se conquistan o se pierden, la estrategia de ponerse en manos de las “promesas” de los partidos han mostrado que solo sirven para que ellos hagan su juego partidario utilizando al colectivo penitenciario, el Estatuto de prisiones sirvió para eso en el Congreso y Senado y la Ley de Cuerpos valdrá para lo mismo.

La falta de conocimiento, de compromiso y de interés por un sistema penitenciario moderno, queda demostrado en la propuesta de agente de la autoridad que el Gobierno lleva en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y que la oposición boicoteara (a pesar de haber dicho que defendían hacernos agentes de la autoridad).

Ya en otra ocasión advertí que la condición de agente de la autoridad era un elemento propagandístico en manos de los políticos, y que con ella tratarían de distraernos de nuestras reivindicaciones. Así ha sido, tienen la desvergüenza de presentar esta propuesta que es necesaria, justificada y útil, como la gran concesión a las reivindicaciones del colectivo, quien piense así hace flaco favor al colectivo, la condición de agente de la autoridad nos la llevan reconociendo los jueces desde hace años en el 97% de las ocasiones y por la parte de las agresiones no tienen el menor impacto sobre las mismas (como acreditan datos de donde si son agentes de autoridad), solo la prevención puede evitarlas. Está bien que se nos reconozca, pero no resuelve nuestras necesidades laborales.

En este estado de cosas la verdad es que quedan pocas alternativas, no hay ley de cuerpos sin presupuestos, cualquier invento será otra ocurrencia para despistarnos.

La única alternativa pasa por conseguir una mejora retributiva con fondos propios de la secretaria o el ministerio, toda vez que parece claro que en los PGE22 no vamos a estar.

Y esa única alternativa solo es posible si logramos vencer la resistencia del Ministerio del Interior, para que no quede duda, si el Ministerio de Interior tiene la NECESIDAD de negociarla, hay dinero para ello, pero nos faltan las fuerzas necesarias, para hacer necesaria la negociación.

Hay que ser claros, no nos van a regalar nada, hay que pelearlo, y hablar de pelearlo no pasa por actos testimoniales o folclóricos, hay que organizarse para un nivel de presión reivindicativa que se sienta en la Castellana, los encierros testimoniales, las pancartas con media docena de sindicalistas o las manifestaciones minoritarias solo son exhibición de debilidad que solo provoca que se nos cierren más puertas.

La presión tiene que ser colectiva y unitaria, de la transversalidad de todas las plantillas y colectivos profesionales penitenciarios con independencia de su relación laboral. Y seamos claros, eso exige de la participación de todas las organizaciones sindicales representativas, Csif, Ugt.Acaip, Ccoo, Cig y Ela, como no puede ser de otro modo, pero también sin ningún género de duda del resto de organizaciones, Tamp, Apfp, Fpu, Uso, deben de estar, impulsando un acuerdo de mínimos para alcanzar una subida retributiva con fondos propios para el 2022.

Todo lo demás, es seguir en el postureo, en la falta de transparencia y en no reconocer la madurez de las plantillas que exigen soluciones para prisiones por encima del narcisismo de las siglas. 

En definitiva, dejar pasar los años en campañas que no aportan ninguna mejora y crean un clima laboral poco saludable, no debería de ser la opción

¿PORQUE NO HAY UN PROGRAMA CONTRA LAS AGRESIONES AL PERSONAL DE PRISIONES?

La violencia en lugar de trabajo – sea física o psicológica - se ha convertido en un problema mundial que atraviesa las fronteras, los contextos de trabajo y los grupos profesionales. La violencia en el lugar de trabajo – que durante mucho tiempo ha sido una cuestión “olvidada” – ha adquirido una enorme importancia en los últimos años y en la actualidad es una preocupación prioritaria tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo.

La violencia laboral afecta a la dignidad de millones de personas en todo el mundo. Es una importante fuente de desigualdad, discriminación, estigmatización y conflicto en el trabajo. Cada vez más, es un problema capital de derechos humanos. Al mismo tiempo, la violencia en el lugar de trabajo aparece como una amenaza grave, y a veces letal, contra la eficiencia y el éxito de las Organizaciones. La violencia causa perturbaciones inmediatas, y a veces perturbaciones de largo plazo, de las relaciones entre las personas, de la organización del trabajo y de todo el entorno laboral.

El Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Trabajo de 2007, aspira a prevenir y, en caso necesario, gestionar problemas de intimidación, acoso sexual y violencia física en el lugar de trabajo. Este acuerdo condena toda forma de acoso y de violencia e insiste en la obligación que tienen los empresarios de proteger a los trabajadores contra tales situaciones.

Las Directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados con el trabajo fueron firmadas por FSESP, UNI-Europa, CSEE, HOSPEEM, CMRE, EFEE, EuroCommerce, CoESS, el 16 de julio de 2010, pretenden garantizar que en cada lugar de trabajo exista una política orientada a los resultados que aborde el tema de la violencia ejercida por terceros

Siguiendo a la NTP 489 es cierto que existe la creencia de que en ciertas ocupaciones es inherente a ellas la aceptación de un cierto grado de violencia como una parte misma del trabajo. Es decir, el trabajador asume el riesgo de sufrir actos violentos cuando acepta el trabajo (con lo que contribuye a que continúe la violencia). Esto puede llevar a pensar que no es necesario tomar ninguna medida preventiva

La evolución de las agresiones al personal penitenciario se incrementa exponencialmente en los últimos años, a pesar de una reducción significativa de los internos en las prisiones españolas, pasando de 323 agresiones físicas en el año 2008 con un 35,68% de agresiones sobre el total de accidentes en el medio penitenciario a 467 agresiones físicas en el 2014 (no hay memoria oficial del 2015 aun) con un 41,99 sobre los accidentes de Instituciones Penitenciarias. Estas cifras llevan la siniestralidad en Instituciones Penitenciarias a tasas muy superiores a las medias españolas o europeas con un siniestralidad del 5,22%.

Instituciones  Penitenciarias es un sector de la Administración del Estado donde la violencia contra los trabajadores tiene un carácter estructural, y donde desde los responsables de la Administración se ha institucionalizado la idea, que es un factor inherente a la propia naturaleza del trabajo y sobre el cual no cabe intervención preventiva.

La Administración Penitenciara ha sistematizado y protocolizado unos mecanismos de gestión ante las agresiones que excluyen en su integridad las obligaciones empresariales y los derechos del personal penitenciario reconocidos en la legislación de salud laboral. 

Conciben las agresiones como una parte integral de la actividad penitenciaria y no como un riesgo laboral que prevenir y evitar, como queda constatado en la investigación de los accidentes, todos aquellos que tienen origen en agresiones al personal no se permite su investigación por parte del servicio de prevención y se articula una investigación desde la seguridad y el orden regimental interno o de sus consecuencias penales, pero obviando predeterminadamente cualquier perspectiva de salud laboral, riesgos laboral y del derecho del trabajador a su salud y la obligación empresarial a su garantía en la actividad laboral. Esta perspectiva parece señalar que estas agresiones ya vienen consideradas y retribuidas por la propia naturaleza de la actividad, lo que contravienen toda legislación nacional y europea sobre riesgos laborales.

Al albur de la última campaña electoral el Gobierno recordó, tras cuatro años, que tenía la obligación de la negociación colectiva y trato de aprovecharla como un elemento más de su propaganda electoral.

Para ello, además de otras diversas cuestiones, puso sobre la mesa la negociación con los sindicatos representados en la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado una propuesta de un Procedimiento contra la Violencia en el Trabajo dentro de la Administración General del Estado.

En dicho documento la única línea roja existente es que no podría estar Instituciones Penitenciaras, presuntamente porque así lo había exigido el Ministerio de Interior a través de sus gestores penitenciarios.

Tras el pertinente teatrillo temporal que estas cuestiones llevan implícitas en su liturgia de vestir con un cierto decoro de presunta negociación las reuniones, la Administración decide que necesita acuerdos firmados para presentarse en la campaña electoral como paladín de la negociación y del dialogo social y exige la firma de su documento, donde incluye una cortina de humo respecto a la situación de prisiones y la violencia en el trabajo, que recogía literalmente (sic) que habría una reunión en menos de seis meses para “ver” si prisiones necesitaba un plan contra las agresiones, pero que quedaba excluida del plan de la Administración General del Estado.

Con esa grosera redacción referida a las agresiones que cientos de trabajadores y trabajadoras de prisiones padecen cada año, CSIF y UGT se muestran satisfechos y conformes, firmando el acuerdo que excluye, salvo oficinas, a prisiones del Protocolo Contra la Violencia en el Trabajo.

Por otra parte CCOO y CIG lo rechazan, mientras que USO-acaip no está presente por no alcanzar la representación exigida y por tanto no se pronuncia.

Obviamente en la reunión que se convoca para “ver” si hace falta un plan contra las agresiones la Administración Penitenciaria lo zanja en 10 minutos, afirmando con rotundidad que no hace falta y no hay más que hablar, con lo que ya cumplen con lo que firmaron como coartada CSIF y UGT para dejar fuera prisiones de la protección contra las agresiones al personal penitenciario.

Obviamente como no puede ser de otro modo, las agresiones han continuado, porque las razones que provocan las agresiones no se han abordado, todos conocemos la mayoría de las causas: aumento de la población penal con patologías psiquiátricas, reducción y envejecimiento de las plantillas, falta de actuaciones frente a la agresión, problemas de clasificación, falta de medidas jurídicas, y psicológicas con las víctimas.

Y frente a que continua el incremento de agresiones al personal de prisiones, resulta paradójico a la par que esperpéntico contemplar la actitud y el compromiso de los representantes de los trabajadores.

De los que apoyaron dejar fuera a prisiones del programa contra la violencia en el trabajo, tenemos por un lado CSIF que en un ejercicio de cinismo sindical reclama en los centros un programa contra las agresiones cuando sus dirigentes en la mesa de negociación votaron en contra de que prisiones estuviera en ese programa contra las agresiones. Al margen del cinismo, es como si los delegados en los centros tratan de lavar su cara de los actos de sus propios dirigentes centrales, pero sin cuestionar ni interna ni externamente las consecuencias que su firma tuvo para las agresiones al personal en las cárceles.

Por otro lado, el otro avalista del Gobierno, UGT guarda un sepulcral silencio, roto por algún leve gemido local perdido.

De los que se opusieron al Gobierno y a excluir prisiones del plan contra la violencia en el trabajo. CCOO manifiesta una mayor actividad y beligerancia con el asunto, pero es un sindicato que no cuenta con los apoyos suficientes de las plantillas en Instituciones Penitenciarias y que por lo tanto su actividad queda perdida sin el efecto de concienciación entre los funcionarios, en la superestructura de mesas de negociación y otras ámbitos institucionales, donde si demuestra un importante compromiso contra la violencia en el trabajo en prisiones.

Por su parte la nacionalista CIG tiene un ámbito de actividad muy circunscrito a Galicia y además sus peculiaridades organizativas hacen que dependen algún posicionamiento esporádico al ámbito de algún centro donde cuenta con delegados más activos.

Mención aparte es la de USO-acaip  que aunque no cuenta con presencia en la Mesa de Negociación por carecer del 10% de representatividad, si es cierto que es el sindicato con más apoyo en prisiones. Curiosamente ese apoyo mayoritario no se ha tenido una correlación a la hora de actuar sindicalmente contra las agresiones, no pasando de algún comunicado en los centros donde se producen agresiones, pero manteniendo una pasividad frente a las agresiones a los funcionarios de prisiones que resulta en la más benévola de las definiciones paradójica.

Socialmente, laboralmente, legalmente no es posible seguir mirando hacia otro lado frente al grave problema que la pandemia de agresiones al personal penitenciario representa, hay que rechazar que sea una consecuencia, una necesidad o algo inherente al propio trabajo, porque eso está cuestionado científicamente en todo el mundo y solo es un pretexto para quienes pretenden que la situación siga igual.

No se puede aceptar el mercenario argumento que la violencia en el trabajo está dentro de la nómina, ningún trabajador, ningún funcionario, tiene porque ser agredido o tener un accidente por el mero hecho de trabajar. Vincular las agresiones o los accidentes laborales a la cuantía de la nómina es delictivo.

Hace falta, es urgente, acabar con esta pandemia, hay alternativas en directivas europeas, notas técnicas o propuestas sindicales y se puede explorar muchas otras, pero no es asumible que centenares de funcionarios y funcionarias sean agredidos cada año por trabajar en la prisión.

A la hora de buscar soluciones no estaría de más un papel más independiente, más profesional y más activo del servicio de Prevención propio de Instituciones Penitenciarias, que hasta la fecha está ausente y no se le espera frente a los accidentes laborales fruto de agresiones al personal.

Es necesario reclamar además una intervención más comprometida de la Inspección de Trabajo frente a esta sangría que se incrementa exponencialmente.

No cabe ningún espacio para la ingenuidad como para pretender que los responsables de prisiones que miran permanentemente para otro lado ante esta situación durante años, tomen un papel activo ahora para solucionarla. El abordaje del problema debe de pasar por una intervención seria y decidida de Función Pública, si el Ministerio del Interior les deja claro.

De todas las maneras el principal agente del cambio frente a las agresiones tiene que ser el funcionario o la funcionaria de prisiones, que tiene que asumir su responsabilidad para defender su salud, su integridad física y moral, exigiendo a todos los agentes anteriores, en primer lugar a sus representantes sindicales, medidas activas e inmediatas para que se cumpla la ley y su actividad profesional tenga la prevención y protección exigidas.

La celebración el próximo 28 de abril del día mundial de la seguridad y la salud sería un buen momento para invertir este proceso de degradación que padece el personal penitenciario

Las agresiones al personal de prisiones tiene soluciones, dejar que centenares de trabajadores sigan siendo agredidos cada año es una inmoralidad no aceptable en una sociedad moderna.

ANTE LA DEGRADACIÓN EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. ¿UNIDAD SINDICAL? ¿UNIDAD EN LOS CENTROS?...O EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA LUZ

Durante esta legislatura el proceso de degradación y deterioro de las condiciones y relaciones laborales en Instituciones Penitenciarias ha alcanzado cotas que ni los más viejos del lugar podían imaginarse.

Instituciones Penitenciarias ha comenzado el proceso privatizador, duplicando el servicio de vigilancia exterior, con unos costos de 33 millones de euros que los amiguete del lobby de la seguridad privada seguro agradecen.

En paralelo al derroche económico, también en celebraciones y conmemoraciones, han abordado un proceso de duro ajuste sobre las columnas vertebrales de un sistema penitenciario público, reducción de plantillas amortizando plazas, abandono de infraestructuras terminadas, recortes laborales, recortes de seguridad y protección del personal y un largo ectra. que justifican en un falta de dinero que parece no existe para el lobby de la seguridad privada. Tal vez de eso se trate, de deteriorar el servicio público hasta niveles que permitan entregarlo a ese mismo cartel de empresas de la seguridad.

Las consecuencias para el personal penitenciario son agudas y aumentan en intensidad con el paso del tiempo.

La carga de trabajo se ha incrementado,  a pesar del tan cacareado como coyuntural descenso de la población penal fruto de reducción de penas por tráfico y expulsión de extranjeros que no podrá amortizar el incremento que originara el reciente código penal y la innumerable relación de nuevos tipos penales, o la repercusión de la cadena perpetua (eufemísticamente prisión permanente revisable).

El aumento de la carga de trabajo, viene acompañada de situaciones que origina toda esta precariedad laboral, las agresiones al personal penitenciario tienen un crecimiento exponencial durante toda la legislatura y la única alternativa parece ser que ya están incluidas en la nómina según los gestores penitenciarios.

Las expectativas personales y familiares de cientos de funcionarios y funcionarias se esfuman, al no existir concursos de traslados, hay que decir con claridad a estos funcionarios y funcionarias, que los concursos son un derecho laboral objetivo y por tanto están supeditados a la existencia de una oferta de empleo público, salvo que se cierren instalaciones penitenciarias para favorecer dicho concurso. El déficit de plazas sin cubrir, más de tres mil, permitirá atender un concurso de traslados muy importante.

Y todo este  Armagedón penitenciario se adereza con un envejecimiento de las plantillas que nos lleva a puntos críticos de operatividad, ¿habrá quien piense en tener funcionarios de 70 años operativos en garantizar la seguridad y la reinserción en centros penitenciarios?

Este estado de cosas, todas negativas y en proceso de deteriorarse más no ha encontrado una respuesta creíble por parte del colectivo del personal penitenciario que está dividido, confrontado, indolente y hasta podría parecer que hasta cómodo con toda la basura laboral que inunda las prisiones.

Por parte de los sindicatos presentes en la mesa de negociación de Instituciones Penitenciarias, CCOO, CSIF y UGT (de los nacionalistas, presentes testimonialmente, no hay mucho que decir ni están ni se les espera) han promovido hace dos años una Plataforma en Defensa de un Servicio Público Penitenciario. En su favor cabe decir que han convocado numerosas movilizaciones en todos los centros al menos una vez durante este tiempo y han transmitido la precariedad existente a la opinión pública con bastante intensidad. Pero no menos cierto es que la participación de las plantillas, salvo centros concretos ha sido escasa como si sus problemas no fueran con ellos. Además de por las condiciones sociológicas propias de las plantillas penitenciarias, nos referiremos más adelante sobre este asunto, puede resultar un factor de desapego de la gente con estas convocatorias, factores como el que haya algún sindicato (CSIF) de esta plataforma más pendiente de dejar fuera a otros que de las propias reivindicaciones y de otra parte la incongruencia y doble moral no ayuda a hacer creíble esta plataforma, por ejemplo ante el grave problema de las agresiones, que han incluido en las últimas convocatorias, no se puede jugar con un problema tan grave, saliendo a la prensa “quejumbrosos y doloridos” en los centros cuando agreden a alguien y al mismo tiempo UGT y CSIF le firman al Gobierno para dejar fuera a prisiones de los programas contra las agresiones en la AGE.

En el otro lado el autoproclamado sindicato de prisiones o sindicato mayoritario de prisiones USO-acaip ha tenido durante esta legislatura una lamentable posición de seguidismo de la Administración y colegeo con el Sr. Yuste al que han protegido desmovilizando todos estos años y no participando de ninguna actividad reivindicativa colectiva, más allá de enfrentarse a algún director que no es de su cuerda. Siendo grave esta política para un sindicato, más grave aún es como la justifican, manifestando que como no están en la mesa (para lo que no han alcanzado los porcentajes necesarios) ellos no van a estar con quienes si están. Demostrando que para ellos es más importante su interés de sindicato que las necesidades del personal penitenciario.

Otro actor en este melodrama penitenciario es el emergente APFP que siendo minoritario y con presencia en algunas prisiones está recogiendo parte del descontento con la pasividad de USO-acaip. No han participado en ninguna movilización, han reunido a delegados y familiares en Madrid en el paso de cebra frente a la Secretaria General. A pesar de su emergencia durante los últimos 10 años es un canto a la nostalgia, pues articulan su discurso sobre los elementos de corporativismo más rancios, que son los que USO-acaip defendió y nos han traído a este estado de cosas la realidad laboral de IIPP. Su reivindicación estelar es que Instituciones Penitenciaras sea un sector y salga de la Administración General del Estado en términos de relaciones laborales, pues solo d este modo podrían sobrevivir como sindicato. Pero todos los datos indican que su petición de independencia choca con una realidad cada vez más centralizada y que no parece vaya a ser atendida. Consecuencia de su corporativismo “vintage”  hay actuaciones que chocan directamente contra las necesidades del propio personal penitenciario, como la que iniciaron para que los interinos perdiesen sus plazas de trabajo, cuestión bastante impropia de un sindicato.

Estos son los mimbres con los que se debe de articular una respuesta frente a la degradación laboral e institucional de Instituciones Penitenciarias.

Hay quien defiende terceras vías, como desarrollar actividades reivindicativas en los propios centros con independencia de lo que se haga en los demás. Las experiencias hasta ahora de estas opciones es que se abordan cuestiones que se acuerdan en otros ámbitos, que se hace desde el egoísmo de quítame mi problema y se lo paso al de al lado y que fundamentalmente no articula ninguna alternativa seria y de futuro para garantizar derechos y condiciones laborales en Instituciones Penitenciarias. Y por lo general surgen con delegados que bailan con la música que le marca el director o la directora del momento, que les utiliza para defender sus intereses como como director del centro ante IIPP.

Ante este panorama de abandono y desolación parece que quienes apuestan por dejarlo todo como esta ya tienen suficientes argumentos. Ese suele ser el sentir mayoritario del personal penitenciario que es poco proclive a lo colectivo, que enarbola la exclusividad de lo individual, de su individualidad por supuesto, y lo antepone a todas las individualidades que le rodean. Este tipo de personal suele ser el más reivindicativo en los puestos de trabajo, cafeterías o mentideros penitenciarios pero se vuelve transparente en el momento de tener que asumir alguna de sus reivindicaciones, para las que siempre tiene que haber alguien dispuesto a materializarlas, aunque sean los sindicatos que no sirven para nada.

Este compromiso con ningún compromiso de la mayoría del personal penitenciario es el que ha permitido que para los gestores les salga gratis todas las agresiones que perpetra contra las plantillas penitenciarias.

Si con esta actuación no han vapuleado y nos llevan a puntos inadmisibles laboralmente como empleados públicos, no parece ser la opción más inteligente a seguir, habrá que explicarles a estas personas que aquí o nos salvamos todo o no se salva ni dios, los transparentes tampoco.

Hay elementos alimentados por las pequeñas megalomanías corporativistas que tampoco ayudan, pretender anteponer unas categorías a otras, confrontar unas áreas a otras, enfrentar un género a otro o unos empleados a otros, no solo no tiene justificación objetiva alguna sino que además solo ayuda y favorece a los que atacan nuestros derechos.

Por todo ello si queremos cambiar, si necesitamos reivindicar, si buscamos un futuro laboral como personal penitenciario. No hay otra salida que la unidad sindical, impuesta por las plantillas, obligada por la afiliación de los diferentes sindicatos en torno a cuestiones básicas que nos afectan a todos y sobre los que no debería de ser difícil ponerse de acuerdo, sin renunciar a la defensa de las perspectivas sindicales de cada cual que no deberían de servir de coartada para eludir la obligación de trabajar por el bien común de las reivindicaciones que se acuerden, pero que básicamente podrían articularse en torno a elementos que nos unen.

PRISIONES SERVICIO PUBLICO CON EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICAS

OFERTA DE EMPLEO PARA PRISIONES Y APERTURA INSTALACIONES

CONCURSOS DE TRASLADOS ANUALES

PROGRAMA CONTRA LAS AGRESIONES AL PERSONAL PENITENCIARIO

Es momento de ver cuanta inteligencia se acumula entre el personal penitenciario, si somos capaces de imponer a los sindicatos que nos representan un camino de soluciones y no de confrontación. O si la carencia de inteligencia y los egos dejan las manos libres otros cuatro años para seguir degradando nuestras condiciones y quejarnos de nuestro “mal fario” pero no hacer nada por cambiarlo como hasta ahora.

Ese es nuestro reto, si logramos todo cambiara, sino tendremos lo que nos hemos trabajado, lo que merecemos. NADA