El Gobierno de Mariano Rajoy inicio en 2011 una intensa ofensiva
contra los servicios públicos y los empleados públicos, con una batería de
medidas que permitan vaciar desde dentro los recursos necesarios para el
mantenimiento de esos servicios fundamentales.
La batería de medidas ha sido en todos los órdenes, recortes
de derechos laborales y de negociación colectiva al personal de los servicios públicos;
eliminación de cientos de miles de puestos de trabajo, privatización de
servicios, recorte de derechos de los usuarios, y un largo ectra. que han hecho
retroceder a España a unos servicios públicos de hace veinte años.
Uno de los paradigmas más evidentes de la ofensiva contra los
servicios públicos es el servicio púbico penitenciario en España, por dos
razones diferentes, pero complementarias.
Por un lado el evidente objetivo del neoliberalismo, que
encarna el Gobierno, por hacer negocio privado con los recursos públicos, su
paradigma siempre es el mismo, beneficios privados perdidas públicas, siempre a
costa de la misma ciudadanía que financia los servicios públicos y a la que se
la priva de la prestación de los mismos.
La segunda razón, es de orden ideológico, y también pragmático, de las necesidades más perentorias y personales. Es el objetivo de
mercantilizar la condena y el cumplimiento de la pena.
Para el Gobierno y su política
el código penal es una herramienta para perseguir a los pobres y la disidencia. social, política o sindical. Pero tampoco es baladí el hecho de que el partido que sostiene al Gobierno este
investigado en los tribunales junto a cientos de sus cuadros políticos relacionados
con la corrupción que asola al país.
Con ambas razones siempre se podrá solventar, con la pertinente privatización del cumplimiento de la pena, las cuitas con
la justicia a un módico precio, que evite ingresos en prisión indeseados o
largas estancias dentro.
Es con este escenario de fondo con el que se comienza a
degradar y desmantelar el servicio público de prisiones.
Se privatizan servicios dentro y fuera. Se privatiza la
seguridad exterior manteniendo a la guardia civil prestando un servicio por el
que el holding de la seguridad cobra suculentas facturas manteniendo además a
su personal en condiciones laborales tercermundistas.
Se recortan derechos del personal en formación, acción social,
75% de recorte. Se criminaliza el hecho de estar enfermo penalizando las ILT
con recortes salariales.
Se implanta, con el firme apoyo de Csif y Ugt, un presunto plan contra las agresiones (más de
400 anuales), que perpetua las mismas, pero las oculta estadísticamente y sitúa
a los agredidos como responsables de las mismas ante cualquier expediente, al
tiempo que protege a los responsables de los centros de no aplicar la ley de prevención de riesgos laborales para evitarlas, atendiendo a sus causas y no
mirando las consecuencias, sobre todo mediáticas.
Las retribuciones del personal penitenciario han sido reducidas
en un 17% desde el inicio de la crisis, con pérdidas reales cada año, incluso en los que ha habido una nominal subida salarial.
Las plantillas de personal penitenciario se han desmantelado,
con consecuencias inmediatas, mayor carga de trabajo, más agresiones y menos retribución
por aumento carga de trabajo. En estos momentos el déficit oficial de plazas sin cubrir
a pesar de estar presupuestadas en sus Rpts y catálogos de puestos es de más de
3.200
Este escenario decadente del servicio público penitenciario
alienta a sus gestores a tener cada día más prepotencia ante las plantillas, convirtiendo
la negociación colectiva en un acto informativo de sus decisiones, vulnerando
la legalidad con el personal como la prolongación de las prácticas muchos meses
más allá de lo establecido o el reparto para los mandos de la productividad
generada por todas las plantillas.
Esta situación solo pude producirse por la pasividad y
autocomplacencia de quienes la padecen y la pagan. La Administración no
encuentra resistencias a sus políticas regresivas y el Gobierno sigue apretando
el acelerador contra el personal penitenciario.
La realidad de las víctimas de esta política es tan decadente
como la situación del servicio penitenciario. No hay ninguna medida que merezca
tal nombre de confrontación e intento de cambio de una realidad tan degradada.
Los sindicatos de la plataforma periódicamente nos obsequian, durante
años, con una liturgia a la puerta de alguna prisión con media docena de
penitentes, sus tan altisonantes y repetidas consignas vacías ante los medios de
comunicación. Ademas lo tienen difícil, entre sus huestes esta Csif que hace una
intensa campaña de apoyo soterrado al Gobierno y a sus políticas.
Acaip va por libre, últimamente tiene sus propios espectáculos,
más coloristas y mediáticos pero igual de vacíos y sobre todo, ineficaces para cambiar la
realidad que nos somete el Gobierno.
Los outsiders de FPU, que parecían iban a ser un elemento
catalizador de la conciencia crítica se han ido transformando en mendicante
altavoz de un rancio anti sindicalismo que desde la exigencia de la unidad solo
dividen.
Las plantillas están acomodadas y tranquilas, pagan cuotas,
en el mejor de los casos, para un abogado o el seguro de la baja y se quejan de
que nadie hace nada por ellas, anteponiendo siempre que lo tienen que hacer
otros. Se quejan en corrillos y redes, pero salen corriendo de cualquier
compromiso como gato de agua escaldada.
Este estado de cosas evidencia que en el teatrillo penitenciario,
todo el mundo juega al postureo, a hacer campaña para las elecciones, a ver cuánto
pierde el otro, ver si se enrollan los gestores y sacan algo para sí.
Pero sobre las consignas vacías, la retórica y el control
gubernamental no se puede cambiar nada.
Hay algunos gritos de que hay que ir a Madrid “a liarla”, pero
parecen más comandas de barra de playa que actos conscientes reivindicativos de un
cambio de situación.
Y lo son por una razón, en Madrid, 7000, mejor aún 10000
funcionarios de prisiones no son nada,
quedan diluidos como pintura blanca de pasos de cebra, con algún que otro
titular mediático y con las risas convergentes de la calle Alcalá y el Paseo de
la Castellana.
La fuerza esta siempre en los centros de trabajo, ahí es
donde hay que demostrar que nos molesta de verdad la actual situación, es donde
hay que transformar las consignas en hechos, los compromisos en actos y la reivindicación
en fuerza.
Si los centros son capaces de responder, la correlación de fuerzas
puede cambiar, sino hay ese compromiso efectivo seguiremos en una colorida
campaña electoral, de frases vacías, de incapacidad reivindicativa camino de
nuestros derechos de 1980
La prueba del algodón, del nivel de exigencia y compromiso
con las reivindicaciones está en la Huelga.
¿Es posible hacer huelga en prisiones?
Rotundamente sí. Siempre y cuando se desarrollen las
condiciones necesarias, por ejemplo
Huelga
de un día (inicialmente)
Reivindicaciones
comunes a todos los actores, pocas pero estratégicas
·
Una
huelga de corresponsabilidad entre los que trabajan, libran y hacen huelga
·
Los
costes de la huelga se distribuyen entre todo el personal adherido a la misma
con independencia de su situación laboral el día de la misma.
·
Información,
concienciación y alta participación
Son algunos elementos, parecen cortos, pero ponerse de
acuerdo en algo básico por parte de todos ya sería el principal éxito frente a
esta Administración, por ello las posiciones maximalistas de todo o nada, solo
pueden ser excusas para seguir como hasta ahora, divididos, enfrentados y
burlados por una Administración que continúa desmantelando las prisiones para su ulterior privatización.
Invitemos a los actores de este drama a dar un paso al
frente, que sus palabras se transformen en actos, toca ver donde esta cada cual
de verdad.
Los preludios no invitan al optimismo el sectarismo de sigla aflora como sarampión del infatilismo reivindicativo que caracteriza el feroz individualismo del colectivo penitenciario.
