¿QUE HACER FRENTE A LA DEGRADACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRISIONES EN ESPAÑA?

El Gobierno de Mariano Rajoy inicio en 2011 una intensa ofensiva contra los servicios públicos y los empleados públicos, con una batería de medidas que permitan vaciar desde dentro los recursos necesarios para el mantenimiento de esos servicios fundamentales.

La batería de medidas ha sido en todos los órdenes, recortes de derechos laborales y de negociación colectiva al personal de los servicios públicos; eliminación de cientos de miles de puestos de trabajo, privatización de servicios, recorte de derechos de los usuarios, y un largo ectra. que han hecho retroceder a España a unos servicios públicos de hace veinte años.

Uno de los paradigmas más evidentes de la ofensiva contra los servicios públicos es el servicio púbico penitenciario en España, por dos razones diferentes, pero complementarias.

Por un lado el evidente objetivo del neoliberalismo, que encarna el Gobierno, por hacer negocio privado con los recursos públicos, su paradigma siempre es el mismo, beneficios privados perdidas públicas, siempre a costa de la misma ciudadanía que financia los servicios públicos y a la que se la priva de la prestación de los mismos.

La segunda razón, es de orden ideológico, y también pragmático,  de las necesidades más perentorias y personales. Es el objetivo de mercantilizar la condena y el cumplimiento de la pena. 

Para el Gobierno y su política el código penal es una herramienta para perseguir a los pobres y la disidencia. social, política o sindical. Pero tampoco es baladí el hecho de que el partido que sostiene al Gobierno este investigado en los tribunales junto a cientos de sus cuadros políticos relacionados con la corrupción que asola al país.

Con ambas razones siempre se podrá solventar, con la pertinente privatización del cumplimiento de la pena, las cuitas con la justicia a un módico precio, que evite ingresos en prisión indeseados o largas estancias dentro.

Es con este escenario de fondo con el que se comienza a degradar y desmantelar el servicio público de prisiones.

Se privatizan servicios dentro y fuera. Se privatiza la seguridad exterior manteniendo a la guardia civil prestando un servicio por el que el holding de la seguridad cobra suculentas facturas manteniendo además a su personal en condiciones laborales tercermundistas.

Se recortan derechos del personal en formación, acción social, 75% de recorte. Se criminaliza el hecho de estar enfermo penalizando las ILT con recortes salariales.

Se implanta, con el firme apoyo de Csif y Ugt,  un presunto plan contra las agresiones (más de 400 anuales), que perpetua las mismas, pero las oculta estadísticamente y sitúa a los agredidos como responsables de las mismas ante cualquier expediente, al tiempo que protege a los responsables de los centros de no aplicar la ley de prevención de riesgos laborales para evitarlas, atendiendo a sus causas y no mirando las consecuencias, sobre todo mediáticas.

Las retribuciones del personal penitenciario han sido reducidas en un 17% desde el inicio de la crisis, con pérdidas reales cada año, incluso en los que ha habido una nominal subida salarial.

Las plantillas de personal penitenciario se han desmantelado, con consecuencias inmediatas, mayor carga de trabajo, más agresiones y menos retribución por aumento carga de trabajo. En estos momentos el déficit oficial de plazas sin cubrir a pesar de estar presupuestadas en sus Rpts y catálogos de puestos es de más de 3.200

Este escenario decadente del servicio público penitenciario alienta a sus gestores a tener cada día más prepotencia ante las plantillas, convirtiendo la negociación colectiva en un acto informativo de sus decisiones, vulnerando la legalidad con el personal como la prolongación de las prácticas muchos meses más allá de lo establecido o el reparto para los mandos de la productividad generada por todas las plantillas.

Esta situación solo pude producirse por la pasividad y autocomplacencia de quienes la padecen y la pagan. La Administración no encuentra resistencias a sus políticas regresivas y el Gobierno sigue apretando el acelerador contra el personal penitenciario.

La realidad de las víctimas de esta política es tan decadente como la situación del servicio penitenciario. No hay ninguna medida que merezca tal nombre de confrontación e intento de cambio de una realidad tan degradada.

Los sindicatos de la plataforma periódicamente nos obsequian, durante años, con una liturgia a la puerta de alguna prisión con media docena de penitentes, sus tan altisonantes y repetidas consignas vacías ante los medios de comunicación.  Ademas lo tienen difícil, entre sus huestes esta Csif que hace una intensa campaña de apoyo soterrado al Gobierno y a sus políticas.

Acaip va por libre, últimamente tiene sus propios espectáculos, más coloristas y mediáticos pero igual de vacíos y sobre todo,  ineficaces para cambiar la realidad que nos somete el Gobierno.

Los outsiders de FPU, que parecían iban a ser un elemento catalizador de la conciencia crítica se han ido transformando en mendicante altavoz de un rancio anti sindicalismo que desde la exigencia de la unidad solo dividen.

Las plantillas están acomodadas y tranquilas, pagan cuotas, en el mejor de los casos, para un abogado o el seguro de la baja y se quejan de que nadie hace nada por ellas, anteponiendo siempre que lo tienen que hacer otros. Se quejan en corrillos y redes, pero salen corriendo de cualquier compromiso como gato de agua escaldada.

Este estado de cosas evidencia que en el teatrillo penitenciario, todo el mundo juega al postureo, a hacer campaña para las elecciones, a ver cuánto pierde el otro, ver si se enrollan los gestores y sacan algo para sí.

Pero sobre las consignas vacías, la retórica y el control gubernamental no se puede cambiar nada.

Hay algunos gritos de que hay que ir a Madrid “a liarla”, pero parecen más comandas de barra de  playa que actos conscientes reivindicativos de un cambio de situación.

Y lo son por una razón, en Madrid, 7000, mejor aún 10000 funcionarios de prisiones no son  nada, quedan diluidos como pintura blanca de pasos de cebra, con algún que otro titular mediático y con las risas convergentes de la calle Alcalá y el Paseo de la Castellana.

La fuerza esta siempre en los centros de trabajo, ahí es donde hay que demostrar que nos molesta de verdad la actual situación, es donde hay que transformar las consignas en hechos, los compromisos en actos y la reivindicación en fuerza.

Si los centros son capaces de responder, la correlación de fuerzas puede cambiar, sino hay ese compromiso efectivo seguiremos en una colorida campaña electoral, de frases vacías, de incapacidad reivindicativa camino de nuestros derechos de 1980

La prueba del algodón, del nivel de exigencia y compromiso con las reivindicaciones está en la Huelga. 

¿Es posible hacer huelga en prisiones?

Rotundamente sí. Siempre y cuando se desarrollen las condiciones necesarias, por ejemplo

    Huelga de un día (inicialmente)

       Reivindicaciones comunes a todos los actores, pocas pero  estratégicas

·         Una huelga de corresponsabilidad entre los que trabajan, libran y hacen huelga

·         Los costes de la huelga se distribuyen entre todo el personal adherido a la misma con independencia de su situación laboral el día de la misma.

·         Información, concienciación y alta participación

Son algunos elementos, parecen cortos, pero ponerse de acuerdo en algo básico por parte de todos ya sería el principal éxito frente a esta Administración, por ello las posiciones maximalistas de todo o nada, solo pueden ser excusas para seguir como hasta ahora, divididos, enfrentados y burlados por una Administración que continúa desmantelando las prisiones para su ulterior privatización.

Invitemos a los actores de este drama a dar un paso al frente, que sus palabras se transformen en actos, toca ver donde esta cada cual de verdad. 

Los preludios no invitan al optimismo el sectarismo de sigla aflora como sarampión del infatilismo reivindicativo que caracteriza el feroz individualismo del colectivo penitenciario.