La presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 (PGE22) han puesto fin a la quimera de la tan manoseada como “secreta” Ley de Cuerpos Penitenciarios.
Los PGE evidencian, otra vez, que
tampoco este año el personal penitenciario es merecedor de modernizar sus
condiciones laborales acorde a las funciones encomendadas por al Constitución.
El personal penitenciario ha sido indispensable
(a pesar de las resistencias para reconocerlo esencial) durante el momento más
crítico de la pandemia, lo sigue siendo a diario en una realidad degradada y
hostil que pone en cuestión la propia naturaleza de un servicio público
esencial.
Hay que decir la verdad a los
trabajadores y trabajadoras penitenciarias, no hay un solo euro en los PGE para
una Ley de Cuerpos que adecue las condiciones laborales del personal
penitenciario al siglo XXI.
Que no exista ningún compromiso
presupuestario con el personal de las prisiones del Ministerio del Interior no
significa que se haya reducido el presupuesto y el gasto para las Instituciones
Penitenciarias, al contrario, la Secretaria General contara con un 5% más de
presupuesto con un 30% menos de reclusos en prisión fruto de excarcelaciones
por el COVID y modificaciones legales.
Se va a contar con el mayor
presupuesto de la historia, con una plantilla estabilizada con tendencia a la
baja a pesar de las cacareadas “multitudinarias” ofertas de empleo, una
plantilla que sigue siendo raquítica como demuestra que no se puedan abrir
4.000 celdas para cumplir la LOGP.
A pesar de tan importante crecimiento financiero para gestionar las prisiones, no hay ni un euro parta reconocer al personal, los compromisos, la palabra ante la soberanía popular y todo lo demás son engañifas para mantener al personal tranquilo y sin mejoras. La verdad es que hay dinero sobrante para cubrir todas las reivindicaciones del personal penitenciario, solamente los 67 millones y medio transferidos al lobby de la seguridad privada para cubrir un servicio perfectamente desempeñado por las FCSE, que lo hicieron como mandata la ley, durante los veinte meses que las empresas se negaron en las prisiones del centro.
No ha sido una cuestión menor, en
el desarrollo de los acontecimientos, la personalización de la huelga de
prisiones que desde el Ministerio del Interior tiene como una “afrenta”, cuando
no es más que el legítimo ejercicio de un derecho constitucional.
Los diferentes actores de la
negociación, como no puede ser de otro modo, tienen intereses contrapuestos,
que la negociación desde la buena fe debería de resolver, unos vieron su
oportunidad por hacerse con toda la gestión de personal y esquinar a Función
Pública, una sectorización encubierta. Otros centraban sus intereses en el
grupo B, porque entendían que les reportaría más réditos electorales. Y otros
pusieron el acento en la reclasificación de centros porque garantizaba una
subida general que repercutiría también en el personal laboral donde tienen más
presencia.
Al final la administración hizo con
su pan lo que le pareció, la mayoría de las cuestiones de los sindicatos no
fueron recogidas en su propuesta, y paso lo que tiene que pasar cuando no se gestionan
bien las cosas.
La coherencia, la falta de rigor y
la madurez de las propuestas determina su ciclo vital. No parece que la Ley de Cuerpos
contara con ninguna de las características esenciales para salir adelante, el
choque con Función Pública estaba asegurado, sobre todo para el grupo B, que
está en proceso de negociación en la Administración General del estado
(competencia de Función Pública) pero sobre todo porque generaba importantes
disfunciones al propio Ministerio del Interior, donde también se demanda por
colectivos mucho más numerosos que dispararían el gasto.
Por otra parte, la memoria
financiera y los plazos de ejecución también genera más disfunciones y
oposición dentro de la Administración, sobre todo en un contexto inflacionario
donde el Gobierno tiene intención de aplicar ajustes, incrementando las
retribuciones por debajo del IPC
Este bloqueo debe de ser conocido
por el personal, y así deberían de hacerlo quienes estén en la mesa de
negociación, lo contrario es una expresión de poco respeto para con el personal
a quien se representa y que no entiende como desde el 2018 con promesas y
movilizaciones tampoco estos presupuestos existen para ellos, lo mínimo que nos
merecemos es la verdad.
Al final se repite la historia, los
cambios en prisiones, no llegan solos, o se conquistan o se pierden, la
estrategia de ponerse en manos de las “promesas” de los partidos han mostrado
que solo sirven para que ellos hagan su juego partidario utilizando al
colectivo penitenciario, el Estatuto de prisiones sirvió para eso en el
Congreso y Senado y la Ley de Cuerpos valdrá para lo mismo.
La falta de conocimiento, de
compromiso y de interés por un sistema penitenciario moderno, queda demostrado
en la propuesta de agente de la autoridad que el Gobierno lleva en la reforma
de la Ley de Seguridad Ciudadana y que la oposición boicoteara (a pesar de
haber dicho que defendían hacernos agentes de la autoridad).
En este estado de cosas la verdad
es que quedan pocas alternativas, no hay ley de cuerpos sin presupuestos,
cualquier invento será otra ocurrencia para despistarnos.
La única alternativa pasa por
conseguir una mejora retributiva con fondos propios de la secretaria o el
ministerio, toda vez que parece claro que en los PGE22 no vamos a estar.
Y esa única alternativa solo es
posible si logramos vencer la resistencia del Ministerio del Interior, para que
no quede duda, si el Ministerio de Interior tiene la NECESIDAD de negociarla,
hay dinero para ello, pero nos faltan las fuerzas necesarias, para hacer
necesaria la negociación.
Hay que ser claros, no nos van a
regalar nada, hay que pelearlo, y hablar de pelearlo no pasa por actos testimoniales
o folclóricos, hay que organizarse para un nivel de presión reivindicativa que
se sienta en la Castellana, los encierros testimoniales, las pancartas con
media docena de sindicalistas o las manifestaciones minoritarias solo son
exhibición de debilidad que solo provoca que se nos cierren más puertas.
La presión tiene que ser colectiva y unitaria, de la transversalidad de todas las plantillas y colectivos profesionales penitenciarios con independencia de su relación laboral. Y seamos claros, eso exige de la participación de todas las organizaciones sindicales representativas, Csif, Ugt.Acaip, Ccoo, Cig y Ela, como no puede ser de otro modo, pero también sin ningún género de duda del resto de organizaciones, Tamp, Apfp, Fpu, Uso, deben de estar, impulsando un acuerdo de mínimos para alcanzar una subida retributiva con fondos propios para el 2022.
Todo lo demás, es seguir en el postureo, en la falta de transparencia y en no reconocer la madurez de las plantillas que exigen soluciones para prisiones por encima del narcisismo de las siglas.
En definitiva, dejar pasar los
años en campañas que no aportan ninguna mejora y crean un clima laboral poco
saludable, no debería de ser la opción
