La violencia
en lugar de trabajo – sea física o psicológica - se ha convertido en un
problema mundial que atraviesa las fronteras, los contextos de trabajo y los grupos
profesionales. La violencia en el lugar de trabajo – que durante mucho tiempo
ha sido una cuestión “olvidada” – ha adquirido una enorme importancia en los
últimos años y en la actualidad es una preocupación prioritaria tanto en los
países industrializados como en los países en desarrollo.
La violencia
laboral afecta a la dignidad de millones de personas en todo el mundo. Es una
importante fuente de desigualdad, discriminación, estigmatización y conflicto
en el trabajo. Cada vez más, es un problema capital de derechos humanos. Al
mismo tiempo, la violencia en el lugar de trabajo aparece como una amenaza
grave, y a veces letal, contra la eficiencia y el éxito de las Organizaciones.
La violencia causa perturbaciones inmediatas, y a veces perturbaciones de largo
plazo, de las relaciones entre las personas, de la organización del trabajo y
de todo el entorno laboral.
El Acuerdo
Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Trabajo de 2007, aspira a prevenir
y, en caso necesario, gestionar problemas de intimidación, acoso sexual y
violencia física en el lugar de trabajo. Este acuerdo condena toda forma de
acoso y de violencia e insiste en la obligación que tienen los empresarios
de proteger a los trabajadores contra tales situaciones.
Las Directrices multisectoriales para solucionar la
violencia y el acoso de terceros relacionados con el trabajo fueron firmadas
por FSESP, UNI-Europa, CSEE, HOSPEEM, CMRE, EFEE, EuroCommerce, CoESS, el 16 de
julio de 2010, pretenden garantizar que en cada lugar de trabajo exista una
política orientada a los resultados que aborde el tema de la violencia ejercida
por terceros
Siguiendo a la NTP 489 es cierto que existe la
creencia de que en ciertas ocupaciones es inherente a ellas la aceptación de un
cierto grado de violencia como una parte misma del trabajo. Es decir, el
trabajador asume el riesgo de sufrir actos violentos cuando acepta el trabajo
(con lo que contribuye a que continúe la violencia). Esto puede llevar a pensar
que no es necesario tomar ninguna medida preventiva
La evolución
de las agresiones al personal penitenciario se incrementa exponencialmente en
los últimos años, a pesar de una reducción significativa de los internos en las
prisiones españolas, pasando de 323 agresiones físicas en el año 2008 con un
35,68% de agresiones sobre el total de accidentes en el medio penitenciario a
467 agresiones físicas en el 2014 (no hay memoria oficial del 2015 aun) con un
41,99 sobre los accidentes de Instituciones Penitenciarias. Estas cifras llevan
la siniestralidad en Instituciones Penitenciarias a tasas muy superiores a
las medias españolas o europeas con un siniestralidad del 5,22%.
Instituciones Penitenciarias es un sector de la
Administración del Estado donde la violencia contra los trabajadores tiene un
carácter estructural, y donde desde los responsables de la Administración se ha
institucionalizado la idea, que es un factor inherente a la propia naturaleza
del trabajo y sobre el cual no cabe intervención preventiva.
La Administración
Penitenciara ha sistematizado y protocolizado unos mecanismos de gestión ante
las agresiones que excluyen en su integridad las obligaciones empresariales y
los derechos del personal penitenciario reconocidos en la legislación de salud
laboral.
Conciben las agresiones como una parte integral de
la actividad penitenciaria y no como un riesgo laboral que prevenir y evitar,
como queda constatado en la investigación de los accidentes, todos aquellos
que tienen origen en agresiones al personal no se permite su investigación por
parte del servicio de prevención y se articula una investigación desde la seguridad
y el orden regimental interno o de sus consecuencias penales, pero obviando
predeterminadamente cualquier perspectiva de salud laboral, riesgos laboral y
del derecho del trabajador a su salud y la obligación empresarial a su garantía
en la actividad laboral. Esta perspectiva parece señalar que estas agresiones
ya vienen consideradas y retribuidas por la propia naturaleza de la actividad,
lo que contravienen toda legislación nacional y europea sobre riesgos laborales.
Al albur de la última campaña electoral el Gobierno recordó,
tras cuatro años, que tenía la obligación de la negociación colectiva y trato
de aprovecharla como un elemento más de su propaganda electoral.
Para ello, además de otras diversas cuestiones, puso
sobre la mesa la negociación con los sindicatos representados en la Mesa de
Negociación de la Administración General del Estado una propuesta de un
Procedimiento contra la Violencia en el Trabajo dentro de la Administración
General del Estado.
En
dicho documento la única línea roja existente es que no podría estar
Instituciones Penitenciaras, presuntamente porque así lo había exigido el
Ministerio de Interior a través de sus gestores penitenciarios.
Tras el pertinente teatrillo temporal que estas
cuestiones llevan implícitas en su liturgia de vestir con un cierto decoro de presunta
negociación las reuniones, la Administración decide que necesita acuerdos
firmados para presentarse en la campaña electoral como paladín de la
negociación y del dialogo social y exige la firma de su documento, donde incluye
una cortina de humo respecto a la situación de prisiones y la violencia en el
trabajo, que recogía literalmente (sic) que habría una reunión en menos de
seis meses para “ver” si prisiones necesitaba un plan contra las agresiones,
pero que quedaba excluida del plan de la Administración General del Estado.
Con
esa grosera redacción referida a las agresiones que cientos de trabajadores y
trabajadoras de prisiones padecen cada año, CSIF y UGT se muestran satisfechos
y conformes, firmando el acuerdo que excluye, salvo oficinas, a prisiones del
Protocolo Contra la Violencia en el Trabajo.
Por
otra parte CCOO y CIG lo rechazan, mientras que USO-acaip no está presente por
no alcanzar la representación exigida y por tanto no se pronuncia.
Obviamente en la reunión que se convoca para “ver”
si hace falta un plan contra las agresiones la Administración Penitenciaria lo
zanja en 10 minutos, afirmando con rotundidad que no hace falta y no hay más
que hablar, con lo que ya cumplen con lo que firmaron como coartada CSIF y
UGT para dejar fuera prisiones de la protección contra las agresiones al
personal penitenciario.
Obviamente como no puede ser de otro modo, las agresiones
han continuado, porque las razones que provocan las agresiones no se han
abordado, todos conocemos la mayoría de las causas: aumento de la población
penal con patologías psiquiátricas, reducción y envejecimiento de las plantillas,
falta de actuaciones frente a la agresión, problemas de clasificación, falta de
medidas jurídicas, y psicológicas con las víctimas.
Y frente a que continua el incremento de agresiones
al personal de prisiones, resulta paradójico a la par que esperpéntico contemplar
la actitud y el compromiso de los representantes de los trabajadores.
De los que apoyaron dejar fuera a prisiones del
programa contra la violencia en el trabajo, tenemos por un lado CSIF que en
un ejercicio de cinismo sindical reclama en los centros un programa contra las
agresiones cuando sus dirigentes en la mesa de negociación votaron en contra de
que prisiones estuviera en ese programa contra las agresiones. Al margen
del cinismo, es como si los delegados en los centros tratan de lavar su cara de
los actos de sus propios dirigentes centrales, pero sin cuestionar ni interna
ni externamente las consecuencias que su firma tuvo para las agresiones al
personal en las cárceles.
Por otro lado, el otro avalista del Gobierno, UGT
guarda un sepulcral silencio, roto por algún leve gemido local perdido.
De los que se opusieron al Gobierno y a excluir
prisiones del plan contra la violencia en el trabajo. CCOO manifiesta una
mayor actividad y beligerancia con el asunto, pero es un sindicato que no cuenta
con los apoyos suficientes de las plantillas en Instituciones Penitenciarias
y que por lo tanto su actividad queda perdida sin el efecto de concienciación
entre los funcionarios, en la superestructura de mesas de negociación y otras ámbitos
institucionales, donde si demuestra un importante compromiso contra la
violencia en el trabajo en prisiones.
Por su parte la nacionalista CIG tiene un ámbito de
actividad muy circunscrito a Galicia y además sus peculiaridades organizativas
hacen que dependen algún posicionamiento esporádico al ámbito de algún centro
donde cuenta con delegados más activos.
Mención aparte es la de USO-acaip que aunque no cuenta con presencia en la Mesa
de Negociación por carecer del 10% de representatividad, si es cierto que es el
sindicato con más apoyo en prisiones. Curiosamente ese apoyo mayoritario no
se ha tenido una correlación a la hora de actuar sindicalmente contra las
agresiones, no pasando de algún comunicado en los centros donde se producen
agresiones, pero manteniendo una pasividad frente a las agresiones a los
funcionarios de prisiones que resulta en la más benévola de las definiciones paradójica.
Socialmente,
laboralmente, legalmente no es posible seguir mirando hacia otro lado frente al
grave problema que la pandemia de agresiones al personal penitenciario
representa, hay que rechazar que sea una consecuencia, una necesidad o algo
inherente al propio trabajo, porque eso está cuestionado científicamente en todo el mundo y solo es
un pretexto para quienes pretenden que la situación siga igual.
No
se puede aceptar el mercenario argumento que la violencia en el trabajo está
dentro de la nómina, ningún trabajador, ningún funcionario, tiene porque ser agredido o tener
un accidente por el mero hecho de trabajar. Vincular las agresiones o los
accidentes laborales a la cuantía de la nómina es delictivo.
Hace
falta, es urgente, acabar con esta pandemia, hay alternativas en directivas
europeas, notas técnicas o propuestas sindicales y se puede explorar muchas
otras, pero no es asumible que centenares de funcionarios y funcionarias sean
agredidos cada año por trabajar en la prisión.
A la hora de buscar soluciones no estaría de más un
papel más independiente, más profesional y más activo del servicio de
Prevención propio de Instituciones Penitenciarias, que hasta la fecha está
ausente y no se le espera frente a los accidentes laborales fruto de agresiones
al personal.
Es necesario reclamar además una intervención más
comprometida de la Inspección de Trabajo frente a esta sangría que se
incrementa exponencialmente.
No cabe ningún espacio para la ingenuidad como para pretender
que los responsables de prisiones que miran permanentemente para otro lado ante
esta situación durante años, tomen un papel activo ahora para solucionarla. El
abordaje del problema debe de pasar por una intervención seria y decidida de
Función Pública, si el Ministerio del Interior les deja claro.
De todas las maneras el principal agente del
cambio frente a las agresiones tiene que ser el funcionario o la funcionaria de
prisiones, que tiene que asumir su responsabilidad para defender su salud, su integridad
física y moral, exigiendo a todos los agentes anteriores, en primer lugar a
sus representantes sindicales, medidas activas e inmediatas para que se cumpla
la ley y su actividad profesional tenga la prevención y protección exigidas.
La celebración el próximo 28 de abril del día mundial
de la seguridad y la salud sería un buen momento para invertir este proceso de degradación
que padece el personal penitenciario
Las
agresiones al personal de prisiones tiene soluciones, dejar que centenares de
trabajadores sigan siendo agredidos cada año es una inmoralidad no aceptable en
una sociedad moderna.
