Durante esta legislatura el proceso
de degradación y deterioro de las condiciones y relaciones laborales en
Instituciones Penitenciarias ha alcanzado cotas que ni los más viejos del lugar
podían imaginarse.
Instituciones Penitenciarias ha
comenzado el proceso privatizador, duplicando el servicio de vigilancia
exterior, con unos costos de 33 millones de euros que los amiguete del lobby de
la seguridad privada seguro agradecen.
En paralelo al derroche económico,
también en celebraciones y conmemoraciones, han abordado un proceso de duro
ajuste sobre las columnas vertebrales de un sistema penitenciario público,
reducción de plantillas amortizando plazas, abandono de infraestructuras
terminadas, recortes laborales, recortes de seguridad y protección del personal
y un largo ectra. que justifican en un falta de dinero que parece no existe
para el lobby de la seguridad privada. Tal vez de eso se trate, de deteriorar
el servicio público hasta niveles que permitan entregarlo a ese mismo cartel de
empresas de la seguridad.
Las consecuencias para el personal penitenciario
son agudas y aumentan en intensidad con el paso del tiempo.
La carga de trabajo se ha incrementado, a pesar del tan cacareado como coyuntural descenso
de la población penal fruto de reducción de penas por tráfico y expulsión de
extranjeros que no podrá amortizar el incremento que originara el reciente código
penal y la innumerable relación de nuevos tipos penales, o la repercusión de la
cadena perpetua (eufemísticamente prisión permanente revisable).
El aumento de la carga de trabajo,
viene acompañada de situaciones que origina toda esta precariedad laboral, las
agresiones al personal penitenciario tienen un crecimiento exponencial durante
toda la legislatura y la única alternativa parece ser que ya están incluidas en
la nómina según los gestores penitenciarios.
Las expectativas personales y familiares
de cientos de funcionarios y funcionarias se esfuman, al no existir concursos
de traslados, hay que decir con claridad a estos funcionarios y funcionarias,
que los concursos son un derecho laboral objetivo y por tanto están supeditados
a la existencia de una oferta de empleo público, salvo que se cierren
instalaciones penitenciarias para favorecer dicho concurso. El déficit de
plazas sin cubrir, más de tres mil, permitirá atender un concurso de traslados
muy importante.
Y todo este Armagedón penitenciario se adereza con un envejecimiento
de las plantillas que nos lleva a puntos críticos de operatividad, ¿habrá quien
piense en tener funcionarios de 70 años operativos en garantizar la seguridad y
la reinserción en centros penitenciarios?
Este estado de cosas, todas
negativas y en proceso de deteriorarse más no ha encontrado una respuesta creíble
por parte del colectivo del personal penitenciario que está dividido,
confrontado, indolente y hasta podría parecer que hasta cómodo con toda la
basura laboral que inunda las prisiones.
Por parte de los sindicatos presentes
en la mesa de negociación de Instituciones Penitenciarias, CCOO, CSIF y UGT (de
los nacionalistas, presentes testimonialmente, no hay mucho que decir ni están ni
se les espera) han promovido hace dos años una Plataforma en Defensa de un Servicio
Público Penitenciario. En su favor cabe decir que han convocado numerosas
movilizaciones en todos los centros al menos una vez durante este tiempo y han
transmitido la precariedad existente a la opinión pública con bastante
intensidad. Pero no menos cierto es que la participación de las plantillas,
salvo centros concretos ha sido escasa como si sus problemas no fueran con
ellos. Además de por las condiciones sociológicas propias de las plantillas
penitenciarias, nos referiremos más adelante sobre este asunto, puede resultar
un factor de desapego de la gente con estas convocatorias, factores como el que
haya algún sindicato (CSIF) de esta plataforma más pendiente de dejar fuera a
otros que de las propias reivindicaciones y de otra parte la incongruencia y
doble moral no ayuda a hacer creíble esta plataforma, por ejemplo ante el grave
problema de las agresiones, que han incluido en las últimas convocatorias, no
se puede jugar con un problema tan grave, saliendo a la prensa “quejumbrosos y
doloridos” en los centros cuando agreden a alguien y al mismo tiempo UGT y CSIF
le firman al Gobierno para dejar fuera a prisiones de los programas contra las
agresiones en la AGE.
En el otro lado el autoproclamado
sindicato de prisiones o sindicato mayoritario de prisiones USO-acaip ha tenido
durante esta legislatura una lamentable posición de seguidismo de la
Administración y colegeo con el Sr. Yuste al que han protegido desmovilizando
todos estos años y no participando de ninguna actividad reivindicativa
colectiva, más allá de enfrentarse a algún director que no es de su cuerda. Siendo
grave esta política para un sindicato, más grave aún es como la justifican,
manifestando que como no están en la mesa (para lo que no han alcanzado los
porcentajes necesarios) ellos no van a estar con quienes si están. Demostrando
que para ellos es más importante su interés de sindicato que las necesidades
del personal penitenciario.
Otro actor en este melodrama penitenciario
es el emergente APFP que siendo minoritario y con presencia en algunas
prisiones está recogiendo parte del descontento con la pasividad de USO-acaip.
No han participado en ninguna movilización, han reunido a delegados y familiares
en Madrid en el paso de cebra frente a la Secretaria General. A pesar de su
emergencia durante los últimos 10 años es un canto a la nostalgia, pues
articulan su discurso sobre los elementos de corporativismo más rancios, que
son los que USO-acaip defendió y nos han traído a este estado de cosas la
realidad laboral de IIPP. Su reivindicación estelar es que Instituciones Penitenciaras
sea un sector y salga de la Administración General del Estado en términos de
relaciones laborales, pues solo d este modo podrían sobrevivir como sindicato. Pero
todos los datos indican que su petición de independencia choca con una realidad
cada vez más centralizada y que no parece vaya a ser atendida. Consecuencia de
su corporativismo “vintage” hay
actuaciones que chocan directamente contra las necesidades del propio personal penitenciario,
como la que iniciaron para que los interinos perdiesen sus plazas de trabajo, cuestión
bastante impropia de un sindicato.
Estos son los mimbres con los que
se debe de articular una respuesta frente a la degradación laboral e institucional
de Instituciones Penitenciarias.
Hay quien defiende terceras vías,
como desarrollar actividades reivindicativas en los propios centros con
independencia de lo que se haga en los demás. Las experiencias hasta ahora de
estas opciones es que se abordan cuestiones que se acuerdan en otros ámbitos,
que se hace desde el egoísmo de quítame mi problema y se lo paso al de al lado
y que fundamentalmente no articula ninguna alternativa seria y de futuro para
garantizar derechos y condiciones laborales en Instituciones Penitenciarias. Y
por lo general surgen con delegados que bailan con la música que le marca el
director o la directora del momento, que les utiliza para defender sus
intereses como como director del centro ante IIPP.
Ante este panorama de abandono y
desolación parece que quienes apuestan por dejarlo todo como esta ya tienen
suficientes argumentos. Ese suele ser el sentir mayoritario del personal penitenciario
que es poco proclive a lo colectivo, que enarbola la exclusividad de lo individual,
de su individualidad por supuesto, y lo antepone a todas las individualidades
que le rodean. Este tipo de personal suele ser el más reivindicativo en los
puestos de trabajo, cafeterías o mentideros penitenciarios pero se vuelve transparente
en el momento de tener que asumir alguna de sus reivindicaciones, para las que
siempre tiene que haber alguien dispuesto a materializarlas, aunque sean los
sindicatos que no sirven para nada.
Este compromiso con ningún compromiso
de la mayoría del personal penitenciario es el que ha permitido que para los
gestores les salga gratis todas las agresiones que perpetra contra las plantillas
penitenciarias.
Si con esta actuación no han vapuleado
y nos llevan a puntos inadmisibles laboralmente como empleados públicos, no
parece ser la opción más inteligente a seguir, habrá que explicarles a estas
personas que aquí o nos salvamos todo o no se salva ni dios, los transparentes
tampoco.
Hay elementos alimentados por las
pequeñas megalomanías corporativistas que tampoco ayudan, pretender anteponer
unas categorías a otras, confrontar unas áreas a otras, enfrentar un género a
otro o unos empleados a otros, no solo no tiene justificación objetiva alguna
sino que además solo ayuda y favorece a los que atacan nuestros derechos.
Por todo ello si queremos cambiar,
si necesitamos reivindicar, si buscamos un futuro laboral como personal penitenciario.
No hay otra salida que la unidad sindical, impuesta por las plantillas,
obligada por la afiliación de los diferentes sindicatos en torno a cuestiones básicas
que nos afectan a todos y sobre los que no debería de ser difícil ponerse de
acuerdo, sin renunciar a la defensa de las perspectivas sindicales de cada cual
que no deberían de servir de coartada para eludir la obligación de trabajar por
el bien común de las reivindicaciones que se acuerden, pero que básicamente podrían
articularse en torno a elementos que nos unen.
PRISIONES
SERVICIO PUBLICO CON EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICAS
OFERTA DE
EMPLEO PARA PRISIONES Y APERTURA INSTALACIONES
CONCURSOS
DE TRASLADOS ANUALES
PROGRAMA
CONTRA LAS AGRESIONES AL PERSONAL PENITENCIARIO
Es momento de ver cuanta
inteligencia se acumula entre el personal penitenciario, si somos capaces de
imponer a los sindicatos que nos representan un camino de soluciones y no de confrontación.
O si la carencia de inteligencia y los egos dejan las manos libres otros cuatro
años para seguir degradando nuestras condiciones y quejarnos de nuestro “mal
fario” pero no hacer nada por cambiarlo como hasta ahora.
Ese es nuestro reto, si logramos
todo cambiara, sino tendremos lo que nos hemos trabajado, lo que merecemos.
NADA
