miércoles, 17 de noviembre de 2021

LA LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2022, ENTIERRA LA LEY DE CUERPOS PENITENCIARIOS

 La presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 (PGE22) han puesto fin a la quimera de la tan manoseada como “secreta” Ley de Cuerpos Penitenciarios.

Los PGE evidencian, otra vez, que tampoco este año el personal penitenciario es merecedor de modernizar sus condiciones laborales acorde a las funciones encomendadas por al Constitución.

El personal penitenciario ha sido indispensable (a pesar de las resistencias para reconocerlo esencial) durante el momento más crítico de la pandemia, lo sigue siendo a diario en una realidad degradada y hostil que pone en cuestión la propia naturaleza de un servicio público esencial.

Hay que decir la verdad a los trabajadores y trabajadoras penitenciarias, no hay un solo euro en los PGE para una Ley de Cuerpos que adecue las condiciones laborales del personal penitenciario al siglo XXI.

Que no exista ningún compromiso presupuestario con el personal de las prisiones del Ministerio del Interior no significa que se haya reducido el presupuesto y el gasto para las Instituciones Penitenciarias, al contrario, la Secretaria General contara con un 5% más de presupuesto con un 30% menos de reclusos en prisión fruto de excarcelaciones por el COVID y modificaciones legales.

Se va a contar con el mayor presupuesto de la historia, con una plantilla estabilizada con tendencia a la baja a pesar de las cacareadas “multitudinarias” ofertas de empleo, una plantilla que sigue siendo raquítica como demuestra que no se puedan abrir 4.000 celdas para cumplir la LOGP.

A pesar de tan importante crecimiento financiero para gestionar las prisiones, no hay ni un euro parta reconocer al personal, los compromisos, la palabra ante la soberanía popular y todo lo demás son engañifas para mantener al personal tranquilo y sin mejoras. La verdad es que hay dinero sobrante para cubrir todas las reivindicaciones del personal penitenciario, solamente los 67 millones y medio transferidos al lobby de la seguridad privada para cubrir un servicio perfectamente desempeñado por las FCSE, que lo hicieron como mandata la ley, durante los veinte meses que las empresas se negaron en las prisiones del centro.


La Ley de Cuerpos era un proyecto demasiado ambicioso de trasformación integral de las relaciones laborales en las Instituciones Penitenciarias a la realidad actual, pero quedo lastrado de inicio por la interlocución de unos gestores que solo aspiran a poner parches para pervivir en el puesto y que no tenían la menor intención de transformar nada.

No ha sido una cuestión menor, en el desarrollo de los acontecimientos, la personalización de la huelga de prisiones que desde el Ministerio del Interior tiene como una “afrenta”, cuando no es más que el legítimo ejercicio de un derecho constitucional.

Los diferentes actores de la negociación, como no puede ser de otro modo, tienen intereses contrapuestos, que la negociación desde la buena fe debería de resolver, unos vieron su oportunidad por hacerse con toda la gestión de personal y esquinar a Función Pública, una sectorización encubierta. Otros centraban sus intereses en el grupo B, porque entendían que les reportaría más réditos electorales. Y otros pusieron el acento en la reclasificación de centros porque garantizaba una subida general que repercutiría también en el personal laboral donde tienen más presencia.

Al final la administración hizo con su pan lo que le pareció, la mayoría de las cuestiones de los sindicatos no fueron recogidas en su propuesta, y paso lo que tiene que pasar cuando no se gestionan bien las cosas.

La coherencia, la falta de rigor y la madurez de las propuestas determina su ciclo vital. No parece que la Ley de Cuerpos contara con ninguna de las características esenciales para salir adelante, el choque con Función Pública estaba asegurado, sobre todo para el grupo B, que está en proceso de negociación en la Administración General del estado (competencia de Función Pública) pero sobre todo porque generaba importantes disfunciones al propio Ministerio del Interior, donde también se demanda por colectivos mucho más numerosos que dispararían el gasto.

Por otra parte, la memoria financiera y los plazos de ejecución también genera más disfunciones y oposición dentro de la Administración, sobre todo en un contexto inflacionario donde el Gobierno tiene intención de aplicar ajustes, incrementando las retribuciones por debajo del IPC

Este bloqueo debe de ser conocido por el personal, y así deberían de hacerlo quienes estén en la mesa de negociación, lo contrario es una expresión de poco respeto para con el personal a quien se representa y que no entiende como desde el 2018 con promesas y movilizaciones tampoco estos presupuestos existen para ellos, lo mínimo que nos merecemos es la verdad.

Al final se repite la historia, los cambios en prisiones, no llegan solos, o se conquistan o se pierden, la estrategia de ponerse en manos de las “promesas” de los partidos han mostrado que solo sirven para que ellos hagan su juego partidario utilizando al colectivo penitenciario, el Estatuto de prisiones sirvió para eso en el Congreso y Senado y la Ley de Cuerpos valdrá para lo mismo.

La falta de conocimiento, de compromiso y de interés por un sistema penitenciario moderno, queda demostrado en la propuesta de agente de la autoridad que el Gobierno lleva en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y que la oposición boicoteara (a pesar de haber dicho que defendían hacernos agentes de la autoridad).


Ya en otra ocasión advertí que la condición de agente de la autoridad era un elemento propagandístico en manos de los políticos, y que con ella tratarían de distraernos de nuestras reivindicaciones. Así ha sido, tienen la desvergüenza de presentar esta propuesta que es necesaria, justificada y útil, como la gran concesión a las reivindicaciones del colectivo, quien piense así hace flaco favor al colectivo, la condición de agente de la autoridad nos la llevan reconociendo los jueces desde hace años en el 97% de las ocasiones y por la parte de las agresiones no tienen el menor impacto sobre las mismas (como acreditan datos de donde si son agentes de autoridad), solo la prevención puede evitarlas. Está bien que se nos reconozca, pero no resuelve nuestras necesidades laborales.

En este estado de cosas la verdad es que quedan pocas alternativas, no hay ley de cuerpos sin presupuestos, cualquier invento será otra ocurrencia para despistarnos.

La única alternativa pasa por conseguir una mejora retributiva con fondos propios de la secretaria o el ministerio, toda vez que parece claro que en los PGE22 no vamos a estar.

Y esa única alternativa solo es posible si logramos vencer la resistencia del Ministerio del Interior, para que no quede duda, si el Ministerio de Interior tiene la NECESIDAD de negociarla, hay dinero para ello, pero nos faltan las fuerzas necesarias, para hacer necesaria la negociación.

Hay que ser claros, no nos van a regalar nada, hay que pelearlo, y hablar de pelearlo no pasa por actos testimoniales o folclóricos, hay que organizarse para un nivel de presión reivindicativa que se sienta en la Castellana, los encierros testimoniales, las pancartas con media docena de sindicalistas o las manifestaciones minoritarias solo son exhibición de debilidad que solo provoca que se nos cierren más puertas.



La presión tiene que ser colectiva y unitaria, de la transversalidad de todas las plantillas y colectivos profesionales penitenciarios con independencia de su relación laboral. Y seamos claros, eso exige de la participación de todas las organizaciones sindicales representativas, Csif, Ugt.Acaip, Ccoo, Cig y Ela, como no puede ser de otro modo, pero también sin ningún género de duda del resto de organizaciones, Tamp, Apfp, Fpu, Uso, deben de estar, impulsando un acuerdo de mínimos para alcanzar una subida retributiva con fondos propios para el 2022.

Todo lo demás, es seguir en el postureo, en la falta de transparencia y en no reconocer la madurez de las plantillas que exigen soluciones para prisiones por encima del narcisismo de las siglas. 

En definitiva, dejar pasar los años en campañas que no aportan ninguna mejora y crean un clima laboral poco saludable, no debería de ser la opción

miércoles, 22 de septiembre de 2021

POSTUREO SINDICAL, RUINA LABORAL

 Hoy un sindicato de prisiones, ha convocado una manifestación nacional en Madrid, para exigir firme y solemnemente la equiparación con Cataluña, a la que posteriormente han sumado un genérico reclamo contra la “persecución en prisiones”, aprovechando las “siempre oportunas” actuaciones del Ministerio de Interior, que con su obsesivo desprecio al colectivo penitenciario y la utilización de técnicas nada acordes al ordenamiento jurídico, provoca una campaña mediática de desprestigio del trabajo honrado de miles de compañeros y compañeras, haciendo una daño a la Institución nunca visto en democracia.

La primera reflexión que sugieren las imágenes y lo acontecido, es que la división no suma, que siempre resta, ha sido una manifestación con una participación muy inferior a las dos anteriores convocadas por las organizaciones sindicales con participación de todos. Lo que en unas condiciones emocionales tan favorables demuestra que no por gritar más y más alto se tiene más fuerza, y mucho menos más razón.

La segunda reflexión que debemos de abordar, es la de las razones de la convocatoria, alguien que se autoproclama como el “nuevo sindicalismo”, ha habido tantos antes que han dicho lo mismo, no debería al colectivo, y si al menos ha encontrado razones para cambiar de opinión explicarlas. Porque resulta incomprensible que hace muy pocos meses se apoyen en la oposición para presentar una Ley con un “Estatuto para prisiones” y esa homogenización del Estado de las autonomías que pretenden con la presunta equiparación no aparezca por ningún lado en el texto. ¿no les parecería importante para una Ley, la equiparación con Cataluña?

Salvo que realmente se tenga claro que no hay equiparación “con Cataluña”, y que entiendan, además, que maldita falta que hace, porque lo que se busque es dar protagonismo político a los partidos que dan cobertura a este sindicato para que desgaste al Gobierno, un desgaste que no revierte en ninguna mejora para el colectivo.



Callejear por Madrid para hacer un rato de propaganda en las redes no cambia la decadente realidad laboral de prisiones, los convocantes no han explicado cómo van a conseguir materializar esa demanda de equiparación, que aventuraron seria próxima allá por el año 2018 cuando irrumpieron con la consigna de un nuevo sindicalismo, que nada nuevo ha traído de momento. Porque todas tenemos claro que no basta con pedir, hay que conseguir que los cambios necesarios se materialicen en derechos y retribuciones, y no parece que las fuerzas mostradas en Madrid, alcancen para ningún cambio, cuando con mucha más fuerza nos derrotaron en la huelga y las movilizaciones del 18. Por lo que cabe concluir que nada hemos avanzado como colectivo con esta movilización, muy liquida, contradictoria y flexible con la realidad de las demandas, muy débil para forzar ningún cambio de la actual situación. Es definitiva una movilización para cohesionar a los convencidos y seguir hablando de “momentos históricos” un año tras otro, en campaña electoral sin fin en beneficio de las propias siglas.

En el otro extremo del tablero, nos encontramos con otra declaración, también solemne, en varios actos desde su inicial anuncio, de la lamentable situación laboral que atraviesa prisiones y la presentación de un “conflicto colectivo” en Instituciones Penitenciarias

El conflicto colectivo está regulado dentro de la jurisdicción de lo social, para supuestos muy concretos, tasados por el Tribunal Supremo y el propio Tribunal Constitucional.

La aplicación del conflicto colectivo al personal funcionario, no parece contemplarse jurídicamente, por lo que, si no se trata de otro acto propagandístico, se deben de inferir a que declaran la conflictividad con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Resultando extraño por tanto la apelación a la figura jurídica del conflicto colectivo, para unos actos que solo precisan de la convocatoria de los mismos y su manifestación en el tipo de movilización que acuerden quien convoque.

Por lo tanto, si pueden convocar cualquier tipo de movilización, incluida la huelga, y no lo hacen, y que alambiquen un conflicto colectivo, inaplicable a la mayoría del personal, podría tratarse de otro episodio de propaganda, sobre todo si tenemos en cuenta que las amenazas de no negociar nada con la SGIP, ya se han materializado en otras ocasiones, baja palabra de no volver a sentarse sin subida retributiva, faltando a la palabra dada y volviendo a sentarse sin un euro para las reivindicaciones.

Refuerza esta idea, el hecho de que, del escrito anunciador del conflicto, se “olvidan las reivindicaciones generales y colectivas” si se satisfacen cambios en los horarios y jornadas de trabajo. No parece ser esa la demanda del colectivo, no parce que sea mejor dejar de tener una subida general a cambio de hacer jornadas de trabajo más largas.

Finalmente, las anunciadas movilizaciones, solo pueden ser, al igual que las reseñadas en primer lugar, un acto de postureo y justificación dentro de una adelantada campaña electoral, pues quienes dicen que convocaran las mismas, solo introducen una nueva división y mayor debilidad del colectivo.

Una de las mayores carencias existentes en el sindicalismo en prisiones, es la de la transparencia, a través de una información veraz al personal. Esa tendencia de considerar manipulable el pensamiento colectivo, es el camino más corto para sembrar la división y la frustración.

Sería deseable, que se explique con todo lujo de detalles, que se ha negociado en la Ley de Cuerpos, que texto se ha presentado a Función Pública, y si ese texto tiene compromisos formales concretos respecto a las demandas y su cumplimiento temporal. Y además hasta qué punto están dispuestos los sindicatos a distanciar en el tiempo esos compromisos a cambio de la satisfacción de alguna demanda menor y marginal para el colectivo, como puede ser el cambio de horarios.



Lo que evidencia la situación actual, es la perdida de perspectiva, la creación de una realidad paralela que justifique los dislates, permanente cambio de criterio y vaivenes de los sindicalistas.

En primer lugar, dividiendo no somos más fuertes, eso lo entiende todo el mundo menos nuestros sindicalistas

En segundo lugar, solo se conseguirán mejoras si hacemos que “sean necesarias” su concesión por parte del Ministerio del Interior

En tercer lugar, hay que buscar puntos de encuentro comunes que favorezcan la unidad, reivindicaciones, que probablemente no satisfagan a nadie, pero que permitan avanzar al personal de prisiones

En cuarto lugar, trabajar para la unidad, implica como primera necesidad, el respeto, no es posible la unidad con la permanente campaña de acosos contra el sindicalismo, sindicalistas y afiliados.

Y finalmente para alcanzar el resto de puntos es necesario acabar con los vetos cruzados entre organizaciones sindicales, las organizaciones tienen que recuperar su autonomía, no pueden seguir marcando la agenda sindical los partidos políticos de cabecera de las organizaciones sindicales.

Los partidos tienen interés en que se mantenga el conflicto, para mantener secuestradas nuestras reivindicaciones y utilizarlas partidistamente para hacer oposición. Que nadie le quepa ninguna duda, lo que sucede ahora con nuestras demandas, se repetiría con un cambio de Gobierno, como ya ha sido anteriormente.

No hay ninguna duda, de seguir en el limbo de la propaganda y el postureo,  el primer sindicato de prisiones será, la frustración, el desencanto y el olvido

A modo de conclusión, SIN UNIDAD TOTAL, SIN CONFRONTACIÓN FIRME Y SOSTENIDA, todas las movilizaciones son actos electorales, de postureo y propaganda que solo servirán para dividir más y alejar nuestras reivindicaciones. El postureo y la propaganda es un fracaso total para las demandas del personal penitenciario

domingo, 12 de septiembre de 2021

UN MINISTERIO CONTRA LA VERDAD, CONTRA PRISIONES



 Comenzar esta reflexión, evocando un grito de libertad y justicia, que no puede ser otro que el que Dostoyevski señala para conocer cuan de humana es una sociedad y que como todas conocemos dice que “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”

La civilización frente a la barbarie debería de ser algo consustancial a la naturaleza humana, pero la lógica roussoniana no siempre funciona eficientemente, por lo cual nos hemos dotado de principios jurídicos y morales, en torno a leyes que sustentan los valores universales de civilización y de derechos humanos. Singularmente trascendentes tras los muros donde se pierde el aire que alimenta la libertad, derechos fundamentales universales para todas y todos, y especialmente para quienes cumplen con la perdida de libertad la sanción penal y no pierden sus derechos humanos por ello.

Interior tiene el deber de garantizar y salvaguardar el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Pero no debemos de ocultar que, en la breve historia democrática de nuestro país, el ministerio del interior siempre ha tenido un sesgo más o menos refractario frente a los derechos fundamentales. 

Por Interior han pasado quienes desde el tardo franquismo contemplaban la democracia como una anomalía pasajera, otros para quienes el progresismo y la libertad se sintetizaban con la patada en la puerta, quienes consideraron que la legalidad y el derecho eran molestias subsanables para alcanzar un “fin superior” y que acabaron por ello en prisión, los hemos tenido que asociaron el cargo a la propiedad de un cortijo particular que permitía apalear funcionarios de prisiones por pedir derechos y dignidad.

Con estos antecedentes, la ingenuidad humana siempre piensa que no se puede dar más vueltas a la tuerca, y por ello no dejo indiferente a nadie, que un juez de trayectoria muy conservadora, comprometido en sus nombramientos anteriores con el partido de la oposición al Gobierno y que acumulaba una trayectoria de desencuentros con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fuese nombrado para el cargo en el Ministerio del Interior. Probablemente desde el Gobierno la idea era proyectar socialmente “centralidad y tranversavilidad”, para equilibrar el perfil gubernamental, perspectiva que los hechos han puesto en cuestión

El coaching de comunicación persuasiva enseña a nuestros políticos a utilizar las emociones y las necesidades de su target (nosotras), para modificarlas en beneficio de sus propios intereses. Desde esa perspectiva debemos de entender la empatía manifestada por el Ministerio de Interior frente al conflicto de prisiones que estaba en marcha cuando accedió al cargo.

Se exteriorizaron a la opinión publica y en el Congreso con una batería de razón y promesas de cambio para el personal penitenciario, que alguna sabíamos que no podían ir más allá que una consigna de marketing hueca y sin el menor animo de cumplimentar en compromisos efectivos, porque formaba parte de la liturgia de relación con los electores. Siendo honestos no era nada nuevo, porque el manoseo, utilización partidista de las reivindicaciones laborales de los trabajadores penitenciarios ha sido la norma por parte de todos los partidos.

Hemos sido, estamos siendo, un pretexto para desgastar políticamente, al contrario, nuestras reivindicaciones están secuestradas por la dinámica de los partidos y lo peor de todo es que con nuestra división, mayoritariamente seguimos alimentando esa situación, que nos cierra las puertas a nuestro futuro laboral, porque mientras sigamos siendo su pelota, nuestras reivindicaciones nunca serán atendidas.

Las palabras dulces las conocemos todas, pero también hemos entendido las “verdades del barquero” de la realidad cotidiana, donde la “complicidad y la comprensión” se transforma en degradación laboral, desmantelamiento del servicio público, ineficacia en la gestión.

De un modo reiterado, solemnemente ante el Congreso de los Diputados el ministro proclama, la justicia de las reivindicaciones, la necesidad de las mismas para mejorar las Instituciones Penitenciarias y la necesidad de atenderlas en los PGE tras su negociación con los representantes de los trabajadores.

La realidad ha sido otra, ninguna voluntad de negociar nada, una expresión política de rechazo frontal contra quienes “se atrevieron” a convocar la primera huelga de la historia en prisiones, haciéndole un manchón en su currículo de gestor. Lo cierto es que podía haberse evitado ese sofoco, no aceptando el Ministerio del Interior, las movilizaciones ya estaban en marcha cuando tomo posesión. La consecuencia inmediata, el encapsulamiento, la incapacidad para dialogar y negociar con los representantes de los trabajadores penitenciarios

“Obligado” por un “entorno” que ya había detectado el profundo desgaste político que origina la confrontación provocada por el Ministro rompiendo el diálogo con el personal de prisiones, al ser utilizada por la oposición política. Sus subordinados convocan un proceso para articular una respuesta a las reivindicaciones sustanciales en el marco de una Ley, con la que poder cerrar el conflicto y aprovechar para otorgar competencias exclusivas de los gestores penitenciarios frente a los de Función Pública.

El proceso de negociación se alarga rompiendo la buena fe negociadora por la Administración, ante sus dificultades para dotar los fondos necesarios, son las organizaciones sindicales quienes redactan las propuestas de articulado, que son enmendadas sistemáticamente por la Administración.

Este proceso concluye abruptamente, por parte de la Administración con unas conclusiones que no apoya ninguna de las organizaciones presentes durante los contactos para posicionarse respecto a un texto normativo.

De nuevo el vacío entre las palabras y los hechos, entre la verdad de las reivindicaciones y la mentira de los compromisos

No se puede afirmar que todo este largo periodo haya estado inactivo el ministerio en las Instituciones Penitenciarias, además de profundizar en cambiar la negociación colectiva como modelo democrático de relaciones laborales, por el más antiguo y autoritario del ordeno y mando. Situando al personal penitenciario en el foco de toda esa negatividad democrática, ganándose un unánime en el rechazo a su gestión por parte de todos los colectivos penitenciarios:

Se desarrolla una administración clientelar, con beneficios para los cercanos al poder y la indigencia para la mayoría, por ejemplo, con las bufandas que se adjudican los gestores con la productividad

Se avanza en la privatización del servicio público, más empresas con epígrafe de ong y menos personal púbico de tratamiento. Más seguridad privada menos cumplir el reglamento penitenciario de seguridad exterior, mas contratas a bajo coste, menos higiene en los puestos de trabajo…

Se consolida un modelo retributivo injusto y desigual, con nueve salarios para el mismo puesto. Con diferentes niveles para el mismo puesto, puestos de trabajo irregulares, sin funciones establecidas, ni rpt

El volumen de falta de personal se incrementa año a año, sobrecargando plantillas envejecidas, generando problemas de salud y riesgos laborales y aumentando la inseguridad de las prisiones

Se recorta la aplicación de la prevención de riesgos laborales a prisiones, riesgos que siguen al alza, como con las agresiones o los puestos de segunda actividad que les anulan el carácter preventivo para el personal con muchos años de servicio en un medio nocivo

Se multiplican los expedientes y las informaciones reservadas al personal penitenciario, una modelo de gestión consecuencia de la incapacidad de respetar unas relaciones laborales democráticas y modernas.

La gestión está orientada a justificar los puestos que toman decisiones, no a mejorar las necesidades de la organización, como consecuencia se multiplica innecesariamente la burocracia y las instrucciones y ordenes son de una ambigüedad calculada para eludir responsabilidades de su ineficiencia, lo que genera una mayor inseguridad jurídica entre el personal en el desempeño de su actividad.

El personal está sometido a un reino de taifas, en función del centro de servicio, del área, y del jefe de turno, ocasionando discriminaciones permanentemente

Existe un deterioro progresivo del cumplimiento de la normativa y derechos laborales, con retrocesos en todos los campos

Obstinación por judicializar las relaciones laborales, obligando a pleitear incluso derechos básicos y evidentes

Sin formación para el desempeño del personal penitenciario

Pero no son solamente, las relaciones laborales y las condiciones de trabajo las que están sometidas a un asalto y desmantelamiento desde el ministerio, la propia Institución y el modelo de servicio penitenciario también lo han puesto en jaque y en permanente degradación.

Han conseguido una sanidad penitenciaria en coma y moribunda, donde se niegan a los reclusos la igualdad de derechos con el resto del sistema de salud, la falta de personal y medios es tercermundista.

Han convertido las prisiones en psiquiátricos, eso sí, sin psiquiatras, sin médicos sin sanitarios y sin atención de salud mental, en estas condiciones con más de un 35% de reclusos con patologías mentales y con un elevado porcentaje de casos graves, la falta de atención y espacio adecuado, provocan que en la práctica se niegue el derecho a la reinserción y la salud a estos reclusos.

Frente a una política de no cubrir las vacantes existentes en la RPTs, tienen una desaforada necesidad de malgastar en ladrillo, los gastos en reformas y nuevas instalaciones aumentan exponencialmente, mientras cientos de celdas están sin ocupar por falta de personal

Han situado el tratamiento penitenciario como un programa más de su marketing político, consecuencia de lo cual es el desaprovechamiento de la profesionalidad de nuestro personal de tratamiento privatizado las funciones de reinserción, mediante convenios con empresas, fundamentalmente bancos, que no tienen mayor interés que el blanqueo de su responsabilidad social 

No se respetan los derechos laborales de los reclusos que trabajan para empresas del exterior en unas condiciones de explotación e incumplimiento de las normas laborales

Las Instituciones Penitenciarias son lo más atrasado tecnológicamente de todos los departamentos de la Administración General del Estado, incumpliendo las leyes también en este campo

Hablar de modernización o progresismo con solo algunas de estas cuestiones, solo puede ser una mueca de mal gusto, el retroceso es objetivo y en todos los terrenos. Sin posibilidades de cambio con el actual equipo, que no dudara en seguir “prometiendo”, cuantas veces sea necesario, su disposición para resolver las necesidades, como hasta ahora, para que todo continúe degradándose un poco más mientras se afirman en sus puestos sin servir a la ciudadanía. 

Estamos en una etapa donde la verdad no es importante, lo importante es la propaganda, con inversiones de gran calibre para intentar detener la caída de la imagen pública del ministerio, pero sin la menor voluntad de invertir en proyectos, ideas, en progreso, en modernización. Todo se hace por él y para el marketing político, al precio de estar desmantelando un servicio público esencial.

Y en esa huida hacia adelante, se necesita culpabilizar a alguien, crear un enemigo que permita crear cortinas de humo para ocultar debajo de la alfombra lo que ya no entra en el edificio de la manipulación, y quien mejor para que el colectivo penitenciario.

Pero no todo vale, el circo mediático montado recientemente, en torno a unos hechos que de confirmarse son gravísimos, demuestra la nula voluntad de seguir la normas y los procedimientos legales sustituyéndolos por la propagada y el exhibicionismo, consiguiendo con ello, enfangar a todo un colectivo, colectivo que ha acreditado solventemente su profesionalidad durante todo el periodo democrático.

No caeré en juicios paralelos ni en ciegas defensas corporativas, pero de momento los únicos hechos probados son que lo que debería de haber seguido los cauces de las normas, el derecho, las pruebas, la presunción de inocencia, se ha convertido en un escaparate mediático sin las mínimas garantías, para el que no se ha dudado en airear pruebas judiciales. La verdad se prueba, las responsabilidades son individuales y cuestionar a todo un colectivo saltándose el derecho y la ética no tiene nada que ver con la tradición progresista, no todo vale, y menos criminalizar a miles de trabajadores de un modo tan grotesco como injusto.

Nadie ha puesto en duda de que quien la haga debe de pagarla, pero no puede condenarse a nadie sin el derecho de defensa, en juicios paralelos y sin el derecho de defensa

Hay quien no ha dudado en compararnos con la banda terrorista ETA. Esa falsedad que se está construyendo, es una falsedad histórica, las pruebas son irrefutables, mientras quienes desarrollan esta visión del colectivo para ocultar su mediocridad e incapacidad estaban confortablemente seguros, el personal penitenciario era objeto de atentados, persecución y acosos por parte del terrorismo, y sucediendo todo eso el personal penitenciario dio ejemplo de respeto a los derechos de los presos terroristas durante  todo ese tiempo, incluido durante el secuestro de un funcionario de prisiones.

Somos el colectivo de la Administración más supervisado legalmente, los trabajadores defendemos que aplicando y RESPETANDO el Estado de Derecho se depuren las responsabilidades individuales que se puedan producir por una mala praxis profesional, como no puede ser de otro modo.

Señalar a un colectivo convocando, inéditamente, un acto por una agresión a un mando, mientras se ignora cada año a casi quinientos agredidos denota el cariz moral con el que se trata al colectivo.

Por todo ello, porque no tenemos democracia laboral en prisiones, porque la Administración no respeta los derechos fundamentales de los reclusos, porque es el personal penitenciario y no el marketing el artífice de la reinserción. En esta Merced tampoco tengo nada que celebrar, disculpen, pero no estoy en disposición de brindar por lo que está pasando en este retroceso de lo público y lo esencial

Finalizar Volviendo a Dostoyevski, no tengo duda que el grado de civilización de nuestra sociedad se está empobreciendo, porque se ofende a la verdad y se ofende a miles de trabajadores penitenciarios que denodadamente trabajan por mejorarla desde las propias prisiones.

No hay ningún cargo político que valga la más mínima parte del daño que se causa a una Institución cuando se manosea al margen de los criterios legales para satisfacer intereses particulares, lo público no solo debe de serlo, además debe de parecerlo.


viernes, 4 de junio de 2021

PRISIONES NO TIENE QUIEN LE LLORE

 

Pasan los años, pasa la vida, y en prisiones no pasa nada, el universo penitenciario español sigue con los mismos problemas, los viejos déficits estructurales y en una progresiva decadencia, años tras año, gobierno tras gobierno sin que el valor y responsabilidad que hace recaer sobre el servicio público de prisiones la Constitución tenga ningún reflejo social, laboral o políticamente.

La Administración Penitenciaria está padeciendo una regulación de empleo encubierta, pero con efectos muy reales durante los últimos años, que está manteniendo un 15% de las vacantes de Rpt sin cubrir, este porcentaje se está incrementando, dado el envejecimiento de las plantillas.

Las consecuencias de la falta de personal inciden directamente sobre las condiciones laborales y la calidad del servicio, no tener el personal necesario hace las cárceles más inseguras, con plantillas sometidas a una mayor carga de trabajo y con derechos laborales más mermados, como puede ser el de la movilidad o la carrera profesional.

Las agresiones son una pandemia que no se ha querido abordar por parte de los diferentes Gobiernos, la consecuencia inmediata son casi 5.000 agredidos físicamente entre el personal penitenciario en la última década. Esta realidad inapelable se ha tratado de ocultar con la firma del PEAFA, que ha salido adelante, y se mantiene, por el apoyo de UGT(acaip) y CSIF que permitió una mayoría de la representatividad sindical para avalar los recortes de la ley de prevención que impulso el Gobierno del PP para el personal penitenciario.

Siempre hemos tenido gestores penitenciarios que se las ha llenado la boca y, la propaganda, con la modernidad y la eficacia reinsertadora del sistema penitenciario español. Al margen del componente histriónico que siempre hay en estas manifestaciones de los políticos dentro de la institución penitenciaria, es verdad que tenemos un modelo y un servicio perfectamente homologable y digno internacionalmente.



El único factor para el que no hay capacidad de homologación con nuestro entorno, es el laboral, la resistencia de la institución penitenciaria a avanzar en las relaciones y condiciones laborales es histórica, indudablemente guarda relación con los intereses y resistencias de un reducido grupo funcionarial de alto nivel que condiciona y determina las políticas laborales de los Gobiernos en la Institución.

Al margen del papel de los “cortesanos” en la gestión de las AAPP no hay la menor duda de la total responsabilidad que existe en la inacción de los gestores políticos que han ido pasando por la secretaria, más preocupados por su sustento material y político que por pasar a la posteridad como eficiente gestor de la “res publica”

No se puede concebir ningún sistema de servicio público moderno y eficiente, con las condiciones laborales existentes actualmente en las Instituciones Penitenciaras del Ministerio del Interior, donde no se reconoce en modo alguno el papel central del personal en la eficiencia de la reinserción, con una sostenida en el tiempo pérdida de poder adquisitivo, con una discriminación salarial insultante dentro de la propia Secretaria General, con hasta nueve salarios para el mismo puesto con idénticas funciones.

Nos podemos extender en leer las entrañas de todas las miserias que acumula la institución y en el maltrato a su personal: sanidad penitenciaria en derribo, carrera profesional sometida a la designación arbitraria, sin formación, con personal de primera y de segunda según la relación jurídica, si derecho a la salud laboral, y con un sinfín de reinos de taifas gobernados al albur de la luna.

Lo preocupante no es la amplitud del catálogo de temas sin resolver, lo realmente lamentable es el hecho que esta narración admite cualquier fecha, puede ponerse hace veinte años, y la mayoría de las cuestiones estaban sobre la mesa, lo que denota que el inmovilismo en prisiones, cuestiona el propio modelo, pues todo lo que no avanza, retrocede.

Otra certeza que no admite demasiada discusión, es que a pesar de existir un amplio consenso (con diferentes acentos e interpretaciones) no henos tenido la fuerza y la voluntad necesaria para invertir la decadencia.

Evidentemente esto tiene responsabilidades, pero, además, tiene motivaciones de mayor calado que condicionan y justifican los retrocesos que padecen las prisiones y su personal.

La gestión del sistema penitenciario tiene un componente cortesano importante que conlleva, entre otras cuestiones, que las decisiones no se adopten desde una perspectiva técnica o de política penitenciaria, sino que responden a intereses mucho más mundanos, donde la pertenencia de grupo lo condiciona todo.

Sólo desde esa óptica puede explicarse la actitud que, frente a las agresiones, y del resto de la gestión, se mantiene en las Instituciones Penitenciarias, donde las políticas del PP y del PSOE se superponen en el continuismo, probablemente porque el Ministerio del Interior y la propia Secretaria adolece de personas con capacidad de liderazgo y una visión progresista del sistema penitenciario constitucionalista y donde bajo una retórica amable se oculta un proyecto muy conservador y corporativista.

Las agresiones y la violencia en el trabajo son un elemento definitorio del compromiso de una Administración moderna comprometida con la Ley y el personal penitenciario. Y los hechos no pueden ser más desalentadores y frustrantes.

A pesar del maquillaje y la grosera interpretación que de la agresión se tiene en Instituciones Penitenciaras en contra de los criterios de la Organización Mundial de la Salud, de La Organización Internacional del Trabajo o de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laboral española, las agresiones cada día son más, y son más graves.

El Gobierno del PP impulso una herramienta para dar soporte legal a todo este despropósito que sucede contra el personal penitenciario, una herramienta que limito profundamente los derechos preventivos del personal de vigilancia o en contacto con internos, el PEAFA no es un instrumento contra las agresiones, es un instrumento para quitar la prevención al personal de prisiones y justificar el manoseo de las cifras reales a voluntad de los gestores.

A pesar de su política de crítica y queja frente a las agresiones durante su periodo en la oposición, el acceso al Gobierno de PSOE no ha cambiado nada esa política de recortes y de desprotección del personal penitenciario, al contrario, ha tratado de darle un halo de institucionalidad, que la realidad de los centros y del personal agredido destroza cada día.

Frente a la instrumentalización por parte de la política de las necesidades del personal de un servicio público esencial, no ha habido una respuesta unitaria, clara y nítida, al menos para condenar el actual estado de cosas, toda vez, que su análisis y alternativas está más lejano de los posibles consensos.

Es difícil construir esos espacios unitarios porque la hipoteca del PEAFA que tienen en vigor las organizaciones sindicales firmantes pesa demasiado, y a pesar del costo que les acarrea esa vinculación, les falta la autonomía y la capacidad de poder criticar el efecto que los recortes que instaura el mismo tienen sobre las consecuencias del incremento de las agresiones.

Por otro lado, desde posiciones más populistas se trata de aprovechar las agresiones para promover cambios de facto en el propio modelo Constitucional penitenciario, sobre todo en el campo del empleo de los medios coercitivos, introduciendo elementos claramente desestabilizadores como el empleo de las taser en los centros penitenciarios, o la propagandística demanda de ser agente de la autoridad, que la realidad ya ha reconocido a través de innumerables sentencias.

Situar el debate de las agresiones en el plano de lo regimental, como hace la administración y algunas organizaciones, es el camino más corto para conseguir que las agresiones se conformen en un hábito del trabajo en las prisiones, con lo cual habremos perdido el objetivo básico de la lucha contra las agresiones, que no es otro que evitar que se produzcan.

La administración siempre ha tenido clara esa idea, por ello impulso el PEAFA, para sacar las agresiones de los derechos fundamentales, como son la SALUD y la SEGURIDAD en el trabajo

Que la prevención de riesgos y la salud laboral aborden las agresiones es un paso imprescindible para ir acotando las causas, los mecanismos para evitarlas y las políticas para apoyar a las víctimas que las padecen, sin ello las agresiones se cronificaran y la indefensión del personal también.



Una medida imprescindible es recuperar la protección de la Ley de Prevención de Riesgos para todo el personal penitenciario, igual que la tienen el resto de los trabajadores, no existe ninguna razón objetiva para esa discriminación. Como queda en evidencia con la paradoja que representa que un funcionario de oficinas tiene mayor protección preventiva que un funcionario de un módulo de aislamiento.

Para avanzar frente a las agresiones en prisiones, es necesario tener conciencia y consciencia de lo que representan, no solo por parte de las víctimas, sino por toda la organización con independencia del lugar que se ocupe en ella, el personal penitenciario debe ser el motor que impulse ese cambio, no hay otro camino que hacernos protagonistas de nuestro propio destino.

Para cualquier cambio en prisiones, la unidad es imprescindible, desde la división, NINGUNA REIVINDICACION, será posible, la atomización y las diferencias son muchas, es una evidencia que no se debe de negar, por ello solo se puede construir con los elementos que unen, en el caso de las agresiones, su condena y la necesidad de atajarlas, luego cada cual hará la lectura que considere, pero algo tan básico es imprescindible transmitirlo socialmente si queremos empezar a resolver el problema.

El ejemplo de A Lama de hoy, puede ser un paradigma valido para trabajar las agresiones y otros temas de trascendencia para todo el colectivo, al menos para lo básico todos somos necesarios y nadie es imprescindible. La imagen de A Lama, refleja pluralidad, que no es otra que la que existe en nuestro colectivo y que es preciso no olvidad, A Lama es un esfuerzo por encontrar lo común, sin renunciar a lo que nos diferencia.

Sin lugar a dudas para llegar hasta un A Lama nacional, es necesario dar pasos, que reduzcan sectarismo, que elimine el acoso y los malos modos con el que piensa diferente, no hay otro camino, sino queremos quedarnos eternamente en nuestra actual lamentable situación

 

A Lama, podemos ser todos. Prisiones Sin Agresiones