Llevamos muchos meses, demasiados, con el personal de
prisiones escuchando la cantinela de que nos van a aplicar, al igual que al
resto del personal de la Administración General del Estado, la reducción de la
jornada anual a 1533 horas o 35 horas semanales en conjunto anual, y seguimos
como el primer día trabajando más que el resto de la AGE.
Todos dicen, los sindicatos de las mesas de negociación, los
que no están en ellas, y las diferentes administraciones, que nadie va a
discriminar a prisiones y que tenemos derecho a las 35 horas igual que todos
los demás.
Ya durante la negociación con Función Pública el relato
oficial era ese “todos a favor”, pero la negociación estando todos a favor no
avanzaba, porque enseguida aparecieron los sesgos de lo que significaba ese a
favor para cada uno de los actores.
CSIF en cada reunión traía nuevas propuestas para dilatar el
acuerdo y presionar para negociar en la mesa de la AGE las 35 horas para el
personal de la local y la autonómica, que les da muchos más votos y liberados
que la AGE o prisiones. UGT (no había nadie de prisiones) enredaba con los
minutos de “cortesía”, total que nadie tenía prisa en cerrar las 35 horas ni
contabilizar su cómputo anual y menos aún establecer a quién afectaba.
En la última reunión de Función Pública, tenía prisa política
para que el ministro anunciara la buena nueva y presionaba para que todos
firmaran. Fue cuando CCOO condicionó su firma a que se incluyera a todo el
personal, también en las prisiones, y se cuantificara expresamente la jornada
anual de 1533 horas o 35 semanales en cómputo anual.
Se firmó en esas condiciones y con el condicionante de que en
prisiones se debería negociar la adaptación del horario en una negociación en
su mesa delegada.
Los gestores penitenciarios dejan pasar el tiempo y largan los plazos, con el silencio complaciente de CSIF y UGT-Acaip, fuera ya del plazo establecido en la resolución de la Secretaría de Estado de la Función Pública.
Se convoca para el 19 de mayo fuera de plazo el GT de Jornada
y Horarios, con la instrucción de horario de servicios centrales y Entidad en
el orden del día, no así la de servicios periféricos.
CCOO presenta una petición para que se incluyan los servicios
periféricos en el orden del día; el silencio de la administración y la falta de
iniciativa del resto de organizaciones sindicales dejan fuera los horarios de
servicios periféricos.
La Administración defiende su propuesta en la reunión y sale
adelante por acatamiento de la mayoría de la parte social.
CCOO parece ser que es la única organización que presenta una
propuesta única para todo el personal penitenciario, sobre el mantenimiento del
horario actual y la compensación de 15 jornadas de libre disposición. El resto
de organizaciones afirman tener propuesta, pero no la presentan y defienden que
es mejor para otro día, que se calendaricen las reuniones.
A día de hoy, la realidad se impone a la retórica vacía y
manipulativa, al personal penitenciario, sin que nadie explique por qué no se tienen
las 35 horas, ni se demande su
resolución, todo ello más allá de panfletos en redes para crear la sensación de
que defienden algo en lo que no creen, como demuestra el hecho de acabar
pidiendo menos de lo que corresponde a la gente.
La actividad retórica de sus delegados y delegadas en los
centros y en las redes explicando que el personal penitenciario ya tiene las 35
horas, que trabajamos menos y que nos dejemos de tonterías, que están
intentando que nos den algo, pero no la locura que pide CCOO con el cumplimiento
de la resolución.
Todo ello ilustra que la mayoría sindical tiene un cordón
umbilical con la Administración en la toma de decisiones por el cual se aplica
la política de los gestores
penitenciarios, restrictiva de derechos y mejoras al personal penitenciario, no
solo con las 35 horas sino con el resto de las reivindicaciones que comparten
por la vía de los hechos la posición de la Administración.
No es útil ni conduce a ningún lado confrontar la realidad
con el relato cínico de esas organizaciones que bloquean las demandas del
colectivo penitenciario; solo sus afiliadas y afiliados pueden (y deberían)
pedirles explicaciones.
Llama también especialmente la atención no solo el
entreguismo de la mayoría sindical de la mesa delegada, sino otro hecho
singular.
La superior jerárquica de los gestores penitenciarios, en la
materia de jornada y horarios, la Secretaría de Estado de la Función Pública,
en el desempeño de sus competencias, dicta una resolución en el BOE y desde
Instituciones Penitenciarias se incumple y todo parece indicar que se pretende
boicotear su aplicación, sin mayores consecuencias ni intervención alguna, que
se sepa, del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
A modo de conclusión, deberíamos tener claro que ni la
mayoría sindical ni la Administración penitenciaria quieren las 35 horas para
el personal de prisiones, por más retórica para confundir que utilicen; los
hechos y la realidad son concluyentes y acusatorios.
Por lo tanto, deberíamos tener claro que el personal
penitenciario o defiende que el valor de su hora de trabajo se incremente en un
7%, que tenga derecho a las 35 horas semanales con una compensación de 15
jornadas que cada cual pueda disponer para mejorar su conciliación familiar,
para hacer menos viajes, para estar menos expuesto a los riesgos laborales y
para trabajar en mejores condiciones, mejorando el servicio público.
O lo pierde por seguir la estampita que se mueve en hábiles
manos para que se pierdan esos derechos.
Me atrevo a sugerir al único sindicato que defiende esta
posición en la mesa de negociación, CCOO, que debería plantearse movilizaciones
para demostrar que quitar derechos no sale gratis.
Supongo que son conscientes de que en prisiones no tienen la
mayoría necesaria para doblegar el brazo de la coalición de la mayoría sindical
y la administración y que eso exige concitar un apoyo transversal en una
reivindicación que afecta y mejora la vida de todo el personal de Instituciones
Penitenciarias, incluidos los que están en contra.
Buscar el apoyo de toda la plantilla sin siglas en los
centros, para que nadie se sienta incómodo o coaccionado defendiendo sus
derechos, pelear centro a centro para prolongar en el tiempo la defensa de las
35 horas.
Y no debería tampoco temer buscar alianzas en esos términos
concretos con otros actores sindicales que manifiestan defender las 35 horas, pero
no están en las mesas de negociación.
Todo ello sin renunciar a la judicialización una vez que se
cuente con los elementos necesarios para llevarla a buen término.
Defender el derecho no va de siglas; si perdemos un derecho
conseguido y firmado como son las 35 horas, ya sabemos lo que pasará con lo que
no tenemos firmado y si se reivindica como la profesión de riesgo y su
jubilación anticipada, el organigrama, la carrera horizontal, funciones de
jefes y enfermería, etc.
Debemos corresponsabilizarnos todas para que la estampita
bajo la cual nos quieren quitar nuestros derechos actuales y los futuros no nos
paralice y nuble la razón, hipnotizándonos en un relato contra nuestros
intereses de trabajadoras penitenciarias.
Lo que no se defiende se pierde. Es responsabilidad de todas
y todos. No vale pretexto para pedir que otros asuman nuestras responsabilidades
como trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias.
O ponemos pie en pared, o esta situación solo será la
antesala de nuevas pérdidas de derechos y de empeoramiento de nuestras
condiciones laborales con independencia del Gobierno de turno.
