Con cada vez mayor frecuencia e intensidad, se produce una
deriva “comunicativa” en referencia al mundo penitenciario centrada en el
morbo, lo truculento y cualquier elemento donde la sordidez sea la protagonista.
Aunque esa especial sensibilización de los medios hacia el espectáculo
y el amarillismo está bastante extendida, incluso entre medios “serios y
respetables”. Es cierto que la especialización, reiteración y la transversalidad
del show carcelero se concentra entre medios que tienen una línea de actuación muy
especializada en esa forma de tratar la noticias.
Estos medios convergen en su línea de actuación,
caracterizada por varios elementos comunes: la realidad debe de ajustarse al guion,
mensajes simplones y emocionales, confrontar con los hechos manipulándolos, creación
de desinformación para que invisibilizar la realidad frente a los bulos, utilización
de sentimientos personales orientando la beligerancia y la confrontación, deshumanización
de las personas, cuestionar la legitimidad de las instituciones.
El medio penitenciario es una fuente poderosa para desarrollar
esa estrategia, pues los desajustes y las incidencias forman parte de la
cotidianidad de su propia naturaleza.
La reiteración de programas donde se utilizan esas técnicas,
con la presencia de “victimas”, “testigos” y un popurrí de datos sin contrastar,
se centran en culpabilizar de cualquier hecho real o creado, con mentiras
directas, medias verdades y mucha desinformación, al personal penitenciario y
al sistema penitenciario como institución.
El publico de estos medios esta especialmente predispuesto
para cubrir su necesidad de sensacionalismo y morbo por lo que asimila con fe
estos mensajes de un modo natural y acrítico.
La indignación del colectivo penitenciario sobre todo lo que
se vierte en este tipo de programas es algo con lo que cuentan quienes crean
estos espacios, porque así consiguen involucrarnos y, que alguien se erija en defensor de los ofendidos y manifieste
lo mal que se está en prisiones, que el funcionario era inocente, o que la culpa
es del ministro o del Gobierno, o cualquier otra benevolente ocurrencia.
Sin duda lo que apetece cuando se visibiliza tanto desvarió infundado
y gratuito es desmelenarse y salir a batallar en el escenario del medio de
turno, hay ocasiones que eso pasa, muchas veces mas por la necesidad de
afirmación personal que por la solvencia de la defensa. En su descargo hay que
decir que da igual lo que digan o como lo hagan, el guion esta establecido y la
verdad no importa.
Quedarnos de brazos cruzados no parece ser una alternativa
razonable frente a tanto despropósito, aunque hoy en la época de la desinformación
masiva, no hay certezas, siempre se debería explorar la vía judicial y, sobre
todo reclamar que la Institución tenga la decencia de defenderse y sobre todo,
defender a los que digna y abnegadamente la sirven.
Hay quien pueda pensar que estas excentricidades mediáticas
responden a necesidades de conseguir la mayor porción posible del target, incrementando
su audiencia y consiguientemente sus ingresos económicos.
Pero hay elementos que insinúan que sus intereses además de
los económicos, son mas amplios.
Un seguimiento de esos medios permite descubrir, que sus
dueños están ubicados en un espectro político que cuestiona el actual sistema democrático
y constitucional.
Que se reivindican como la necesidad de liquidar el Estado (no
se refieren a amamantarse ellos de él) eliminando los servicios públicos por
innecesarios e insostenibles.
Que transmiten al funcionariado como una casta de privilegiados
consumiendo unos recursos excesivos que no dan utilidad alguna y con unos
privilegios que hay que erradicar.
Por tanto, el daño reputacional al modelo penitenciario y al
personal de prisiones, no tiene nada que ver con un incidente concreto o una
forma de gestión concreta.
Es algo intencional, que a corto plazo busca réditos políticos,
probablemente entre los responsables de las instituciones, pero que más allá lo
que realmente buscan son resultados más sustanciosos.
Un cambio de modelo penitenciario por otro más punitivo,
privatizado, donde el delito sea un factor generador de beneficios para los
propietarios del sistema y en el cual los funcionarios sean expoliados de derechos
y salarios.
El daño reputacional contra el personal de prisiones tiene
como fin determinante, fijar en la conciencia colectiva la idea de que somos
una rémora para la ciudadanía, que somos prescindibles y que se puede hacer “mejor”
las cosas gastando menos del contribuyente en un servicio público ineficiente.
Por tanto, contribuir a alimentar estos shows, es un tiro
directo a nuestros intereses como ciudadanos y como empleados públicos.
Lo que suscita una pregunta, que será necesaria resolver en
su momento, y es que, si las intervenciones en nombre del colectivo se producen
por protagonismo y vanidad o, si hay casos que son intervenciones convergentes para
reforzar estas estrategias de demonizar lo público, a los empleados públicos y
facilitar que el bisturí se aplique contra los servicios públicos con un apoyo
desde dentro.
En esta situación contra el modelo penitenciario, contra los servicios
públicos y contra su personal, lo único sorprendente es la actitud del
Ministerio del Interior y de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias,
que exhiben sin pudor una indolencia e indiferencia absoluta para defender la reputación
del personal penitenciario que garantiza en unas condiciones laborales
deficientes el funcionamiento del sistema penitenciario y produce beneficios
sociales de servicio publico penitenciario
